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Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)
-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

@javiermayorca

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.

Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.

Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.

Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaray, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.

Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.

Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el clóset, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.

Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.

 

Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.

Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.

En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.

La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.

Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.

En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.

 

Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.

Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.

Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.

Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total.

En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país.

 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria.

Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)
¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

 

@javiermayorca

 

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.

Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 

Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.

 

Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.

 

Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.

El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.

La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso en Lara, el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.

Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.

 

Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.

 

Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.

No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.

Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.

 

Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.

 

Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.

El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity

Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

 

Breves

 

El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela.

 

A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

 

Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

 

Los hermanos venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto, ambos vinculados a un presunto esquema de corrupción en Pdvsa están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este nuevo caso de lavado de dinero podría haberle costado a la nación al menos unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados.

El nuevo caso parece ser el más grande de ese tipo realizado en los Estados Unidos hasta el momento. Fuentes declararon al diario El Nuevo Herald que los hermanos Oberto se encuentran bajo sospecha de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a Pdvsa al tipo de cambio preferencial. A las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas duras.

En otro caso, estos empresarios aparecen vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro. Presuntamente lograron obtener en pocas semanas un pago de 600 millones de dólares de Pdvsa para pagar un préstamo en bolívares que ascendía a solo 42 millones de dólares.

Según las investigaciones del caso, los reembolsos por los préstamos fueron enviados a nombre de las empresas fantasmas a Suiza con la ayuda de un banquero en ese país llamado Charles Henry De Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. en Ginebra.

Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados del sur de la Florida. En un comunicado conjunto, Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto jr., y David O. Markus, que defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes “no han hecho nada malo”.

Al centro de la investigación federal se encuentra el presunto uso por parte de los hermanos de dos compañías fantasmas. Se trata de Violet Advisors S.A. y Welka Holdings Limited. Estas empresas otorgaban préstamos artificiales a Pdvsa en el 2012 y pagaron sobornos para conseguir los contratos.

 

La trama de corrupción

Los funcionarios de Pdvsa transfirieron el reembolso de los pagos a través del Banco Espirito Santo a diferentes cuentas pertenecientes a los hermanos entre 2012 y 2014, agregaron las fuentes.

Las investigaciones señalan que Charles Henry De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de Pdvsa desde Suiza a bancos estadounidenses, incluyendo Miami, así como a cuentas en el Caribe.

Otros conspiradores no identificados bajo la investigación de las autoridades también recibieron pagos por su presunta participación en el esquema de corrupción y lavado de dinero.

En un comunicado, CBH Compagnie Bancaire Helvetique dijo que las estrictas leyes suizas prohíben que el banquero privado confirme si los hermanos Oberto son sus clientes.

 

Sobre los hermanos Oberto
Los hermanos Oberto es solo el último caso que involucra la participación de la clase de élite de Venezuela. Pesquisas previas han involucrado al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, al magnate de televisión Raúl Gorrín y al acaudalado empresario Francisco Convit Guruceaga, todos ellos hombres de confianza del fallecido presidente Chávez y de Maduro.

De los dos hermanos, Luis, el mayor, tiene el perfil más alto. Con solo 43 años y una reputación formidable en la banca y en el mercado de valores ha logrado lucrativos acuerdos de préstamos y de emisión de bonos con el gobierno venezolano. Su esposa, María Graciela Gill, es hija de uno de los principales banqueros de Venezuela.

Oberto Jr. posee lujosos apartamentos de gran altura en el East Side de Manhattan y en un complejo de bienestar en Miami Beach. A Oberto Jr. le apasiona el coleccionismo de obras de arte, como también es el caso de su padre, Luis Oberto Sr., un banquero que donó una colección de obras de arte, carteles y fotografías venezolanas de la década de 1960 al Museo de la Biblioteca de Arte Moderno de Nueva York. Pero no todo es perfecto en el mundo enrarecido de Oberto Jr. y de su hermano menor, Ignacio, de 36 años, quien también posee un condominio en el Carillon Miami Wellness Resort en Miami Beach.

Ambos han sido investigados en los últimos dos años por las autoridades federales, que están reuniendo lotes de correos electrónicos, registros bancarios y declaraciones de testigos cooperantes que apuntan a que los hermanos supuestamente malversaron miles de millones del gobierno de Venezuela al pagar sobornos a funcionarios y luego trasladar los fondos a Europa y, finalmente, a Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con la investigación.

Los fiscales del Departamento de Justicia han pedido a las autoridades suizas que obtengan registros bancarios que reflejen las transferencias de fondos presuntamente ilícitos de las cuentas de la compañía petrolera nacional venezolana con el Banco Espirito Santo a las cuentas de los hermanos en Compagnie Bancaire Helvetique y varios otros bancos suizos.

México investiga a 25 empresas por lavado de dinero con ayuda alimentaria a Venezuela

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD de delitos financieros de México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela.

Se presentaron denuncias penales contra las empresas y personas ante la oficina del fiscal general de México, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en una entrevista. Nieto dijo que presentó tres acusaciones, lo que elevó el total de firmas y personas a 25, y rehusó dar más detalles sobre la investigación en curso.

El programa de ayuda alimentaria de Venezuela, conocido como CLAP, tiene prácticamente el monopolio sobre los alimentos subsidiados al país sudamericano. México ha acusado a las compañías de usar sus puertos para enviar alimentos de baja calidad a Venezuela a través del CLAP, donde aumentaron los precios más del 100% antes de venderlos a personas hambrientas en el país.

En octubre, la división del crimen organizado de la Fiscalía General de México anunció una multa de US$3 millones a las compañías que envían alimentos a Venezuela para resolver las acusaciones de aumento de precios. Debían pagar la multa a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, como parte de un acuerdo al que llegaron las empresas con la oficina de la Fiscalía General. El responsable de la división en aquel momento, Alonso Israel Lira, dio solo los nombres de las cinco personas que formaron parte del acuerdo. Los detalles clave del acuerdo, incluidos nombres completos de las compañías y sus principales ejecutivos, permanecen sellados por orden judicial.

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Nervis Villalobos utilizó un entramado para blanquear 53 millones de euros en España

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, recurrió a un entramado empresarial internacional con vínculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía Nacional a la que tuvo acceso el diario español El País.

De acuerdo a lo reseñado por el periódico de España, Villalobos contrató al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois, para poder legalizar su botín. La “lavadora de fondos” en España contempló cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte.

Los investigadores de este caso revelaron que sociedades como Ekkotrade Solutions, movieron de manera compulsiva los fondos de Nervis Villalobos bajo la excusa de supuestas inversiones.

Las transferencias se usaron para convertir el dinero en millones legales. Asimismo, el ‘‘laberíntico esquema de blanqueo” incluyó conexiones con Panamá, Suiza, islas Caimán y Liecheinstein.

La primera operación bajo sospecha se fraguó en agosto de 2016. El exviceministro participó en aquel entonces en una misteriosa transacción que le permitió recuperar una inversión en Malta a través de una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

La operación reportó a Villalobos 5,4 millones de euros y 1500 acciones de la sociedad Columbus One Properties, una firma con sede en Madrid que adquirió 100 propiedades en la exclusiva urbanización Sierra Blanca de Marbella, según el citado informe, de 121 páginas.

Además, Villalobos consiguió legalizar a través de Ramalho Gois, su presunto blanqueador, 27 millones de euros a través de supuestas inversiones en valores. El dinero se movió, según los investigadores, por una constelación de empresas del denominado grupo Swissinvest -un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuffet, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán-.

La policía nacional de España destaca que Villalobos y sus socios adquirieron en España 113 propiedades y por eso se solicitó a un juzgado el embargo de 71 pisos y 42 plazas de garaje.

En el registro de una de las casas de Villalobos en Madrid, los agentes encontraron dos folios manuscritos en los que su autor, todavía desconocido, critica el préstamo de 7.2 millones de bolívares que Pdvsa otorgó a la empresa Rantor Capital CA, una compañía venezolana.

La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado de dólares en Miami
Entre los propietarios de los 11 apartamentos del condominio de Coral Gables que fueron incautados al dueño de Globovisión, figuran familiares y su socio Gustavo Perdomo. Los inmuebles fueron registrados por un mismo agente y tuvieron como vecino a un periodista y analista político del canal de televisión venezolano

@boonbar   Fotos: @tamoac  Diagrama: @kathypenacchio

CASI LA MITAD DE LAS 24 PROPIEDADES INCAUTADAS al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran en el edificio 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables, en el estado de Florida. Los 11 apartamentos, que suman $4.772.569 según la compañía de datos inmobiliarios Zillow, no sólo tienen en común el mismo domicilio sino que también son los más económicos de todos los inmuebles decomisados tanto en Miami como Nueva York al dueño del canal Globovisión y de la compañía Seguros La Vitalicia, acusado por los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero.

Una revisión de estos apartamentos permite identificar parte de la red de negocios y relaciones que tejió el empresario en los últimos años y de cómo practicó mediante la compra de bienes raíces uno de los delitos que se le imputan: lavado de dinero.

En la entrada del edificio 4100 de Salzedo Street no hay personal de seguridad que anuncie a los visitantes. En la misma calle que desemboca al elegante mall de Merrick Park de Coral Gables, diez de los 11 apartamentos incautados a Gorrín, cuyo valor promedio oscila entre 400 mil y 500 mil dólares cada uno,  están a nombre de ocho empresas, entre las cuales se encuentran Rim Group Investment (dueña del apartamento 1010), Rim Group Investment I (apartamentos 608 y 807) y Rim Group Investment II (apartamentos 813 y 913). Según certifica Sunbiz.org, base de datos del Departamento de Corporaciones de Florida, las tres firmas, aún activas, pertenecen a Raúl Antonio Gorrín Belisario y María A. De Perdomo, su esposa y a la vez hermana de su socio, Gustavo A. Perdomo Rosales.  

Otras empresas dueñas de las propiedades incautadas son Maydonna Ventures of Florida (apartamento 809), Harmonie Trading of Florida (apartamento 811), Edelbas Enterprises (apartamento 903 y 904) y Magus Holding LLC (apartamento 804). Este último está actualmente a nombre de su socio y cuñado Gustavo A. Perdomo Rosales, presidente de Globovisión y de su hermana María Carolina Perdomo Rosales.

Solo uno de los apartamentos incautados, el 909, no pertenece a una empresa sino a dos particulares: Cosme de la Torriente y Cecilia M. de la Torriente, quienes a su vez tienen registrados dos apartamentos más a su nombre en Miami (ver diagrama).

La vinculación De La Torriente con Gorrín no se queda en el apartamento incluido en la lista de incautaciones. Es también el agente registrador de las empresas Maydonna Ventures of Florida, Harmonie Trading of Florida, dueñas de sendos apartamentos  de los 11 decomisados en el condominio 4100.

De La Torriente fue además agente registrador de una  de las empresas emblemáticas del emporio Gorrín, Rim Group Investments a partir del 15 de abril de 2011, en sustitución de Jorge Gurian. Estuvo en ese cargo hasta el 1ero de marzo de 2014, cuando fue suplantado por Julio de Armas hasta la actualidad.

El mismo 15/04/2011, De La Torriente se convirtió además en agente registrador de la empresa Magus Holding, cuando aún la esposa de Perdomo, Mayela Tarascio de Perdomo, era gerente de la empresa.

Ambos salieron de Magus Holding  el año en curso. Tarascio de Perdomo permaneció en el cargo de gerente hasta el 31 de octubre de 2018, cuando fue sustituida por María Carolina Perdomo Rosales, hermana de Gustavo Perdomo. También en esta actualización de registro, Mirna Díaz, de la firma Abias Consulting, asume como agente registrador en sustitución De la Torriente.  

A una puerta de distancia

En el 4100 de Salzedo Street también hay propiedades que, si bien no entraron en la lista de incautaciones ordenadas por el Departamento de Justicia de EEUU, guardan alguna relación con la directiva de Globovisión. Entre los decomisados apartamentos 809 y 811 ubicados en el piso 8 del condominio de Coral Gables, se encuentra el 810, que pertenece a la firma Telemann Investing of Florida, indica MiamiDade.gov, base de datos oficial del estado de Florida.

 

Hely Vladimir Villegas, periodista y conductor del programa Vladimir a la Una del Globovisión y su esposa, Egilda Gómez figuran como los propietarios  de Telemann Investing of Florida, registra la ficha de la empresa alojada en Sunbiz.org. Ambos ocupan los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.  

Según el expediente, la empresa puede asumir cualquier actividad de negocios permitida bajo las leyes de Estados Unidos  y del estado de Florida. Fue fundada con un capital de 50 mil dólares conformado por 50 mil acciones de un dólar cada uno, indica el documento.

Certificado de incorporación de Telemann

El registrador de la empresa Telemann Investing of Florida es Cosme De La Torriente, el mismo agente registrador de las empresas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo en el condominio 4100 de Salzedo Street.  

 

   

Entre dos Floridas

El 4100 no es precisamente un condominio de lujo, aunque se encuentra en el barrio de Coral Gables, al sur de Miami, distinguido por sus mansiones rodeadas de jardines, calles impecables, sofisticados comercios y edificios de pretendido estilo mediterráneo. Por un precio de $399 mil, el apartamento número 810 fue comprado el 14 de enero de 2016, ocho días después de ser registrada la empresa Telemann Investing of Florida por los esposos Villegas.

La anterior dueño de ese inmueble fue la firma Barabash Investing Limited Corp, cuyo propietario es el abogado venezolano Juan Rafael Rodríguez  Reggeti. Esta compañía estaba domiciliada en el mismo edificio 4100 de Salzedo St. pero el apartamento número 413, dirección que confirma la última actualización de la compañía el 26 de marzo de 2018 en el registro de Florida.

Rodríguez Reggeti protagonizó un escándalo hace 20 años cuando era novio de la ex reina de belleza, Alicia Machado. En 1998 fue acusado por ser el principal sospechoso del intento de asesinato de su cuñado, Francisco Sbert Mouckso.

Rodríguez Reggeti también fue el representante legal en el caso del decomiso de 1,3 toneladas de cocaína del vuelo de Air France en el aeropuerto internacional de Maiquetía, ocurrido el 11 septiembre de 2013. Asumió la defensa del adjunto a la gerencia de operaciones de la aerolínea,  Juan Alberto Chirinos.

El registrador Cosme de la Torriente vuelve a aparecer en esta estructura de operaciones inmobiliarias pues fue la persona encargada de crear la compañía Barabash Investing Limited en 2012, cuya dirección inicial era 155w 25 Road, Miami 33129, según Sunbiz.org.

A su vez, De La Torriente fue el registrador de la empresa Rowtree Properties Inc, que vende el 30 de marzo de 2012 el apartamento 810 a Barabash Investing Limited, con sede principal en el piso 15 del 1441 Brickell Avenue.

 

Antes de Barabash Investing Limited Corp, la propietaria del apartamento 810 fue Rowntree Properties el 30 de marzo de 2012, que pertenecía a Raúl Gorrín, indican los registros inmobiliarios asentados en Miami Dade. Es decir, que el propietario de Globovisión también fue dueño hasta 2012 del apartamento 810 que hoy pertenece a la empresa de Villegas.

 

El 7 de enero 2016, justo un día después de ser registrada la compañía en Miami, Villegas respondió a las amenazas de Maduro contra Globovisión en Venezuela. “Están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, cómo está Globovisión. Uno ve a Globovisión y a Televen y cree que es 9 de abril de 2002. Se van a equivocar, y después no vale arrepentimiento”, fueron las palabras del presidente venezolano.

Villegas salió al paso asegurando que no buscaba controversia ni convertirse en noticia: “Queremos respetar el derecho de los venezolanos a estar informados. No queremos confrontar con nadie, solo cumplir nuestra labor de informar. Esperamos tener siempre a todas las voces diversas, hoy tenemos a Julio Borges, ayer a Tania Díaz”, dijo al comenzar su programa Vladimir a la Una de aquel día.

Villegas fue consultado para esta nota pero prefirió no dar su versión.

El periodista denunció el 26 de noviembre, a través de su cuenta en Twitter @Vladi_VillegasP, que las acusaciones “salen de fuentes identificadas o no identificadas”, detrás de las cuales puede haber  “una industria especializada en la destrucción de reputaciones”. En otro tuit agregó: “No me someto ni me someteré a ese “tribunal” que sesiona en el albañal de la canallada, al final la verdad se defenderá sola. Sin tener necesidad de alimentarle el ego a las teclas pre pagadas que pretenden erigirse en certificadoras o descertificadoras de la honestidad”.

“No soy testaferro de nadie”

Días después de la publicación de este reportaje -para el que se intentó obtener su versión varias veces- Villegas publicó un comunicado que comienza diciendo que hay “una campaña de descrédito” orquestada en su contra.
Después de asegurar que vive de su trabajo como profesional del periodismo, menciona sus otras fuentes de ingreso: conferencias, asesor político y comunicacional, analista de entorno y hasta incursionó en el stand up comedy.

“No acepto que impunemente se mancille mi honor y el de mi familia. No soy testaferro de nadie, ni nadie me lo ha ofrecido o insinuado”, dijo en el comunicado.

España no extraditará a exdirectivo de Pdvsa por temor a violación de DDHH

LA AUDIENCIA NACIONAL española rechazó extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), acusado de haber blanqueado dinero sustraído de la estatal venezolana, argumentando que si es entregado se pueden violar sus derechos y ser sometido a “tratos inhumanos o degradantes“.

En un auto al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la sección cuarta de la Audiencia entiende que no puede acceder a su extradición “por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, dada “la directa conexión existente en el presente caso con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes” y su derecho “a la libertad”.

La Audiencia Nacional española celebró el miércoles 21 de noviembre la audiencia de extradición del venezolano, en la que la Fiscalía se mostró de acuerdo con su entrega y su defensa alegó que responde a una “persecución política”.

Según sostiene el abogado de Sánchez Rodríguez, Ismael Oliver, su defendido es primo lejano de Ramírez, aunque éste negó ayer parentescos familiares con él.

En la audiencia, el abogado aportó una serie de documentos de los malos tratos que están recibiendo dos detenidos en Venezuela por este caso: Diego Salazar, primo hermano de Ramírez, y José Enrique Luongo, que están internos en el centro conocido como “La Tumba”, los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela.

Estos documentos han sido clave para que la Audiencia Nacional rechazara la extradición de Sánchez Rodríguez, al entender que, de ser entregado, podría sufrir un trato parecido en el país suramericano.

Desde agosto, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano mantiene una solicitud de extradición contra Luis Mariano Rodríguez Cabello y Sánchez Rodríguez, señalados de cometer delitos de corrupción.

Sánchez Rodríguez, de 68 años de edad, fue detenido ese agosto por funcionarios de la Interpol en Madrid, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por corrupción, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es acusado de presidir una organización que en alianza con empresas panameñas se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra para blanquear más de 400 millones de dólares provenientes de contratos fraudulentos.

Abogados de Nervis Villalobos desconocen solicitud de extradición de Venezuela

LA DEFENSA DEL EX VICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS, detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación de extradición por parte del gobierno venezolano y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.

“Es difícil imaginar un proceso legítimo iniciado por un gobierno en general, y una Fiscalía en particular, que el mundo reconoce como ilegítimo y en violación constante de derechos humanos”, argumentó un comunicado de la defensa en referencia a las autoridades venezolanas reseñado por la agencia EFE

La justicia venezolana asegura que Villalobos se benefició con comisiones que alcanzan los 1,8 millones de euros.

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