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Maikel Moreno

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

Maikel Moreno rechaza amenazas de Mike Pence contra el Poder Judicial venezolano

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ), Maikel Moreno, a través de un comunicado rechazó las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien amenazó con extender las sanciones de su país a todos los magistrados del Poder Judicial si el órgano “no regresa a su mandato constitucional”.

“Los Magistrados y Magistradas que integran el Poder Judicial, rechazan de forma categórica y contundente la amenaza formulada por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, “quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía”.

Desde la sala plena del TSJ, Moreno aseguró que el gobierno norteamericano pretende someter a las altas autoridades judiciales a amenazas violatorias de los principios de independencia.

Igualmente, indicó que esta actuación antijurídica, despreciable e intolerable viola las normas y principios del derecho internacional que rige las relaciones entre naciones civilizadas. “En este caso, se ha formulado una nueva amenaza unilateral al Poder Judicial venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 Magistrados y Magistradas. En este sentido, denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”.

Finalmente, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia no es chantajeable, “ni nos subordinaremos jamás ante un gobierno extranjero que pretenda vulnerar la soberanía de nuestra patria”.

 

*Con información de Nota de Prensa TSJ

EEUU: los que estaban negociando la salida de Maduro han “apagado su celular”

EL ENVIADO DE EE.UU. PARA VENEZUELA, Elliott Abrams, aseguró este miércoles a Efe que los altos cargos del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que supuestamente estaban negociado con la oposición la salida del mandatario han “apagado sus celulares”.

“Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares”, reconoció Abrams en una entrevista con Efe.

El Gobierno de EEUU afirmó este martes que tres figuras clave del chavismo, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, negociaron con la oposición para romper con Maduro y respaldar a Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones.

Preguntado sobre si Padrino, Moreno y Hernández Dala son los que tienen el celular apagado, Abrams se limitó a contestar: “Me refiero a mucha gente en los altos niveles del Gobierno venezolano”.

Abrams explicó que esos tres altos cargos del chavismo participaron en unas negociaciones con la oposición, en las que asegura que EEUU no participó y donde se pactó una transición política con “garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor”.

“Hablaron, hablaron y hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo”, criticó Abrams refiriéndose a Padrino, Moreno y Hernández Dala.

“¿Por qué? ¿Cuál fue el papel de los rusos, cuál fue el papel de los cubanos? Estamos tratando de averiguar ahora respuestas a esas preguntas, pero sabemos que ha habido un par de arrestos de líderes de la inteligencia y del cuerpo militar”, aseveró Abrams.

El Gobierno venezolano no ha confirmado la detención de ningún líder militar o de inteligencia por el levantamiento que encabezó este martes Guaidó y que se tradujo en masivas manifestaciones en las que una persona resultó muerta y unas 80 heridas, entre ellas ocho agentes de las fuerzas de seguridad leales a Maduro.

“Lo que pienso es que a partir de ahora, Maduro debe saber que no tiene el apoyo de aquellos que se lo han prometido e incluso se colocan a su lado. Ahora, cada uno de ellos, sabe que él necesita irse”, subrayó Abrams.

Maduro acusó a EE.UU. de apoyar un “golpe de Estado” liderado por Guaidó y hoy miércoles llamó a las calles a sus seguidores para celebrar el Primero de Mayo, Día de los Trabajadores.

EE.UU. fue el primer país del mundo en reconocer como presidente a Guaidó, quien el 23 de enero invocó unos artículos de la Constitución para reclamar que como presidente de la Asamblea Nacional podía declararse jefe de Estado interino ante lo que considera la “usurpación” de Maduro. EFE

Maikel Moreno se extravió y Maduro apuró el discurso en el búnker del TSJ

En un acto corto y frío, Nicolás Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia mandar durante el periodo 2019-2025

“Verificando, el, elm, elm, verificando, la, eh … Procurando en todo momento cualquier amenaza o agrasión (sic) a las garantías de los derechos y libertades de todos los venezolanos así como la soberanía e independencia de la patria de Venezuela…”. Así, sin ritmo ni encanto de orador, terminó la última frase del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, antes de juramentar a Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025. Durante seis segundos -que en cámara parecieron seis años- el presidente del TSJ olvidó su parlamento y debió buscar en los apuntes para cumplir el protocolo del tenso acto de juramentación.

Después del bache de Moreno, a las 12 en punto y con la mano zurda, Maduro juró “a nombre del pueblo de Venezuela, por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaicaipuro, por el Negro Primero y nuestros pueblos afrodescendientes”, entre otros protagonistas del imaginario chavista.

En la Sala Plena, un búnker con poco acceso de señal telefónica y sin contacto con su base de apoyo popular -conformada el día de hoy a empleados públicos movilizados en buses oficiales-, Maduro dio un breve y poco emotivo discurso con énfasis en varios temas: reforzar la idea de la constitucionalidad de su elección el 20 de mayo de 2018 (cuestionada por la inconstitucionalidad del convocante); asegurar que hay una guerra imperial contra Venezuela y pedir que los gobiernos regionales se organicen para hallar concordia e integración.

El interlocutor que más mencionó Maduro fue Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, quien estaba sentado en el estrado junto con los representantes de los Poderes Públicos. En el público, solo los presidentes de El Salvador, Bolivia, Cuba y Osetia del Sur estaban presentes, además de representantes -ministros de Agricultura y Asuntos Rurales, por ejemplo- de 94 países, según Maduro, estuvieron presentes. Y, entre los invitados, la política colombiana Piedad Córdoba y el expresidente de Hondura Manuel Zelaya, con turbante y sin sombrero, respectivamente.

El acto, precedido por las noticias del no reconocimiento de más de 50 países de la legitimidad y legalidad del segundo gobierno de Maduro -además de mensajes no confirmados sobre cruzados sobre posibles quiebres dentro de las cúpula gobernante-, dejó pocas noticias. Apenas algunas frases para el recuerdo o el olvido, según se mire:

“Venezuela es centro de una guerra mundial”.

“No soy un magnate, ni he estudiado en Harvard ni en el comando Sur. Con el respeto de los que hayan estudiado en esas escuelas, nosotros no nos formamos en la escuela de los gorilas, de los golpistas”.

“A veces, entre tantos ataques, me pregunto ‘¿quién soy yo?’”.

“Pido perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que tienen miedo de vernos cara a cara, de escuchar nuestra verdad”.

“Planteo que, ojalá, un grupo de países latinoamericanos o algún país poderoso del continente, tomaran la iniciativa para la reunificación de América Latina y el Caribe”.

“En Europa nos quieren, nos ven con buenos ojos. ‘Los chalecos amarillos’ me mandaron un chaleco amarillo de regalo. Quizás fundemos unas seccional de ‘Los chalecos amarillos’ en Venezuela porque somos los rebeldes del mundo.

-Comment ça va?

-Très bien”.

“Empresarios europeos importantes, bien importantes, están viniendo a invertir. Una ola”.

“Le digo a la Unión Europea ‘¡Detente! No vengas con tu viejo colonialismo y tus viejas agresiones; no vengas vieja Europa con tu viejo racismo. Ya fue bastante lo que nos hicieron, ya fue bastante el esclavismo, el saqueo, durante 500 años”.

“Aquí llevo la llave que abre el sarcófago del Libertador y del lugar donde reposa el Acta de la Independencia de 1811 firmada por los libertadores originales”.

“Esta banda y esta llave no me pertenecen a mí sino al pueblo rebelde y soberano de Venezuela”.

Fuera de la sala plenaria del TSJ, gobiernos del mundo occidental y democrático, así como organismos internacionales, formalizaban el desconocimiento al nuevo periodo presidencial venezolano. Mientras tanto, Maduro y los suyos seguían en el búnker de su propio discurso.

El juramentado que no vieron en la avenida Baralt

La vía del centro de Caracas estuvo repleta de empleados públicos que tuvieron que conformarse con ver pasar de largo la camioneta que condujo a Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia

 

MIENTRAS UNA AGRUPACIÓN CANTABA A RITMO DE GAITA EL TEMA “Para no verte más” de la banda argentina La Mosca Tsé-Tsé en una de las cuatro tarimas instaladas en la avenida Baralt, un gentío, la mayoría con camisas y gorras rojas se empujaba entre si bajo un sol inclemente en pos de alcanzar las cercanías de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, lugar donde se juramentó Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo que el cantante entonaba “cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza”, una marejada de empleados públicos se ubicaba en sus respectivos lugares de la avenida que va de Norte a Sur: los del Seniat estaban en el Puente Guanábano; los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cerca de la esquina Dos Pilitas; los de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en la esquina de Balconcito; Banco de Venezuela y Banco Bicentenario, entre las esquinas de Cuartel Viejo y Balconcito; los del ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, en la esquina de Truco y, en las inmediaciones de Puente Llaguno, pululaban personas con indumentarias del Saime, Unefa, INTT, Pdvsa, Ministerio de Transporte, Inac, Cuspal, Fondur, Banco Agrícola, Venetur, Sitssa, Gran Misión Vivienda Venezuela, Mercal, Metro de Caracas y gobernaciones y alcaldías de Guárico, Vargas, Monagas, Lara, Bolívar, Miranda, Zulia y el municipio Libertador.

Desde tempranas horas de la mañana de este 10 de enero, fuerzas de seguridad del Estado impidieron el libre tránsito en la avenida Baralt a partir del cruce con la avenida Lecuna. El canal de ida hacia la Cota mil sirvió para el desplazamiento de los simpatizantes de Maduro y el de bajada, hacia la autopista, para que transitaran las distintas comitivas que asistieron al acto encabezado por el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Funcionarios de la PNB y GNB agitaban las manos para dirigir a los escasos carros y motos que se desplazaban por la Baralt. Todas camionetas blancas o negras, algunas sin placas y otras con identificación de cuerpo diplomático. La mayoría de los comercios de la zona tenían las santamarías abajo, a excepción de panaderías y bodegas.

En la Cota Mil, sentido Este-Oeste, los cuerpos de seguridad bloquearon el acceso a la avenida Baralt desde las 6 de la mañana. Los autobuses que trasladaron a los afectos al chavismo y empleados públicos hacían fila desde la salida a San Bernardino. En Caja de Agua, calle paralela a la Baralt, habían apostados funcionarios del Sebin, Dgcim, Casa Militar, PNB, GNB, Protección Civil y Bomberos del Distrito Capital.

Minutos antes de las 11 de la mañana guardias de honor a caballo, además de confeti y globos, antecedieron el paso de Maduro por la Baralt a bordo de una camioneta. Se limitó a bajar el vidrio y saludar a sus adeptos. Pasó de largo y el animador que estaba en la tarima donde había logos alusivos al Petro prometió que tal vez se paraba a decir unas palabras de regreso, cuestión que no sucedió.

Apenas pasó Maduro la gente empezó a movilizarse, algunos buscando calles aledañas para escapar del tumulto, otros en procura de agua mineral y comida.

“Nos tomamos la foto y nos vamos”, le dijo un empleado público a otro. “Estoy esperando a ver qué me dice mi jefe”, indicó una mujer con una franela blanca con la banda presidencial estampada en el pecho.

Buhoneros eran escasos, solo vendedores de chupetas y un hombre que ofrecía bigotes de fieltro negros por 30 bolívares soberanos. Algunos funcionarios de la administración pública desfilaban con viandas, jugos y paquetes de agua mineral para repartir. Al menos uno en cada grupo portaba una lista con nombres, cédulas y firmas. A medida que avanzaba el discurso de Maduro en el TSJ el ambiente se distendía y las calles se hacían más transitables.

Mientras los empleados públicos se alistaban para regresar a sus lugares de origen. Se escuchaba a lo lejos el estribillo “Total es ya tarde pa’ volver. Total ya es tarde pa’ soñar” .

TSJ afirma que Christian Zerpa huyó del país al ser investigado por acoso sexual

“COMO CONSECUENCIA DE LAS REITERADAS denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él, por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución”, afirmó Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el magistrado Christian Tyrone Zerpa quien era investigado por abuso sexual, actos lascivos y violencia psicológica.

En una nota de prensa enviada por el TSJ, los señalamientos por la conducta de Zerpa, y ante los argumentos y pruebas señalados por sus víctimas, “originaron una situación de alarma en la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió remitir la contundencia de las denuncias ante el Consejo Moral Republicano, para la destitución del funcionario y que enfrentara ante la jurisdicción ordinaria, los gravísimos delitos por los que está siendo señalado”.

 

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El magistrado Zerpa, de la Sala Electoral del TSJ, desertó de Venezuela y se trasladó a Estados Unidos junto a su familia para colaborar con la justicia de ese país. Se informó que este lunes 7 de enero ofrecerá una rueda de prensa en la ciudad de Orlando, Florida, para informar de su separación del máximo tribunal venezolano y sobre supuestas acusaciones de corrupción en el poder judicial.

“El exmagistrado Zerpa huyó del país, valiéndose de su prerrogativa constitucional que ostentaba, para evitar la justicia y que sus delitos quedaran impunes, por eso, quien se preste para reivindicar la oscura psicopatología de este exfuncionario, debe obtener el rechazo de todos los que hemos sido garantes de los intocables derechos de las mujeres”, afirmó el magistrado Moreno.

Agregó que “la integridad y unión de nuestra institución, no se verá manchada por una conducta delictual, que lejos de lograr separarnos, nos une en nuestro propósito de velar por la garantía inquebrantable de nuestro Estado de Derecho”.

Transparencia Venezuela: Maikel Moreno encabeza lista de magistrados sancionados internacionalmente

UN INFORME DE LA ONG, TRANSPARENCIA VENEZUELA señala que pese a que no ha sido el autor de ninguna decisión de las que le arrebataron competencias a la Asamblea Nacional o que le impidieron ejercer sus funciones, el magistrado Maikel Moreno figura entre los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los que más de 30 países le han impuesto sanciones.

¿Las razones? Pueden ser varias: En primer lugar su cercanía al presidente Nicolás Maduro, que sus decisiones son todas favorables a los intereses del Ejecutivo, o su pasado.

La alineación con el mandatario quedó de manifiesto durante el acto de apertura judicial de 2018, donde el magistrado animó al Jefe del Estado a mantener “la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación” y le pidió tener “absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”.

Posteriormente, en una entrevista televisada, el funcionario refutó que en el país hubiera una dictadura, tal y como lo señalan distintos gobiernos extranjeros o la Organización de Estados Americanos (OEA). “El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones del 20 de mayo en buena lid por la votación de seis millones seiscientos mil venezolanos”, señaló haciendo caso omiso a los señalamientos de presiones y compra de votos.

Desde que en diciembre de 2014 fuera elegido magistrado de la Sala Penal, Moreno ha adoptado decisiones controversiales. Así, en enero de 2017 fue el autor de la sentencia que ratificó la condena a más de 14 años de prisión contra el dirigente opositor Leopoldo López o la que meses antes le negó a España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía si estaba en el país; además también autorizó el cierre de varias denuncias de corrupción contra altos funcionarios como los constituyentes Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Asimismo ex colegas suyos, como la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras, lo señalaron de presionarlos para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional, aún controlada por el chavismo, designar a sus sucesores.

“Él (Moreno) me dijo: ‘Esto es una orden’ y que no era una cuestión de ‘pedir una jubilación’ y me advirtió que me seguiría presionando, porque era un trabajo que le dieron. Yo respondí: ‘Me están presionando y coaccionando, esto no puede pasar en la casa de la justicia’”, relató la exfuncionaria ante la Comisión especial que el Parlamento designó para estudiar esos nombramientos.

Pero por si fuera poco a esto habría que agregarle el pasado del magistrado. Moreno ha sido señalado de haber sido procesado por dos homicidios a finales del siglo pasado, cuando se desempeñaba como funcionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). El magistrado o ninguna otra autoridad ha despejado qué ocurrió con esas averiguaciones.

Pese a estos registros Moreno ingresó al Poder Judicial en 1994 como alguacil y con el chavismo en el poder, fue designado juez de Control tras haberse dado a conocer públicamente como defensor de los algunos de los autores de los disparos ocurridos el 11 de abril de 2002, conocidos popularmente como “Los Pistoleros de Puente Llaguno”.

Como juez tuvo en sus manos el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Posteriormente fue nombrado juez antiterrorista y magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Sin embargo, fue aquí donde su carrera en el Poder Judicial pareció terminar, porque el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ le ordenó a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por haber incurrido en un error inexcusable al favorecer a los asesinos de una abogada.

Sin embargo, en 2014 consiguió que el Parlamento dominado por el chavismo lo nombrara magistrado, pese a que varios de los entonces miembros del TSJ no veían con buenos ojos esta designación, porque algunos de ellos participaron en el procedimiento administrativo que terminó con su remoción siete años antes.

La cercanía de Moreno con el mandatario, de quien se dice que es “compadre”, le habría reabierto las puertas del Poder Judicial. Tras la destitución del ahora presidente del máximo juzgado Maduro, quien se desempeñaba como Canciller, lo nombró cónsul en Roma, entre otros cargos diplomáticos.

Todo esto pudo llevar a Washington, después a Ottawa, Bruselas y a Panamá a incorporar a Moreno en sus listas negras, lo cual se traduce en anulación o prohibición de otorgarle visas y la congelación de sus fondos y bienes en esos países.

 

Empleados del TSJ recibieron celulares y barra libre en fiesta navideña

LA OSTENTOSA FIESTA NAVIDEÑA CELEBRADA EL SÁBADO, 14 de diciembre, en las sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) generó duras críticas luego de que se filtraran fotografías y videos a través de la red social Twitter.

Una fuente pudo confirmar a El Pitazo que a la fiesta asistieron unas 150 personas y había una barra libre que tuvo un costo de 4 mil dólares. La fiesta duro hasta las 3:00 de la madrugada, aproximadamente, y después todos los empleados que asistieron se fueron al círculo militar, donde recibieron teléfonos Samsung J8.

A la celebración estuvieron invitados todos los trabajadores del TSJ y fue presidida por la máxima autoridad del poder judicial, Maikel Moreno.

Más información en El Pitazo.