Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima
Dos fiscales apelaron la polémica decisión de una jueza de dejar en libertad a un hombre acusado de violar a una joven venezolana en Buenos Aires, un caso que ha despertado indignación en Argentina.
Según confirmaron fuentes judiciales, la apelación fue presentada por Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.
En una presentación conjunta, ambas procuradoras reclamaron la revocación del beneficio de la libertad otorgado al acusado como «el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres». La excarcelación había sido concedida días atrás por la jueza a cargo del caso, Karina Zucconi.
El hombre, identificado como Humberto Garzón, dueño de una tienda de ropa de trabajo en el barrio capitalino de Once, está acusado de violar a una joven venezolana de 18 años el pasado día 23, el mismo día que ésta había comenzado a trabajar en el local con él. «Para ello, le dio una bebida que tenía una sustancia que la dejó inconsciente y en un estado de indefensión», indicó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web.
La jueza Zucconi argumentó que no existían razones para suponer que el hombre va a intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación y tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del acusado para dejarlo en libertad mientras continúa el proceso.
Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman, en cambio, la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima, «cuya vida e integridad debe ser preservada, ya que es lo prioritario».
Explicaron que en los episodios de violencia sexual, el testimonio de la víctima es generalmente la prueba directa principal y por eso el deber del Estado es extremar los recaudos para asegurar no sólo su integridad física sino también la psicológica y la libertad de participar en las distintas instancias judiciales sin temor ni presiones. Recordaron además que el acusado intentó fugarse cuando la policía llegó a su comercio.
El caso ha generado indignación tanto en Argentina como en Venezuela, países en los que este viernes 29 de enero se registraron protestas para pedir justicia y prisión para el agresor de la joven venezolana.
