En el último trimestre del año 2016, el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Circunstancias Especialmente Difíciles (Panaced), en el estado Lara, registró 38 casos de abuso sexual, 36 de maltrato y más de 80 casos de riesgo biopsicosocial, que influyen en la omisión familiar, negligencia y desnutrición.
Según la licenciada Adriana Torres, en las familias disfuncionales siempre ha estado muy marcado y naturalizado el maltrato psicológico y físico y, actualmente, la agresión se ha aunado con la situación de escasez pronunciada e inflación que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, de manera mayoritaria, los casos recibidos en las oficinas de Panaced son problemas de tipo social que vinculan a las familias e instituciones educativas.
“Los padres están conscientes de que la situación está difícil y que sus recursos no les alcanzan para hacerse cargo de la correcta alimentación de sus hijos o adquirir los medicamentos requeridos, y estamos en una sociedad que maneja mucha frustración de estar en una situación donde no cuentan con las estrategias para poder criar a sus hijos y proyectan toda esa rabia hacia el niño”, expresó la licenciada Digley Colmenares.
Agregó que los padres no visibilizan el maltrato como una situación para corregir, sino que lo atañen a que no tengan luz, agua o comida; lo que produce una energía de frustración que descargan mediante una ira incontrolable.
Así mismo, destacó que es un problema social que afecta a los más pequeños, dado que incluso han recibido en la institución casos de estudiantes que roban en los liceos y escuelas los alimentos del resto de los alumnos porque necesitan suplir esa necesidad básica de alimentación.
Torres aseguró que en Panaced los especialistas estas conscientes de que no pueden cambiar la situación de familias que en muchas ocasiones viven en condiciones infrahumanas; sin embargo, su labor es ofrecerle asesoría para ayudar a esas madres, a través del servicio social, para ubicarles algún tipo de ayuda económica o de alimentación.
Y en esos hogares donde hay una disfunción tratan de ayudar a los padres por medio de orientación familiar, psicológica o nutricional; herramientas útiles para que estas familias logren sobrellevar la situación.
Tráfico de niños
Panaced remite sus casos al Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (CMDNNA), institución que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Su coordinadora, Francis Pérez, determinó un alza del 70 % en los casos de maltrato infantil en los últimos tres meses, dentro de la entidad.
En el último trimestre del año 2016, los casos más atendidos han sido: maltrato, desnutrición y abandono. Tiempo en el cual, el Consejo registró 25 padres que entregaron a sus hijos porque no podían hacerse cargo de ellos, y casos de niños desnutridos.
El suceso más sonado del año ocurrió a principios del mes de febrero, cuando una pareja que residía en la parroquia Juan de Villegas, decidió vender a su hija de 13 años de edad a un hombre de 33.
La denuncia fue colocada por una de las tías de la niña. “La pariente estaba con la menor al momento que llegó un hombre a mostrar un documento que le concedía los derechos sobre la menor de edad y estaba firmado por un abogado adscrito al Colegio de Abogados.
Además, el señor amenazó con denunciar a la tía como una secuestradora si no entregaba a la niña. La tía, por desconocimiento de la ley, dio a la adolescente e inmediatamente vino a pedir asesoría”, expresó Pérez.
Presuntamente, en el documento se observaban unas cláusulas puntuales en donde los padres le exigían al comprador de la niña, educación, alimentación y atención médica para la menor. Igualmente, los familiares de la menor presumen que los padres obtuvieron alguna ganancia por hacer la entrega de la menor de sus tres hijos, pero desconocen el monto. De la misma manera especulan que la niña era agredida sexualmente por su comprador desde hace un año.
El caso fue remitido a Fiscalía y se dictó una medida de protección a la adolescente. El comprador está bajo una medida cautelar y los padres de la adolescente se encuentran privados de libertad.
“Las casas de abrigos están repletas y cada día incrementan los casos de traspaso de niños. Siempre nos llegan a la oficina parejas que adoptaron pero lo hacen de manera ilegal y tenemos que trasladar a los menores a un centro de atención mientras se realiza el procedimiento debido. En este mes ya se han visto ocho de esos casos. Por la misma situación del país la gente se ha vuelto muy inescrupulosa y se han visto en la necesidad de vender a sus hijos y cuando los llamamos a dar declaración, tan solo alegan que no tienen para mantenerlos”, subrayó Pérez.
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