Las detenciones de los nueve militares se hicieron el 17 de mayo de 2018 en diferentes bases militares. El 11 de diciembre de 2018 se ordenó el pase a juicio, que aún no ha iniciado
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El pasado jueves, 21 de septiembre, tres presos políticos militares acusados de participar en la «Operación Armagedón», iniciaron una huelga de hambre en Ramo Verde por el retraso de cinco años y tres meses que lleva el juicio.
El capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo inició la huelga de hambre la mañana del jueves. En la tarde se sumaron el mayor de la Aviación Ricardo González Torres y el teniente de Navío Antonio Scola Lugo.
La huelga de hambre de los militares se genera como medida de presión para que inicie el juicio o se produzca la extinción de la causa y la liberación de todos los detenidos, por haber cumplido más de la pena mínima (tres años) estando en prisión sin juicio.
Según la versión oficial del gobierno, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante.
Cinco años esperando el juicio
Las detenciones de los nueve militares se practicaron el 17 de mayo de 2018 en diferentes bases militares, tras la filtración de un documento que obtuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y fue usado durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Militar 1° de Control, a cargo de la jueza Claudia Pérez de Mogollón, para privarlos de libertad. El 11 de diciembre de 2018 se ordenó el pase a juicio, que aún no ha iniciado.
El grupo, acusado de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, fue objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, que no fueron investigadas por los tribunales militares o la Fiscalía General, donde se denunciaron estos delitos.
El 14 de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó liberar al grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha emitido medidas cautelares de protección a favor de De La Sotta, Macsotay y Scola Lugo, pero no se han cumplido por parte del gobierno venezolano.
*Con información de TalCual