MIlitares archivos - Runrun

MIlitares

Rusia aspira a producir una vacuna contra la COVID-19 sin compartir datos suficientes
Los investigadores concluyeron que es segura para su uso e induce una respuesta inmunológica, pero no hay un documento científico de libre revisión que respalde la contundencia de esta afirmación
Lo que se promete como una luz en medio del oscuro túnel de la pandemia parece venir intervenido por la presión política del Kremlin

 

@mrs_yaky

 

Rusia ha sorprendido al mundo al anunciar que planea registrar una vacuna para el nuevo coronavirus antes del 15 de agosto, con la intención de producirla de forma masiva a partir del mes de septiembre.

“Los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el centro de Gamaleya terminaron, se está preparando el papeleo para el registro de la vacuna”, dijo a periodistas el pasado 1 de agosto el ministro de Salud de ese país, Mikhail Murashko.

De esta forma, buscan quedar en la historia como el primer país en el mundo en registrar una vacuna contra la enfermedad pandémica que se ha cobrado la vida de 692.000 personas hasta el 4 de agosto. 

“Es un momento como el de Sputnik”, dijo el funcionario ruso Kirill Dmitriev a CNN ,en alusión al lanzamiento de la Unión Soviética, en 1957, del primer satélite exitoso del mundo en el marco de la Guerra Fría. “Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero”, remarcó el jefe del fondo soberano de Rusia.

Pero la “victoria científica” que estaría a punto de anotarse Rusia está rodeada de incertidumbres. Lo que se promete como una luz en medio del oscuro túnel de la pandemia parece venir intervenido por la presión política del Kremlin para promover a Rusia como una fuerza científica global, aunque el procedimiento para el desarrollo de la vacuna no haya sido del todo transparente.

A continuación, lo que hasta ahora se conoce sobre el desarrollo de la vacuna rusa y las razones de la preocupación científica que ha despertado el anuncio de su inminente aprobación en pocas semanas.

¿De qué está hecha la vacuna rusa “Gam-COVID-Vac” ?

Es una vacuna de tipo vectorial. Los componentes de vacunas ensayados (dos)  fueron realizados con vectores de adenovirus humanos -causantes del resfriado común- que fueron atenuados o debilitados para que no se repliquen en el organismo de la persona sana. Contienen el gen de una proteína del nuevo coronavirus (SARS-CoV-). La intención es estimular la respuesta inmune del individuo sano. La vacuna sería de dos dosis, la segunda sería administrada tres semanas después de la primera. 

El Instituyo Gamaleya dijo que trabajaba con dos vectores para garantizar que la respuesta del sistema inmunológico fuese “fuerte”, con el fin de que se genere una inmunidad duradera. 

OMS la registra como un prospecto en evaluación en Fase I 

En su última actualización del 27 de julio, la Organización Mundial de la Salud registra el prospecto ruso entre las 25 candidatas a vacunas que están en fase de evaluación clínica (prueba en humanos).

Según los datos almacenados por el máximo ente de salud del mundo y disponibles para consulta en este enlace, la vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) estaba siendo probada clínicamente en Fase I. Lo que describen en el documento anexo son las características de los estudios que realizaron y los tipos de vacuna que probarían, pero no los resultados.

Como se sabe, en esta etapa del desarrollo de las vacunas (Fase I), el potencial candidato es probado de forma limitada en humanos (entre 20 a 100 personas). Se evalúa si es segura, sus efectos biológicos y secundarios y las dosis adecuadas. La OMS no registra aún que Rusia esté trabajando en la fase III, la etapa de “oro” para determinar la eficacia de una vacuna. 

El primer ensayo de la vacuna en humanos, una prueba de un mes de duración en 38 personas, terminó en la semana del 16 de julio, según el gobierno de Rusia. Los investigadores concluyeron que es segura para su uso e induce una respuesta inmunológica, pero no hay un documento científico de libre revisión que respalde la contundencia de esta afirmación.

 

 

Resultados de pruebas clínicas no han sido abiertamente compartidos

El primer viceministro de Defensa ruso, Ruslan Tsalikov, anunció a finales de julio que los ensayos en Fase II habían sido completados y que se daría inicio a los ensayos en Fase III, refleja la agencia estatal de noticias rusa RIA. 

Pero hasta la fecha en ningún repositorio científico de prestigio han sido abiertamente compartidos los datos para que otros científicos evalúen los métodos utilizados y los resultados obtenidos.

La fase III, que incluiría a miles de personas en Rusia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, podría iniciar a finales de agosto, y la distribución de la vacuna podría comenzar a principios de septiembre.

La propia viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, informó que el ensayo clínico mayor se ejecutaría después del registro de la vacuna y no antes.

“En agosto de 2020, se planea probarla bajo otras condiciones, es decir, después del registro se planea otro ensayo clínico para 1.600 personas. Se espera el lanzamiento a la producción industrial en septiembre de 2020″, dijo.

Las autoridades rusas han dicho que sus datos científicos se están recopilando actualmente y que esperan hacerlos disponibles para su revisión por pares y publicación durante agosto. Hasta entonces, el escepticismo científico es el denominador común respecto a estos estudios y su avance. 

Carrera frenética para complacer al poder ruso

El pasado mes de mayo, causó polémica en el mundo la revelación de que los propios científicos que trabajan en la vacuna Gamaleya hubiesen dado el muy inusual paso de inyectársela, en un aparente intento por acelerar los ensayos en humanos. 

Los mayores datos que aportó el director de dicho centro, Alexander Gintsburg, fue que la vacuna parecía funcionar. Dijo que todos estaban “sanos, salvos y felices” y que no la estaban usando como prueba, sino de una vez para “protegerse”.

El funcionario no reveló en esa ocasión cuántos se habían vacunado, ni los efectos secundarios reportados. Solo refirió que se trataba de una amplia gama de empleados del centro: desarrolladores, organizadores de ensayos preclínicos y especialistas en productos.

Esta controversial decisión de los científicos del Gamaleya provocó que la Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia emitiera una declaración,  en la que condenaron las acciones de los investigadores, a las que calificaron como una “violación grave de los fundamentos de la investigación clínica, la ley rusa y las regulaciones internacionales universalmente aceptadas”.

El grupo independiente acusó a las autoridades rusas de apresurar a los investigadores para terminar los ensayos clínicos de las vacunas COVID-19 y consideraron que la barrera impuesta era “inalcanzable”: “Muchos científicos entienden eso, pero se involucraron en la carrera loca, con la esperanza de complacer a los que están en el poder”, se lee en el documento de la asociación, reproducido por la agencia AP.

El pasado 18 de junio, el Departamento de Defensa de Rusia recibió la autorización para llevar a cabo la primera fase de ensayos clínicos en 86 militares que fueron puestos durante dos semanas en cuarentena. A finales de ese mes, el Ministerio de la Defensa reportó la finalización “exitosa” de las pruebas en voluntarios en el hospital militar Burdenko, pero nuevamente, sin publicar ningún dato científico como soporte.

“Todos los voluntarios, sin excepción, que recibieron inmunidad al coronavirus se sintieron bien. Por lo tanto, la primera vacuna doméstica contra la nueva infección por coronavirus está lista”, dijo en esa ocasión el primer viceministro de Defensa, Ruslan Tsalikov.

La decisión de aplicarla en militares planteó también dudas éticas sobre el consentimiento. El Ministerio de Defensa aseguró, por su parte, que todos los militares que participaron en el estudio lo hicieron como “voluntarios”.

El gobierno ruso también ha dicho que aplicará la candidata de vacuna a los profesionales de salud antes de completar los ensayos clínicos, así lo afirmó el ministro de Salud, Mikhail Murashko, en una entrevista con la televisión estatal.

El registro condicional en agosto implica más pruebas

Aún si la vacuna de Gamaleya obtiene un registro condicional a mediados de agosto, deberá realizar ensayos con otras 1.600 personas, aseguró la viceministra Tatyana Golikova el pasado 30 de julio. Aunque los tiempos lucen ajustados, también reveló que mantienen su intención de iniciar la producción masiva de la vacuna  en septiembre.

Vacunación gratuita en Rusia a partir de octubre

El Ministerio de Salud ruso ha dicho que, después de registrar la vacuna e iniciar su producción masiva, aspiran comenzar a vacunar en octubre de forma gratuita.

Los grupos especiales de la población que serían inicialmente vacunados son los médicos, maestros y aquellos profesionales o que desempeñan un oficio que implica contacto con grandes grupos de personas.

¿Cuántas vacunas aspiran producir en los próximos meses?

Rusia aspira producir hasta 30 millones de vacunas solo para su país en lo que resta de 2020, así como otras 170 millones para el mundo. 

En entrevista con The National, funcionarios de Moscú revelaron que se estarían asociando con productores de América Latina, África, Medio Oriente y Asia para garantizar la producción de esta vacuna. 

Voces del mundo en contra y a favor

El viernes 31 de julio, durante audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de ese país, asomó sus dudas sobre la rapidez y métodos utilizados en Rusia y China para probar sus vacunas

“Nosotros también podríamos tener una vacuna mañana. No sería segura o efectiva, pero podríamos tener una vacuna mañana”, dijo, en alusión a la premura rusa por aprobar su vacuna.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud le puso un “freno” discursivo este 3 de agosto a la competida carrera por la aprobación de una vacuna contra la COVID-19. Aunque confirmaron que sí existen diversas candidatas en fase final de pruebas, alertaron que la efectividad de las candidatas estaba por ser demostrada.

“Varias vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase tres, y todos esperamos tener varias efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de las personas. Sin embargo, no hay una solución inmediata en este momento y puede que nunca la haya, dijo el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El pasado 16 de julio, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como los gobiernos británico y canadiense, denunciaron que supuestos piratas informáticos rusos estaban “intentando robar” la investigación de la vacuna contra el coronavirus.

Según las denuncias, el grupo de pirateo habría estado implicado en los hackeos de 2016 a los servidores del Partido Demócrata y habría tratado de robar información sobre vacunas de universidades, empresas y otras organizaciones de atención médica. La intención, según denunció EEUU en esa ocasión, habría sido robar investigaciones para desarrollar su propia vacuna más rápidamente, no para sabotear los esfuerzos de otros países.

Por otra parte, expertos en Virología del Reino Unido confían en que el resultado final pueda ser “seguro”, si es que Rusia aspira lograr obtener la licencia de distribución de su vacuna en otros países.

“Esto viene del instituto Gamaleya, un instituto de investigación bastante grande en Moscú. Se asegurarán de que las pruebas cumplan con los estándares internacionales para que puedan tener una licencia cruzada en el extranjero y en Rusia”, dijo John Oxford, coautor del libro Human Virology a The National.

Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading en el Reino Unido, también considera que el hecho de que la vacuna rusa se haya basado en una tecnología antes probada podría dar cierta confianza de que sea segura.

“Debido a todo el trabajo realizado en los vectores [de adenovirus], creo que probablemente sea seguro“, dijo. “No veo por qué no debería funcionar”, declaró también a The National.

Detienen a otros tres presuntos implicados en Operación Gedeón
Este domingo 10 de mayo fueron detenidos los tres hombres en el estado Aragua. 

El jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), Remigio Ceballos Ichaso, informó en su cuenta en la red social Twitter que tres personas fueron detenidas por presuntamente estar implicados en la Operación Gedeón, organizada por contratistas extranjeras y a la que se atribuyen las incursiones de irregulares en las costas de Macuto, en el estado Vargas; y Chuao, en el estado Aragua.

El oficial dio a conocer que la captura se produjo en el marco de los operativos de seguridad que se mantienen en el municipio Tovar, del estado Aragua.

Aseguró además que se mantiene la operación «Escudo Bolivariano Tiburón Fase Negro Primero» que, según señaló, consiste en labores de «búsqueda y escudriñamiento».

Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, también publicó un video de los detenidos y reveló sus identidades. 

El pasado sábado nueve de mayo, el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, había anunciado que continuarían las operaciones especiales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en el municipio Tovar, ante la posibilidad de la presencia en la zona de otras personas vinculadas a lo que el gobierno de Nicolás Maduro califica como un «desembarco» orquestado por Estados Unidos.

*Con información de: Tal Cual. 

¿Es posible un alzamiento militar en Venezuela?, por Juan Francisco García Escalona

@jufraga12 

Venezuela vive tiempos de espanto. Quienes en otras latitudes escuchan lo que ocurre en este país latinoamericano, pudieran imaginar que se exagera por motivos políticos, y así lo ha querido hacer ver la dictadura de Maduro.

La angustiante situación venezolana pudiese considerarse una historia de realismo mágico del nobel de literatura García Márquez. Pero no. Desde los inicios del conflicto, los venezolanos han documentado, grabado, demostrado una  realidad que, pura y dolorosa, no es historia de ficción.

Al conflicto político, acentuado en los últimos 3 años, se suma la pandemia del coronavirus que desnuda la precariedad del sistema de salud del país, devastado por la corrupción y la ineficiencia de Gobierno que acabó con todas estructuras del Estado.

Venezuela se encuentra en un marco de amenazas latentes. El régimen, lejos de tener un manejo humanitario de la pandemia de la COVID-19, ha empleado esta para arreciar el control político y social. La ha usado como herramienta para atemorizar a la población y no permitir los reclamos por la ausencia de alimentos, agua potable, medicinas, combustible, gas doméstico, entre otros aspectos de vital importancia para una mínima subsistencia. 

Toda esta turbulencia y descontento en el seno del pueblo, en las barriadas, en el corazón golpeado de los profesionales, trabajadores, los obreros, de las madres y de los padres de familia pone de relieve la posibilidad de un alzamiento militar, enganchado con el desborde de la población.     

No tengo dudas de que estamos al borde, como sociedad, de una transición sociopolítica que podría dejar atrás la ola de crueldad a que hemos sido sometidos. Esta opción contempla en sí misma una serie de elementos que deben debatirse a plena luz, sin dogmas: el resurgir de las FANB en esta hora clave para deponer el régimen de Maduro. Una opción acariciada desde hace tiempo por todos los actores, nacionales e internacionales, que intentan establecer rutas, mecanismos, salidas al conflicto.

Las FANB determinan la transición

Las FANB también han sufrido la intervención de fuerzas extranjeras y tienen a sus principales referentes de liderazgo tras las rejas, sometidos a vejámenes y torturas, con sus familiares perseguidos. Dada las relevantes repercusiones de su acción o inacción, las FANB no actuarían para luego ceder el poder del Estado y avanzar como simples expectantes.

Aquí está el nudo grueso del futuro de Venezuela: requerimos una transición con el concurso de todos los actores para poder sentar las bases de procesos participativos, con métodos democráticos, donde no se ponga en duda la expresión del pueblo. Y que se respete lo que resulte de esos ejercicios para construir un Estado garantista y moderno.

De esta consideración se desgaja otra realidad: la incompatibilidad de las FANB con los partidos políticos de oposición tradicional G-4, por su debilidad ante el régimen y su complicidad en un sinnúmero de negocios.

Los intereses de las elites partidistas han actuado de forma y fondo para demorar el proceso de cambio tan urgido en el país, en esto resalta la extenuada y vacilante relación con quien se ha erigido como el líder de la oposición venezolana, el Ing. Juan Gerardo Guaidó.

Este, cuyo liderazgo no cuaja en las FANB, dejará de ser el referente de conducción de producirse la transición por la vía militar. Entre otras cosas, por no asumir por cuenta propia el liderazgo que se le ha confiado y ceñir su toma de decisiones a la de los cuestionados partidos, repudiados socialmente.

La delicada situación social anuncia tempestad. No hay una sola zona de defensa integral de la nación, batallón, base militar, del ejército, armada, aviación, que no padezca los embates de la crisis social originada por la convulsionada situación política.

Las FANB aguardan su momento. Cada minuto desde ahora pesa una barbaridad, se avecina el cambio y no hay forma de pararlo. En Miraflores hay preocupación y, sin dudas, buscan restablecer las negociaciones para su salida. Ya los cercanos no son tan cercanos, la desconfianza impera en todas las relaciones, cada quien abona su camino en búsqueda de una pequeña brecha para salvarse. La benevolencia divina no da para más, la tragedia pudo evitarse. Ahora deben enfrentar la irreversibilidad del tiempo y a todo un país que va en su búsqueda para exigir justicia y libertad.

Las horas para la transición van descontando.

[email protected]

Juan Francisco García Escalona: Exdiputado AN del PSUV, por el estado Apure, expresidente de la subcomisión de Cultos y Regímenes Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Actualmente de la comisión de Organización del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, y coordinador Regional del estado Apure.

Crímenes sin Castigo | Venezuela en las drogas: debate abierto, por Javier Ignacio Mayorca
La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aun entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares.

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.

No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento.

La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común.

De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.

“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la exjuez.

Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EE. UU., en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.

“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la exjuez.

Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.

Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.

No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadura, excomandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.

Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.

Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del exabogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.

Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.

El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.

Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.

Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.

Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3 % de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.

Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.

Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

* Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

* Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aun más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

Crímenes sin Castigo | La tercera vía militar, por Javier Ignacio Mayorca
Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder.

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.

La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas.

Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.

Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.

El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.

Todos forman parte de la promoción Coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.

En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.

En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.

Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Hidalgo Azuaje escapó junto con otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.

Desde ese país, junto con otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.

Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.

“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.

El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.

El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.

El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.

“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.

Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.

El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.

Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.

Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.

En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”.

Breves

* El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aun si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EE. UU. y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes.

* La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc  Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

Rocío San Miguel: La apuesta para que militares abandonaran a Maduro fue ingenua
La presidenta de Control Ciudadano dijo que a Juan Guaidó no lo ha acompañado un equipo técnico que apueste por una transición negociada

 

La experta venezolana en asuntos militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocio San Miguel habló con El Espectador sobre el primer año del “interinato” de Juan Guaidó y explicó por qué la estrategia que el líder opositor aplicó en 2019 no dio los frutos que la oposición venezolana esperaba. También dice que sería un error no participar de las elecciones parlamentarias, a celebrarse este 2020.

Juan Guaidó se encuentra en medio de una gira diplomática. ¿Qué busca con esta nueva ofensiva?

Se está construyendo con Colombia y Estados Unidos una ruta muchos más amplia por la vía de vincular el terrorismo internacional con Maduro. La idea es que se aplique la resolución 1272 del 2001, pensada para la lucha contra el terrorismo y que tiene efectos vinculantes para todos los miembros de las Naciones Unidas. Esta resolución obliga a los estados a tomas acciones muy concretas como prohibir el patrocinar, promover, proteger, facilitar, o dar albergue a grupos terroristas. Por eso llama la atención la insistencia con el tema de Hezbollah.

¿Por qué llama esto la atención?

Hezbollah, por ejemplo, no está en la lista de terrorismo de Naciones Unidas, pero sí está en otras como las de la Unión Europea o en la de países como Estados Unidos, Argentina y ahora más recientemente Colombia. Con estas acciones lo que se busca es persuadir a países que tienen contacto con Maduro a que no lo hagan por tener una relación Hezbollah. Esto es clave porque hay países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes que le compran oro a Maduro. Si hay una declaración de que Venezuela patrocina a esos grupos esto obligaría a esos países a dejar de negociar con Maduro. Yo creo que la jugada va por esa dirección.

¿Y qué opina de las pruebas presentadas por la oposición frente a esto?

Lo que he visto respecto al caso Hezbollah es que las pruebas son débiles, pues solo se ha visto un video que esta circulando en las redes. Hay una narrativa construida a partir de un viaje de Chávez a Irán, pero a mí parecer eso no son pruebas.

Cambiando de tema, usted que ha estudiado el sector militar en Venezuela ¿por qué ha sido tan difícil romper su lealtad?

Principalmente porque la apuesta para que los militares abandonaran a Maduro fue ingenua si no se tenía un plan claro. Es cierto que hay solicitudes de baja masiva, pero eso no significa para nada un quiebre. Esto solo ocurrirá si hay un proyecto líder y claro hacia las Fuerzas Armadas, algo que en un año todavía no ha ocurrido.

¿Cuál ha sido el error?

El tema militar tiene su arte, simbología, códigos y relacionamiento. Cuando las cosas en el ámbito militar no se hacen de esa manera, no se consiguen respuestas idóneas. Creo que la apuesta debería ser otra, encaminada a un proyecto de transición en el que las Fuerzas Armadas tengan un papel más claro.

¿Qué opina de Guaidó?

Creo que no ha sido un año fácil para Guaidó. El error del 30 de abril hizo mella en el curso de los acontecimientos, pero creo que es una persona al menos ha sido coherente con su accionar. Quizás no lo ha acompañado un equipo técnico que apostara a una transición negociada. Se ha hecho uso excesivo del escenario de la confrontación y la política siempre se dirime entre el dialogo, la negociación y la confrontación.

¿Y sobre esta gira internacional? Ha reafirmado apoyos importantes como los de Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo…

Creo que Guaidó ha salido de gira internacional para tener una bocanada de reafirmación de su liderazgo. Sin embargo, creo que la gran historia que se va a escribir sobre Venezuela está por desarrollarse en el plano interno. Hay que jugársela en el plano interno, pues el chavismo tiene claro que quiere legitimar el control de las instituciones a través de estos comicios.

Pero hay varias voces dentro de la oposición que manifestaron que sin un nuevo CNE no irán a ninguna elección…

Es un riesgo. Cada vez que la oposición decide no ir unida a las elecciones termina siendo peor. Ya ocurrió en 2005 cuando se le entregó un cheque en blanco a Chávez para que reformara el país. La única institución que no había sido penetrada por el chavismo, la Asamblea Nacional, ya fue cooptada por el oficialismo este año. Si la oposición no va unida va a haber un triunfo seguro del chavismo, seguido de una reforma constitucional que relegitime a Maduro. Es un plan que ya está avanzando y que debe ser enfrentado.

Lanzan panfletos en el Ipsfa llamando a rebelión dentro de la Fuerza Armada

Desconocidos lanzaron la tarde del sábado 18 panfletos dentro de la sede del Instituto de Protección Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) Los Próceres, cerca de Fuerte Tiuna, en Caracas, con mensajes llamando a la rebelión dentro de los distintos componentes de la FAN.

En menos de un mes, es la segunda ocasión que se registra un hecho similar. El 11 de enero explotó una caja de resonancia cerca de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con falsificaciones de billetes de 100 dólares con la cara de dos funcionarios de alto rango de ese cuerpo de seguridad.

“El honor militar nos obliga a colocar los intereses de la patria sobre los intereses de un alto mando militar al servicio de una banda de delincuentes instalados en Miraflores”, dice parte del panfleto que dispersaron en la sede del Ipsfa.

El régimen de Nicolás Maduro se ha enfrentado desde 2014 a varias revueltas y conspiraciones militares con el objetivo de lograr un cambio político en el país. La ONG Justicia Venezolana contabilizó hasta principios de enero de 2019 la detención de 200 militares por razones políticas.

La última rebelión pública se registró el 30 de abril de 2019, cuando unas decenas de funcionarios de la Guardia Nacional se alzaron en armas contra el gobernante con el apoyo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

“Tú eliges, defender la voluntad de cambio de tu pueblo o seguir siendo cómplices de esa banda de delincuentes que saldrá del poder igual, convirtiéndote en la vergüenza de tu familia. Resistencia contra el socialismo”, dice la otra parte del panfleto.

En diciembre de 2019 también se registró la llamada “Operación Aurora”, compuesta por militares y civiles indígenas, que consistió en el asalto a cuarteles militares al sur del país y el robo de armas y municiones de alto calibre.

Los funcionarios Josué Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas aseguraron que las armas robadas al batallón 513 en el sur del país “serán utilizadas para la protección del pueblo”.

Runrunes de Bocaranda: MEDIO - HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME

HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME: 

Dentro de todos los componentes militares impresiona el desespero e impaciencia ante la mirada ignorante de sus superiores. Lo que antes fue normal entre el personal de tropa hoy llega hasta los mas altos generales. La ignominia a la que se ha sometido en estos 20 años al estamento militar no pareciera concordar con lo que fueron las arengas del “difunto eterno” para convocar a sus compañeros uniformados aquel aciago día del 4F92. La diáspora militar crece a diario. Se van por los caminos verdes pues para poder salir del país están obligados a solicitar permiso firmado del ministro Padrino López. Totalmente distinto al cuido y atención que se le presta a los generales de todo rango. Desde camionetotas Toyota importadas desde los Emiratos como uno de los premios hasta jugosos emolumentos en moneda dura básicamente Euros. Las listas de “idos”, “desertores” y “fugados va en aumento diario. Desde el interior salen mayormente por la frontera con Colombia pero últimamente viene creciendo el éxodo a través de Brasil donde hay un contingente local que atiende a sus colegas venezolanos. Realmente aquel refrán que decía “el gobierno descansa sobre las bayonetas” se cumple en un aspecto. En otro se descansa en los premio$ muy jugo$o$ a esa fidelidad ante los temores que siempre han suscitado.

¿QUE PASÓ EN MÉXICO?:

Tras aquella demorada salida de Evo Morales de su país hacia México donde fue recibido con simpatía y camaraderismo por el presidente López Obrador y anunciar agradecido que se quedaría a vivir por un tiempo entre sus hermanos aztecas, el propio AMLO fue sorprendido en su buena fe cuando de manera intempestiva Morales salió a La Habana “para hacerse un examen médico”. Sin previo aviso y además sin siquiera guardar las apariencias del chequeo por los doctores cubanos viajó directamente a Buenos Aires donde solicitó asilo político. Su excusa: “desde aquí estoy mas cerca de mi Bolivia y podre ayudar a salir de los golpistas”.

Los rumores no tardaron en salir: ¿sería acaso verdad que habría una deuda por varios “tumbes” de envió de cocaína boliviana a los carteles mexicanos?. ¿Temía por su vida en México y por ello precipitó la salida? ¿Para Cuba no fue fácil ese huésped?. ¿Será fácil para el presidente Alberto Fernández tener esa papa caliente tan cerca y con tantos vínculos de corrupción de Evo con Néstor y Cristina Kirchner y con Chávez y Maduro? En fin, solo el tiempo nos dirá la verdad.

EVO&PDVSA LIGADITOS:

Cuando María Palacios, allegada del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, fue detenida hace diez días en el aeropuerto de El Alto transportaba 100.000 dólares sin declarar en un vuelo con destino a Buenos Aires. En la capital argentina se hospeda el expresidente Morales, quien huyó de Bolivia tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre. El gobierno de Jeanine Añez denuncia que con ese dinero María Palacios financiaría la actividad política del exmandatario. La versión de la detenida, en cambio, apunta al pago de las actividades del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Argentina. Aquí surgen los interrogantes. ¿Por qué no declaró el dinero? ¿Por qué no transfirió el dinero entre PDVSA Bolivia y PDVSA Argentina? ¿Acaso la estatal venezolana está financiando a Evo Morales? El caso está en los tribunales de Bolivia. Y parece que no será el único. Desde el gobierno interino aseguran que pretenden investigar todas las actividades sospechosas de Evo Morales. Y por supuesto aquí intervienen las relacionadas con Venezuela y el chavismo.