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Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) afirmó que en lo que va de año 2019, Colombia ha contactado a 47 oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para intentar que deserten y roben equipo castrense.

Durante su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal estatal VTV, Cabello dijo tener “47 denuncias de contactos desde Colombia para que los oficiales venezolanos deserten, se roben piezas de misiles, del sistema de radares”. Manifestó que se trata de “una denuncia formal al mundo”.

Indicó que las denuncias “están sustentadas con expedientes” y señaló que oficiales de inteligencia de Colombia “utilizan a algunos desertores y comenzaron a enviar mensajes, están chequeados todos”.

El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reiteró que desde Colombia “están pagando dinero, ofreciendo dinero” y afirmó que habrían ofrecido “hasta un millón de dólares” por piezas de un avión Sukhoi.

“Fue contactado un oficial desde Colombia, fíjense lo miserable que es Iván Duque, narcoparaco, que se robara un Igla-S, (…) le iban a pagar 40.000 dólares para que entregara el Igla-S, para derribar un avión y generar un falso positivo y decir que había sido el Ejército venezolano para buscar la causa de guerra”, aseguró Cabello.

Los Igla-S son un sistema de misiles portátiles de fabricación rusa. Moscú es uno de los principales aliados políticos y militares de Venezuela.

Advirtió al presidente Duque que “más temprano que tarde el pueblo de Colombia se va a levantar y cuando el pueblo de Colombia se levante el huracán bolivariano ahí será de proporciones indescriptibles”.

PERFIL | Estos son los funcionarios de seguridad de Maduro sancionados por la Unión Europea

@yeannalyfermin/@Andrea_GP21/@franzambranor

 

MÁS SANCIONES CAYERON ESTE VIERNES 27 de septiembre sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad fueron siete miembros de los cuerpos de seguridad del Estado los amonestados por la Unión Europea.

La institución continental sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.

La Unión Europea considera que los efectivos están implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Previamente la Unión Europea había sancionado a la Dgcim y a otros 18 funcionarios del gobierno venezolano entre los que destacan: el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami; el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el inspector general de la Fuerza Armada, Sergio Rivero Marcano; el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala; el ex Ministro de Educación, Elías Jaua; las rectoras del CNE, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el director de los Clap, Freddy Bernal; la ex vice fiscal, Katherine Harrington; el ex secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la FAN, Jesús Suárez Chourio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el ex comandante de la GNB, Antonio José Benavides y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.

Aquí un perfil de los nuevos sancionados: 

 

Rafael Ramón Blanco Marrero

Actualmente es director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por orden del gobernante Nicolás Maduro, Blanco Marrero fue ascendido al rango de General de División el 5 de julio del 2019, según la Resolución 030846 del Ministro del Poder Popular para la Defensa, solo seis días después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

En diciembre del año 2018 la periodista Sebastiana Barráez lo acusó de amenazarla a través de la cuenta de Twitter “@EscudoPatria” que, según señaló, también utilizaba para intimidar a otros trabajadores de la prensa.

En el mes de julio de este año, cuando un grupo de 10 mujeres del Instituto de Orientación Femenina (INOF) fueron trasladadas a los sótanos de la Dgcim, Blanco Marrero fue señalado por las víctimas de privar sus derechos a recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y a ver la luz del día.

Blanco Marrero también fue sancionado en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, al ser acusado de cometer abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850.

 

Rafael Antonio Franco Quintero

Es un coronel del Ejército que se graduó en la Academia Militar en la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” en el año 1995. Fue jefe de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), casualmente cuando el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott fue víctima de torturas dentro de la Dgcim.

En ese tiempo, específicamente en el año 2017, un oficial que estuvo en las celdas que estaban a cargo del coronel Franco Quintero, reveló que el funcionario cambió la rutina y condiciones de encarcelamiento a “condiciones infrahumanas”.

Según denuncias de Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, Franco Quintero, quien ahora es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es acusado de inducir y ser cómplice de delitos de lesa humanidad como “tortura y violencia sexual” contra detenidos.

La periodista Sebastiana Barráez denunció que Franco Quintero fue el autor de varios expedientes “arreglados para inculpar oficiales”. Asimismo, indicó que el coronel formó equipo con el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Blanco Hurtado alias “Ezequiel”, quien prepara los interrogatorios y amenazaba a los detenidos para dejarlos recluidos.

Franco Quintero también fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro en el mes de julio de este año, por acusaciones de tortura y violación de derechos humanos.

 

Néstor Neptali Blanco Hurtado  

Tiene 37 años de edad. Es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana y al menos desde diciembre de 2017 trabaja en conjunto con funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La abogada experta en derechos humanos, Tamara Suju le acusó de ser el promotor de torturas a los 27 militares encarcelados por el alzamiento en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza el pasado 21 de enero de 2019. Los maltratos habrían sido con cadenas, manoplas, bolsas plásticas y gas lacrimógeno.

 

Alexis Enrique Escalona Marrero

Tiene 57 años. Fue jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También ejerció como Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia así como Jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas). Escalona Marrero fue detenido el pasado 17 de septiembre de 2019 en una residencia de la urbanización Bosque Park en Colinas de Carrizal, estado Miranda.

El Ministerio Público le abrió una investigación al general por la presunta asignación de bienes incautados a terceros mientras ejercía como jefe de la Oncdoft de enero a mayo de 2018. Según el expediente MP 191331 2019, al momento de su aprehensión al militar le incautaron seis municiones 9mm, 22 municiones .40mm, ocho municiones .45mm, siete municiones 22mm, ochenta y cuatro cartuchos cal. 12 mm y veinte municiones 30-30mm. A Escalona Marrero le fueron imputados los cargos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y ultraje violento a funcionario público.

 

Carlos Calderón

Es un comisario adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia. En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció al comisario ante la Corte Penal Internacional junto al ex ministro y hoy en día encarcelado Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015. En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García, dijo que luego de emitir unas declaraciones a las puertas del Sebin en El Helicoide, en las que afirmó que los presos en ese recinto eran sometidos a tratos crueles, Calderón ordenó desnudarse y saltar a la mujeres que visitaron a los detenidos ese día. Francisco “Pancho” Márquez, ex preso político y miembro de VP,  declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin. 

 

Alexander Enrique Granko Arteaga 

Es un oficial de la GNB con jerarquía de Mayor, egresado de la EFOFAC en el año 2004, II Promoción Toma de las Flecheras. Tiene 38 años. El 29 de junio de 2016 en la resolución 014717 fue ascendido al Grado Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Granko Arteaga es hombre de absoluta confianza del general Iván Hernández Dala. Está acusado de haber liderado personalmente la ejecución extrajudicial del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez el pasado 15 de enero de 2018 en la localidad de El Junquito, estado Miranda. 

Alexander Granko es señalado como uno de los hombres clave del terror en que se han convertido los sótanos de la Dgcim. En una publicación en el Diario Miami, la periodista Maibort Petit afirma que el director de asuntos especiales del Sebin mantiene estrechos vínculos delictivos con el Mayor General Pascualino Anguiolillo Fernández en las operaciones de extracción de material estratégico en la Redi Guayana.

 

Hannover Esteban Guerrero 

El coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares (48) ocupó el lugar número 60 de la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, un lugar nada privilegiado para los cargos que ha ocupado. Hannover ha sido el más cruel director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que ha pasado por esa institución, según la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez

El pasado 14 de agosto fue destituido de la dirección de la Dgcim por los tratos crueles que le causaron la muerte al Capitán Rafael Acosta Arévalo y el aparente suicidio del funcionario Luis Armando Monsalve Estaba, quien según la Dgcim se lanzó del piso 3 de esa institución.

Militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo fueron condenados a 6 años de prisión

LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión. 

La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter, afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales. 

Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de “homicidio preterintencional con causal” por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio. 

Acosta Arévalo era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.

Crímenes sin Castigo | Lo que resta en Cúcuta, por Javier Ignacio Mayorca
Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

 

@javiermayorca

 

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Ese día, los oficiales, efectivos de tropa profesional y agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente.

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un ex capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Parlamento trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a la disidencia castrense con ocho meses de embarazo. 

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado al movimiento de Guaidó. Desde Venezuela, les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos. 

 

Breves

 

  • En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día. 

 

  • Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

 

  • En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) cuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

 

Justicia Venezolana: hay 211 militares presos en Venezuela

LA ONG JUSTICIA VENEZOLANA informó este lunes, a través de un comunicado que actualmente hay 211 militares presos en Venezuela por razones políticas. El documento reiteró que se trata de oficiales que van desde tropas profesionales hasta mayores generales que están tras las rejas por defender la Constitución. 

Lilia Camejo, abogada y directora de Justicia Venezolana, explicó que entre los detenidos están 96 miembros del Ejército, 20 funcionarios de la Aviación, 24 hombres de la Armada venezolana y 71 uniformados de la Guardia Nacional (GN). 

Camejo, quien es experta en materia militar rechazó el aislamiento y las torturas a las que someten a los militares en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Nacional (Dgcim), así como también el retardo procesal que impera en casi todos estos procesos judiciales.

La abogada citó como ejemplo el caso del teniente coronel (Ej.) Igber Marín Chaparro, cuya familia ha denunciado que tienen más de tres meses sin poder constatar su estado físico. 

La profesional del derecho, apoyándose en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien condenó las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos venezolanos; instó a los organismos competentes a abocarse a impartir justicia y a velar por el respeto al debido proceso de estos ciudadanos. 

16 militares permanecen en la Embajada de Panamá en Caracas

Alejandro Ferrer, canciller panameño, informó que 16 militares venezolanos que participaron en el intento de alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril, permanecen en la embajada de Panamá en Caracas en calidad de huéspedes.

Ferrer declaró esta información a la cadena local panameña TVN, indicando que se trata de una situación delicada “que requiere un manejo responsable”. 

Explicó también que hace unos días recibieron una nota por parte de la Cancillería venezolana en la que denuncian que estos militares que continuaron en la “planificación de actividades” en contra de Maduro en junio, aunque ya estaban hospedados en la legación diplomática.

En la misiva de Venezuela incluso “preguntan cuál fue el papel de funcionarios del gobierno de la República de Panamá en esos hechos”.

“Estamos confiados en que ambas partes vamos a manejar la situación respetando las normas del derecho internacional que, por un lado, implican un respeto a la integridad de nuestra sede diplomática, al personal panameño y de las personas que se encuentran allí”, agregó el canciller de Panamá.

Con información de Unión Radio

Julio Borges responsabiliza a Maduro y Cuba por desaparición de militares

EL EMBAJADOR DE VENEZUELA ante el Grupo de Lima, Julio Borges, denunció este domingo 14 de julio que se desconoce el paradero de oficiales institucionales en la Dgcim y pidió a la comunidad internacional “presionar al régimen para evitar que más militares mueran producto de la tortura” que se aplica dentro de los organismos de inteligencia venezolanos.

“En este momento se desconoce el paradero de los oficiales Ruperto Molina, Luis De La Sotta e Igber Marín Chaparro. Hacemos responsable a Maduro de lo que pueda ocurrirles. La comunidad internacional debe actuar para evitar más víctimas de la tortura”, sostuvo.

Borges señaló que el mundo debe impedir el asesinato de más militares institucionales a manos del sistema de tortura de Cuba y el régimen de Maduro. “Cuba ha construido un sistema de tortura muy sofisticado en los organismos de inteligencia venezolanos; el mundo debe presionar para que este sistema sea desmontado”, afirmó.

El representante del gobierno de Guaidó también reiteró que el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, debe ser utilizado para que se haga justicia por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura. Asimismo, destacó que el peso de la justicia debe ser para toda la cadena de mando, quienes dan las órdenes y quienes las ejecutan.

Familiares de militares presos: “Los victimarios son cada vez más crueles y despiadados”

“LO QUE LE PASÓ AL CAPITÁN RAFAEL ACOSTA ARÉVALO, le puede pasar a cualquiera de los militares presos”, fueron las palabras de Zaida Angarita, madre del Teniente de Fragata Gustavo Carrero, quien también se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Angarita y Keyla Flores esperaron sentadas a un lado de la tribuna de oradores del Hemiciclo de Sesiones, mientras la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández (AD-Cojedes) daba inicio al debate de la Asamblea Nacional que denunciaba la tortura, tratos crueles a los militares presos y el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

Fernández exigió al Hemiciclo no solo presentar un proyecto de acuerdo, si no hacerle seguimiento a cada uno de los casos y prestar apoyo a todos los familiares. Por eso las invitó a hablar junto a ella y dar más detalle de lo que sufren los militares presos.

Flores llevaba puesta una franela que mostraba la fotografía de su esposo, Ruperto Molina, mientras Zaida Angarita tenía un cartel con la denuncia de que Gustavo Carrero tiene 381 días preso. 

Pero no solo hablaron de sus familiares directos, porque Angarita denunció que junto a su hijo, hay otros compañeros de la Armada que tienen el mismo tiempo detenidos y tampoco se han salvado de las torturas.

Los diputados, periodistas y el resto de familiares escuchó con atención y con expresión de alarma todo lo que han padecido los funcionarios presos tanto en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Ramo Verde.

Asfixia con bolsas plásticas, ojos vendados, manos esposadas con uñas ensangrentadas, corte en las plantas de los pies, son algunas de las prácticas denunciadas.

Además los mantienen en celdas de 2×2 con paredes blancas y la luz encendida todo el tiempo, con lo cual no saben cuándo es de noche o de día. “Hacen sus necesidades en bolsas plásticas y luego pueden pasar una o dos semanas sin recoger los desechos”, alertó Angarita.

Keyla Flores expresó que los victimarios son “cada vez más crueles y despiadados” y con una voz tenue pero segura agregó que ahora ellas son la voz para salvaguardar la vida de sus familiares. 

No lloraron y tampoco quebraron su voz. Fueron enfáticas en exigir el cese de las torturas y también la intervención de estos cuerpos de seguridad. Además de pedir el apoyo del Parlamento, también mostraron su agradecimiento a los diputados y Angarita aseguró, con una sonrisa, que Venezuela “pronto logrará su libertad”. 

Justicia Imparcial

Luego de finalizar su intervención, Angarita y Flores se volvieron a sentar en las mismas sillas al lado de la tribuna de oradores. Desde allí escucharon a cada uno de los diputados que condenaba la muerte del Capitán Acosta Arévalo y exigía a los organismos internacionales levantar su voz. 

Dennis Fernández explicó que en el proyecto de acuerdo se exhorta a que un comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instale en el país para hacer un registro de estas violaciones. 

También que la oficina técnica del Alto Comisionado para Derechos Humanos esté de forma permanente y que la Cruz Roja verifique el estado de salud de los presos políticos, tanto civiles como militares.

El diputado chavista Eustoquio Contreras (Bloque Socialista-Guárico) también tomó el derecho de palabra para condenar el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, afirmando que “no se puede pedir justicia a quien ha cometido el delito”, refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro.

Aseguró que lo que mueve a todos los diputados es un “dolor de patria” y no una parcialidad política y recordó otros hechos de violación a los Derechos Humanos como El Porteñazo, el Caracazo y el asesinato de Jorge Rodríguez padre.

Además ofreció su visión de analista político en la que recomendó que la salida a la crisis debe ser institucional, democrática y electoral, lo cual fue refutado por el diputado José Luis Pirela que solicitó en más de una oportunidad la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y del artículo 187 de la Constitución.

Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) exigió que se debe aplicar el Tratado de Estocolmo, que es para víctimas de torturas y el Tratado de Minnesota, para que haya una investigación imparcial sobre los hechos. 

Criticó que los dos funcionarios detenidos por la muerte del Capitán Arévalo pueden llegar a tener una pena de entre 4 y 6 años, que se podría reducir a 14 meses, mientras que al diputado Juan Requesens lo culpan de homicidio intencional que serían hasta 30 años de cárcel, “cuando solo es un parlamentario joven e inocente”.

Desde la tribuna de oradores, con la voz alzada y agitando sus manos fustigó el comunicado de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet por felicitar a la Fiscalía, designada por la ANC, por el inicio de una investigación, “cuando la impunidad es de 98% y en temas de Derechos Humanos es de 99%. Entonces ¿A quién vamos a felicitar, Bachelet?”.

El debate sobre la tortura y tratos crueles a militares se repite en el Parlamento una semana después, cuando los diputados aseguraron que son más de 100 los funcionarios castrenses en las mazmorras de la policía política y militar. 

El presidente encargado volvió a tomar la palabra en esta discusión y preguntó ante la audiencia cómo los familiares van a superar el dolor. 

Hizo un llamado a que a pesar del dolor y el luto, los venezolanos no se dejen llevar por la frustración y ratificó la convocatoria a marchar el próximo viernes, 5 de julio. Además aplaudió a los tachirenses por salir a protestar luego de que funcionarios de Politáchira le dispararon al joven Rufo Antonio Chacón, de 16 años, haciéndole perder la vista, “porque exigen el derecho a vivir con dignidad”.

Con el sonido constante de las cámaras fotográficas, Guaidó expresó que es una paradoja que  “condenamos el asesinato del Capitán Acosta y al mismo tiempo la acción del militar que le disparó a Rufo”, también pidió dejar al lado los eufemismos para catalogar a Maduro “porque es un dictador”. 

Al finalizar su intervención con el Decreto de ascender a Acosta Arévalo a Capitán de Fragata, Guaidó se acercó a Angarita y Flores, les dio un beso a cada una en la mejilla y luego salió con ellas para tener una reunión privada en su despacho.

Foto: Sarai Coscojuela