José Manuel González Testino

Una buena parte de la explicación sobre la incapacidad de Pdvsa para suministrar combustible a los venezolanos está en los expedientes de corrupción y sobornos que se ventilan en juzgados de EEUU

 

@javiermayorca

 

EL 29 DE MAYO, EL DEPARTAMENTO DE Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.

El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.

Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.

Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.

Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.

Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que señala en un mismo paquete a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.

Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.

En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es instrumental en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.

En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.

 

Breves

 

-En los primeros días de junio, comenzó a correr en redes una conversación entre el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y un periodista que no se identificó pero que presumiblemente tuvo un encuentro con el oficial en República Dominicana. El intercambio de preguntas y respuestas dura aproximadamente una hora, y se tocan temas de extraordinaria relevancia para el país. Hay por ejemplo una importante revelación del ex jefe de la policía política, en torno a una reunión que él sostuvo que representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa misma isla en los primeros meses de 2018, cuando él se desempeñaba en la subdirección de Contrainteligencia Militar. Christopher dijo haber acudido a la cita con la plena autorización de Maduro, precisamente para elevar cuatro peticiones al gobierno de Donald Trump: 1) eliminar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; 2) levantar las sanciones del Tesoro a los personeros del régimen; 3) levantar las restricciones al comercio internacional (Christopher las englobó bajo el término “bloqueo”), y 4) establecer un canal de comunicación de carácter “técnico” con la Casa Blanca. Los agentes estadounidenses solo hicieron dos solicitudes: 1) liberar a Joshua Holt, lo que se concretó en mayo de ese año, y 2) que Maduro abandonara el poder.

-Las bandas criminales parecieran haber adquirido un nuevo impulso durante los últimos meses. En esta nota solo se hará referencia a tres de ellas. La primera, el llamado Tren de Aragua. Este grupo, dirigido desde el internado de Tocorón, ha expandido poco a poco sus redes, y se ha convertido en punto de atención de policías de otros países. El jefe del cuerpo de seguridad de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, sostuvo recientemente que la banda surgida del sindicato de la construcción del ferrocarril en el centro norte venezolano estaría aliada en la zona limítrofe con los “bota de caucho (ELN), milicias y colectivos, generando confrontaciones contra las estructuras delincuenciales de la frontera”. Hay además indicios sobre la participación de este grupo en disputas por el control de las rutas de salida de drogas en poblaciones del estado Sucre. Otras dos bandas han generado estados de alarma entre residentes de Caracas. La primera, liderada por Carlos Revette, alias Coqui, protagonizó un intenso tiroteo en la Cota 905 en una especie de homenaje póstumo a uno de sus miembros, que fue ultimado por agentes de Cicpc en Parque Central. La tercera es la organización que ha surgido en José Félix Ribas (Petare), liderada por Wilexis Acevedo. Este grupo supuestamente auspició el lunes 10 de junio una manifestación callejera contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Petare con Palo Verde. Los participantes en la protesta gritaban que preferían tratar con el hampa que con los efectivos policiales. Desde el domingo, corrían los reportes sobre la inminencia de esta acción de calle, y se recomendaba la toma militar de la zona. Pero esto no ocurrió. A pesar de que sufren ocasionalmente algunas bajas, las tres organizaciones parecieran estar en crecimiento sostenido y ocupar cada vez más espacios, ante la mirada complaciente del Estado, en especial de sus operadores municipales y regionales.

EL VENEZOLANO ESTADOUNIDENSE JOSÉ MANUEL González Testino se declaró culpable de sobornos vinculados a Pdvsa, tras ser capturado en julio del año pasado en Miami, cuando se confesó culpable por su participación en una red de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU.

González Testino, de 49 años, reconoció su participación en el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa y su subsidiaria Citgo, con sede en Houston (Texas), para asegurar y mantener “de manera corrupta” contratos de energía y logística, detalló la cartera de Justicia en un comunicado.

Se declaró culpable en una corte federal de Houston (Texas, EE.UU.) de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), otro de infracción de esa normativa y otro por no haber reportado cuentas en bancos en el extranjero.

El acusado se presentó ante el juez federal Gray H. Miller, del Distrito Sur de Texas, quien aceptó su declaración y anunció que dará a conocer la sentencia el próximo 28 de agosto.

El empresario fue detenido el 31 de julio del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) en aplicación de una orden de arresto basada en una demanda criminal presentada en Texas.

Según la información, González Testino controlaba varias compañías estadounidenses e internacionales que proveían bienes y servicios a la petrolera estatal venezolana.

En su declaración de culpabilidad, indicó que desde comienzos de 2012 y hasta al menos 2018 conspiró con otros para sobornar a oficiales de Pdvsa.

Igualmente, admitió que desde noviembre de 2012 y hasta junio de 2013 pagó junto a un cómplice 629.000 dólares en sobornos a César Rincón David Godoy, exgerente general de Bariven, subsidiaria de adquisiciones de Pdvsa.

Mencionó también que abonó junto a un cómplice sobornos a Alfonso Eliezer Gravina, quien en ese entonces se desempeñaba como funcionario de Pdvsa Services Inc, otra subsidiaria de la estatal venezolana basada en Houston.

Ambos funcionarios supuestamente proporcionaban a González Testino información privilegiada sobre los procesos de adquisición de Pdvsa y tomaron medidas para “dirigir” contratos de la compañía petrolera a las empresas del acusado y darles prioridad a la hora de recibir pagos.

De igual forma, el imputado reconoció que pagó sobornos a varios funcionarios de Pdvsa basados en Houston y que estaban empleados por Citgo, que lo ayudaron a obtener contratos para lograr nuevos negocios y le suministraron información sobre procesos de licitación.

González Testino ha sido una de las últimas personas en declararse culpable dentro de una investigación del Gobierno de Estados Unidos sobre sobornos en Pdvsa.

El comunicado detalló que el Departamento de Justicia y la corte para el Distrito Sur de Texas han presentado cargos contra 21 personas, incluido González Testino, 16 de las cuales se han declarado culpables.

Según la Real Academia de la Lengua Española, un cómplice es una “persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos”. Por supuesto, cuando utilizamos el término cómplice, inmediatamente, y por lo general, pensamos en los integrantes de una banda criminal, con autores intelectuales y materiales del delito que se cometa. Pero, ¿acaso no es también un cómplice aquel que, de espaldas a los intereses de la colectividad, de la sociedad o del país entero, respalda encubiertamente las intenciones dictatoriales, opresivas y tiránicas del régimen y lo ayuda a mantenerse en el poder?

Esta práctica, por demás, despreciable, no es nueva. Cada régimen dictatorial que ha padecido Venezuela, ha logrado su permanencia en el mando y control del país, gracias a la sociedad de cómplices que oxigena, negocia y respalda -abiertamente o no- al autócrata de turno. Las recompensas para esa complicidad, supongo, deben ser lo suficiente generosas. Y, por supuesto, los valores y la ética de los secuaces, fácilmente doblegables. Sólo me basta recordar la desdichada frase que me espetó un conocido diputado de la oposición cuando le pregunté por qué insistía en ocupar una curul: “Mingo ¿a quién no le gusta el poder?”. Esto también lo sabe el régimen. El poder seduce. Y el que lo ostenta, con tal de no perderlo, lo negocia y lo retiene, a como dé lugar, involucrando a todos los que sean necesarios para mantenerlo. ¿Cuánto vale una conciencia? ¿Jugosas comisiones, concesiones, negocios o bonos de PDVSA? Sí, probablemente, esas sean algunas de las tarifas del régimen para premiar a sus encubridores.

Así es como se mantiene Nicolás rigiendo el destino de nuestra nación: gracias a la sociedad de cómplices que le construye la guarida donde está a salvo de las amenazas de destituciones o remociones del cargo, y hasta de los juicios ante los que tendría que comparecer. Hace pocos días, me encontré con mi respetado y apreciado amigo, el doctor José Vicente Haro. Luego de los saludos de rigor, nuestra conversación desembocó en el tema en el que caemos todos los venezolanos: ¿cómo es posible que, en Venezuela, en las condiciones en las que se encuentra, no se haya producido una implosión? Las razones son varias; pero, hubo una en la que ambos coincidimos. Venezuela no ha estallado gracias a la sociedad de cómplices que pacta con el régimen y hace posible su estadía en el poder.

La sociedad de cómplices, como refirió en un artículo Armando Martini Pietri, fue una definición que acuñó el escritor César Zumeta –un perseguido político de Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Joaquín Crespo- para explicar cómo y por qué los grandes caudillos y dictadores se mantienen gobernando un país. Según Martini Pietri, la sociedad de cómplices estaba compuesta por la élite de la sociedad que, para conservar su estatus, volteaba la cara para no ver las atrocidades que se cometían en las dictaduras: una especie de complicidad a cambio de “beneficios”. ¿Dos códigos clave que maneja la sociedad de cómplices? Neutralidad e indiferencia. Y en la Venezuela del Siglo XXI me atrevo a agregar una tercera: hipocresía. Una dosis muy alta de hipocresía que les permite aparecer en los medios de comunicación y redes sociales, con un discurso con el que quieren hacernos creer -a quienes vivimos en el país, y sorteamos sus miserias- que están luchando contra este régimen, cuando en realidad, están oxigenándolo y aplanándole el camino hacia la perpetuidad.

Ese día que nos vimos, el doctor Haro recordó una experiencia que tuvo, en 1995, cuando era un joven de apenas 19 años y la institución para la que trabajaba le encomendó entrevistar a Luis Villalba Villalba, hermano del dirigente político Jóvito Villalba. Luis Villalba, fue un periodista que vivió la época de Juan Vicente Gómez y una víctima de las torturas que, como preso político, recibió en La Rotunda. “Le pregunté -contó Haro- cómo había sido posible que una dictadura durara tantos años. Me respondió que las dictaduras siempre han tenido cómplices que los ayudan a mantenerse en el poder: a miembros de la élite política, económica y militar del país; abarcando, incluso, a miembros de la sociedad civil como académicos, universitarios, latifundistas, intelectuales, terratenientes, medios de comunicación, la iglesia…”.

Luego de veinte años, ¿por qué el chavismo/madurismo sigue gobernando si es más que evidente el inmenso daño que le ha causado a Venezuela? La pregunta -quizá basados en la respuesta que, en su momento, le diera a José Vicente Haro Luis Villalba- debamos hacérsela a la sociedad de cómplices, de esas élites que hacen vida en el país, con la esperanza de que, en una especie de acto de contrición, decidan hacer lo correcto y anteponer a Venezuela, antes que su ambición al poder y a los beneficios que –poseerlo o estar cerca de él- puedan representar.

@mingo_1

José Manuel González Testino fue arrestado este martes 31 de julio en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, por presuntamente estar involucrado en hechos de corrupción contra la estatal Petróleos de Venezuela. Se le acusa de recibir contratos favorables con Pdvsa, así como de realizar pagos ilícitos a funcionarios de la industria petrolera.

Pero esta no es la primera vez que sale a la luz pública un caso de corrupción con González Testino. El hombre fue gerente de Pdval entre 2008 y 2010, está directamente involucrado en una denuncia donde se le acusa, junto a otros gerentes, de comprar grandes cantidades de comida y esperar su descomposición para generar nuevas órdenes de compra.

El escándalo se conoció como “Pudreval” y a pesar de estar a cargo de la empresa donde se perdieron más de 120 mil toneladas de alimentos, no fue detenido ni mucho menos investigado por corrupción. La Fiscalía abrió una investigación sobre los alimentos podridos, pero solo fueron detenidos funcionarios de rango medio.

Sumado al tema de los alimentos podridos, José Manuel González Testino estuvo involucrado con guisos millonarios relacionados a anticipos para un proyecto cárnico que nunca se concretó, con filiales de Pdvsa encargadas de tramitar la compra de alimentos de Pdval.

La justicia nunca se hizo en el caso de Pudreval, en mayo de 2010 tres presuntos responsables por la descomposición de alimentos en Puerto Cabello fueron detenidos incluyendo al entonces presidente de Pdval, Luis Enrique Pulido y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt.

Sin embargo, los tres acusados se encuentran en libertad condicional y el procedimiento judicial en su contra se encuentra paralizado sin miras a ser retomado. Tan solo entre 2010 y 2011 el caso pasó por manos de cinco jueces, todos renunciaron o se inhibieron.