A UN AÑO DE LAS ELECCIONES presidenciales del 20 de mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) emitió un comunicado en el que hace un balance de la situación política económica y social en Venezuela.
Durante el año que lleva Nicolás Maduro ejerciendo como presidente de Venezuela para su segundo período, el OVCS ha documentado más de 17.547 protestas en todo el país y 63 manifestantes asesinados desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.
La represión ha sido ejercida principalmente por funcionarios de las Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fungen como grupos de exterminio y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Pese a la represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado, los ciudadanos han salido a las calles a defender y exigir sus derechos políticos, económicos y sociales. El rechazo contra el régimen de Nicolás Maduro se expresa desde quienes exigen unas elecciones apegadas a la ley, hasta quienes lo responsabilizan por el deterioro del poder adquisitivo del salario, precarización del empleo, limitadas oportunidades para acceder a alimentos y medicinas, así como el colapso de los servicios básicos (electricidad, agua, gas, transporte público, gasolina, internet y telecomunicaciones).
Esta grave situación ha llevado a Venezuela, por primera vez en la historia republicana, a sufrir una Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza con el pasar de los días. Por ello, desde el OVCS apoyamos todas las medidas y acciones dirigidas al restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y a garantizar los derechos humanos de los venezolanos, asegura la ONG.
En su comunicado el OVCS «exige poner fin al mandato de Maduro y la realización de elecciones libres, justas y transparentes, para restablecer el orden democrático en Venezuela».
El OVCS insistimos en:
1- Continuar los esfuerzos nacionales e internacionales para buscar una solución pacífica a la grave crisis venezolana, y poner fin al régimen inconstitucional de Nicolás Maduro.
2- Reconocer y apoyar las acciones en favor de la restitución de las libertades en Venezuela emprendidas por organismos multilaterales como la Organización de Estado Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Naciones Unidas (ONU), Grupo de Lima, Unión Europea (UE), así como a los países que han sumado su voz de solidaridad con pueblo venezolano.
3- La realización de un proceso electoral libre y transparente, conforme a los artículos 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable, y con el acompañamiento de observadores internacionales independientes y organismos de protección de derechos humanos.
4- Reconocimiento de las autoridades de la Asamblea Nacional (AN) como único poder autónomo y legítimo, electo por el voto ciudadano.
5- Rechazo de la política de Estado de violencia, represión, persecución y hostigamiento contra manifestantes, integrantes de partidos políticos de oposición, periodistas, trabajadores, estudiantes, defensores de derechos humanos y en contra de todas aquellas personas que demandan el respeto a sus derechos humanos.
*Con información de Nota de Prensa
