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UE insta a respetar libertades y derechos de marchas de mañana en Venezuela

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La delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela hizo hoy un llamado al respeto de los derechos y las libertades constitucionales de los venezolanos durante las marchas convocadas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que coincidirán mañana 19 de abril en Caracas.

En una declaración, la delegación de la UE en el país expresó que “observa con preocupación la situación de intensa agitación política y social que está viviendo Venezuela”.

En este contexto y con vistas a las manifestaciones convocadas para mañana en la capital venezolana, la declaración hace “un llamado para que se desarrollen de forma pacífica y con pleno respeto a los derechos y libertades reconocidas a los ciudadanos venezolanos por la vigente Constitución”.

La oposición ha llamado a los ciudadanos a marchar mañana desde 26 puntos de Caracas con destino a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, para pedir la “restitución” del hilo constitucional que, considera, se rompió con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que este asumió las competencias de la Asamblea Nacional.

Los opositores han intentado llegar en otras manifestaciones infructuosamente a la sede de la Defensoría en cinco ocasiones y han sido dispersados por las fuerzas de seguridad.

De los 26 puntos de salida de la marcha de mañana, 19 están ubicados en el municipio Libertador, sede de los Poderes Públicos y gobernado por el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, identificado por el PSUV, quien ha prohibido actos opositores en esa zona de la ciudad.

Para mañana también el oficialismo ha convocado una movilización en el centro de Caracas prevista como una “marcha histórica” para conmemorar los 15 años del golpe de Estado que sacó del poder por unos días al fallecido presidente Hugo Chávez.

La oposición comenzó hace dos semanas una serie de protestas contra el gobierno y la justicia tras la decisión del Supremo de asumir las facultades del Parlamento mientras este persistiera en el desacato al desconocer una decisión de la máxima corte sobre tres diputados opositores suspendidos de sus cargos.

Aunque la decisión judicial fue revocada dos días después, generó una ola de protestas y focos de violencia que han dejado hasta el momento un saldo de al menos cinco muertos, más de doscientos heridos, y casi un centenar de detenidos, según los informes de las autoridades.

Venezuela aparece por primera vez como “no libre” en informe de Freedom House

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Venezuela aparece por primera vez como un país “no libre” en el informe anual de la organización Freedom House publicado hoy, mientras que en 2016 la libertad cayó en Nicaragua a su nivel más bajo en más de 20 años.

“La combinación de gobierno de mano dura y extrema mala gestión económica del presidente venezolano, Nicolás Maduro, empujó a su país al estatus de ‘no libre’ por primera vez en 2016”, concluye el documento, que será presentado hoy en la sede de la entidad en Washington.

Venezuela ha servido como modelo para los regímenes populistas en la región, pero hoy es el epítome del sufrimiento que puede ocurrir cuando los ciudadanos no tienen la posibilidad de hacer que sus líderes rindan cuentas”, señala.

En 2016, Maduro, “confiando en el control que tiene el régimen sobre los tribunales”, respondió a la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias “quitándole poder a la asamblea legislativa y bloqueando el referendo revocatorio presidencial, con lo que impidió el único camino a un cambio ordenado de liderazgo”.

El “similar régimen” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llevó en 2016 al país a su nivel más bajo de libertad en más de 20 años.

“Habiendo puesto al poder judicial a su favor y reducido los medios independientes, Ortega pudo casi eliminar a la oposición en las elecciones presidenciales y legislativas”, indica el informe.

Nicaragua, que se mantiene como “parcialmente libre” en la clasificación de Freedom House, sufrió en 2016 un declive de los derechos políticos y de las libertades civiles “al expulsar la justicia al líder del principal partido opositor y por la expulsión de 16 legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional antes de las elecciones de noviembre”.

Y esto “combinado con los esfuerzos del Gobierno para silenciar a periodistas y académicos con opiniones contrarias”.

Militarización y escasez ponen en jaque al último reducto de la democracia: el voto
De la democracia nos gusta el voto, más aún si quien llega al poder garantiza aquello de a mí pónganme donde haiga. Y cuando hubo real, corrió a raudales. Viajes al exterior que dieron sentido a los abrigos de Zara, carros último modelo, crédito para vivienda, compras por internet y tetas nuevas por doquier. 70% de los venezolanos creyó, entre 2003 y 2006, que la democracia por fin funcionaba
Ese mismo período coincidió con el inicio de los ataques frontales del Gobierno a los principios democráticos: primeras expropiaciones amparadas en la recién aprobada Ley de Tierras, permisividad ante las invasiones, aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que cobró la primera la víctima con el cierre de RCTV. 75% de los venezolanos protestó absteniéndose de votar en las elecciones parlamentarias
Expertos consideran que hoy, en un contexto político de creciente militarización y precariedad económica, ese pragmatismo criollo que busca hacerse ya no de dólares baratos sino de un pollo y un paquete de harina nos coloca ante una encrucijada: defender un sistema en el que no creemos del todo o avalar un modelo autocrático que intenta suprimir lo único de la democracia que realmente nos gusta, el voto

 

@GitiW

“¿TE ACUERDAS CUANDO PEDIMOS LAS VACACIONES y nos fuimos a hacer las tetas con Krulig, con ¡Krulig!?”, rememora entre risas una de las dos mujeres. Corría 2007 y las manos del destacado cirujano plástico ya no estaban reservadas solamente para las misses. En ese entonces trabajaban en un call center y ganaban dos millones de bolívares de los de antes, unos cuatro salarios mínimo que estaba en 614.790 Bs. En esa misma oficina dos señoras compraron carro y otra, embarazada, viajó a Panamá a comprar las cositas del bebé.

La llegada de 2003 marcó el fin de la austeridad, ese eufemismo político para designar la vulgar peladera de bola. La renta petrolera finalmente había llegado a todos los bolsillos y las protestas de 2002 parecían hechos de un pasado remoto. El incremento de los precios del petróleo le permitió al Gobierno triplicar el gasto público en términos reales a 50,7% y los beneficios económicos fueron tangibles para todos los sectores de la población.

Quienes no disfrutaron directamente del acceso a dólares baratos recibieron ayudas a través de alguna de las 21 misiones sociales que creó Chávez en 2003, pero quizás el más beneficiado fue el propio presidente que en el lapso de un año pasó de superar un golpe de Estado a alcanzar el pico de su popularidad con casi 70% de aprobación. No se trató de un cambio de fortuna casual sino de una relación causa efecto comprobada: al menos 60% de las variaciones en la popularidad del presidente son explicadas por el nivel del gasto público real, solo 40% se atribuye a otros factores, afirma un estudio del Observatorio del Gasto Público de Cedice.

“La popularidad del presidente aumenta un 0,20% por cada 1,0% de incremento del gasto (en términos reales). Es decir, el incremento del gasto público de 57,0% en las elecciones de 2004 representó un incremento de la popularidad presidencial de 11,4 puntos porcentuales”, afirman los economistas Asdrúbal Oliveros y Gabriel Villamizar, autores del estudio.

 

El modelo de medición empleado por Oliveros y Villamizar también estimó que de los 11,1 puntos porcentuales de popularidad que perdió el presidente Maduro entre 2014 y 2015, 4,4 puntos se deben a la contracción de 20,8% en el gasto público. Este modelo sustenta la convicción del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV, quien sostuvo en una entrevista a Runrun.es que de no haber bajado los precios del crudo los resultados de las elecciones parlamentarias habrían sido favorables al partido de gobierno.

El costo democrático de la bonanza

Entre 2003 y 2006 los venezolanos no solamente incorporaron a su léxico expresiones como “raspar la tarjeta”, “vender el cupo” o “inscribirse en la misión”, sino también comenzaron a hablar de “adquisición forzosa”, “estatización”, “expropiación”, “intervención” “ocupación temporal” y “estado comunal”, término que aunque no está en la Constitución, llegó a la legislación venezolana de la mano de la Asamblea Nacional elegida en 2005 cuando la oposición optó por llamar a la abstención como medida de protesta y, en consecuencia, todas las curules quedaron en manos del partido de Gobierno. Sin advertirlo dijimos adiós a la independencia de poderes.

El origen de los actuales niveles de desabastecimiento de alimentos, causa de los casi 400 saqueos registrados en Venezuela entre enero y julio de 2016, también hay que buscarlo en ese período, cuando con el argumento de garantizar la “seguridad alimentaria” el Gobierno dio inicio al proceso de expropiaciones de latifundios con el aval de la recién aprobada Ley de Tierras, mecanismo que permitió la adquisición forzosa de 26% del aparato productivo del sector agroindustrial. Cedice registra 306 violaciones a la propiedad privada entre 2005 y 2011 que afectaron específicamente el sector de alimentación.

Al control legislativo y productivo le siguió el cercenamiento al derecho a la propiedad privada. Durante esos años de bonanza económica se registraron 544 invasiones: 313 inmuebles y 186 terrenos. El área metropolitana de Caracas fue la más afectada con 146 invasiones, le siguió Zulia con 126 casos; Anzoátegui y Lara registraron 77 casos cada uno.

Y mientras una parte de los venezolanos aprendía a armar las carpetas de Cadivi y otros tantos pasaban a engrosar la nómina del Estado, el Gobierno puso coto a otro emblema de la democracia: la libertad de expresión. La entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada en diciembre de 2004 impuso límites de facto a la libertad de expresión e información a través del carácter punitivo de la legislación. El cierre de RCTV, en mayo de 2007, terminó de configurar un contexto de censura y autocensura cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

El problema: vemos la democracia como un medio para alcanzar fines materiales

“La lógica fue que había más democracia porque había más igualdad en términos materiales. El foco del discurso oficial estuvo en que había más acceso a los programas sociales a diferencia de, como lo dijo Chávez, la anterior forma de democracia burguesa. Durante el mandato de Chávez entre 2004 – 2010, precisamente cuando tuvo más dinero, se registraron más ataques hacia la democracia. La gente dijo «qué importa si tenemos menos libertad de expresión, qué importa que estén persiguiendo a una gente por ahí si a mí me está llegando plata de la renta petrolera». Esa experiencia nos hizo creer que la democracia era recibir algún tipo de beneficio social y que lo demás estaba en un segundo plano; eso es bastante preocupante porque puede estar marcando la visión actual de la democracia que tienen los venezolanos”, argumenta el politólogo Juan Manuel Trak.

Aunque en teoría los niveles de apoyo a la democracia son altos, en la práctica los venezolanos sienten una profunda insatisfacción con el desempeño del sistema político, tanto, que una investigación del Barómetro de las Américas 2014 de la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, encontró que la relación de los venezolanos con la democracia era “instrumental”, es decir, es vista como un medio para alcanzar fines materiales y no como buena en sí misma.

El estudio reveló además que la evaluación de los venezolanos acerca del funcionamiento de la democracia es negativa debido a la poca confianza que tienen en las instituciones -TSJ, Ejecutivo, Asamblea Nacional y CNE-, tampoco hay confianza en los partidos políticos. No obstante, Trak enfatiza que la mayor frustración de los venezolanos con la democracia viene de la incapacidad de materializar la promesa de igualdad social.   

“La democracia tiene como promesa política que es posible tener una vida digna en la que uno puede aspirar a que los hijos vivan mejor que los padres. Desde los noventa la democracia venezolana ha fallado en materializar esas aspiraciones y es preocupante que cada vez más la gente mira a la democracia con desconfianza, como a una promesa inconclusa. Ante la falta de capacidad de respuesta de la democracia de cumplir con esas aspiraciones es posible que los venezolanos miren otros modelos alternativos que se dicen democráticos o que dejen los principios democráticos en un segundo plano con el fin de poder llenar esas expectativas”, argumenta Trak.

Que la democracia sea intrínsecamente valiosa independientemente del desempeño económico del país es una premisa que muchos están dispuestos a cuestionar ya que no se trata solamente de la defensa de derechos políticos, sino de tener un sistema que permita oportunidades para progresar. “En gran medida América Latina ha fallado en proveer ese insumo necesario que requiere la democracia para que sea reafirmada como un sistema político exitoso: acabar con las enormes desigualdades. La igualdad social supone que la gente pueda tener acceso a una educación de calidad, a buenos servicios de salud, a empleos y viviendas dignas; allí es donde la democracia tiene ese valor instrumental para el venezolano”, describe el politólogo.

La encrucijada: democratización o autocratización

Quizás los ciudadanos no están plenamente conscientes de esa vinculación pragmática con la democracia que los hace proclives a relajar la defensa de la Constitución y las leyes a cambio de beneficios materiales tangibles, pero quienes buscan los votos no solo lo saben sino que, elección tras elección, capitalizan esa debilidad.

Que los recursos del Estado sean empleados por el gobierno de turno como un catalizador de su popularidad fue una realidad en la cuarta y también lo ha sido en la quinta República,  pero lo que no tiene precedente es la enorme dependencia de los venezolanos a las acciones del Estado para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales como alimentos y medicinas. Ya no se trata solamente de un gobierno controlando el sistema cambiario sino en control del acceso a las bolsas de comida que mensualmente reparten a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP).

A la dependencia para el abastecimiento de bienes básicos se suma la creciente militarización del aparato productivo promovida desde el poder Ejecutivo, presentada además como la gran solución para superar la escasez. La cara más visible es la designación del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, al frente de la “Gran Misión de Abastecimiento” que estará concentrada en los sectores agroalimentario, farmacéutico y agroindustrial.

Atrincherados en el último reducto democrático, 2015 cerró con una victoria contundente para la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, pero incluso desde antes de que los nuevos diputados pudieran asumir sus curules la voluntad popular se vio obstaculizada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que, una tras otra, ha vetado por inconstitucional todas menos una de las leyes sancionadas por el parlamento, la ley de cestatickets para los adultos mayores.

Las amenazas al voto como vía para la superación de los conflictos políticos también provienen del Consejo Nacional Electoral, ente que ha impuesto trabas y demoras al cronograma para la realización en 2016 del referendo revocatorio convocado por la MUD contra el presidente de la República, proceso que está sustentado en el artículo 72 de la Constitución. De las elecciones a gobernadores que también deben realizarse en 2016, ni el CNE ni la oposición han pronunciado palabra.

“Estamos en una encrucijada, en una lucha entre la sociedad civil y los factores que desean un cambio político frente a una élite que ha monopolizado el poder y que está defendiendo una serie de privilegios e intereses particulares que solo benefician su proceso político, pero no es una tarea fácil porque el Estado ha sido secuestrado”, sostiene Trak.

Democracia o autoritarismo

Entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta fue el foco de una ponencia del historiador Ysrrael Camero en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Su respuesta fue clara: estamos ante una encrucijada y hay dos rutas posibles, democratización o autocratización. Partiendo de la renuencia del Gobierno a medirse nuevamente en una consulta popular, Camero definió el actual modelo político como “un autoritarismo competitivo, cada día más autoritario y menos competitivo”.

¿Qué determinará el rumbo político del país? El nivel de sacrificio al que esté dispuesta la sociedad venezolana, responde la historiadora Margarita López Maya. “A veces el venezolano es muy superficial en su evaluación de la envergadura de la crisis, muchos pensaron que bastaba con que el chavismo dejara de ser mayoría; decían que si la oposición pasaba a ser mayoría se solucionarían todos los problemas y eso no es así porque tenemos problemas agudísimos”.

López Maya enfatiza que “a la democracia solo se llega cuando las élites están dispuestas a hacer sacrificios. Por ejemplo, aquí los empresarios han perdido mucho durante estos años y quizás piensan que en el futuro eso va a cambiar y van a poder enchufarse otra vez en el Estado sin que les importe en qué condiciones eso se produzca. Los niveles de pobreza hoy son enormes, la gente está escarbando en la basura. Todos los venezolanos debemos entender que hay cosas que debemos deponer para construir una democracia”.

¿Deponer qué? La apatía, apunta la historiadora. “Tenemos que participar cada vez que nos llamen y respaldar un liderazgo más honesto. También debemos estar alerta a los peligros del mesianismo porque cuando uno está desesperado se aferra a cualquier cosa. Muchos están pensando que si viene alguien y resuelve la escasez qué importa quién sea y cómo lo haga. Ya tenemos esta experiencia lamentable encima y algo tenemos que aprender de ella; así estábamos en los 80 y 90, salimos buscando un líder carismático y mesiánico, militarista y personalista… ¿ahora vamos a salir a buscar otro igual para ver si se repite la historia?”.

“La democracia tiene su precio y si no estamos dispuestos a pagarlo terminaremos comprando otra cosa. Si queremos un régimen que nos trate con igualdad necesitamos instituciones fuertes y respetar la Constitución y las leyes. Ese es el compromiso de nosotros como ciudadanos, estar alertas para tratar de construir entre todos una salida hacia un sistema de mayor justicia e igualdad que ahorita no tenemos”, dice López Maya.

¿Defenderán los venezolanos el sistema democrático? Trak cree que sí. “Con el referendo revocatorio la gente ha empezado a tener una visión diferente sobre su capacidad de incidir sobre lo público; entienden que son protagonistas de su propio cambio. También hay que reconocer que, de alguna manera, el discurso de Chávez de empoderar a la gente para que participara políticamente tuvo resultados positivos que ahora juegan en contra de sus  herederos políticos. Es la gente la que está exigiendo que se realice el referendo que el propio Chávez puso en la Constitución. Creo que los venezolanos saben que la única forma de salir de este desastre es impulsando iniciativas democráticas en las que los ciudadanos tengan un rol protagónico”.

Tras ser llamados a participar en 19 elecciones durante los últimos 17 años, quién sabe si el el único legado de Chávez que defenderán unidos todos los venezolanos sea el derecho al voto.

Maduro en la ONU por Carlos Nieto Palma

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El pasado 12 de noviembre el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue recibido en una sesión especial que realizaba el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, luego de que sus representantes habían solicitado ante ese organismo un derecho de palabra para el Presidente Maduro. Esto ocurrió a solo pocos días de que Venezuela fuera reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por segunda vez.

Desde la creación de este órgano en 2006, sólo dos Jefes de Estado habían intervenido ante se foro: la presidenta Michelle Bachelet de Chile y el líder Palestino Mahmud Abbas en octubre de este año.

En mi criterio, esta intervención de Nicolás Maduro se hacía en un mal momento debido a la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, conocida en el mundo entero y de la que es difícil zafarse pues son públicas y notorias ante el mundo entero las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela y la evidente decisión del gobierno nacional de no ponerle freno a esto, así como a no aceptar y reconocer las recomendaciones que desde distintos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el mismo Consejo de Derechos Humanos a donde se estaba dirigiendo.

Para los venezolanos no había gran expectativa en lo que el Presidente de la República dijera en esta intervención, pues diariamente lo escuchamos tanto a él como a sus más cercanos colaboradores hablar de que somos un país respetuoso a los derechos humanos y que somos campeones en el tema.

Estábamos seguros que Nicolás Maduro no iba a hablar sobre la inseguridad que vivimos todos los venezolanos, la escasez de alimentos y medicinas, el deplorable estado de nuestro sistema de salud, o hablar de la gravísima situación que se vive en las cárceles venezolanas así como la persecución desatada contra periodistas y defensores de derechos humanos por el solo hecho de decir la verdad, ni de la falta de independencia del poder judicial.

En efecto la intervención del Presidente de Venezuela se limitó a fantasear sobre Venezuela y mentir, como consecuentemente lo hace, comenzó diciendo que lo suyo era una batalla por la verdad pero continuo con una serie de mentiras, alego que en Venezuela se creó el Consejo Nacional de DDHH, cosa que es cierta, pero no dijo que en su artículo 1 establece que depende de la Presidencia de la República por lo tanto no es independiente, hablo de que los salarios se habían ajustado a las tasas de inflación pero todos sabemos qué hace un año que el Banco Central no publica cifras al respecto, igualmente hablo de la reducción de la pobreza pero igualmente hace tiempo que el Instituto Nacional de Estadísticas no publica ningún tipo de cifras, ‪exigió respeto al poder judicial venezolano que “se ha levantado de las cenizas” pero nunca informo que el 66% de los jueces son provisorios y por supuesto no podía faltar echarle sus culpas al Imperio y a organismos internacionales por inmiscuirse en asuntos internos.

Tal vez lo más importante a destacar de esta presencia del Presidente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron las palabras de bienvenida del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, transmitidas en video, al comenzar la reunión, y que fueron el abrebocas de esa sesión extraordinaria.

Zeid Ra’ad Al Hussein después de dar la bienvenida al Presidente Maduro le recordó “ser miembro de este Consejo conlleva la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en el propio país, así como en el escenario mundial. Es mi sincero deseo que Venezuela se esfuerce por lograr progreso concreto en ambos frentes”.

Posteriormente el Alto Comisionado para los DDHH lanzo su artillería pesada contra el Presidente Maduro y le dijo “un buen número de órganos de derechos humanos de la ONU, incluidos el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y el Comité de Derechos Humanos, así como mi propia Oficina, han expresado serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial en Venezuela, la imparcialidad de los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos políticamente sensibles. Los casos de la Jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López son ilustraciones evidentes de estos problemas. El Comité de Derechos Humanos recientemente también expresó su preocupación, que yo comparto, sobre la intimidación, amenazas y ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. Aprovecho esta oportunidad para instar a Venezuela a cumplir con las recomendaciones hechas por parte de estos mecanismos internacionales de derechos humanos y asegurar que estas personas no sean sometidas a presiones de ningún tipo en el desempeño de su importante trabajo. Como notó recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Venezuela ha logrado progresos significativos en la reducción de la desnutrición y la pobreza. Sin embargo, en años recientes, se ha dado lo que el Comité describió como una “tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza”, la cual necesita ser abordada. La declaración de un amplio estado de excepción en 24 municipalidades, que suspende varias garantías a los derechos humanos, es sumamente preocupante y debe ser retirada. Una de las obligaciones primordiales de un Estado soberano es proteger los derechos humanos y defender incluso a aquéllos – en efecto, especialmente aquéllos – que no están de acuerdo con las políticas del Estado. Es así que construimos sociedades que son estables, resistentes y prósperas”.

Más claro no pudo haber sido el Alto Comisionado de DDHH sobre la actual situación de Venezuela, declaración que por cierto produjo una nota de protesta ante la ONU por el gobierno venezolano.

Este discurso ocurría el mismo día en que 2 sobrinos de la Primera Dama Cilia Flores y del Presidente Maduro eran presentados ante un tribunal de New York acusados de tráfico de drogas, cuestión de las que por cierto hasta el momento de escribir esta columna no había ninguna declaración oficial.

 

@cnietopalma

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El Nacional

D. Blanco Nov 19, 2015 | Actualizado hace 5 años
Damos pena por José Domingo Blanco

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Recientemente, tuve la oportunidad de conocer los informes que publican el Instituto Legatum y la Fundación Konrad Adenauer. Ambos estudios se encargan de decirnos, de manera seria, formal y académica, lo que todos los venezolanos sabemos: el país está muy mal. Venezuela ha descendido en ambos rankings a niveles que dan  vergüenza. Como imaginarán, estamos ubicados en las últimas posiciones. Si bien cada uno de estos informes estudian variables distintas, al final ambos revelan las consecuencias de llevar muchos años aplicando políticas erradas y modelos económicos fracasados.

En el caso del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2015, del Konrad Adenauer, el grupo se encargó de analizar, medir y evaluar, comparativamente, el desempeño del desarrollo democrático en dieciocho países de Latinoamérica, con la finalidad de resaltar “los caminos virtuosos de la democracia regional”, como reseñan en su introducción. La evaluación se centró en cinco dimensiones, claramente establecidas, las cuales me permito transcribir para que se hagan una mejor idea de los puntos en los que salimos raspados:

 

Dimensión I. «Democracia de los ciudadanos». Evalúa el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.

Dimensión II. «Democracia de las instituciones». Mide la calidad institucional y la eficiencia del sistema político.

Dimensión III. «Democracia social y humana». Analiza la capacidad del sistema democrático para generar políticas que aseguren bienestar y desarrollo humano.

Dimensión IV. «Democracia económica». Pondera la capacidad del sistema democrático para generar políticas que aseguren eficiencia económica.

 

Luego de leer estas categorías ¿no es obvio suponer que quedaríamos muy mal parados? Porque si lo que estaba en evaluación era la democracia, desde hace rato Venezuela emprendió el camino contrario. De las dieciochos naciones latinoamericanas analizadas, nosotros nos disputamos a mordiscos los últimos lugares con Nicaragua.

Me llamó poderosamente la atención que la gente del Konrad Adenauer señala que, en esta edición, hubo una recuperación del 5,7% en el promedio regional, lo cual detuvo el proceso de deterioro que se venía registrando desde el año 2009. Pero, que sólo ocho países mejoraron su posición en este ranking regional; tres mantuvieron la misma posición que tenían en 2014 y siete descendieron. ¿Adivinan qué países están entre los que descendieron?

En líneas generales, entre las naciones que lideran la lista están Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú, en ese orden. Mientras que Nicaragua, Venezuela y Guatemala obtuvieron las peores puntuaciones de la región; incluso, hacen la acotación de que tanto Nicaragua como Venezuela registraron las caídas más importantes respecto de 2014. Estamos en la posición 17. Y 18 países fueron objeto de este estudio … hagan ustedes sus propias interpretaciones.

Si nos detenemos en la dimensión que midió la gestión democrática en relación con el desarrollo económico, ocho países mejoraron su posición en el ranking regional, con el liderazgo de Uruguay, Panamá, México, Chile, Perú y Colombia, países que se abocaron a la tarea de encabezar el ordenamiento, demostrando un alto desarrollo. Por el contrario, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala ocupan los últimos lugares este año, con un nivel de desarrollo mínimo. Me atrevería a asegurar que, en nuestro caso, el empeño por mejorar en este aspecto, fue casi nulo.

Y es en este punto donde quiero enlazar con el otro informe: con el del Instituto Legatum, organización que se encargó de evaluar la prosperidad en 142 países y analizar la calidad de vida de los ciudadanos de distintos lugares del mundo. Pues, permítanme comentarles que aquí no salimos mucho mejor, aun cuando fuimos comparados con muchas más naciones. Estamos ocupando la posición 105 según el índice general. Y no es consuelo pensar que por debajo de nosotros están otros que salieron mucho peor; porque si vemos con quienes compartimos los últimos puestos, encontraremos países tradicionalmente muy pobres, sin los recursos que tiene Venezuela y gobernados por los tiranos de siempre, esos a los que cada vez más se parecen los nuestros. Somos el único país latinoamericano que ocupa una posición tan deshonrosa.

En este ranking incluyeron las mismas variables que intervienen todos los años: economía, gobernanza, educación, salud, seguridad, libertad personal, capital social, emprendimiento y oportunidad. Y al observar las posiciones que ocupamos según cada una de estas variables, sólo educación, nos ubica en la posición 56; mientras que, al evaluar la libertad personal, descendemos hasta el puesto 132. Otro dato que llamó mi atención, a pesar de que pensé que ocuparíamos la última casilla, es que en materia de seguridad estamos ocupando el renglón 108 … pero recuerden que estudiaron a 142 naciones.

Como deben imaginar, revisar estos informes me remueve la tristeza. Venezuela da pena. Por más que me empeño no encuentro, en estos momentos, nada de lo que pueda sentirme orgulloso de mi país. Era lógico suponer que saldríamos “ponchados” en estas evaluaciones; pero, leerlo me llena de vergüenza. Los que permanecemos en Venezuela, somos testigos permanentes de cómo aumenta la pobreza. De cómo en las noches, las calles quedan desiertas por miedo a morir en ellas. Podemos dar fe del abuso e impunidad con las que actúan las autoridades. Vemos con horror como la corrupción y el narcotráfico se desbordan, los dineros públicos se despilfarran, las reservas internacionales desaparecen, los mandatos de la Constitución se incumplen y el nepotismo reina en las instituciones del Estado. Descendemos, estrepitosamente, hacia los lugares más deshonrosos de todos los rankings, y lo peor es que no vemos intenciones en nuestros mandatarios de aplicar los correctivos para que esta tendencia se revierta.

 

@mingo_1

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¿Legitimi ... qué? por José Toro Hardy

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La vigencia misma de la democracia se basa en dos tipos de legitimidad: la legitimidad de origen y la de desempeño. El Art 3 de la Carta Democrática Interamericana, dice:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”, cuando se multiplican las evidencias de violaciones a estos derechos, comenzando por las limitaciones que día a día se imponen por distintas vías a la libertad de expresión.

Mal puede hablarse de legitimidad de desempeño cuando el Estado viene desconociendo de manera sistemática -en al menos 17 casos diferentes- los veredictos condenatorios que en su contra emanan de la CIDH. Se trata de veredictos inapelables. El desacato de esos dictámenes revela el incumplimiento estructural de sus obligaciones, corriendo el riesgo de caer en la calificación de “estado delincuente”.

Queda muy mal parado el Estado venezolano cuando decide no acatar la decisión de la CIDH esta vez en referencia a RCTV. Esta falta de acatamiento conlleva una violación al Art. 23 de la Constitución, que establece:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno … y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”

¿Dónde quedan los derechos humanos cuando un gobierno utiliza cada vez más frecuentemente el sistema judicial para montar juicios en contra de quienes considera sus opositores políticos?

“Le pouvoir arrête le povoir” sostenía Montesquieu. “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿está el Poder Judicial frenando la injerencia de otros Poderes en el caso de la sentencia sin pruebas contra Leopoldo López?

Mal puede hablarse del acceso al poder como expresión de la soberanía del pueblo, cuando vemos como se inhabilitan por razones políticas a candidatos como María Corina Machado y otros, sin que existan otros motivos que el temor que a su popularidad le tiene el oficialismo. Circunstancias como estas han provocado la protesta de múltiples organismos y personalidades de enorme prestigio, desde Rajoy -presidente de España- y el presidentes de Costa Rica, hasta más de 35 expresidentes iberoamericanos, Parlamentos y Legisladores, premios Nobel de La Paz y de Literatura, ejemplos vivos de virtudes democráticas.

En todo caso, el 6D tendrán lugar los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, los Poderes Públicos venezolanos se niegan a invitar a observadores internacionales, como es la norma en el continente, limitándose a traer a algunos “acompañantes” de UNASUR, con la condición de que actúen como los Tres Monos Sabios -Kikazaru, Iwazaru y Mizaru- los monos que no oyen, no ven y no hablan. Hay una máxima jurídica que reza: “A confesión de parte relevo de prueba”

Ese día, aunque no lleguemos a contar con la presencia in situ de observadores, el mundo entero estará observando a Venezuela. Un eventual fraude, dejaría irremediablemente comprometida la legitimidad de origen que se deriva -conforme a la Carta Democrática Interamericana- del acceso al poder con sujeción al estado de derecho como expresión de la soberanía del pueblo.

La pérdida de la legitimidad conlleva consecuencias graves. La legitimidad (de origen y de desempeño) constituye la credencial ética para mandar y ser obedecido. El poder legítimo obliga moralmente a la obediencia. Son condicionamientos que se encuentran profundamente enraizados en las convicciones ético-políticas de la comunidad, aunque no se esté consciente de ello. No respetar esta condición abriría las puertas a cualquier aventura, muchas veces dentro del propio bando de quien la ha perdido.

La falta de legitimidad, sumada al deterioro masivo de las instituciones, la escasez, la inflación y en general la profunda crisis económica y social, desatarían fuerzas incontenibles. Se rompería el “contrato social” al cual aludía Rousseau.

Un eventual fraude electoral sería la gota que rebase el vaso de la paciencia internacional, que hasta ahora lucía indiferente. ¡Ya no! El Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente” para adoptar las medidas que estime conveniente.

Y de acuerdo con el Artículo 21 de la mencionada Carta Democrática, si la Asamblea General constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro (como en el caso de un fraude), se tomará la decisión de suspenderlo de su derecho de participación en la OEA.

La democracia, por definición, es el imperio de las leyes, en contraste a la imposición de los hombres. Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes, son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, los pueblos corren el riesgo de quedar sometidos no al imperio de la ley, sino a la voluntad de un autócrata.

Una Asamblea Nacional producto de un eventual fraude difícilmente sería un triunfo para el oficialismo. Sería una victoria pírrica con graves riesgos para los integrantes del chavismo, lograda a costa de perder de facto la legitimidad. Algo muy similar a lo que le ocurrió a Alberto Fujimori en Perú. Fujimori ganó las elecciones con ventajismo y se enfrentó a la OEA, pero al hacerlo, perdió la legitimidad. ¡No duró mucho! Se tuvo que ir y hoy purga condena.

Los Tres Monos Sabios por José Toro Hardy

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Nuestros ciudadanos no se merecen el ambiente de tensión que se vive en el país. El nivel de angustia de la colectividad es alarmante. Pareciera que todos los demonios están prestos a caernos encima para ensañarse sobre unos habitantes que ingenuamente creyeron en las voces de algunos líderes que les habían convencido de que, por el solo hecho de ser venezolanos, tenían derecho a recibirlo todo de manos de un Estado favorecido por la mano de Dios. De hecho el populismo  es una vieja lacra que a lo largo de la historia ha amenazado a los pueblos que quisieron vivir en democracia, degradando y acabando muchas veces  con el sistema.

 

La democracia comenzó en la Antigua Grecia, cuando aparecen  figuras como  Solón -595 AC- propiciando leyes para limitar el poder de los gobiernos y darle voz a  los ciudadanos. Con las reformas de Clístenes alrededor del 508 a. C. se atribuyen a las asambleas de los ciudadanos el sistema electivo y competencias legislativas, en la administración de la justicia,  así como mecanismos de control de la legalidad. Aunque hubo otras, en la Grecia ninguna democracia fue tan poderosa ni tan estable (o bien documentada) como la de Atenas. Sin embargo, el líder democrático más conocido y longevo fue Pericles, a cuya muerte el sistema se suprimió para ser restaurado después por Eucleudes.

 

Pero los pueblos no siempre comprendieron la razón de ser ni la importancia de esas libertades. No entendieron que eran preciosas y que por ello conllevaban responsabilidades. Así a lo largo de la historia ocurrió que en un  sin fin de oportunidades surgieron figuras que fueron capaces de abusar de la buena fe de los pueblos y, mediante el señuelo de la demagogia y un verbo encendido, los engañaron y los convencieron de tomar un camino que los llevaba inevitablemente a renunciar a las bondades que les ofrecía la democracia, rindiendo sus propias libertades a la voluntad de algún hombre que terminaba por transformarse en un tirano.

 

Se había cerrado el círculo. Hombres bien intencionados como Solón habían logrado, como antes se dijo,  aprobar en Atenas leyes para limitar la tiranía. Sin embargo, usando mal esas nuevas libertades los pueblos se dejaron engañar por políticos populistas,  entregándoles ellos mismos el poder a nuevos déspotas.

 

Como dijo Aritóteles, ¨la nación que no quiere aprender del pasado está condenada a repetirlo¨.

 

Después de haber disfrutado de varias décadas de democracia -no siempre exitosa- nuestra sociedad se dejó deslumbrar y torció el rumbo renunciando a sus libertades en nombre de un conjunto de aspiraciones de justicia social que aparentaban ser muy loables pero que resultaron ser  profundamente engañosas. Lamentablemente quienes  ofrecían alcanzar esas metas carecían de las aptitudes para lograrlas. Pretendieron hacerlo aplicando un modelo que ya había fracasado en el mundo entero.  Todo lo que lograron fue simplemente el resultado de una etapa temporal de precios petroleros exuberantes. Se trató de unos de los experimentos políticos más fallidos que haya conocido la humanidad en tiempo recientes.

 

Ahora el país luce maduro para un cambio. La historia se apresta a pasar la página. Pero quienes encabezaron el experimento no logran aceptar que la preferencia de los pueblos es por definición cambiante y que ahora no parece favorecerlos. Ellos llegaron al poder con el voto y el favor de ese pueblo, pero  ahora se enfrentan a un dilema. Si permiten que el pueblo se exprese con libertad, corren el riesgo de perder lo que consideran los logros de su revolución y el poder mismo que ellos detentan dentro de la misma.  Prefieren acogerse a una de las máximas de Stalin: “Basta conque el pueblo sepa que hubo una elección. Los que emiten los votos no deciden nada; los que cuentan los votos lo deciden todo

 

Pero ahora las cosas ya no son iguales. Cualquier meta parecía alcanzable  con precios petroleros altos. Diferente es poder lograr esas mismas metas en medio de una crisis económica de graves proporciones signada por la escasez, la caída de los precios del petróleo, la inflación más alta del mundo, un déficit fiscal incontrolable, un malestar social creciente y la desconfianza cada vez mayor de la comunidad internacional.

 

Por eso tienen miedo a la observación internacional. Aborrecen a la OEA y a la UE. Prefieren guardar las apariencias con el “acompañamiento” de  ciertos países de UNASUR que nos recuerdan mucho la antigua leyenda de Los Tres Monos Sabios, Kikazaru  (el mono que no oye), Iwazaru (el mono que no habla) y Mizaru (el mono que no ve). Estos monos parecen militar dentro de la directrices del Foro de Sao Paulo y por tanto serán ciegos, sordos y mudos ante cualquier forma de irregularidad electoral.

 

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@josetorohardy

Víctor Maldonado Abr 24, 2015 | Actualizado hace 5 años
Non gratae por Víctor Maldonado

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La declaración de persona non grata proferida contra Felipe Gonzalez es solamente parte de esta realidad llena de anécdotas delirantes y confusas donde el espectáculo priva sobre los intereses nacionales. Valga decir que no tiene ningún efecto diplomático la declaración contra quien ni vive en Venezuela ni forma parte del personal de la embajada española. Esa decisión de la Asamblea Nacional solamente demuestra que aquí se ha trastocado la autonomía de los poderes públicos en esa circunstancia caótica que colabora solamente cuando hay oportunidades para la caída –siempre más abajo- de la escasa y rasgada reputación nacional. En todo caso, nadie sabe para quien trabaja en estas circunstancias de ultra-radicalismo que va a más velocidad que la que recomiendan la prudencia y la racionalidad.

Pero hay otros repudios mucho más dañinos y de condición más estructural. Comencemos por el más dramático. Este gobierno está enemistado a muerte con la sensatez. Llevamos años tratando de digerir un socialismo que es inviable y que nos ha transformado en el país más miserable del mundo. Pero el gobierno insiste en una trama en la que prefieren intentar el invento, uno tras otro, cada uno menos creíble que el anterior, el siguiente más patético que el insinuado previamente,  y que nos ha llevado a sufrir las consecuencias de todos esos extravíos: guerras, conjuras, conspiraciones y coaliciones internacionales que, en las mentes calenturientas de los que dirigen este socialismo,  pugnan entre sí para destruir la salud económica del país, su seguridad ciudadana o la infraestructura y los servicios públicos. Ni una sola vez en dieciséis años la explicación ha venido acompañada de responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas. Ni una sola vez el gobierno se ha sentido culpable por lo que nos está ocurriendo. Ni una sola vez han sentido problemas de conciencia por  ser ellos la real causa de lo que nos está pasando. Ocurren cosas y simplemente inventan todo el libreto que siempre está asociado a nuevos culpables. La realidad está expulsada de las mentes febriles de los que nos dirigen.

El régimen repudia todas las libertades. La libertad de expresión ha sido trocada por una hegemonía comunicacional que ejercen sin compasión. La autocensura es el signo de empresas debilitadas por no tener acceso al papel periódico o la necesidad de renovar una licencia. Los periodistas sufren todos los días la agresión en las calles y la amenaza del desempleo. El libre mercado ha corrido la misma suerte. La economía de controles se ha montado en un acorazado de mensajes demagógicos y supuestos populistas que engañan primero y defraudan después. Precios justos tienen todos los productos que no se encuentran. Y para colmo el régimen amenaza con incrementar los revolcones de la represión y las alcabalas para todos y cada uno de los procesos productivos. El libre mercado está secuestrado. La libre empresa ya no existe. Los derechos de propiedad, tan trascendentales como el derecho a la vida, fueron confiscados.  Y a cambio solamente ofrecen escasez, racionamiento, colas y un régimen de registros para todo lo esencial, alimentos, medicinas, viviendas, vehículos y el resto que poco a poco se va a ir sumando cuando la carencia se convierta en un daño absoluto. No hay pueblo menos libre y a la vez más miserable que el venezolano.

La seguridad es un albur y una mala palabra. El régimen funciona entre la impunidad declarada y la incapacidad para garantizar el derecho a la vida. Calles y carreteras se han convertido en vacíos y soledad al caer la noche. Los venezolanos viven una nueva “edad media” gracias al temor y a la necesidad de ir concediendo terreno a los nuevos dueños de los espacios públicos. Las policías lucen indefensas e insuficientes frente a la arremetida de la violencia que no discrimina, pero que es igualmente promovida a través de grupos colectivos que no tienen otro límite que la lealtad que deben a quien les ofrece todas las posibilidades. La justicia ha sido aplastada por esa medida de dos raseros que se usa a la hora de perseguir culpables. Los hay presos siendo inocentes, y los hay libres siendo innegablemente culpables. Y los dueños de las cárceles, mientras tanto, extienden su imperio a las calles y sus tentáculos llegan a dominar sindicatos que ponen en jaque a empresas.

La justicia es, de muchas maneras, inviable en este socialismo del siglo XXI. Lo es porque se la justicia pretende ser universal y universalista. Solo sirve y es útil cuando rige para todos de la misma manera, respetando a todos los mismos derechos, con el privilegio dado a todos del debido proceso, la presunción de inocencia y el resguardo de la reputación de las personas y sus familias. Esta forma de juzgar las acciones de los hombres no es posible si el país está dividido previamente entre los leales que tienen todas las de ganar y el resto que tiene todas las de perder. Y si el poder y la posición dentro del régimen se disfrutan aplicando el terrorismo judicial y la avalancha procesal contra todos los que se atrevan a señalar algún aspecto que luzca incómodo. El uso y abuso del sapeo y su exacerbación a través de la institución de los “patriotas cooperantes” es la obvia denegación de la justicia. Y que los medios de comunicación del gobierno se usen para denostar la reputación de todos los que se opongan es la guinda puesta en la inmensa torta de la injusticia. Los regímenes autoritarios en tránsito a la comunidad totalitaria de las primeras cosas que tiran por la borda es la justicia liberal fundada en el respeto a la ley y en la separación de poderes.

La paz y la concordia son la antítesis de la revolución. La violencia es el carburante de los socialismos. La exaltación del resentimiento y la confrontación de unos contra otros es la fórmula más conspicua para mantener en vilo a la población. El discurso guerrerista y la estética militarista, con sus cañones, tanques, aviones, milicias, desfiles y alusiones constantes a la preeminencia de una revolución armada y “cívico-militar” son parte de la trama movilizadora que supuestamente logra la alineación de la masa detrás de sus líderes. En los socialismos las guerras se inventan al mayor y se administran al detal, con sus consecuencias fatales en términos de presos, perseguidos, exiliados y procesados por conspiración y traición a la patria.

La prosperidad es también una mala palabra. Peor aún, una aspiración repudiable. Al régimen le conviene la pobreza y el enclaustramiento de los pobres. Le parece mejor que los pobres se pierdan “barrio adentro” y que dependan de la mala mano de un gobierno que quita más de lo que otorga. El régimen ha invertido la ecuación. Prefiere la pobreza por dependiente que la prosperidad que empuja a soñar con realizaciones personales, autonomía y movilidad social. El gobierno odia la productividad personal porque lo pone en entredicho y le quita posibilidad de manipulación. Este régimen a veces cuela que no puede soltar las divisas porque los tumban, que no puede mejorar a los pobres porque se queda sin sustentación política, que no puede dejar vivir a la empresa privada porque su poder compite con la hegemonía que pretenden. Ellos prefieren al pobre, al que tiene que agachar la cabeza para recibir algún beneficio, al  que se le ha esquilmado el derecho al pensamiento y la creatividad, porque todos son la variación de la misma servidumbre. La prosperidad es non grata porque saca del escenario al gobierno y coloca el foco en las posibilidades de la gente.

El trabajo productivo es también ingrato para el régimen. Los socialistas del siglo XXI no creen en que la producción precede a cualquier intento de distribución. Para ellos una cosa no tiene que ver con otra. Ellos sostienen que las empresas del estado se sostienen sobre la base de la lealtad perruna y que por lo tanto mejor es marchar que trabajar, y que participar en las milicias produce el milagro de hacer lo que los trabajadores ni siquiera intentan. Para el socialismo el trabajo público es sueldo y militancia, despojándose de cualquier aspecto relacionado con el talento, el mérito, la organización del trabajo y las relaciones racionales entre los insumos, el proceso de transformación, los sistemas gerenciales y los bienes y servicios que se ponen a disposición. Claro está que la ruina súbita y la corrupción son los resultados.

La civilidad es para ellos otra cosa repudiable. Las instituciones republicanas, el decoro y la decencia pública, el respeto de las reglas del juego, el reconocimiento de los resultados y la subordinación de todos al derecho son insoportables, incluso inconcebibles. A ellos les conviene el militarismo y el “milicianismo” para hacer gala de una hegemonía que puede hacer uso de la violencia para imponer sus condiciones. Ellos son una coalición de militares y civiles que quieren parecerse a militares, que lucen como militares y que se precian de los galones como milicianos. Ellos viven constantemente la guerra que se han inventado y que dicen haber ganado por anticipado. Por eso mismo repudian las organizaciones no gubernamentales y cualquier expresión genuina del liderazgo civil. Por similares razones quieren acabar con la condición plural y deliberante de la Asamblea Nacional, que no es casual que esté presidida por uno de ellos con rango de capitán.

La descentralización y la división de poderes son a sus ojos condiciones abominables. Prefieren el control total, sin fisuras ni competencias. No conciben que se ejerza la magistratura con independencia de ellos y atendiendo a otros proyectos políticos. Sienten miedo del éxito de los otros y del contraste con la mediocridad que representan. De allí que los alcaldes estén algunos presos y otros esperando su turno. Y que los gobernadores tengan que convivir con “los protectores” que disfrutan de mucho presupuesto y total discrecionalidad para hacer lo que quieran siempre y cuando eso contribuya desestabilizar a la competencia tanto como consolidar el caos revolucionario.

Finalmente en Venezuela se echan de menos la compasión, la fraternidad y la solidaridad. Todos esos valores fueron desechados por una forma de hacer política en donde ni cabe el individuo ni se acepta como buena cualquiera de las dimensiones de su dignidad. La paz, la cohesión social y la trascendencia han sido canjeadas impunemente por ese estar constantemente desvariando, odiando, resintiendo, mintiendo y sesgando la realidad.

El régimen es una lista amplia de situaciones y condiciones catalogadas como “non gratae” que encubre una intensa indisposición contra los ciudadanos venezolanos, a los que les niegan todas las opciones de la paz y a los que empujan a vivir todas y cada una de las razones de las bienaventuranzas: la pobreza, la persecución, la cárcel, la tristeza, la represión y la injuria.

 

@vjmc