Justo Noguera Pietri

Transcurrieron casi dos semanas para que las autoridades divulgaran información sobre la matanza que, de acuerdo con los pobladores de la zona, fue ejecutada por las fuerzas de seguridad del Estado y no por una banda criminal, como dice la versión oficial

@loremelendez / Foto: Correo del Caroní

Trece días después de la masacre de Ikabarú, el Ministerio Público venezolano informó sobre la detención de ocho presuntos implicados en el suceso que se registró en esa comunidad del sur del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, y que dejó ocho mineros asesinados. Se trata de la primera declaración pública que ofrece esta instancia sobre el hecho desde que ocurrió.

Tarek William Saab, fiscal general de la República nombrado por la asamblea nacional constituyente, informó que desde el 23 de noviembre, un día después de la matanza, su despacho designó a los funcionarios de la Fiscalía 6ª de Bolívar para que se encargaran del caso y estos se trasladaron al sitio el día 24 en la mañana. Posteriormente, añadió, fueron designadas 3 fiscalías nacionales y una regional con competencia en derechos humanos.

La versión oficial señala que el crimen fue perpetrado por la banda liderada por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo (apodado El Ciego), quien tiene orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, pobladores de la zona insisten en que los victimarios fueron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las primeras averiguaciones, según Saab, condujeron a la detención de Braunis González Miranda, quien fue capturado en Los Caribes, a unos 15 kilómetros de Ikabarú; y de Jhonny Youseth López Marcano, arrestado en Santa Elena de Uairén. Ambos fueron presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

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En las últimas horas fueron detenidos otros seis implicados en el caso, informó el Ministerio Público. Entre ellos están Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña), a quienes se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

El miércoles en la tarde fue el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien habló sobre el caso desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos.

Como resultado del Operativo Especial de Inteligencia No Letal realizado en Ikabarú, Gran Sabana, este miércoles se logró totalizar la detención de 8 personas implicadas presuntamente en los hechos ocurridos días atrás en la referida zona indígena. #UnidadLuchaBatallaYVictoria pic.twitter.com/iRbHaTG6ps

— Justo Noguera Pietri (@JustoNogueraP) December 5, 2019

Según Noguera, para aprehender a los presuntos autores materiales de la masacre se aplicaron «maniobras de desgaste». Explicó que, en lugar de dispararles, los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional, aislaron a los supuestos victimarios y les conminaron a estar sin comida ni posibilidad de movilización hasta que se rindieron.  

«Poco a poco se fueron entregando», afirmó Noguera Pietri quien insistió en que en medio de los trabajos de inteligencia y las operaciones «no letales», ocurrieron enfrentamientos entre la presunta banda armada y los funcionarios, pero no se registraron muertos ni heridos.

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Para el gobernador, la masacre se produjo por «una disputa entre grupos por querer apropiarse de lo que hay en el entorno minero». «Es posible que haya sido para apropiarse del tráfico de oro, combustible o drogas, pero ya eso queda en manos del Ministerio Público», indicó.

Horas antes de esta declaración, el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde de Gran Sabana ahora en el exilio, aseguró que las detenciones eran un montaje hecho por el gobierno y que a cada uno lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

Vía redes sociales, Delgado afirmó que López fue herido durante la masacre y el gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado al momento de pasar la frontera.

El líder indígena señaló que la versión sobre la detención de José Ángel Morales es que este iba desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y lo apresaron en la entrada del pueblo. «Ese mismo libreto cubano», apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

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Foto: Germán Dam | El Estimulo

@GEDV86 | gedv86@gmail.com

EL SILENCIO OFICIAL PERSISTE a más de 72 horas del operativo realizado por la 51º Brigada de Infantería de Selva del Ejército en la mina Cicapra -ubicada en el municipio Roscio del estado Bolívar- y en donde murieron 18 personas: 17 hombres y una mujer.

Alegando no estar autorizado para hablar del caso, el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, apenas se refirió a lo ocurrido en Guasipati como un “ataque a una comisión militar” en el que fue necesario “el cumplimiento de protocolos” para repeler la acción.

Más allá de estas lacónicas declaraciones, ningún otro vocero del Gobierno se ha referido a lo ocurrido la madrugada del 10 de febrero en el yacimiento aurífero, ni siquiera el Comandante del Ejército venezolano, el mayor general Jesús Rafael Suarez Chourio.

Caso contrario ocurre con los familiares de las víctimas del procedimiento militar, quienes públicamente están exigiendo a la Fiscalía General de la República tomar las riendas de las investigaciones y esclarecer las condiciones en que murieron sus allegados.

Desmiente versión del enfrentamiento

“Lo de Cicapra fue una ejecución, no hubo enfrentamiento. Allí lo que hicieron fue ejecutar a todos los que estaban en el campamento principal y ya”, aseguró Mixae Vera, quien perdió a su hermano y a un cuñado en lo que ya se conoce como La Masacre de Cicapra.

Según su relato, era la primera vez que el agricultor Jovanni Vera (34) y el taxista Joel Contreras (38) entraban a una mina de Bolívar. “La situación del país los llevó contrabandear combustible y este era su primer viaje. Llegaron el jueves en la tarde”, indicó.

A los cuñados los agarró la noche mientras despachaban la gasolina y el diesel y decidieron a dormir en Cicapra. Su plan era regresar a Upata -a hora y media de Guasipati-  el viernes, pero esa madrugada el Ejército incursionó en la mina con otros planes.

“Para nadie es un secreto lo que pasó. Allí ajusticiaron a todo el que quisieron y luego salieron a decir que los enfrentaron. Si el enfrentamiento hubiera sido verdad, entonces habrían militares muertos o heridos, porque según ellos los emboscaron”, precisó Mixae.

Actas de defunción tipo planas

Otra de las irregularidades denunciadas es que en las actas de defunción entregadas por el personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no son del todo precisas en cuanto a las heridas presentadas por las víctimas y “todas son idénticas”.

11 de los 18 muertos en la mina tienen disparos en la cabeza. Una de las personas que recibió este tipo de impactos fue la mujer que murió en el hecho. Sin embargo, el acta de defunción señala otra cosa.

Así lo revelaron allegados de Angelis Rodríguez Cuevas (34), quien resultó muerta junto a su esposo: Yubier Durán (28) y su hijo: Hiulys Maiker Uramiare Rodríguez (19). “A ella le dieron un tiro en cada seno y otro en la frente y en el acta no aparece eso”, reclamaron.

En efecto, el acta de defunción de la mujer especifica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de una hemorragia interna por herida de arma de fuego en el tórax. La de su hijo reza exactamente lo mismo, pese a que su cadáver presenta 4 disparos.

“Las actas de los señores que llevaban combustible por primera vez a Cicapra (Jovanni y Joel) dicen casi lo mismo, sólo cambia la palabra tórax por esternón… y así mismo dirán las demás, porque a los 18 los mataron de la misma forma”, denunciaron los familiares de Angelis y Hiulys.

Identificados 12 de 18

“Los mataron la madrugada del viernes, levantaron los cuerpos al mediodía y los llevaron al Fuerte Yocoima. Allí no los refrigeraron y el sábado fue que los llevaron al Cicpc”, revelaron los dolientes sobre el trato dado a los cadáveres por parte de los militares.

En el espacio destinado para el Senamecf los familiares de 12 de los 18 fallecidos en el operativo realizado por el Ejército en la mina Cicapra completaron el proceso de identificación a través de fotografías, ya que los cadáveres comenzaron a descomponerse.

Hasta ahora el listado de víctima es el siguiente:

– Angelys Birlus Rodríguez Cuevas

– Yubier Durán Arteaga

– Hiulys Mayker Uramiare Rofríguez

– Jovanni José Vera Jiménez

– Joel Contreras Bermúdez

– Jesús Eduardo Hernández

– Santiago Tenía García

– Juan José Salazar

– César Manuel Ramírez

– Tigüe Linares

– Deiker Madrid

– Deimos David Arteaga

Investigación a profundidad

Las familias han contado con el acompañamiento del diputado Rachid Yasbeck, representante del estado Bolívar en la Asamblea Nacional, quien se mostró asombrado por cómo el Gobierno trata de retomar el control de las minas de oro ubicadas al sur de la entidad.

“En 2015 pasó algo similar en Cicapra. Ahora en 2018 se repite el mismo patrón: Fuerzas castrenses ingresando a la mina y ajusticiando a objetivos específicos, según las evidencias y testimonios presentados por los familiares de las víctimas”, explicó el político guayanés.

A Yasbeck también le llama la atención el silencio oficial que pareciera encubrir las actuaciones militares, y en este caso en particular el hecho de que en las actas de defunción no aparezcan heridas de las cuales los familiares tienen conocimiento y documentaron para futuro.

“Hay cuerpos que tienen disparos en la cabeza o en la cara y eso no sale en actas… es como si no quisiesen dejar registro de ello. Este caso debe ser investigado a profundidad para esclarecer muchas cosas, sobre todo el tema de la actuación de los militares”, apuntó el diputado.

Escrito por Oriana Faoro para El Pitazo

A las 12:46 de la madrugada de este 18 de octubre el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Justo Noguera Pieri, fue juramentado como gobernador del estado Bolívar.

El Consejo Nacional Electoral no había dado cifras oficiales públicamente. Aun así lo proclamaron en la sede del CNE en Ciudad Bolívar, en la avenida Táchira, donde Andrés Velásquez protesta desde el lunes, exigiendo que el ente comicial reconociera su victoria.

La información se conoció oficialmente a través de su cuenta de Twitter, @JustoNogueraP.

A la 1:00 de la mañana, el CNE colgó en su página web resultados distintos, que daban como adjudicado a Noguera. Según el boletín del CNE, Noguera ganó con 276.655 votos (49,09 por ciento), mientras que Velásquez obtuvo 275.184 (48.83 por ciento).

Las cifras ofrecidas por el comando de Velásquez, a las 5:00 de la tarde del 17 de octubre, eran diferentes. De acuerdo con estas, Velásquez obtuvo 275.477, y el pesuvista 272.851. El comando aseguró tener 100 por ciento de las actas que respaldan estos números.

La proclamación a medianoche fue criticada en las redes sociales, debido a la falta de pronunciamiento previo del CNE para anunciar resultados, que se esperan desde hace dos días.

Vale recordar que el oficialismo había convocado a esta proclamación para las 9:00 de la mañana del 17 de octubre, pero el ahora gobernador nunca apareció en la concentración roja que ocupó una parte de la avenida Táchira, donde está ubicado el CNE de Ciudad Bolívar.

A las 12:26 de la noche, Velásquez alertaba vía Twitter que “el CNE pretende dar un zarpazo al pueblo de Bolívar, manipulando resultados electorales”.

En respuesta, Andrés Velásquez convocó a una concentración temprano en la mañana del 18 de octubre, frente al CNE, para repudiar el “fraude”. La sede del órgano comicial permanece custodiada por la Guardia Nacional (GN) desde ayer y, para el momento de la proclamación de Justo Noguera, la seguridad fue reforzada.

Con esta, es la segunda vez consecutiva que Velásquez denuncia fraude electoral en contra de candidatos oficialistas. En 2012 contra el saliente gobernador, Francisco Rangel Gómez, y ahora contra Justo Noguera Pietri.

El fuerte despliegue militar en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz alertó a los simpatizantes del alcalde de Caroní, José Ramón López, poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, que la audiencia de presentación estaba a punto de finalizar y que la decisión apuntaba a mantener bajo arresto al burgomaestre a juzgar por los preparativos del traslado.

Uno de los portones estaba totalmente acordonado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes ante las manifestaciones de la gente activaron detonaciones al aire, causando momentos de tensión y confusión, mientras el alcalde era retirado por otro de los portones donde un grupo permanecía en vigilia.

El llanto, las consignas y gritos de repudio por la sentencia que mantenía detenido a López colmaron la noche frente a la sede del Poder Judicial de Ciudad Guayana. En efecto, el vocero del equipo de abogados de López, Alexander Andrade, confirmó la medida de privativa de libertad y ordenaba a partir de ese entonces recluir al alcalde en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui. Los delitos imputados corresponden a peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio.

“Los actos que se le imputan y todos los hechos que dice el Ministerio Público y los denunciantes que están allí, los traidores, son írritos, allí no existe una prueba que determine que nuestro alcalde haya cometido ningún hecho ilícito”, manifestó Andrade, quien calificó a López como un preso político.

Relató el defensor jurídico que en la audiencia cuando la jueza comunicó su dictamen, el hombre acuñado por el fallecido presidente y líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, como el “alcalde trabajador” exclamó: «yo me lo esperaba».

Decisión política

La defensa afirmó que el fallo de tribunales obedeció a una decisión política, alegando inconsistencias en el expediente. “Están buscando el quiebre de José Ramón López… lo cumbre de lo escrito por la Fiscalía del MP es que la concejala Crisálida Jiménez aparece como denunciante, pero también como denunciada; eso es una aberración del MP, pero aquí todos sabemos qué es lo que pasa”.

Explicó que procede esperar un lapso de 45 días para que se presenten los actos conclusivos para la acusación o el sobreseimiento de la causa. “Vamos a intentar ante la Fiscalía 25ª del MP con competencia nacional y la Fiscalía 4ª de Ciudad Bolívar someter todo el acerbo probatorio”.

Andrade agregó que López se esperaba la medida del tribunal y pidió, en consecuencia, a sus seguidores mantener la calma, aferrándose a su investidura por elección popular. “El alcalde les mandó a decir: ‘confío en mi pueblo… ellos son los que me pusieron en la Alcaldía, y ellos son los que me pueden sacar”.

La justicia del partido

Una vez arrestado el alcalde de Caroní, era bastante probable que permaneciera preso mientras transcurriera el lapso para las investigaciones de los fiscales. Era más que evidente que tras la decisión judicial se desarrollaba un juicio político que cuenta entre sus ingredientes principales el desacato del hoy imputado a la orden de Diosdado Cabello, es decir el buró nacional del PSUV, de abandonar la Alcaldía de Caroní y marcharse para Cuba, como estaba previsto en un plan inicial.

López ignoró la “línea pesuvista”, con la jugada de operarse en Puerto Ordaz. Sin embargo, la gota que rebosa el vaso y colma la paciencia del sector militar que dirige al partido de gobierno es el desafío abierto de López al intentar reincorporarse y dejar en el congelador la táctica de montar al general Justo Noguera Pietri, actual presidente de CVG, en la dirección general de la municipalidad, con miras a quedarse en el puesto de López.

Ha trascendido que el acuerdo consistía en la desincorporación consensuada y progresiva del alcalde hasta su abandono definitivo del cargo, debido a problemas de salud y una gestión pública deficiente, sobre todo, en materia de recolección de basura.

Sin embargo, la defensa constitucional que hizo López del manejo de los ejidos lo enfrentó con CVG y con el sector militar que está detrás de los proyectos de vivienda.

La misma noche en que la jueza admitió los delitos formulados por los fiscales contra López, los representantes de los Círculos de Lucha Popular (CLP) del municipio Caroní sostuvieron una reunión con el ex ministro y ahora candidato principal del oficialismo para la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez, para buscar un arreglo político, que tuviese como punto de partida la liberación del alcalde.

La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El poder popular quedaba a un lado. La bota militar del PSUV tenía la última palabra.