Un jurado federal de Miami acusó formalmente a Maikel Moreno por dos cargos de conspiración para lavar dinero y otros dos por participar en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. La sentencia máxima por los cuatro casos podría sumar los 60 años
La justicia de EEUU afirma que Moreno recibió más $10 millones en sobornos. Indican que fue sobornado para autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors
EEUU asegura que Moreno usó los recursos de supuestos sobornos «para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo», entre ellos, una villa en Italia por 2,4 millones de euros, otra de lujo en La Romana, un edificio en Las Mercedes y un apartamento en Miami
Un jurado federal de Miami acusó formalmente al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y actual magistrado, Maikel José Moreno Pérez , de conspiración para lavado y de recibir sobornos «a cambio de usar su cargo para resolver asuntos civiles y penales para favorecer a los sobornadores».
Así lo reseñó el Departamento de Justicia en una nota de prensa, en la que especificó que según documentos de acusación penal, como presidente del TSJ, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela.
De acuerdo con la investigación, Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, «generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas».
«En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista», se lee en la nota del Departamento de Justicia», aseguran.
Former President of Venezuelan Supreme Court Indicted on Charges of Accepting Bribes to Resolve Court Cases
A Miami federal grand jury has indicted Maikel Jose Moreno Perez. @HSI_Miami https://t.co/FvYS1PUy7O— US Attorney SDFL (@SDFLnews) January 27, 2023
Los supuestos sobornos a los que accedió Moreno incluían influir en acciones en casos penales, mediante la desestimación de cargos penales, órdenes de arresto o al dictar orden de confinamiento domiciliario para los acusados.
A Moreno lo acusan de conspiración para cometer lavado de dinero, encubrimiento de lavado de dinero y por dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años. Mientras que cada cargo de participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas conlleva una sentencia máxima de 10 años.
Compró bienes en inmuebles con sobornos
Documentos de la acusación penal revelan que el expresidente del TSJ recibió sobornos de un contratista acusado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara un caso penal en Venezuela.
También, afirman que lo sobornaron para autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente $100.000.000 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta.
«Mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales», se agrega en el texto.
Por otra parte, la justicia de EEUU afirma que Moreno usó los ingresos de los supuestos sobornos «para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo».
Describen que compró una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1,5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1,3 millones, y un apartamento en Miami por $1,3 millones.
También, señalan que usó las ganancias de los sobornos para «comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda«.
Funcionarios de EEUU que llevan el caso
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, y el agente especial interino a cargo, Michael E. Buckley, del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina de Campo de Miami, hicieron el anuncio.
El fiscal federal auxiliar, Michael N. Berger, está procesando el caso, mientras que el fiscal federal auxiliar, Marx P. Calderón, «se encarga del decomiso de activos», informa el Departamento de Justicia.
