El gabinete ministerial de Colombia presentó hoy su renuncia protocolaria al presidente Juan Manuel Santos, para que el gobernante pueda estructurar su equipo de trabajo de cara a su último año de Gobierno.
En una misiva, los ministros, altos consejeros y directores de departamentos administrativos le presentaron su renuncia “con profundo agradecimiento por la oportunidad” de haber servido a Colombia.
“Lo hacemos con profundo agradecimiento por la oportunidad que hemos tenido de servirle al país, entendiendo que en los próximos días inicia el ultimo año de su Gobierno y para que quede en libertad de estructurar el equipo que lo acompañe”, reza la carta dirigida a Santos que fue leída por el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada.
La renuncia protocolaria se produce en vísperas del nuevo periodo legislativo que comenzará mañana.
En este sentido, los miembros del Gobierno destacaron que la renuncia protocolaria es “un acto de lealtad y plena confianza”.
“Con esto, lo declaramos en plena libertad a su equipo para que estructure el equipo de Gobierno para enfrentar su último año donde aspiramos a que cierre con broche de oro y de la mejor manera posible este Gobierno de la paz”, aseveró Prada a periodistas tras leer la carta.
Además, todos los miembros del Gobierno manifestaron a Santos su “admiración por el compromiso y decisión” con que ha llevado al país “al momento histórico” que consideran que vive actualmente, en que “la paz deja de ser un postulado retórico” para convertirse “en una realidad”.
El presidente Nicolás Maduro designó este miércoles a tres nuevos ministros para los despachos de Juventud y Deportes, Agricultura Urbana y Comercio Exterior debido a que quienes presidían estas carteras serán candidatos a corredactores de la eventual nueva Constitución.
Desde un acto gubernamental en Caracas, Maduro designó en sustitución de Mervin Maldonado a Pedro Infante, al frente del ministerio de Juventud y Deporte.
Como jefe del despacho de Agricultura Urbana y en sustitución de Érika Farías designó a Freddy Bernal, quien se desempeña actualmente como secretario general de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Para presidir el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, el jefe de Estado cambió a Jesús Farías, quien venía en el cargo desde la fundación de ese despacho hace más de un año, y designó a Miguel Pérez Abad, actual presidente de un banco estatal, que también fue ministro de Industrias.
Aunque la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez; el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio Del Pino, entre otros chavistas en cargos públicos, también se postularon para la Constituyente, Maduro hasta el momento no ha anunciado los cambios en esas carteras.
El pasado 1 de mayo el presidente venezolano convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la actual Carta Magna, alegando que es el “único camino” para lograr la paz en el país y derrotar el golpe de Estado que, asegura, perpetra de manera continuada la oposición a su Gobierno.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha rechazado participar en este proceso que califica de fraudulento y, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles.
El pasado 1 de abril inició en el país suramericano una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que se han saldado con 66 muertos y un millar de heridos.
Jueces, ministros, un gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio
“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada
@ronnarisquez
“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.
En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.
“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.
Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.
Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar
Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.
“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.
Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.
A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.
–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?
–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.
Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.
Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.
–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?
–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.
–¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?
–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.
A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.
Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.
“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.
Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”
María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.
Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.
El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.
Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.
El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.
En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.
–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?
–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.
–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?
–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.
El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.
–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?
–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.
Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.
“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.
Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos
En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.
Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.
En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.
–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?
–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.
Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.
Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.
No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)
Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.
Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.
–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?
–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.
La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.
A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.
–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?
–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.
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La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.
“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.
–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?
–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.
“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.
El vicepresidente Tareck El Aissami y los ministros del gobierno presentarán sus informes de gestión del año pasado ante la Justicia, evitando hacerlo -como establece la Constitución- ante el Parlamento, controlado por la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este viernes a la Asamblea Nacional en “omisión legislativa”, por considerarla en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue anulada por denuncias de fraude.
“Si bien en situaciones de normalidad (…), los ministros o ministras deberían presentar (su informe) ante el Parlamento (…), no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación (…) no debe tener lugar ante el mismo”, señaló una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Así, los funcionarios expondrán su memoria y cuenta ante el máximo tribunal del país. No se anunciaron fechas.
Ya lo hizo el presidente Nicolás Maduro en enero, autorizado por el TSJ por idénticas razones.
El fallo se produce un día después de que la mayoría opositora en la cámara aprobara un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016. Ello implicaría, según la Constitución, su destitución.
“Yo sigo siendo el ministro hasta que el presidente lo decida”, dijo Motta este viernes, sin embargo, a la televisora estatal VTV.
La sentencia del TSJ ratificó que, al estar en desacato, todos los actos del Parlamento “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”.
A continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa en la que se informa de la presentación de la memoria y cuenta del vicepresidente y los ministros:
La Sala Constitucional interpretó el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declaró la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional; por lo que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras del gabinete ejecutivo presentarán sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en garantía de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales.
Así lo indica la sentencia número 90/2017 publicada este viernes en la cual se señala, entre otros aspectos, que la Sala Constitucional ha venido realizando pronunciamientos en sus decisiones números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del año 2017, en las cuales se ha ratificado el carácter de nulos e inexistentes todos los actos emanados de la AN, mientras permanezca en situación de desacato a las sentencias del TSJ.
Si bien en situaciones de normalidad constitucional, conforme al artículo 244 de la Carta Magna, los Ministros o Ministras deberían presentar ante el parlamento venezolano, y por analogía el Vicepresidente Ejecutivo de la República, dentro de los primeros 60 días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley; no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación de presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante el mismo.
Asimismo, la Sala reiteró que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas del Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala N° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos del órgano legislativo, que se encuentra en tal situación.
Finalmente, la sentencia ordena notificar de la presente decisión al Vicepresidente Ejecutivo, ciudadano, Tareck El Aissami y a los Ministros y Ministras, así como la publicación de la misma en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Durante la cadena de radio y televisión del miércoles 4 de enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su tren ministerial. Maduro destacó que había decido hacer una «renovación» de su gabinete para emprender un proceso de reestructuración y convocar a un conjunto de ministros que además de «combinar experiencia y compromiso revolucionario», puedan meterse de lleno en las comunidades a fin de atender las necesidades de los venezolanos.
El Gabinete de Gobierno quedó de la siguiente manera:
Vicepresidente Ejecutivo: Tareck El Aissami.
Ministro de Finanzas y Economía (se fusionan nuevamente los dos ministerios): queda a cargo del diputado Ramón Lobo, quienserá el vicepresidente para el área económica.
Ministro de Petróleo: Nelson Martínez (actual presidente de Citgo). Eulogio Del Pino continuará como presidente de Pdvsa.
Ministro de Educación: Elías Jaua, quien dejará así su curul en la Asamblea y se desespeñará además como vicepresidente para el área de las Misiones Socialistas.
Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología: Hugbel Roa, quien también dejará su curul en la Asamblea Nacional. Maduro recordó durante su designación, que Roa es conocido como el «micrófono de oro», aludiendo a la vez cuando arrojó el aparato en contra de un diputado de la bancada opositora.
Ministro del Trabajo: el también diputado, Francisco Torrealba.
Ministro de Cultura: Adán Chávez.
Ministra de Salud: queda al frente al Dra. Antonieta Caporales.
Ministro de Comunas y Movimientos Sociales: Aristóbulo Istúriz.
Ministra para la Agricultura Urbana: Erika Farías.
Ministro para el Ecosocialismo y Aguas: Ramón Velásquez, quien escoronel activo de la Aviación.
Ministro de Obras Públicas: César Salazar Coll, quien es almirante activo de la Armada.
Ministro de Transporte: Ricardo Molina.
Ministerio de Planificación: fue ratificado Ricardo Menéndez.
Vicepresidencia de Política y Soberanía: Carmen Meléndez.
La impune apropiación de nuestros espacios por bandas armadas dedicadas a traficar drogas, al secuestro, al abigeato, otras tomando fincas, llanuras y bosques como aliviaderos a su actividad guerrillera en Colombia, se ha extendido. Lo sabe todo el mundo en Apure, Barinas, Táchira y en el Zulia.
Hasta a los llanos centrales ha llegado la cosa. Lo cuenta el peón de finca, el bombero de la estación de gasolina, el propietario quien ha dejado la supervisión del negocio en manos de encargados por temor a ser secuestrado.
Nadie habla. Nadie denuncia. Las retaliaciones no se harían esperar por parte de los guerrilleros y hasta de los mismos militares quienes denunciarían agravio a su honor. La taimada ocupación de nuestro territorio por extranjeros ilegales y armados es un hecho.
En el Sur los garimpeiros se llevan nuestro oro como les da la gana. Mineros y vecinos bajo el terror. La masacre de Tumeremo no fue la primera ni ha sido la última. Bolívar y Amazonas se han convertido en pueblos sin ley. Las mafias del oro tienen la situación bajo control.
¿Cuál es el papel de los militares en esos actos de usurpación y de despojo? ¿Combaten a esas fuerzas irregulares? ¿Ignoran su presencia? ¿Comparten la mesa con ellos? El país quedó impactado cuando vieron salir de Miraflores, agasajados por Chávez, a comandantes guerrilleros buscados por asesinatos, secuestros y terrorismo.
La prioridad de los jefes militares ha sido otra. Controlan grandes negocios. Suyas son las decisiones en Transporte y Obras Públicas, Finanzas y Banca Pública, Vivienda y Habitat, Producción Agrícola y Tierras, Pesca, y en Energía Eléctrica. No podía faltar Interior y Justicia. Han colonizado y controlado la administración pública, lo que no han hecho en las fronteras.
Ahora todos los ministros, no sólo los militares al frente de las carteras antes nombradas, rendirán cuenta a Padrino López y la excusa es que este oficial es el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, como pomposa y aparatosamente llaman al nuevo cambur.
Los deberes que la Constitución les impone los tienen abandonados pero se pusieron donde hay. Lo que falta es que Maduro en uno de sus frecuentes lapsus lo llame Presidente Padrino.
El presidente de la Comisión Mixta que evalúa el problema del sistema eléctrico en el país, diputado Jorge Millán, informó que citará en los próximos días a los ex ministros que han estado a cargo en la administración del sistema eléctrico desde el año 2009, así como a las empresas involucradas, para que den la cara ante el país sobre el uso de los recursos en este sector.
«Pediremos la colaboración tanto del fiscal Priel Baharare, de los Estados Unidos, que viene investigando hechos de corrupción en el sistema eléctrico venezolano, que han tenido que ver con empresas que residen en los EEUU, al igual que la fiscal Nery Figueredo, en Brasil que lleva investigaciones de Odebrecht, para que adelantemos averiguaciones sobre la corrupción en estos casos «.
Aseveró que la Comisión se encuentra trabajando arduamente para llevar soluciones a corto plazo, al tiempo que informó que el próximo miércoles presentará un proyecto de ley que reforme la mecánica en la administración de Corpoelec.
«Haremos un juicio público al Gobierno en el tema eléctrico. El Gobierno pretende evitar que la Comisión de la AN asista a las distintas termo eléctricas e hidroeléctricas, pero igualmente nosotros, día a día recibimos información de los empleados que están preocupados por la crisis de la electricidad en el país».
El diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, expresó su posición con respecto a la actitud de los ministros del área social que no fueron a presentar sus memorias y cuentas en la Asamblea Nacional. Además realizó denuncias y observaciones sobre el manejo del presupuesto y las prioridades del Ejecutivo.
“El gobierno pretende escudarse en una sentencia del TSJ para no rendir cuentas sobre su trabajo. La estruendosa realidad es más fuerte que cualquier cifra o verdad que ellos quieran ocultar al no asistir a la Asamblea Nacional. No pueden esconderse del juicio moral que hoy existe en la calle. Ni sentencias ni maniobras políticas van a cambiar la realidad que hoy se vive en las colas, en los hospitales, en los hogares de los venezolanos y en las calles de este país”, dijo Pizarro.
También pidió a los ministros dejar los escoltas y los privilegios y caminar por las calles como cualquier ciudadano, para que vean lo que pasa en las colas, en la inspectoría del trabajo y en los hospitales de este país. «Es hora de que nos pongamos a la altura política e histórica de las circunstancias que vive nuestro país”, agregó.
Por otro lado, el diputado denunció que el Programa de Educación Escolar destina menos de Bs. 11 por día por niño y que el FEDE —institución encargada de la infraestructura escolar— solo concretó la construcción de 27 centros educativos de la meta de 162. En cuanto a la rendición de cuentas del Ministerio de Educación superior, Pizarro rechazó que el monto anual asignado por estudiante para la UCV es de apenas Bs. 10 mil.
Sobre la Memoria y Cuenta del Ministerio de Juventud y Deporte, denunció que de los más de Bs. 10 millones que tenían presupuestados para la Promoción de una Cultura Deportiva por la Paz solo invirtieron poco más de Bs. 1 millón y se preguntó qué pasó con los Bs. 9 millones restantes.
“No jueguen a crear más confrontación, eso solo hace que se profundice la crisis que vivimos. El colapso que vivimos lo han creado tratando de negar la realidad, dándole la espalda a los venezolanos (…) Si los ministros no quieren escuchar el reclamo de los venezolanos, todos iremos a tocar las puertas de sus oficinas a hacerles ver la realidad que es estruendosa en la calle”, destacó Pizarro.
