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Luis Fuenmayor Toro

Oct 26, 2019 | Actualizado hace 2 semanas
El guaraleo gubernamental, por Luis Fuenmayor Toro

Inmediatamente después de la contundente derrota sufrida por el gobierno chavecista en diciembre de 2015, el amigo Luis Brito García, literato y político del régimen, señaló que al presidente Maduro no le quedaba otra que “guaralear”, para poder mantenerse en el poder y terminar su período en 2019. Posiblemente estaba pensando en la arremetida opositora que vendría, la cual incluiría con toda seguridad la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial, en el cual, dado los resultados adversos en los comicios parlamentarios y la ya deteriorada situación económico-social del país, era bastante fácil predecir una segura destitución del Presidente.

No sé si Brito García efectuaba una recomendación sobre la conducta política que Maduro debería asumir o simplemente le abría campo a lo que ya sabía que vendría. En cualquier caso, el guaraleo como respuesta política no era nada nuevo en Venezuela, pues ya había sido utilizado en el pasado reciente y remoto para ganar tiempo ante situaciones comprometidas. El mismo Chávez lo utilizó en momentos apremiantes, como fueron los vividos desde 2001 hasta 2004, cuando debió lidiar con un golpe sangriento de Estado, el sabotaje a la industria petrolera, grandes manifestaciones de calle y llamados diarios a huelgas generales.

Pero una cosa es utilizarlo en escenarios complicados a tener que utilizarlo siempre en todas las situaciones. Y esto es lo que ha pasado realmente desde diciembre de 2015 para acá en prácticamente todos los contextos. Ante la crisis, las demandas de la población, el caos de los servicios públicos, la destrucción de PDVSA, las contradicciones internas y la rectificación necesaria de las políticas, el gobierno tiene como respuesta el guaraleo. Le da largas a los conflictos, ignora los problemas, no toma decisiones, sin darse cuenta que no hacer nada es también una decisión, que tiene muchas veces consecuencias más dramáticas.

En el caso de los diálogos y las negociaciones que ha llevado adelante con las oposiciones venezolanas, el guaraleo gubernamental, junto con la actitud inmediatista y violenta de la oposición extremista, han sido los elementos básicos de los fracasos habidos, los cuales sin lugar a dudas le han dado tiempo para tratar de recuperarse. Pero, si bien guaralear puede diferir los enfrentamientos y permitir una cierta recuperación, no es una conducta que resuelva los problemas en forma más duradera y lleva a una normalización del escenario político y social venezolano. Guaralear no resuelve los problemas; si no hay soluciones estos se vuelven peores. 

Chávez guareleó la realización del referendo revocatorio en su contra y ganó tiempo. Y en ese período ganado instrumentó las misiones sociales iniciales, que a la postre le permitieron no ser revocado en 2004. El guaraleo era para ganar tiempo, no para evitar el revocatorio. Aquel guaraleo fue transitorio, mientras el actual se ha convertido en una actitud permanente. Esta es la impresión que tengo de la conducta gubernamental actual en la mesa nacional de diálogo. Se retardan decisiones importantes, no se asumen oportunamente, no se respeta debidamente al sector opositor democrático dialogante. Y todo ello conspira contra el éxito de esta negociación.   

No he sido tocado por el inmediatismo extremista acostumbrado y entiendo los problemas internos que tienen, pero o los resuelven y proceden con seriedad, respeto y sentido de oportunidad o se perderá un esfuerzo que tiene costos políticos para todos, sobre todo para quienes se sentaron a negociar contra viento y marea y quienes los apoyamos. Ah… Una cosa que no puedo dejar pasar. No están negociando con la derecha, como dicen groseramente sus locutores de VTV y alguno que otro líder. Aprendan a respetar.       

No hay que ser impaciente, pero hay que ser oportuno, por Luis Fuenmayor Toro

No estoy entre el grupo de personas que puede ser calificado de impacientes, independientemente de que no me gusta dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Esto último lo aprendí durante toda mi formación educativo académica, desde la escuela primaria hasta el nivel universitario, incluyendo mis estudios de doctorado fuera del país, en eso que llaman el primer mundo. Recuerdo de niño, cuando llegaba a mi casa todos los días luego del colegio, inmediatamente me ponía a hacer “la tarea” escolar, que nos prolongaba en por lo menos una o dos horas el tiempo diario de estudios. Sólo luego de terminarla, me sentía con la disposición de descansar o mejor de divertirme en casa o con los vecinos amigos.

La usualmente enorme tarea que nos ordenaban realizar en los períodos vacacionales intermedios: carnavales, semana santa y navidades, cuya extensión guardaba relación proporcional directa con los días de asueto que disfrutaríamos, la comenzaba a hacer inmediatamente a mi llegada del colegio, el último día de clases previo a la interrupción escolar, y paraba sólo al concluirla horas después o en algunos casos uno o dos días más tarde. Esa era la única forma de sentirme libre de compromisos, sin la preocupación de tener algo pendiente, para entonces poder disfrutar a cabalidad del asueto vacacional. Era una sensación muy agradable de tranquilidad, de ser dueño de mi tiempo, además de sentir que había cumplido con mi deber.

Y el tema lo toco es en relación con el cumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos firmados con cinco partidos opositores: Bandera Roja, Cambiemos, Movimiento al Socialismo (MAS), Soluciones para Venezuela y Avanzada Progresista, a los cuales se adhiere luego Esperanza por el Cambio. Hasta ahora se está instrumentado la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional, incorporación que tenía que ser inicialmente objetada o, por lo menos, no aceptada tranquilamente por la oposición de dicho organismo. Sin embargo, la sangre no ha llegado al río y los diputados del gobierno ya participan y han incluso aprobado uno o dos acuerdos con esta oposición.

El compromiso de liberación de presos políticos está en cambio virtualmente paralizado, pues, para el momento de escribir este artículo, sólo ha sido excarcelado el Vicepresidente de la AN diputado Edgar Zambrano. Para el gobierno, este aspecto debería ser tomado con mayor responsabilidad y seriedad, ya que es una situación muy delicada, en la cual están implícitas violaciones del debido proceso y de los DDHH, muy sentidas internamente y también por la comunidad internacional. Si quiere comenzar a lavarse la cara en este aspecto, no puede estar dándole largas a situaciones tan delicadas y que además dependen exclusivamente de su voluntad, por lo que se puede iniciar rápidamente dicha liberación, incluso sin mayores estudios.

Hay una serie de presos políticos que han cumplido sentencias más largas que las de sus condenas y que tienen además boletas de excarcelación. Terminar de una vez por todas con esta aberrante situación debería ser algo prioritario para el gobierno, por lo que es inentendible que no se haya hecho, cuando es más que grotesco que haya ocurrido. Y esta posición no tiene nada que ver con impaciencia, ni siquiera con la necesidad de que los acuerdos se ejecuten de manera oportuna. Se trata de la erradicación de una depravación que no tiene nombre y que, solamente con su existencia, bastaría para condenar al gobierno en cualquier foro internacional sin tener que demostrar más nada. 

Entiendo que según el Foro Penal Venezolano hay en este momento unos 450 presos políticos y varios miles con medidas cautelares, es decir no totalmente libres sino simplemente excarcelados. La inmensa mayoría de esta población penal no significa mayor peligro para la estabilidad del régimen, por lo que no se entiende que se insista en mantenerla en prisión. Si el gobierno sabe que el acuerdo firmado con los seis partidos no es reconocido como importante por la comunidad internacional que lo adversa, lo que ha llevado a la descalificación de esta mesa de diálogo, debería hacer esfuerzos para legitimarla y fortalecerla. Para que puede ser vista como una opción de arreglos pacíficos de la crisis existente.

Otro aspecto que no ha avanzado con la celeridad necesaria es el de la integración y funcionamiento de las ocho mesas de trabajo, que prepararían los acuerdos para su aprobación en la mesa nacional de diálogo. Sin pecar de apresurados, hay que entender que iniciar la solución de los problemas sociales y económicos es urgente, pues el sufrimiento del pueblo venezolano es trágico, inquietante y requiere soluciones inmediatas. El tema electoral también es urgente, pues en el mismo los lapsos los establece la Constitución vigente. Integrar un nuevo CNE, que satisfaga a todo el mundo, es vital para lograr se incorpore a por lo menos parte de la oposición de la AN, cuyo acuerdo es indispensable para que ese órgano designe al nuevo CNE.

O el gobierno da señales claras de que quiere enfrentar el desastre actual de común acuerdo con el mayor número de sectores y partidos nacionales, y logra la incorporación de estos en las negociaciones, o la iniciativa reciente fracasará con nefastas consecuencias para nuestra nación.

La situación internacional y la política de Guaidó, por Luis Fuenmayor Toro

LA POLÍTICA VENEZOLANA, desde hace varios años, tiene un componente internacional que progresivamente se ha hecho fundamental en la acción de la oposición extremista venezolana, la misma que lleva 20 años tratando de derrocar por la fuerza a los gobiernos chavecistas. Ese componente internacional es hoy el que mantiene a Juan Guaidó y a los partidos que le siguen en la palestra política. De la misma manera que el gobierno de Maduro se mantiene en el poder por el absoluto respaldo que le da la FANB, Guaidó se mantiene por el apoyo que tiene de EEUU y casi 60 países que lo respaldan. Ninguno de los polarizados tiene como apoyo real y suficiente a la voluntad del pueblo venezolano. Tan es así, que ambos se niegan a medirse electoralmente en comicios realmente libres.

Pero la situación internacional está muy lejos de ser estable como para considerar que no se produzcan cambios que alteren su correlación de fuerzas. No sé si Guaidó y sus allegados se han paseado por esta realidad, pero el tiempo también conspira contra su propuesta dogmática en relación a la fuerza del apoyo internacional de la misma. La elección de López Obrador como Presidente de México, hace poco más de un año, les quitó el soporte de uno de los países más importantes de la región, que inmediatamente regresó a lo que ha sido su posición histórica: la no intervención en los asuntos internos de ninguna nación. El triunfo del peronista Fernández, en las llamadas primarias argentinas, amenaza seriamente con seguir socavando el apoyo latinoamericano que tienen, y en otro país de una gran importancia hemisférica. 

Pero los sucesos en esa dirección no dejan de producirse. El Presidente hondureño soporta hoy la acusación, hecha por nada menos que un tribunal estadounidense, de recibir financiamiento del narcotráfico. En Perú, país del llamado Grupo de Lima, se desarrolla en estos momentos una crisis institucional que enfrenta a sus poderes Ejecutivo y Legislativo, algo parecido a lo que ocurre hoy en Venezuela. Ecuador, otro país muy beligerante contra Maduro, sufre actualmente protestas populares masivas anta la instrumentación de un paquete de medidas neoliberales aupadas por el FMI. Su Presidente recurre a la declarar el estado de emergencia, para reprimir las protestas populares, tal y como ocurrió en Venezuela con el Caracazo, al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.  

Sin duda ninguna que se debilita el Grupo de Lima, por lo que sufre el apoyo internacional de Guaidó. A esto se suma el fracaso parcial de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, lo que le reduce a Duque su libertad de acción, y la activación del “impeachmente” contra Donald Trump. Todos son elementos dinámicos que pudieran afectar en forma negativa la única fuerza real de Guaidó, la única que lo protege y le permite actuar libremente y retar en forma continua al gobierno de Maduro, haciendo entonces evidente la debilidad del mismo.    

 

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Sobre el acuerdo de los cinco partidos con el gobierno, por Luis Fuenmayor Toro
  • Apoyo la firma del acuerdo. Hubiera firmado si se me lo hubieran pedido. Esto no significa que lo considere un éxito total desde ya, pues son muchos los escollos en el camino, comenzando por las inconsecuencias del gobierno.
  • El otro gran obstáculo es la posición hostil hacia el gobierno y el país del presidente Trump, quien pretende erigirse en la instancia que decide en relación con nuestros asuntos, seguido por quienes aplauden y le hacen coro.
  • El acuerdo tiene también en contra el sectarismo y la arrogancia de la oposición de la Asamblea Nacional, que se considera mayoritaria, dueña de los escenarios políticos y electorales y única con derecho a ser la oposición del gobierno.
  • La incredulidad del venezolano en el gobierno y en quienes le han hecho oposición desde sus inicios conspira también contra el cumplimiento de los acuerdos firmados.
  • Se comprende la incertidumbre y desconfianza de la población al acuerdo con el gobierno, son 20 años de polarización y existe una campaña insidiosa contra la iniciativa por parte de los extremistas políticos de la Asamblea Nacional.
  • Otro peligro para el desarrollo positivo de los acuerdos es que los partidos firmantes o algunos de ellos, los pretendan administrar en forma sectaria y excluyente, tal y como el G4 opositor extremista ha manejado sus alianzas.
  • Que apoye la firma del acuerdo con el gobierno no significa que crea que es el mejor acuerdo del mundo. Pero entiendo que fue el acuerdo posible y lo posible es lo que sucede; lo imposible no sucede.
  • Antes de firmarse el acuerdo, habíamos entrado en una parálisis de la política, sin iniciativas, mientras el sufrimiento de la gente aumentaba y la beligerancia política y represión gubernamental se incrementaban.
  • Esa parálisis generada por el fracaso del último diálogo era propicia para el desarrollo de acciones de intervención militar del país, peligro que debía ser enfrentado por quienes aún tienen dignidad y amor por su patria.
  • La intervención militar se podría producir unilateralmente por EEUU o a través del TIAR, que ha venido siendo impulsado por el extremismo opositor.
  • Otra vía de hecho para acciones militares contra Venezuela es la generación de incidentes fronterizos, que involucren a tropas regulares de países vecinos.
  • La parálisis de las iniciativas políticas también permitía el fortalecimiento a lo interno del gobierno, quien pasaría a convocar elecciones de la AN sin las condiciones de transparencia, equidad y democracia que se reclaman.
  • El principal responsable del éxito o fracaso de los acuerdos es el gobierno, pues en sus manos está la instrumentación de la mayoría de las acciones concertadas.
  • El gobierno debería de convencerse que su política debe ser la de acelerar el cumplimiento de los acuerdos y no la de darle largas, pues no se trata de ganar tiempo sino de producir respuestas positivas que desarmen cuanto antes a sus enemigos, sobre todo los externos.
  • La liberación de presos políticos ayuda mucho en la creación de un clima de distención, de justicia y de paz. El control de las acciones de las FAES también, al igual que la desaparición de las acciones de hostigamiento de los colectivos.
  • Como la conspiración de grupos extremistas continuará, el gobierno debe proceder apegado estrictamente al debido proceso judicial y con total respeto de los DDHH.
  • Como el acuerdo principal es el nombramiento constitucional de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la AN tiene la primerísima responsabilidad en este aspecto. Nadie entendería que saboteara este nombramiento.
  • Las negociaciones de Santo Domingo y las de Oslo-Barbados tomaron sus tiempos y hubo que esperar sus resultados; de la misma forma se debe proceder con las iniciadas actualmente. Deben realizarse sin precipitaciones.
  • Al contrario a las negociaciones anteriores, donde privó el secreto absoluto, las actuales deben ser transparentes, para generar más confianza así como tener la opinión inmediata de la gente sobre las discusiones y los acuerdos.
  • Las partes involucradas en los debates deben informar también en forma conjunta de las dificultades enfrentadas y los escollos a superar en todo el proceso de negociación.
  • Un acuerdo formal útil para mejorar el ambiente de negociación sería el de reducir la beligerancia política de los actores.
  • El gobierno debería controlar las descalificaciones permanentes de algunos de sus voceros, pues no ayudan a crear el clima político necesario para salir con éxito de esta difícil coyuntura.
  • No se debe descartar la posibilidad de refrendar los acuerdos alcanzados, con un referéndum aprobatorio de los mismos, ni de utilizar el referéndum consultivo para dirimir los desacuerdos graves que pudieran aparecer.
Sep 09, 2019 | Actualizado hace 2 meses
La unidad posible, por Luis Fuenmayor Toro

Todo el mundo habla de unidad en relación con la situación actual y el qué hacer. Una buena parte de quienes predican en este sentido realmente no la quiere, pues la unidad les impediría hegemonizar el proceso político por venir. Y ésta no es una afirmación gratuita. Los cuatro jinetes del Apocalipsis venezolano lo han más que demostrado desde hace por lo menos dos décadas. Y hoy lo demuestran día a día con su sectarismo desde la Asamblea Nacional. Son sectarios y excluyentes hasta con su propia gente.

Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo sólo se unen entre ellos y eso con mucha desconfianza y obligados por la necesidad apremiante de salir de la crisis. Ni que hablar de Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y quienes juegan alrededor de ellos. Todos, absolutamente todos, quieren sacarle el mayor provecho político electoral a lo que venga, aparte de no coincidir en las estrategias para enfrentar al gobierno de Maduro.

Hay otra oposición, no reconocida por los cuatro jinetes ni por quienes son aún más extremista y tampoco muy tomada en cuenta por el gobierno, que se proclama partidaria de cuatro principios: salida electoral (democrática), constitucional, soberana (venezolana) y pacífica. Es descalificada como colaboracionista del régimen de Maduro precisamente por los extremistas opositores que, con sus dislates, le han dado dos décadas de gobierno al chavecismo y trabajan para darle mucho más tiempo. A este relativamente nuevo sector opositor le ha sido difícil terminar de conformarse como una opción real de gobierno, se le ha dificultado internamente aglutinarse en torno a propuestas y acciones comunes, que llamen la atención al hacerla aparecer como una opción capaz de interpretar a ese vasto sector electoral mayoritario, que rechaza a Maduro y su claque pero también a quienes nos prometen más sufrimientos con invasiones y sanciones.

La unidad tiene que comenzar y cimentarse sobre los cuatro principios ya señalados, a los que habría que agregar, como acciones derivadas, la negociación con el gobierno para la designación de un nuevo CNE independiente como Poder del Estado, integrado pluralmente, imparcial en sus ejecutorias y designado de común acuerdo, que organice todos los procesos electorales venideros establecidos en la Constitución. Y negociación también para enfrentar urgentemente la hiperinflación, los bajísimos salarios, la devaluación permanente, la escasez de medicamentos, vacunas y otros insumos para la salud; el caos de todos los servicios, el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el total respeto de los derechos ciudadanos. Quienes estén de acuerdo con esta fórmula serían los susceptibles de ser unidos.

Hay que recordar que los procesos sociales y políticos tienen sus tiempos y no pueden ser empujados atropelladamente, como se ha querido hacer en Venezuela desde prácticamente el inicio del primer gobierno de Chávez. No son los deseos los que determinan su velocidad. Nuestra práctica social de este siglo así nos lo ha hecho ver en multitud de ocasiones, aunque haya todavía quienes se nieguen a aceptar que el sol sale por el Este.

La destrucción amazónica y la irracionalidad venezolana, por Luis Fuenmayor Toro

Así como las llamadas primarias argentinas se convirtieron en combustible de la lucha política venezolana, sobre todo por la sorpresa y los lamentos de la oposición extremista ante la victoria del peronismo, los incendios que devoran hectáreas de la selva amazónica brasileña también han entrado en el debate político nacional, ésta vez por las denuncias “ecológicas” y la gran “preocupación por el ambiente” del extremismo gubernamental, que ve en Bolsonaro a un capitalista irredento y depredador del pulmón vegetal del mundo. El ministro Arreaza fue el encargado de expresar diplomáticamente, la congoja del gobierno verde de Maduro por la gigantesca extensión selvática destruida ante la indolencia de Bolsonaro, quien no contento con su inacción pasó a acusar a las organizaciones no gubernamentales de Brasil, de ser responsables de generar los incendios señalados.

La posición del gobierno venezolano adolece de un cinismo de marca mayor, que provoca un rechazo de quienes se le oponen y de quienes han denunciado la depredación ambiental de la Amazonía venezolana, generada por la explotación inmisericorde y salvaje del oro hecha por el gobierno nacional. La devastación es extensa y se acompaña de contaminación de los ríos y de la desaparición de los mismos. Además, los incendios en principio no son generados en forma voluntaria por el gobierno brasileño, sino que se dan en forma casuística, por lo que Bolsonaro pudiera ser acusado de un delito de omisión y negligencia al no actuar diligentemente contra su propagación. En el caso venezolano, en cambio, se trata de la comisión de un delito ambiental al ser producto de acciones de explotación minera ilegales e irresponsables por parte del gobierno nacional dirigido por Maduro.

Bolsonaro ha recibido muchas críticas y presiones internacionales por su desatención de la selva amazónica. Se ha llegado incluso a negarle recursos financieros contractualmente pactados para la protección ambiental, pues para los países europeos otorgantes de los mismos, el gobierno actual brasileño ha sido indolente ante lo acontecido y no ha cumplido con los compromisos acordados. Las medidas de restricción financiera equivalentes a varias decenas de millones de dólares, llevaron incluso al Presidente de Brasil a dar una respuesta destemplada, en la cual prácticamente dijo, como lo hacía rutinariamente Chávez en casos de amenazas y presiones que consideraba indebidas, que no necesitaba de esos recursos y que se los podían meter por donde les cupieran.

Pero lo que queremos es llamar la atención hacia el hecho de que los opositores viscerales venezolanos han tomado partido a favor de Bolsonaro, no porque sea un defensor del ambiente sino por estar claramente enfrentado al gobierno de Nicolás Maduro. Ya eso es suficiente, para considerar que todo lo que hace está bien hecho y que quienes lo critican deben ser unos comunistas come niños, cooperadores de la dictadura de Maduro y cosas por el estilo. Es la misma actitud que han tenido en el caso de Macri y su pronosticada derrota electoral. La intención no es realmente defender a Bolsonaro y a Macri por ser buenos gobernantes, sino por ser enemigos de Maduro. Para el extremismo gubernamental, la situación es similar pero en dirección inversa. Bolsonaro es criticado y atacado no por ser indolente ante los incendios, sino por ser adversario de Maduro.

Analizar la política internacional y las gestiones de los gobiernos de los diferentes estados nacionales, en función de sus posiciones frente a la diatriba política venezolana y sus actores es una soberana insensatez.    

Jun 28, 2019 | Actualizado hace 5 meses
Visita o investigación, por Luis Fuenmayor Toro

Quiero aclarar que la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela no fue producto de ninguna invitación gubernamental, así el gobierno lo quiera hacer ver de esta manera. Bachelet vino para completar la investigación que inició hace ya cierto tiempo, sobre la supuesta violación de los DDHH en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Una comisión de su despacho ya venía trabajando intensamente: visitando cárceles, procesando denuncias, contactando con diversas organizaciones sociales y con funcionarios del Gobierno Nacional. Ya se había elaborado un informe preliminar, que se hizo del conocimiento público y que los opositores extremistas viscerales debieron haber leído, aunque no se refieran a ello. Es muy curioso. Gritaban y exigían la presencia de la ONU en Venezuela, para que detectara las violaciones de la “tiranía” en materia de DDHH, pero cuando se presenta la Alta Comisionada de la ONU a tales fines, despotrican, la descalifican y rechazan sus apreciaciones y declaraciones.

La Sra. Bachelet no vino a reconocer ni a declarar Presidente a Juan Guaidó. Ésta no era su función. No era Almagro quien venía. Era una persona seria, profesional, respetuosa del Derecho Internacional y de sus convenciones, representante de la ONU y por tanto apegada a las posiciones de este organismo. La ONU no ha reconocido a Guaidó como Presidente de Venezuela, para la ONU, gústenos o no, el Presidente de la República es Nicolás Maduro, pues es quien controla el territorio venezolano y el aparato de Estado. Es una estupidez, por lo tanto, haber pretendido que Bachelet llamara a Juan Guaidó “Presidente encargado”. Lo llamó como tenía que llamarlo: Presidente de la Asamblea Nacional. Además, Michelle Bachelet no vino a Venezuela a facilitar el diálogo entre la oposición de la AN y el Ejecutivo, ni a terciar entre ambos, ni mucho menos a colocarse del lado de nadie. Vino a culminar su investigación sobre el estado de los DDHH en el país, lo cual hizo con gran seriedad y profesionalismo.

Su visita constituyó una presión importante hacia el gobierno, aunque la Alta Comisionada no vino a presionar a nadie. El gobierno fue consultado para que se pudiera realizar la visita, lo cual es lógico y apegado a las normas internacionales. Sólo a un Almagro se le puede ocurrir llegar a la frontera de un país y tratar de penetrar a como dé lugar. Maduro tuvo que acceder a la intervención de Bachelet, no le quedaba otro remedio. Pero la ex Presidente de Chile no sólo se reunió con el gobierno, sino lo hizo con prácticamente todo el mundo, incluso con los familiares de las víctimas de supuestas violaciones de DDHH. Y no se conformó sólo con ello, sino que solicitó y logró la liberación de un cierto número de presos políticos, lo cual ya es un reconocimiento del gobierno a la existencia de los mismos. Además, dejo en el país a dos representantes suyos, como una suerte de supervisores de su oficina, quienes podrán visitar cárceles, recibir denuncias y actuar en función de que se respete el debido proceso y los DDHH.

Sólo gente muy obtusa, muy fanática, puede en este momento decir que la visita no fue importante y que hubiere sido mejor que no se diera. Ahora, pensar que todo está en manos de lo que diga el informe definitivo de la Alta Comisionada es una gran equivocación política. El informe puede ser muy contundente y demostrar la existencia de graves violaciones de DDHH; puede incluso responsabilizar a Nicolás Maduro de estas violaciones. Pero si la oposición sigue en manos de la dirección de la Asamblea Nacional, y ésta sigue poniendo la torta en sus ejecutorias, como lo hizo con la cómica del 30 de abril y como lo acaba de hacer con el golpe por Skype recientemente descubierto, no habrá informe que salve a Venezuela de seguir en la situación en que se encuentra.     

Negociación, elecciones y proporcionalidad, por Luis Fuenmayor Toro

EN EL CASO ACTUAL VENEZOLANO, todo el campo opositor señala a las elecciones como el elemento que definitivamente marcaría el inicio de una transición, para la salida de la grave crisis existente y la reinstitucionalización del país. Algunos la colocan al final de una senda inicial, que arrancaría con lo que llaman el cese de la usurpación y continuaría con un gobierno de transición, cuya duración no ha sido señalada y para cuya integración el pueblo soberano no sería consultado.

El cese de la supuesta usurpación se produciría por obra y gracia del Espíritu Santo, que convencería a Maduro de renunciar, a los militares que lo apoyan de dar un golpe o al gobierno estadounidense de invadirnos. Y digo supuesta usurpación porque Maduro, guste o no guste, fue electo en unas elecciones, muy similares a todas las anteriores de los últimos tiempos, realizadas el 20 de mayo del año pasado.

Otros colocamos las elecciones, es decir la obligatoria consulta popular establecida en la Constitución, en el inicio formal de un proceso de transición, para que el pueblo decida la ruta a seguir y ésta no le sea impuesta por una cúpula política. Se haría a través de un referendo consultivo en el que la gente decidiría cuál o cuáles opciones prefiere.

Otra posibilidad, igualmente probable, sería que las elecciones se realicen para elegir el gobierno que instrumentará la transición, si esta situación surgiere del desarrollo de un proceso de negociaciones entre el gobierno y las oposiciones existentes. En cualquiera de los dos casos o en otro que apareciere, se requeriría la designación de un Consejo Nacional Electoral nuevo, de consenso entre todas las partes, imparcial, equitativamente integrado y no sujeto de tutelaje por parte del TSJ o de la ANC.

El CNE recién nombrado tendría la tarea de preparar las elecciones que se haya decidido hacer en las negociaciones, si fuere el caso, o realizar el referendo consultivo mencionado o los comicios que toquen según los plazos constitucionales vigentes. Esto implica cambios en la organización del CNE para hacerlo un organismo pluralmente constituido en todos los niveles, lo que no necesariamente significa pluralmente repartido.

Actualizar y depurar el REP, controlar el voto asistido, integrar las mesas con electores escogidos al azar, acabar con la práctica de no informar a los miembros seleccionados, para suplirlos el día de las votaciones por quienes primero se encuentren en la fila de espera del inicio del proceso. Corregir las inhabilitaciones de partidos y de candidatos y controlar efectivamente el usual ventajismo gubernamental.

Algo que no se menciona o es dejado de lado, pero es de vital importancia si queremos reales cambios para el futuro, es el rescate de la proporcionalidad electoral establecida en el artículo 63 de la Constitución, la cual fue violentada por la LOPRE de 2009. Esta Ley tiene varios artículos inconstitucionales, que así podrían ser declarados por el TSJ, los cuales son la base de la ausencia de proporcionalidad, de la emergencia del sistema mayoritario excluyente actual y de la nefasta polarización que hemos vivido. Si esto no se realiza, volveremos a tener fracciones hegemónicas en los cuerpos deliberantes, que actuarán sólo según sus bastardos intereses sin control ninguno. Unos cuerpos legislativos muy plurales son la única vacuna contra este tipo de perversiones.

Las elecciones definirían entonces si el gobierno actual continúa y, si la decisión fuere contraria, el chavecismo pasaría entonces a ser oposición. Se iniciaría así la transición política, pero sería el pueblo quien lo decidiría y quien designaría democráticamente a los gestores de la misma y no como algunos hoy pretenden. Las negociaciones, de ser exitosas, no sólo lograrían lo señalado, sino podrían iniciar la transición económica y social desde antes de la realización de las elecciones, para de esa manera lidiar rápido con las desgracias actuales que sufren los venezolanos.

Medidas anti inflacionarias, de estabilización del tipo de cambio, de recuperación de la producción para combatir la escasez, de enfrentamiento profesional del gravísimo problema sanitario y, prioritariamente, de rescate y recuperación de PDVSA y de la producción de crudo y de gas natural.