Según las normas la UCV que regularán los comicios rectorales y decanales de mayo próximo no se aplicarán más que para este proceso
La ONG Acceso a la Justicia informó este jueves, 16 de marzo, que la Universidad Central de Venezuela (UCV) aceptó condiciones que impuso el chavismo para renovar sus autoridades universitarias el próximo 26 de mayo.
Según refiere Acceso a la Justicia, en los últimos tres lustros, la UCV y las demás universidades públicas autónomas nacionales se negaron a aplicar lo exigido por la Ley Orgánica de Educación, lo que dio pie a que la Sala Electoral del TSJ, primero; y luego la Constitucional les impidieran sistemáticamente celebrar elecciones, hasta tanto no aceptaran los cambios impuestos en el texto legal.
En 2019, el máximo juzgado dio un paso más allá y no solo mantuvo el bloqueo, sino que les dio a las casas de estudio 6 meses para celebrar elecciones paritarias, bajo la amenaza de que otro incumplimiento abriría las puertas para que el Gobierno las interviniera y designara autoridades provisionales.
El artículo 3 del instrumento señala claramente que el padrón electoral estará conformado por el personal docente y de investigación «ordinarios, honorarios, especiales, activos y jubilados, indistintamente de su escalafón», así como por los estudiantes, personal administrativo y obrero para la elección de rector, vicerrectores y secretario; y para el caso de los decanos los mismos que los anteriores, salvo los profesores jubilados.
Solo por esta vez
Acceso a la Justicia señaló que según las normas la UCV que regularán los comicios rectorales y decanales de mayo próximo, no se aplicarán más que para este proceso.
Así lo deja en claro el texto, el cual establece que expirará «15 días continuos contados a partir de la proclamación de todos los candidatos a los cargos de Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Secretario, Decano y Representante Profesoral ante el Consejo Universitario, Consejo de las Facultades y Escuelas».
Además de ampliar el padrón, las reglas temporales eliminaron el quorum de votación necesario para considerar que el proceso fue válido, y en el artículo 6 se especifican los porcentajes de participación de cada sector, los cuales se calculan sobre el número total de profesores votantes: a los estudiantes regulares de pregrado les corresponde un porcentaje de 25%; a los egresados, un 5%; al personal administrativo un 10%; y a los obreros un 10%. Se desconoce el criterio utilizado para fijar estos porcentajes.
Por su parte, el artículo 7 señala que el candidato al cargo postulado que haya obtenido la mayoría de los votos (mitad más uno), sumados los votos de todos los sectores electorales, se proclamará ganador. Sin embargo, si ningún candidato lograra cumplir este requisito habrá segunda vuelta, con los dos candidatos con mayor cantidad de votos de los sectores electorales. Dicha votación se celebrará dentro de los 30 días continuos a la primera elección, es decir, el próximo 23 de junio.
Aunque la ONG considera positivo que se renueven las autoridades de la máxima casa de estudios, lamenta que terminara aceptando la mayoría de las condiciones impuestas por el TSJ, a pesar de que estas desconocen su propia autonomía universitaria y suponen una violación de lo dispuesto en el artículo 109 constitucional.
*Con información de Acceso a la Justicia
