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Ministerio de Servicio Penitenciario

El sufrimiento por un preso se extiende hasta después de su muerte

LOS PRESOS MUEREN EN PENALES VENEZOLANOS y sus familiares son los últimos en enterarse sumado a ello cuando acuden a la morgue para retirar los cadáveres deben esperar días porque la falta de patólogos retrasa la entrega de los cadáveres, así fue el caso de Maikel Antonio Camacho (31) quien fue sacado del Rodeo II y fue entregado a su familia seis días después de su muerte. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo documentar este caso. Maikel Antonio era un preso que estaba en condición de procesado, tenía dos años privado de su libertad por el delito de homicidio, en principio fue detenido por el CICPC Subdelegación El Llanito allí permaneció cuatro meses posteriormente fue trasladado al Internado Judicial El Rodeo II, cárcel ubicada en Guatire estado Miranda.   El joven tan solo fue sacado a tribunales en dos ocasiones, la falta de transporte para traslado aumentaron el retraso en su proceso judicial y aun cuando casi tenía dos años preso no había tenido una audiencia preliminar. 

Familiares relataron a OVP que Maikel Antonio era huérfanos de padres, sus tías paternas fueron las que se encargaron de su cuidado pero ninguna llevaba su apellido y cuando fue trasladado al penal por no llevar su apellido no podían visitarlo, se las ingeniaron y pudieron verlo al menos cinco veces, pero continuamente le llevaban alimentos y chucherías pero nunca le llegaban lo sabían cuando el joven se lograba comunicar vía telefónica que les decía como estaba, era padre de tres niños, la menor de 9 años de edad y a los que nunca pudo ver cuando estuvo tras las rejas porque en el penal no le permitían visita de sus hijos. 

Desde hace un mes que Maikel Antonio comenzó a presentar fiebre, había rebajado al menos 40 kilos, en vista de ello sus familiares se movilizaron a tribunales para solicitar un traslado a un centro asistencial y la respuesta era que pedían una autorización directa del director del penal para sacarlo. Pasaron las semanas y nada de soluciones, el martes 30 de julio una llamada desde El Rodeo II recibió una de las tías del joven se identificaron como una enfermera del centro penitenciario le informaron que lo iban a trasladar a un centro asistencial pero nunca se llevó a cabo el traslado. 

El jueves 1 de agosto Maikel Antonio fue sacado de su celda y trasladado hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani del estado Miranda fue ingresado al área de emergencia y tan solo veinte minutos duró con vida. Ese mismo día su familia acudió al Rodeo II para llevarles medicamentos y nadie le informó nada, fue al siguiente día el viernes 2 a las 6:30 de la mañana cuando supieron que había muerto y se enteraron por terceras personas. 

La familia denuncia al OVP que dejaron morir a Maikel Antonio y fue por falta de atención médica, aseguran que así fuera quitando dinero prestado ellos costeaban los medicamentos para el tratamiento del joven quien estaba padeciendo de hepatitis y no fue tratado para ello. Además que se enteraron tarde de su muerte y no por el Ministerio de Servicio Penitenciario la entrega del cadáver se paralizó por la falta de patólogos que no trabajan los fines de semana y por seis esperaron por la entrega. 

Familiares de todos los detenidos del Rodeo II denuncian que en ese penal “comen comida de perros (bazofia), los están matando de hambre es por eso que se enferman esos muchachos” a la misma vez denuncian al OVP que mensualmente se hacen requisas dentro del recinto carcelario y les botan los uniformes, sabanas y pertenencias personas y es la familia quien debe costear eso. 

Humberto Prado, coordinador general del OVP explica que las violaciones de los derechos humanos en las cárceles venezolanas son continuas y repetitivas es por ello que se le está notificando a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la muerte de este joven en El Rodeo II y de las condiciones en las que están los presos en ese recinto carcelario.

En Tocuyito hay 380 reclusos más por encima de la capacidad del penal

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES advirtió que el centro de reclusión Hombre Nuevo, en Tocuyito, estado Carabobo, de donde esta madrugada se fugaron 17 reclusos y 6 de ellos fueron recapturados, fue construido para albergar 1.170 personas y actualmente hay 1.555.

“Eso quiere decir que hay una sobrepoblación de mas de 380 reclusos”, indicó Humberto Prado, director del OVP.

Agregó que los evadidos tomaron como rehén al custodio, José Montilla, a quien hirieron con arma blanca en la pierna izquierda, y lo desarmaron, a las 2:00 am de hoy. “Esto quiere decir que la fuga se produjo en el tercer turno de guardia que comienza a las 12:00 de la madrugada y concluye 3 horas después”, dijo Prado.

Agregó que a esa hora había un solo custodio de guardia en un penal nuevo donde se supone que debe de haber suficiente personal.

Indicó que tanto la seguridad interna como la externa, que corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana, son los responsables, y se preguntó si a esa hora todos los funcionarios de la GNB dormían.

“Quiere decir que los presos vencieron la seguridad interna y la externa. Hubo responsabilidad de dos organismos: el Ministerio de Servicio Penitenciario y la GNB”, dijo.

Prado manifestó que en la construcción de ese penal se invirtieron casi 4 millardos de bolívares. “Quiere decir que fueron mal invertidos porque ahora la ciudadanía está en peligro al tener a 11 presos, por diferentes delitos, en la calle por fuga”, expresó.

“A casi una semana, el jueves pasado, el despacho del Servicio Penitenciario, llevó a la Comisión Técnica de la ONU para mostrarle las maravillas de ese centro y esto lo que demuestra es incapacidad”, señaló.

Agregó que esa ONG ha instado al Ministerio Público y a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional a iniciar una investigación y que a la ministra Iris Varela sea interpelada.

#VIDEO Ministra Iris Varela dio órdenes a los presos antes de matanza de puente ayala

LA MINISTRA DE SERVICIO PENITENCIARIO, Iris Varela, reveló que la madrugada del miércoles 26 de abril ella había ordenado a un grupo de reclusos del internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, proteger a la población penal y “reducir” a los internos que se habían alzado en busca de un supuesto cambio de gobierno en el recinto. Horas más tarde se registró una reyerta que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Varela narró en el programa de José Vicente Rangel, del domingo 30 de abril de 2017, que ella había recibido una llamada de un grupo de reclusos, con quienes venía sosteniendo conversaciones para lograr implementar en esa cárcel del estado Anzoátegui el nuevo régimen penitenciario.

“Me llaman en horas de la madrugada del día martes pa’ miércoles y me dicen que había una situación violenta. Me llaman los mismos privados de libertad, porque ahí por supuesto no está el régimen y tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, ¿no?. Y me dicen que había un hecho violento porque intentaron asumir… un grupo de privados de libertad intentó asumir el control del penal. Entonces yo les dije: ‘¿Ustedes quieren la transición?, ¿ustedes quieren el nuevo régimen, verdad? ¿Sí?… Protege, protejan a la población y REDUZCAN al grupo que se alzó, y quiero saber cuál es el motivo y cuáles son sus peticiones…’ ”, explicó Varela con tranquilidad, sentada frente a las cámaras, junto al conductor del programa que transmite Televen.

En su declaración televisada, la ministra Iris Varela realiza tres confesiones comprometedoras e irregulares:

  1. Primero justifica el hecho de que los reclusos tengan teléfonos celulares, lo que constituye una abierta violación a la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, que entró en vigencia hace dos semanas.
  2. En segundo lugar (lo más importante): la ministra confiesa públicamente, y con absoluta frialdad, que ella ordenó a un grupo de presos armados “reducir” a sus compañeros alzados a cambio de ayudarlos a entrar en el nuevo régimen penitenciario. Poco después de la instrucción dada por la ministra, se registró la matanza que dejó 15 reclusos en esa cárcel del estado Anzoátegui.

 

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Aunque Varela no utilizó la palabra “matar”, algunos diccionarios muestran los siguientes sinónimos de “reducir”: Someter, dominar, vencer, disminuir, atemorizar, menguar…

También hay algunas definiciones de reducir:  “Someter u obligar a obedecer a algo o a alguien que ofrece resistencia. Ejem: el ejército redujo al grupo de sublevados; en la cuarta batalla aniquiló a su antagonista…”, “Disminuir la fuerza, intensidad, tamaño u otra característica física de una cosa”, “Hacer menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa”…

Ante tal diversidad de opciones es difícil saber cómo interpretaron los presos armados de una cárcel venezolana la orden: “reduzcan a los alzados”.

De lo que no hay dudas es de que la ministra sabía que así como los presos tienen celulares, porque en Puente Ayala todavía no hay régimen, también tienen armas de fuego. Las mismas que al parecer utilizaron para cumplir sus instrucciones de reducir a los alzados, pues 12 de las víctimas de la masacre tenían heridas de bala.

  1. Finalmente, la titular del despacho carcelario, sin mover una hebra de su frondosa cabellera, le cuenta a José Vicente Rangel, que ella tiene un video que contiene elementos de interés penal que le enviaron los presos: “Resulta que ellos después -después de la matanza- me hacer llegar un video…”, dice Varela refiriéndose nuevamente a los reclusos con quienes ella mantenía contacto, los mismos que sobrevivieron luego de “reducir” a punta de plomo a 15 de sus compañeros de prisión.  

Varela continúa su explicación a los televidentes y agrega una frase con la que pretende dejar constancia de las virtudes y los cambios logrados con el nuevo régimen penitenciario del chavismo: “…sin embargo, los privados de libertad que están, van a asumir su responsabilidad por el nuevo delito que cometieron, el homicidio que cometieron allí. Eso es una diferencia sustancial de lo que aquí antes pasaba”, dice con absoluta naturalidad y convencimiento, haciendo énfasis en la última frase de 11 palabras. Como si se tratara de asumir la responsabilidad por no llevar la tarea a la escuela o tomar sin permiso el celular del hermano mayor, como si el asesinato de 15 personas y las heridas causadas a otras 30 se redujeran a “asumir responsabilidad”.     

 

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.

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La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

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Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

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Wilmito y su régimen de confianza, por Carlos Nieto Palma

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El pasado fin de semana la opinión pública se sorprendió con la noticia que uno de los pranes más famosos de la historia de pranes venezolana había sido herido junto a su familia mientras disfrutaba de unas vacaciones en Playa Parguito en la isla de Margarita.

Parte de la gran sorpresa se debía a que todo el mundo pensaba que Wilmer Brizuela Vera conocido como “Wilmito” estaba preso, porque a su condena aun le faltaba o le falta un largo camino por recorrer, pero no es así, el día 18 de diciembre de 2017, la Ministra Para el Servicio Penitenciario María Iris Varela le había otorgado una medida establecida en el Código Orgánico Penitenciario llamada “Régimen de Confianza Tutelado”.

A esta medida quiero referirme hoy para que mis lectores entiendan un poco de que se trata esto y saque sus propias conclusiones. El Régimen de Confianza Tutelado se encuentra establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario y “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras le sea otorgado por el juez o jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

El mismo instrumento legal establece en su artículo 162 “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria podrá otorgar un Régimen de Confianza Tutelado a un penado o penada, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena”.

Ahora bien ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal dice que estos son: 1. Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena; 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado o penada no hubiese sido revocada por el Juez o Jueza de Ejecución con anterioridad; 5. Que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario y 6. Que haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente en los programas educativos y/o laborales que implemente el Ministerio con competencia en materia penitenciaria.

Resulta difícil imaginar que uno de los pranes más famosos de la historia carcelaria de Venezuela haya cumplido tan solo con la mitad de los requisitos necesarios para optar al Régimen de Confianza Tutelado que le fue otorgado, sin entrar a discutir si era el o no, el que fue herido mientras estaba de paseo en playa parguito en Margarita, como ahora, pretende hacerlo creer el Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien a través de las redes sociales están circulando unas fotos algo sospechosas, haciendo ver que él nunca ha salido del lugar donde lo enviaron en el régimen otorgado por la Ministra Varela que fue el Centro de Régimen Especial Simón Bolívar en El Paraíso en la ciudad de Caracas.

Este Régimen de Confianza Tutelado, la Ministra para el Servicio Penitenciario desde hace ya un buen tiempo a su estilo, como siempre hace todo, sin importarle las leyes, ni las consecuencias, todo en la oscuridad, lo ha usado para casos similares al de Wilmito, si no pasa el evento de Margarita es probable que nunca nos hubiéramos enterado de esa nueva extralimitación de funciones de la ministra, a quien la legalidad le importa poco o nada.

Por cierto, y ya para finalizar hace poco en una entrevista a EFE, María Iris Varela anuncio que iba a pedir que la permanencia de los privados de libertad en las cárceles le fuera tomado como cumplimiento del servicio militar y pasaran a una especie de reserva del país, un nuevo disparate de quien en 5 años no ha entendido que las cárceles no son cuarteles, ni los presos soldados.

 

@cnietopalma

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El Nacional

Calabozos policiales en Gran Caracas son cárceles paralelas con sótanos de presos y reclusas embarazadas
En 30 calabozos ubicados en la Gran Caracas se repiten los mismos patrones que agudizan la crisis en la mayoría de las sedes policiales. En los centros de detención preventiva monitoreados para esta investigación hay entre 40 y 337,5 % de hacinamiento. En 2016 las autoridades policiales tuvieron que sortear intentos de fuga y fugas de presos, pero además atendieron casos de desnutrición, tuberculosis y de reclusas embarazadas. En el año anterior al menos seis presos murieron en comisarías ubicadas en el área en estudio
De acuerdo con cifras oficiales anunciadas en septiembre por el defensor del pueblo, Tarek Willliam Saab, 33.000 presos esperan en calabozos policiales por traslados a cárceles. Sin embargo, la ministra Iris Varela aseguró que los reclusos deben permanecer en comisarías hasta que tengan un juicio. Mientras que los cupos para cárceles llegan a estos centros de detención preventiva las autoridades de estas sedes policiales deben sortear los eventos que se registran en estos espacios sin recursos otorgados por el Estado

 

@Angelicalugob

Fotos y videos: Raúl Romero | @Fotoraul

Edición de videos: Abrahan David Moncada | @Monkda92

Infografías: Juan Carlos Hernández | @jhernandezgraph

NO EXISTE UN REGLAMENTO EN VENEZUELA que establezca la doble condena para presos en el país. Pero al menos 33.000 reclusos, que están en calabozos policiales, según cifras anunciadas en septiembre de 2016 por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, esperan sus traslados para cárceles en esta condición. Están en una suerte de depósitos para reos en los que, en espacios no mayores de 6 x 6 metros, deben permanecer las 24 horas del día con hasta 30 personas sin tener acceso a la luz -y en los casos más extremos- sin recibir ventilación, porque las celdas están ubicadas en sótanos. Aunque los presos no deben permanecer más de 48 horas en centros de detención preventiva, en la Gran Caracas hay casos de reclusos que en la actualidad cumplen sus condenas en estos lugares, pero también hay internos que tienen más de dos años detenidos en calabozos esperando sentencia.

Estos reclusos no hacen deporte, ni participan en actividades culturales. Tampoco tienen visitas conyugales y dependen de los alimentos que les llevan sus familiares. Ninguna institución se hace cargo de ellos y los encargados de sedes policiales hacen peripecias, sin dinero, para atender las emergencias que se presenten. Para estos reos no hay recursos. Son los huérfanos del Estado.

Foto 2 de Raul Romero calabozo policial

En en el país no hay cifras oficiales de la cantidad de sedes policiales que hay en la Gran Caracas. En diciembre de 2016 la ONG Una Ventana a la Libertad presentó un informe en el que documentaron la muerte de 17 detenidos en comisarías durante 3 meses. El estudio fue realizado en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país .

Para este reportaje se le hizo seguimiento a 30 comisarías en las que se repiten las mismas irregularidades que se agudizan por una misma causa: el hacinamiento. En las celdas monitoreadas, que fueron las que más irregularidades registraron en 2016, hay entre 40 y 337,5 % de hacinamiento.

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En 2016 las autoridades policiales tuvieron que sortear motines y otros hechos violentos, pero además atendieron casos de desnutrición, tuberculosis y de reclusas embarazadas. En 2016 al menos seis presos murieron en comisarías ubicadas en el área en estudio, se registraron 6 fugas y 6 intentos de fuga, y en dos oportunidades funcionarios fueron secuestrados por reos. Uno de los casos que más centimetraje tuvo en la prensa fue la fuga de 8 presos de la Subdelegación del Cicpc El Valle. En el hecho tres funcionarios que custodiaban a los internos fueron asesinados por los reos.

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Estas situaciones irregulares representan para los policías una presión constante, a juicio del secretario de seguridad ciudadana del estado Miranda y de Polimiranda, comisario Elisio Guzmán: “El funcionario empieza a cansarse de esa presión de que si el preso se escapa es su culpa y se le abre un proceso de investigación por la facilitación de la fuga”.

Guzmán explica que hay una cantidad imprecisa de presos que están en una especie de limbo jurídico porque no han sido trasladados a centros penitenciarios: “Tengo reclusos en los calabozos que ya cumplieron cuatro años a espera de un cupo de traslado y esto les ocasiona una desesperación, lo que lleva a estos individuos a cometer actos de violencia en las celdas, como ha ocurrido este año con los casos de descuartizamientos, asesinatos y de fugas. Ese es el producto de una descomposición creciente dentro de los establecimientos preventivos”.

Las problemáticas que hay en estos centros de detención preventiva se repiten en todas las sedes de detención transitoria y que no cumplen con ninguna de las 122 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Mandela.

En las celdas con “más lujos” hay una letrina para todos los reos y un pipote de agua, para que los reclusos se bañen. En estos pequeños espacios la única manera de subsistir es respetar las normas internas que los reclusos acuerdan para convivir. Se turnan los horarios para dormir en el suelo, mientras otros esperan de pie. Improvisan chinchorros con sábanas y se turnan las colchonetas para el descanso, solo en las policías que permiten el uso de estos artículos.

Un problema para la seguridad ciudadana

Raúl Romero calabozo policial

Fuentes policiales que trabajan en comisarías han advertido que el hacinamiento en los calabozos representa un problema para la seguridad ciudadana, pues varios policías han sido desincorporados del patrullaje policial para cuidar detenidos. El director de Polimiranda, Comisario Elisio Guzmán, precisó que mensualmente invierte 28.000 horas hombres para cuidar presos: “Eso le incrementa un temor a nuestros funcionarios, porque todo policía que custodia internos tiene miedo de ser investigados por complicidad, si los reos se escapan”.

Otros jefes de sedes policiales han explicado que, debido al hacinamiento, han tenido que habilitar espacios para ubicar a los presos. Por ejemplo, en la Subdelegación del Cicpc de Simón Rodríguez tres oficinas fueron desocupadas para albergar reclusos, mientras que en la Subdelegación del Cicpc de El Paraíso el área de descanso de los funcionarios de guardia es utilizada en la actualidad para tener a los reos. Lo mismo ocurre en la comisaría de Policarrizal, en el estado Miranda: el área de descanso de las funcionarias fue reestructurada para improvisar un calabozo para presas.

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Pero estas denuncias y las advertencias que han hecho los defensores de derechos humanos y representantes no han solucionado la causa de la crisis, que es el retraso en la asignación de cupos para centros carcelarios y la ministra de Servicio Penitenciario ha sido contundente en sus declaraciones al asegurar que los reclusos deben permanecer en comisarías hasta que tengan un juicio.

El comisario Elisio Guzmán fue una de las autoridades policiales que reaccionó a las declaraciones de la ministra Varela: “Cada autoridad administrativa emite un juicio y así viole la ley, no les importa. Si es un ministerio de Servicio Penitenciario, todo el que esté preso está bajo la jurisdicción de ella. Lo demás es evadir responsabilidades”.

El hacinamiento que mezcló reos y dejó embarazadas a dos presas

Un pasillo en el que están distribuidos 41 presos, entre ellos dos reclusas embarazadas, separa a tres calabozos que están abarrotados de otros 77 reclusos en la sede de la Policía Municipal de Guaicaipuro, ubicada en Los Teques, estado Miranda. El hacinamiento en esa sede policial no le brinda beneficios a los reos que tienen condiciones especiales. Esa es la preocupación de la madre de una presa de 23 años de edad que salió embarazada estando privada de libertad en esa policía y que ya tiene seis meses de gestación.

La mujer cuenta que en 10 meses a su hija le han diferido nueve veces la audiencia preliminar y refiere que desde que salió en estado, se ha complicado con asma y ha presentado placenta previa: “Estoy luchando para que le den casa por cárcel a mi hija. En dos meses debería dar a luz y temo que se complique más estando presa allí. Aunque los policías han sido condescendientes y me permitieron pasarle una colchoneta, porque el resto de los presos duerme encima de sábanas, igual ella está incómoda y el peso de la barriga la acerca más al suelo”.

Fuentes extraoficiales de Poliguaicaipuro explicaron que debido al hacinamiento tuvieron que habilitar el pasillo para ubicar a todos los reos: “Allí también tenemos a adolescentes femeninas y masculinos que están en conflicto con la ley. Como en ese espacio no entra oxígeno, les colocamos un aire acondicionado split”.

De los tres calabozos que tiene esa policía hay dos celdas que miden 5 x 3 metros: una alberga a 30 reos y la otra a 35. En un tercer calabozo, que mide 2 x 4 metros, hay 14 reclusas, una de ellas está embarazada.

En la puerta principal de Poliguaicaipuro se tiene contacto con varios reclusos. A mano derecha hay una especie de ventana, en forma de cuadro, que da hacia la avenida principal. Por allí se asoman a cada instante presos. Quienes ingresan a esa policía se topan de frente con las escaleras. Allí están esposados tres reos que “tienen la rutina manchada”.  Eso, en la jerga carcelaria, representa el rechazo de la población penitenciaria hacia uno o varios presos por estar involucrados en determinados delitos, por ser policías o ex funcionarios, y “comerse la luz”, que significa irrespetar las normas internas. De estos presos que permanecen en las escaleras, dos están detenidos por abuso sexual y uno es exfuncionario de Polivargas. “Si los ubicamos con toda la población, los matan”, asegura uno de los policías

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Al igual que en las otras 29 sedes de policías ubicadas en la Gran Caracas, en 2016 los funcionarios de Poliguaicaipuro atendieron emergencias que se repiten en todas las comisarías del área en estudio. Los más emblemáticos, según precisan funcionarios consultados, son cinco casos de presos que presentaron desnutrición. El año pasado también lograron la medida de casa por cárcel para 12 reos con enfermedades terminales y que tienen más de 60 años de edad. Entre este grupo de reclusos está una presa que dio a luz y que, durante la lactancia, es monitoreada en su hogar por funcionarios. “Cuando culmine la lactancia, debe regresar a la policía. Aunque ya tenía un año y 2 meses detenida por el delito de robo y su lugar de reclusión es el INOF, no le han dado traslado porque aún no hay cupos”, advierte un funcionario.

Un sótano de presos en Charallave

Sótano presos en Charallave

La entrada marea. Y la primera sensación que se tiene es de claustrofobia desde que se ingresa al área de los calabozos del Centro de Coordinación Policial 2 de Polimiranda en Charallave, que está ubicada en el sótano de esa sede. Los 56 reclusos que están distribuidos en celdas, que tienen capacidad para albergar a 20 personas, ven una esperanza con la visita de la prensa. Se apresuran por acercarse a las rejas y gritar sus peticiones: “¡Queremos traslados!”, “¡Ministra aplique el plan cayapa!”. No reciben ventilación, ni luz del día. Sólo una lámpara con luz artificial que ilumina el pasillo de los calabozos les permite a los reos verse a las caras, solo si se acercan a las rejas, pues al fondo de estos espacios no llega la luz.

En ese sótano, como en todos los centros de detención preventiva, no hay clasificación de presos. Tres reclusos que están detenidos por haber vendido dos cauchos en malas condiciones, comparten espacio con homicidas, secuestradores y reos que fueron apresados por estar involucrados en robo. Los reos consultados refirieron que han tenido enfermedades de la piel, lo que en la jerga de calabozos policiales es conocido como “carranchín”. De hecho, uno de los funcionarios que custodia a los privados de libertad también padece esta enfermedad.

Presos calabozo policial en Charallave

Esta situación, para el comisario Elisio Guzmán, que tiene más de 45 años de experiencia en la carrera policial, se debe a que “en un calabozo está condensada la perversidad de la vida en cuatro paredes”. El también secretario de seguridad del estado Miranda, explicó que ha tenido que tomar previsiones para evitar fugas, asesinatos y hechos violentos en las celdas: “No se les puede meter una sábana porque con una sábana pueden violar, forzar y matar. No se le puede dar a un preso la comodidad de una cama como cualquier humano puede pretender, porque las camas son herramientas mortales, de allí extraen pedazos de metal, pedazos de resorte y estas son herramientas de muerte”.

7 adolescentes en conflicto con la ley hacinados en una celda

Adolescentes en conflicto con la ley

En la otra sede del Centro de Coordinación Policial 2 de Polimiranda, ubicada en Ocumare del Tuy, hay 18 reclusos en un espacio que fue diseñado para albergar a 10 personas por un lapso de 48 horas. En una de las celdas hay 7 adolescentes en conflicto con la ley que esperan cupo para centros de reeducación. Uno de ellos es un adolescente de 15 años de edad.

Una letrina para nueve presas

Reclusas en calabozos policiales

Uno de los calabozos que más novedades reporta en la sede de Polimiranda ubicada en Ocumare del Tuy es el que fue habilitado para las mujeres. Allí comparten espacio nueve reclusas que están detenidas por los delitos de robo y homicidio. La presa más antigua de ese calabozo tiene 21 años de edad y está detenida desde hace dos años por el delito de robo. La interna no ha sido sentenciada y durante su permanencia en esa policía ha tenido asma, problemas respiratorios e infecciones vaginales. Para la reclusa lo más difícil ha sido pasar todo ese tiempo sin ver a su hijo y recuperarse de las recaídas que ha tenido de salud.

Los familiares de presos que son extorsionados en la PNB de Boleíta

Uno de los centros de detención preventiva con más irregularidades en la Gran Caracas es la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta. En 2016 se han registrado motines, secuestros de funcionarios, e intentos de fuga de detenidos. En uno de esos sucesos, en el mes de junio, murió un preso cuando intentó despojar a un policía de su arma de reglamento y en otro hecho un recluso fue asesinado a golpes en octubre, según fuentes extraoficiales, por un funcionario que lo agredió durante una requisa.

En esa sede policial, también conocida como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, hay 599 presos que están distribuidos en un sótano al que tampoco llega luz del día, ni ventilación. La esposa de un preso contó a Runrun.es que cada vez que le pasa comida a su pareja debe pagar entre 500 y 600 bolívares. Sin embargo, hay policías que pueden cobrar 1.500 bolívares por pasar una comida. Además denunció que los funcionarios les cobran a los parientes de los reclusos por pasar chucherías e incluso visitas especiales.  

325 % de hacinamiento en Polisalias

En los dos calabozos de Polisalias, en el estado Miranda, hay 325 % de hacinamiento. Aunque en esa sede tienen capacidad para albergar a 8 presos, en la actualidad hay 26 reclusos. Uno de los funcionarios consultados considera que se deben agilizar la asignación de cupos para cárceles para evitar que se registren más tragedias en centros de detención preventiva: “Pareciera que el mensaje que se quiere dar es que no haya presos en las policías. Si en operativos policiales y en flagrancia se detienen a delincuentes, ¿qué hacer con ellos si no hay espacios para tenerlos?”.

En una celda que mide 4 x 4 metros hay 13 presos, entre ellos un contador público que hace cinco meses fue detenido por estar involucrado en el robo de un vehículo. Fuentes de esa policía explicaron que tuvieron que aislar a uno de los tres adolescentes en conflicto con la ley que está detenido en esa sede, pues fue discriminado y maltratado por los otros presos por ser gay.

Este especial es tan solo una radiografía de la realidad de 30 calabozos policiales que están ubicados en la Gran Caracas. Aunque la mayoría de estos presos están implicados en delitos, ningún ente gubernamental responde por ellos. Los días transcurren sin que sean trasladados a centros penitenciarios con infraestructura adecuada y las irregularidades que se registran en estos espacios afectan a la seguridad ciudadana en el país.

Iris Varela: “No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar”
La ministra de Servicio Penitenciario aseguró en rueda de prensa que los presos deben permanecer en calabozos policiales y centros de detención preventiva hasta que tengan un juicio. Varela insistió en que las policías estadales y municipales deben asumir sus funciones

 

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DESPUÉS DE CINCO AÑOS de creación del Ministerio de Servicio Penitenciario la encargada del despacho, Iris Varela, respondió preguntas en una rueda de prensa con respecto al hacinamiento que hay en los centros de detención preventiva y advirtió que los presos deben permanecer en estas comisarías y sedes policiales hasta que pasen a juicio, pese a que estos lugares fueron creados como espacios temporales para albergar a personas por un lapso aproximado de 48 horas.

“No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio, tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso, que es el derecho a ser juzgados en libertad y que es la presunción de inocencia. Esos son derechos humanos. Una persona que está detenida, a menos que haya sido sorprendida en flagrancia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso se demuestra con un juicio justo y con una sentencia (…) No puedo recibir a una persona que no esté ni siquiera plenamente identificada. La Fiscalía tiene que identificar plenamente a los detenidos”, aseguró Varela.

La ministra Varela dijo que la cifra de detenidos en calabozos policiales puede superar a los 33.000 presos que en meses anteriores dijo el defensor del pueblo Tarek William Saab: “Puede que haya 40.000 privados de libertad en estas sedes de detención preventiva, el hecho está  en que cada quien que maneje detenidos tiene que garantizar sus derechos humanos. Siempre esas comisarías y esos centros de detención policiales van a existir. Han existido y existirán, entonces tienen que prever una logística obligatoriamente para que atiendan esa situación de derechos humanos. Que yo sepa hay muchos gobernadores y alcaldes que están preocupados por eso y lo coordinan. Allí están los 26.000 cupos que hemos otorgado, hasta un corte de hace dos meses. Se otorgan los cupos, ahora, para que los lleven deben cumplir con los requisito”.

Varela advirtió que el ministerio que representa ha adelantado cayapas en las sedes policiales que están ubicadas en todos los estados del país: “Es decir, nosotros hemos ido a hacer atención jurídica a los calabozos y a las comandancias de policías que corresponden a gobernantes de oposición. En una de esas cayapas de una alcaldía nosotros fuimos con unos jueces y nos dijeron que no los trasladaban y nosotros siempre les damos los cupos. ¿Qué es lo que pasa?, ¿A quiénes debemos recibir en las cárceles nacionales?, a quien tenga un juicio. Hay casos que yo he dicho, que hemos aceptado como personas que están involucradas en delitos graves o que son reincidentes. Si hay personas reincidentes por supuesto que no voy a esperar a que se demuestre la inocencia”.

La ministra insistió en que las policías estadales y municipales deben asumir sus funciones, e hizo referencias puntuales en las que mencionó a los alcaldes del municipio El Hatillo, David Smolansky y del municipio Chacao, Ramón Muchacho. “David Smolansky y Ramón Muchacho no pueden venir a decir que porque son unos incapaces tienen hacinamiento, eso lo tienen ellos porque quieren. Yo tengo 56.000 presos en cárceles nacionales y no tengo este tipo de problemas. Yo quisiera saber si ellos tienen allí a 1.000 privados de libertad. Lo primero que quisiera saber es en qué condiciones tienen a los que tienen allí, porque ellos tienen que garantizar las condiciones. La Constitución les da a ellos la potestad de dirigir su servicio de policía y quien dirige policía tiene que, por supuesto, tomar todas las previsiones de garantizar las condiciones mínimas a las personas que tengan detenidas. ¿Por qué en Polichacao han muerto personas por inanición?, ¿es que hay líderes negativos allí?, eso lo tiene que responder el alcalde, porque él dirige esa policía y no puede decir que esa situación la tiene por culpa mía, porque además le he sacado a la gente de allí y he otorgado cupos. En la  Constitución está consagrado que el servicio de policía corresponde a los gobernadores, es decir, que los gobernadores tienen que organizar su servicio de policía. Las policías tienen centros de detención preventivas y comisarías. Eso es competencia de ellos. No pueden decir que es competencia nuestra”, destacó Varela.   La ministra de Servicio Penitenciario aseguró que en algunas policías hay mafias en las que funcionarios les cobran vacunas a los familiares de los presos para mantenerlos allí y no trasladarlos a cárceles.

96 % de los recintos tienen el Nuevo Régimen Penitenciario

En la rueda de prensa la ministra Iris Varela aseguró que con “el plan de pacificación” que hicieron en la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros, estado Guárico y en el Internado Judicial Los Pinos, también ubicado en la misma entidad, alcanzaron el 96 % del Nuevo Régimen Penitenciario en los centros carcelarios. “Me siento orgullosa del Nuevo Régimen Penitenciario”, aseguró.

Varela anunció que en el mes de noviembre inaugurará 2 recintos penitenciarios. Para el 16 de noviembre tiene pautada la inauguración del Centro de Formación Femenina en Maracaibo y para finales de mes la del Centro de Formación Libertador en el estado Carabobo.

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Exgrandeliga Ugueth Urbina negocia con pranes el fin del conflicto en la PGV

PGV

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El conflicto carcelario que está en desarrollo en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de Los Morros estado Guárico, cumplió 23 días este martes 19 de octubre. Fuentes extraoficiales del Ministerio de Servicio Penitenciario informaron que desde el lunes 18 de octubre el exgrandeliga Ugueth Urbina dialoga con los líderes de la PGV para lograr que sean liberados más de 1.000 presos y familiares de internos que desde el 27 de septiembre mantienen como rehenes.

La nueva estrategia del Gobierno para poner el fin del conflicto más reciente en la PGV no ha sido la negociación con el viceministro de Asuntos Para la Paz, José Vicente Rángel Ávalos, quien a principios del mes de agosto fue el intermediario para lograr que los reclusos liberaran a 50 empleados del Ministerio de Servicio Penitenciario. En esta nueva crisis, el personaje “utilizado” como negociador es el exgrandeliga Ugueth Urbina, quien dialoga con los líderes de ese centro de reclusión para que liberen a las personas que mantiene retenidas desde hace casi un mes.

Fuentes extraoficiales del despacho Penitenciario aseguran que la negociación inició el lunes 18 de octubre cuando Urbina, junto con un alto funcionario de esa dependencia que representa a la ministra Iris Varela, visitó la PGV para hablar con los pranes, entre ellos “Franklin La Guaira”, que también es conocido como “Franklin viru viru” y “Franklin Masacre”.

La invitación al pitcher venezolano, a participar como mediador con lo privados de libertad, se debería a las relaciones que dejó en ese penal, donde estuvo preso entre 2005 y 2012, luego de cumplir siete años de una condena de 14 años por homicidio calificado en grado de frustración. El deportista fue condenado en 2006 por quemar y encerrar a dos trabajadores de una hacienda de su propiedad, en los Valles del Tuy. Aunque Urbina fue liberado por buena conducta, durante su estadía en la PGV, fuentes penitenciarias lo identificaban como uno de los líderes del centro penitenciario.

El atleta jugó 10 años con distintos equipos de las grandes ligas y cuando salió en libertad jugó con los Leones del Caracas. Al exgrandeliga también se le ha vinculado con el exministro de Deporte y expelotero, Antonio Álvarez, conocido como “Potro Álvarez”.

Durante el conflicto fuentes extraoficiales del Ministerio de Servicio Penitenciario han reportado la muerte de 9 reclusos por tuberculosis, mientras que los internos de la PGV han difundido videos a través de su canal de youtube para desmentir la versión oficial y asegurar que la visita permanece allí de manera voluntaria. Durante la crisis actual se han manejado distintas versiones de lo que ocurre en el interior de la cárcel: Los voceros de la población penitenciaria han manifestado que temen que se registre una tragedia ante una posible intervención, mientras que las autoridades que están desplegadas en las adyacencias de la Penitenciaría General de Venezuela aseguran que no tienen intenciones de intervenir el centro carcelario.

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