RUSIA HA RETIRADO A ASESORES CLAVE DE DEFENSA de Venezuela, una vergüenza para Nicolás Maduro, ya que Moscú sopesa la capacidad de resistencia política y económica del líder frente a la creciente presión de los Estados Unidos.

El contratista de defensa estatal ruso Rostec, que ha entrenado a las tropas venezolanas y asesorado en la obtención de contratos de armas, ha reducido su personal en Venezuela a unas pocas docenas, de cerca de 1.000 en el momento de mayor cooperación entre Moscú y Caracas hace varios años, dijo una fuente cercana al ministerio de defensa ruso.

Según personas familiarizadas con la situación, la retirada gradual, que se ha intensificado en los últimos meses, se debe a la falta de nuevos contratos y la aceptación de que el régimen de Maduro ya no tiene dinero para continuar pagando por otros servicios de Rostec asociado a contratos anteriores.

Rusia ha estado entre los más grandes partidarios internacionales de Maduro, pero la disminución de la presencia de Rostec muestra los límites del alcance de Rusia en el país sudamericano en un momento en que Moscú enfrenta dificultades económicas, en parte debido al impacto de las sanciones de EE. UU. causa. Venezuela ha sido uno de los mayores clientes de Moscú en América del Sur.

La retirada de Rostec de empleados permanentes y temporales es un gran revés para Maduro, quien con frecuencia ha promocionado la asistencia de Rusia y China como una señal de que otras potencias mundiales están dispuestas a ayudarlo en su dura disputa contra el apoyo militar ruso de EE. UU. central para el compromiso de Maduro de defender a Venezuela de cualquier invasión extranjera.

La incapacidad de su gobierno de pagarle a Rostec también refleja la calamidad económica que está afectando al país. El gobierno de Maduro no respondió a una solicitud de comentarios.

Bajo el presidente ruso, Vladimir Putin, las exportaciones de defensa de Moscú se han convertido en una herramienta de política exterior. El tráfico de armas es supervisado en algunos lugares por los propios empleados de la embajada para ayudar a fortalecer los lazos con los socios políticos de Asia a América del Sur. El contratista de defensa, dirigido por el viejo amigo de Putin, Sergei Chemezov, se ha visto afectado por dificultades financieras debido a que las sanciones de los Estados Unidos han descarrilado varios contratos importantes.

Una persona cercana al gobierno ruso dijo que Rostec sopesaba los beneficios políticos de apoyar a Maduro contra las crecientes responsabilidades económicas del régimen, lo que obligó a la compañía a tomar una decisión estratégica sobre los lazos con Caracas.

“Ellos creen que la pelea se está perdiendo”, afirmó la fuente.

El último contrato importante que Rostec cumplió fue la construcción de un centro de entrenamiento de helicópteros para helicópteros militares en marzo. Se espera que cesen otros planes de larga data, incluida la construcción de una instalación de producción de Kalashnikov.

Los lazos de defensa de Rusia y Venezuela florecieron bajo el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, con contratos de armas para helicópteros de ataque, aviones de combate y tanques.

“Esta cooperación ha crecido mucho”, dijo Vladimir Zaemskiy, embajador de Rusia durante una larga entrevista el miércoles. “Entre otras cosas, Venezuela ha comprado rifles de asalto, aviones multiusos, helicópteros de los modelos Mi-17, Mi-35 y Mi-26, tanques T-72, así como varios sistemas de defensa antiaérea”. El embajador ruso se refería a eso por la sofisticación del armamento, “es obvio que los venezolanos necesitaron asistencia de Rusia y los contratos que firmamos desde 2006 previeron, entre otras cosas, la capacitación del personal venezolano y el mantenimiento de ese equipo”.

A fines del año pasado, los contratos seguían en curso para misiles y sistemas de defensa aérea, pero el dinero había dejado de llegar, dijo una persona cercana al Ministerio de Defensa de Rusia.

“Dado que los venezolanos no están pagando, ¿por qué Rostec debe quedarse allí y pagar la cuenta por sí solo?”, dijo la fuente anónima. La persona agregó que, desde hace meses, Venezuela no ha estado pagando por servicios como el servicio de hardware militar.

No se pudo contactar a un portavoz de Rostec. Un portavoz del Kremlin no respondió a una solicitud de comentarios.

Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo señalaron que la influencia rusa estaba en el centro de la continua disputa entre Maduro y la oposición venezolana, lo que levantó el espectro de una confrontación al estilo de la Guerra Fría con Moscú cerca de las fronteras de los Estados Unidos. Pompeo dijo el mes pasado que Rusia persuadió a Maduro para que no huyera del país en un intento de expulsarlo.

En marzo, el subjefe del estado mayor general, el coronel general Vasily Tonkoshkurov, aterrizó en Venezuela a bordo de un avión de pasajeros Ilyushin con 99 especialistas militares rusos. Estaban acompañados por un avión de carga Antonov An-124 que llevaba 35 toneladas de equipo militar.

El avión militar ruso fue enviado para compensar a los asesores y técnicos de Rostec que desde entonces habían frenado su trabajo con Caracas.

Esa carga de soldados en última instancia aumentó las tensiones alrededor de Venezuela y llevó al presidente Trump a amenazar a Rusia para que “salga” de Venezuela.

“Fue una muestra pública de apoyo por parte del Ministerio de Defensa porque la cooperación real entre Rostec y Venezuela ya se había reducido a un goteo”, dijo una de las personas familiarizadas con la situación.

Incluso cuando Rostec ha reducido su presencia, Rusia ha tratado de mantener una presencia militar. Mark Galleotti, miembro asociado principal del Royal United Services Institute, dijo que el ministerio de defensa de Rusia y otras compañías de seguridad corporativa probablemente contaron con la presencia de unos 300 oficiales en el país.

De manera importante para Caracas, el Sr. Putin ha respaldado públicamente al Sr. Maduro en su enfrentamiento con los Estados Unidos, a quien Moscú ha acusado de interferir en los asuntos internos de Venezuela.

El Kremlin ve a Venezuela como el último frente en lo que promociona como un concurso mundial contra la hegemonía de los Estados Unidos y una oportunidad de vengarse de Washington por lo que considera una intromisión en la política de las naciones cercanas a sus fronteras, como Ucrania.

Rostec ha estado enfrentando sus propios problemas financieros desde que los Estados Unidos en 2017 comenzaron a sancionar a terceros países por tratar con la industria de armamentos de Rusia.

Desde entonces, varios países han retrasado sus compras de armas rusas. Kuwait dijo a principios de este año que retrasaría un contrato para tanques T-90. Indonesia ha retrasado un envío de combatientes Su-35, y Filipinas anunció el año pasado que no compraría un paquete de armas ruso que el presidente Rodrigo Duterte había prometido comprar.

Sin embargo, las preocupaciones sobre el futuro de Venezuela se han extendido a otros sectores donde Rusia tiene una fuerte presencia, como el petróleo. Venezuela es, con mucho, el mayor receptor de inversiones del gigante petrolero Rosneft fuera de Rusia. Y Rosneft no tiene una manera fácil de deshacerse de sus compromisos, que en su mayoría se han gastado en el pago anticipado de los costos del petróleo venezolano o de la empresa conjunta con la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Rosneft no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

LOS DIPLOMÁTICOS CHINOS están preocupados por el futuro de sus proyectos petroleros en Venezuela y los casi $ 20 mil millones que Caracas le debe a Pekín, han mantenido negociaciones de deuda en Washington en las últimas semanas con representantes de Juan Guaidó, el líder de la oposición que encabeza los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para expulsar al Sr. Maduro, según personas familiarizadas con las charlas.

“China reconoce el riesgo creciente de un cambio de régimen y no quiere estar en el lado malo de un nuevo régimen”, dijo R. Evan Ellis, un experto en relaciones chinas en América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. “Si bien prefieren la estabilidad, se dan cuenta de que tienen que poner huevos en la otra canasta”.

Al ser consultado sobre el rumor de conversaciones en una reunión informativa el 1 de febrero, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que Beijing “ha estado en estrecha comunicación con todas las partes de diversas maneras sobre la situación en Venezuela”.

“No importa cómo evolucione la situación”, dijo Geng, “la cooperación entre China y Venezuela no debe ser socavada”.

El Sr. Guaidó ha extendido públicamente las ramas de olivo a China y Rusia. El joven jefe de la Asamblea Nacional, a quien los legisladores eligieron para dirigir una presidencia interina en un desafío directo al Sr. Maduro, argumentó que el cambio político sería un precursor de las reformas económicas para restablecer la estabilidad.

Venezuela, que se encuentra en la cima de las mayores reservas de petróleo del mundo, debe mantener lazos con China, el mayor importador de petróleo del mundo, dijo.

La caída de Maduro podría beneficiar a China, dijo Ellis. “Guaidó podría ayudar a levantar las sanciones [de EE.UU.] y hacer que el petróleo fluya nuevamente. Al final, China tiene mucho que ganar con Guaidó “, dijo.

Las personas familiarizadas con las conversaciones de pago de la deuda dijeron que existen importantes obstáculos. Venezuela ha tomado préstamos de China por más de $ 50 mil millones en una serie de acuerdos de préstamos para el petróleo desde 2007, y según las estimaciones del Ministerio de Comercio de China, todavía le debe a Beijing alrededor de $ 20 mil millones.

China no está dispuesta a asumir una pérdida significativa en sus préstamos, como han sugerido algunos de los asesores económicos de la oposición para los prestamistas, incluidos los tenedores de los bonos en incumplimiento del país, según dos de las personas familiarizadas con las conversaciones. Ambas partes han estado discutiendo los períodos de gracia sobre los planes de pago para otorgarle un respiro potencial al gobierno de transición venezolano, dijeron.

Los legisladores de la oposición también han clamado durante mucho tiempo para que los términos de los acuerdos de préstamos de China con Venezuela sean más transparentes, a lo que Pekín se opone, según dos de las personas familiarizadas con las negociaciones.

Al igual que China, Rusia ha apoyado públicamente al Sr. Maduro, pero ha mostrado poca disposición a apoyar al gobierno con fondos nuevos. Ninguno de los aliados ha otorgado grandes préstamos a Venezuela en los últimos años. Sus empresas petroleras conjuntas en Venezuela han estado sujetas a la corrupción y las dificultades operativas en la industria petrolera del país, dijeron los consultores de energía.

Un director de una compañía que proporciona válvulas y tubos para yacimientos petrolíferos a firmas estatales chinas y rusas que operan en Venezuela dijo que la compañía solo había realizado una venta en todo 2018. “Los chinos, los rusos, simplemente no los veo. Cualquier dinero en “, dijo el director.

Moscú está abierto al diálogo con Guaidó, sugirió este mes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y dijo que Rusia espera mantener la cooperación con Caracas “independientemente de los acontecimientos políticos en el país”.

*Tomado de La Patilla

En español, el nombre de Calabozo, esta ciudad en las abrasadoras llanuras centrales de Venezuela significa mazmorra. Para Marta Solórzano, receptora de un riñón trasplantado, estar allí se transformó en una sentencia de muerte, publica The Wall Street Journal.

Con el sistema de salud estatal de Venezuela en ruinas y la economía del país colapsando, el año pasado el gobierno dejó de suministrar las pastillas que Solórzano necesitaba para mantener el funcionamiento de su órgano, dijeron su familia y su médico.

Sin la medicina, la ex conserje de 50 años sufrió fatiga crónica y dolor debilitante durante meses mientras su cuerpo rechazaba el riñón, dijo su esposo, Enzo Array. Ella murió el 4 de marzo.

“Mi mundo me ha sido arrebatado”, dijo Array durante una reciente visita a su tumba, donde su nombre había sido grabado en un palo en una capa de cemento. “Culpo al gobierno”, dijo.

Con el sistema de salud estatal de Venezuela en ruinas y la economía del país colapsando, el año pasado el gobierno dejó de suministrar las pastillas que Solórzano necesitaba para mantener el funcionamiento de su órgano, dijeron su familia y su médico.

Sin la medicina, la ex conserje de 50 años sufrió fatiga crónica y dolor debilitante durante meses mientras su cuerpo rechazaba el riñón, dijo su esposo, Enzo Array. Ella murió el 4 de marzo.

“Mi mundo me ha sido arrebatado”, dijo Array durante una reciente visita a su tumba, donde su nombre había sido grabado en un palo en una capa de cemento. “Culpo al gobierno”, dijo.

El régimen socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro, prohíbe la mayoría de las donaciones humanitarias internacionales, incluidas las contribuciones de medicamentos que salvan vidas, excepto de unos pocos aliados restantes como Rusia. El líder autoritario y sus lugartenientes han negado que el país se encuentre en una crisis humanitaria y consideran que la ayuda internacional es parte de una estratagema de los rivales estadounidenses y políticos para manchar al gobierno y abrir la puerta a la intervención extranjera.

“De ninguna manera vamos a permitir que esta derecha imponga una supuesta ayuda humanitaria cuando nuestro pueblo ya está siendo atendido por el presidente Maduro”, dijo el ministro de Salud de Venezuela, Luis López, en diciembre.

La salud pública se ha deteriorado drásticamente en lo que solía ser una de las naciones más ricas de América Latina. La tasa de mortalidad infantil en Venezuela fue más alta que en Siria en 2016, según cifras del Ministerio de Salud. Los casos de difteria y malaria, enfermedades controladas por la mayoría de las naciones latinoamericanas, han aumentado en medio de la falta de vacunación, dijo el ministerio.

“La situación es complicada, creo que es un punto en el que todos estamos de acuerdo debido a los problemas sociales, políticos y económicos”, dijo José Moya, un médico peruano que es el representante en Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud, una rama de la Organización Mundial de la Salud. “Esto realmente ha afectado la compra de suministros, el funcionamiento de los hospitales, [y] está afectando la disponibilidad de medicamentos”.

En marzo, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Rotondaro, ex jefe del Instituto de Seguridad Social del gobierno, que es responsable de proporcionar medicamentos para enfermedades crónicas. EEUU dijo que el mal manejo de la atención médica por parte de él y otros ha contribuido a los brotes de enfermedades que alguna vez fueron controladas, como la difteria y el sarampión. Rotondaro no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Carlos Rotondaro

“Tenemos una escasez de casi el 100% de los medicamentos y lo que está disponible, las personas no pueden pagar”, dijo Feliciano Reyna, jefe de un grupo de defensa de la salud con sede en Caracas, Acción Solidaria, que ha tratado de abrir el país a la asistencia médica internacional. “Estamos viendo más y más muertes y sufrimiento”.

Los pacientes con trasplantes son particularmente vulnerables debido al riesgo de que sus cuerpos rechacen los nuevos órganos, un resultado que los medicamentos supresores del sistema inmune pueden ayudar a prevenir. Hay aproximadamente 3.500 pacientes trasplantados en Venezuela, la mayoría de ellos receptores de riñón, según grupos defensores de la salud.

El programa de trasplante del gobierno fue suspendido a mediados de 2017 debido a problemas financieros, dejando a 5.000 pacientes que esperan nuevos riñones en el limbo, dicen los grupos de defensa.

Sin fármacos anti-rechazo, un órgano puede deteriorarse en tan solo 48 horas. Un paciente rechaza un órgano trasplantado cada dos días en Venezuela, según Codevida, el organismo de salud con sede en Caracas.

La malnutrición ahora común en Venezuela significa que los pacientes también enfrentan mayores riesgos de rechazo de órganos, dijo el Dr. Luis Hernández, un nefrólogo del Hospital Universitario de Caracas.

“Tenemos que ayudar a la gente”, dijo el Dr. Hernández, quien dijo que ha pedido al gobierno que acepte la ayuda internacional.

En enero, la Organización Panamericana de la Salud dijo que ayudó a Venezuela a comprar 135,000 píldoras del tacrolimus inmunosupresor con un descuento. Pero eso cubre solo uno de los varios medicamentos que los médicos recetan a los pacientes de trasplante, activistas

La señora Vicuña, arriba a la izquierda, y su hermana Carmen empeñaron su cama y televisión para pagar un paquete de las píldoras que toma Moravia Vicuña.

El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud firmó un acuerdo con el Instituto de Seguridad Social de Venezuela que le permite comprar medicamentos inmunosupresores con descuento. Se espera que aproximadamente 500,000 píldoras de otro medicamento inmunosupresor llamado micofenolato se entreguen en abril, dijo el Dr. Moya de la OPS.

Además, la OPS ha utilizado sus propios fondos para comprar medicamentos para Venezuela, dijo el Dr. Moya, aunque reconoce que el suministro es insuficiente para pacientes trasplantados. “Son cantidades que garantizan unas semanas, meses de tratamiento, así que tenemos que seguir trabajando para obtener el medicamento”, dijo.

Moya dijo que su oficina ha estado en contacto con naciones extranjeras que han expresado interés en proporcionar apoyo a través de la OPS para suministrar más medicamentos inmunosupresores. Los donantes individuales también quieren ayudar, incluidas personas asociadas con una federación que organiza competiciones atléticas en todo el mundo para receptores de trasplantes.

Rodolfo Wetzel, ex presidente de un grupo de atletas de trasplantes en Argentina, dijo que tiene cerca de 50 cajas de medicamentos inmunosupresores listos para su entrega. En Bulgaria, Stoyanka Ananieva, ex miembro del consejo de la federación, cuya hija recibió un trasplante de riñón, dijo que está recogiendo medicamentos que quiere enviar a Venezuela. Pero dicen que no han enviado las drogas por temor a que los materiales puedan ser incautados por el gobierno venezolano en los puertos. Los paquetes pequeños que ingresan con viajeros individuales no son suficientes para satisfacer la demanda, dicen los activistas. “Es una situación de impotencia”, dijo Wetzel.

Los pacientes de todo el país están improvisando, toman medicamentos caducados o esperan donaciones de las píldoras no utilizadas por la gente que muere. Debido a la escasez de esteroides, que los pacientes de trasplantes también suelen tomar, algunos recurren a los esteroides que los veterinarios recetan para mascotas domésticas.

Durante meses, Moravia Vicuña, de 56 años, ha estado tomando solo uno de los tres medicamentos inmunosupresores que le recetaron. Recientemente, ella tenía menos de 10 pastillas. Dijo que ella y su hermana mayor, Carmen, empeñaron su cama y la televisión para pagar su último paquete de píldoras, que toma solo una de las cuatro veces al día que los médicos recomiendan. “Estoy tan preocupada que no puedo dormir “, dijo Vicuña, que vive en un pueblo no muy lejos de Calabozo. “Solo quiero vivir, eso es todo”.

En una funeraria en un pueblo cercano, Rafael Funes, de 48 años, estaba haciendo los arreglos para el entierro de su esposa de 40 años, Luz Marina Martínez. Pasó un mes sin pastillas para su riñón donado, dijo. Él contó cómo en el hospital, su esposa también necesitaba sangre con urgencia. Funes reunió a los donantes, pero las enfermeras no tenían equipo para recibir sangre donada. Murió poco después. “Es solo crueldad”, dijo Funes, rompiendo a llorar.

Calabozo es un páramo de proyectos de construcción paralizados y pastos no utilizados. Residentes hambrientos y sin empleo han decidido robar cableados de cobre y cables de fibra óptica para venderlos como chatarra. En un día reciente, no había electricidad en la ciudad y el único centro de diálisis de la región, alimentado por un generador de combustible, apenas funcionaba.

La hiperinflación significa el personal del centro gana un par de dólares al mes y el centro se esfuerza por comprar los tubos de luz ultravioleta de $ 100 que se usan para desinfectar el agua necesaria para la diálisis, dijo la Dra. Raquel Parra, nefróloga del centro. Sin acceso a los antibióticos, dijo, los pacientes a menudo mueren de infecciones.

“Mucha gente dice que es debido a la guerra económica”, dijo el Dr. Parra, aludiendo a la afirmación del gobierno de una conspiración internacional. “Todo lo que sé es que necesitamos ayuda ahora”. Dos meses antes de su muerte, la Sra. Solórzano comenzó a viajar a Caracas para recibir tratamiento, dijo su esposo, el Sr. Array. Pero el ómnibus accidentado de 200 millas recorre carreteras que se desmoronaban se volvió demasiado doloroso, por lo que pasó las últimas semanas de su vida en Caracas, dijo.

El Sr. Array, un albañil desempleado, dijo que tuvo que pedir un préstamo de amigos para pagar el funeral de su esposa. “No quiero que destruyan a otras familias como si hubieran destruido la mía”, dijo. “Por favor, señor presidente, necesitamos esa ayuda humanitaria. Por favor, abra esa puerta. “Dolientes en el funeral de la Sra. Martínez en su ciudad natal.

Oficina electoral regional del estado de Bolívar, donde la oposición dice que los votos fraudulentos se registraron manualmente en el sistema.

FOTO: ANATOLY KURMANAEV / THE WALL STREET JOURNAL

Aires Pérez Rodríguez viajó en canoa durante tres horas para entregar los recibos en papel que muestran un total de 225 votos emitidos para el gobernador del estado en El Casabe. Luego se los pasó a su tía, quien los condujo otros 150 millas hasta la capital del estado de Bolívar.

Sin embargo, cuando el recuento oficial se publicó días después de las elecciones del 15 de octubre, hubo 471 votos adicionales para el candidato del gobierno. No fue solo el Sr. Pérez, el representante electoral de la oposición, quien lo notó. El propio supervisor electoral del Partido Socialista en El Casabe también se dio cuenta.

“Esto es ilegal”, dijo Luciano Mendoza, el supervisor del CNE, quien le mostró a The Wall Street Journal los comprobantes de las máquinas de votación que contaban apenas un tercio de los votos de la aldea según lo informado por las autoridades electorales más tarde. “Dicen que traen justicia, pero lo que hacen es cometer fraude”.

Las pruebas del Sr. Pérez llevaron a los funcionarios de la oposición en Ciudad Bolívar a hacer más comparaciones de los recibos de votación con una cuenta oficial en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. En total, en los registros revisados  descubrieron que se agregaron más de 2.500 votos en todo el estado, cambiando el ganador de las elecciones estatales de Bolívar del candidato de la oposición -que figura brevemente como el ganador en el sitio web del Consejo Electoral- al candidato del Gobierno. El ganador declarado, Justo Noguera, un general de la Guardia Nacional que nunca ocupó un cargo político, asumió el cargo dos días después en una ceremonia sorpresa a medianoche.

“Aquí hay una manipulación clara”, dijo Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo no partidista en Caracas que sigue las elecciones después de examinar los comprobantes de las máquinas de votación que la alianza opositora publicó en línea. “Los resultados fueron alterados para permitir que el candidato perdedor sea declarado ganador”.

Bolívar fue uno de los 18 de los 23 estados venezolanos que el partido gobernante ganó en las elecciones del mes pasado y el único en el que ha surgido evidencia de fraude electoral. Una coalición de partidos de la oposición impugna algunos de esos resultados, alegando procedimientos de votación injustos.

La secuencia en El Casabe proporciona una mirada rara sobre cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta garantizar su supervivencia política en medio de una crisis económica sin precedentes definida por la hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso de los servicios públicos, dicen grupos de derechos humanos y activistas de la oposición. Dicen que es un mal precedente para la  elección fijada para el mes de diciembre para elegir a 335 alcaldes en toda Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su administración, dice que Maduro está desmantelando las instituciones democráticas y cediendo más poder a los militares.

Los funcionarios de la oficina del gobernador de Bolívar y el gobierno de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco han comentado públicamente sobre el asunto. No han cuestionado la autenticidad de 13 comprobantes de las máquinas de votación del estado Bolívar que mostraron una discrepancia.

Aldrin Torres, vicepresidente del Partido Socialista del Congreso estatal de Bolívar, dijo en una entrevista que “si hubo fraude, tienen canales adecuados de apelación a los que recurrir”.

El lunes, el Consejo Electoral incumplió el plazo legal para responder a una denuncia del candidato de la oposición Bolívar, Andrés Velásquez, un activista sindical conocido a nivel nacional cuyo equipo descubrió la evidencia del fraude.

Daniel Prieto, el máximo funcionario del estado boliviano del Consejo Electoral, declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a la sede del consejo en Caracas, que no hizo ningún comentario. El general Noguera no respondió a las solicitudes de comentarios.

El estado de Bolívar es una potencia económica donde los militares están tomando un papel principal. Es el hogar de las principales plantas de acero y aluminio del país, la energía hidroeléctrica y los grandes yacimientos de oro y diamantes, por lo que es una fuente vital de divisas para el gobierno con problemas de liquidez.

El general Noguera sucedió a un gobernador del Partido Socialista, otro general retirado. Velásquez amenazó la continuidad representada por la elección del general Noguera, dicen algunos críticos.

“Un candidato de oposición como Velásquez amenazó los intereses comerciales de los militares”, dijo el general retirado Cliver Alcalá, que dirigió el distrito militar de Bolívar hasta 2013, pero desde entonces ha roto con Maduro. “Es por eso que el fraude para mantener el status quo allí era tan obvio, tan desesperado”.

Pero la coalición opositora no se ha unido a la queja de Velásquez debido a divisiones internas, otros problemas nacionales apremiantes y el temor de darle demasiada atención antes de las elecciones presidenciales planificadas, según Luis Salamanca, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela.

El voto en El Casabe ilustra lo que la oposición dice que es un patrón de prácticas electorales sospechosas que comenzó con una votación nacional a principios de este año para elegir a los miembros de una poderosa Asamblea Constituyente. Las autoridades venezolanas manipularon los votos durante ese proceso, de acuerdo con la compañía con sede en Londres que proporcionó el software de votación y las máquinas electrónicas para ello. El gobierno negó la acusación.

La mayoría de los 800 votantes registrados de El Casabe trabajan en remotas minas de oro ilegales, dejando solo una fracción de los posibles votantes diseminados en unas pocas docenas de chozas de madera el día de las elecciones el mes pasado, dijeron docenas de residentes en entrevistas. Eso hizo que los 667 votos que obtuvo Noguera en una participación récord del 85% fuera poco probable.

La mañana después de que los votantes emitieran sus votos, los resultados preliminares estatales publicados por el Consejo Electoral dieron a Velásquez una ventaja de casi 1 punto porcentual con el 97% de las encuestas contadas. Horas después, los resultados del estado de Bolívar desaparecieron del sitio web del CNE sin explicación.

Luego, los militares se movieron para rodear la oficina electoral en Ciudad Bolívar, mientras los soldados cargaban lo que parecían ser las boletas manuales y tarjetas de memoria de las 53 máquinas de votación de las 1.500 que no podían transmitir automáticamente, dijeron testigos, entre ellos Gustavo Lainette, representante de Velásquez ante el Consejo Electoral.

Dijo que los soldados le prohibieron entrar en el edificio, ya que los funcionarios electorales regionales registraron manualmente los resultados restantes en el sistema nacional sin la presencia de sus colegas, como lo exige la ley.

“Los soldados me dijeron ‘este es un evento privado del PSUV’ cuando traté de ingresar”, dijo Lainette.

En El Casabe, los funcionarios electorales le dieron a Noguera nuevos votos ficticios, mientras que en algunas otras ciudades le quitaron los votos a Velásquez, según una comparación de los recibos de votación con los resultados oficiales.

Un residente de El Casabe, José García, dijo que emitió un voto nulo en protesta contra todos los candidatos; sin embargo, el CNE muestra boletas con cero votos nulos para la aldea.

El partido Causa R dijo que las pruebas de fraude han debilitado la confianza en el sistema electoral y se ha unido a otros grupos de la oposición para pedir el boicot de la próxima votación para elegir alcaldes. “Hoy ya no se trata de la gobernación de Bolívar”, dijo José Prat, legislador de Causa Radical para el centro industrial de Puerto Ordaz.

El residente de El Casabe Braulio Méndez, un minero, dijo que votó a regañadientes por el partido gobernante para recibir una bolsa prometida de alimentos subsidiados, pero luego lo lamentó después de enterarse de los resultados. “Todos aquí están descontentos”, dijo.

Cuando Ana, veterana de cinco años de la policía nacional, termina su turno de noche patrullando los peligrosos barrios bajos de esta ciudad, a menudo llega a casa sólo para recoger su equipo antidisturbios y salir de nuevo para enfrentar las protestas enérgicas contra el gobierno de Venezuela.

En esas líneas de frente, ella y sus colegas usan gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes cada vez más desesperados armados con piedras, cócteles molotov e incluso bolsas de heces. Los enfrentamientos tienen lugar en un calor abrasador, y dice que las autoridades no le proporcionan comida, agua o pago de horas extras.

Ana, que junto con otras personas citadas en este artículo, pidió que su apellido no sea utilizado por temor a la retribución oficial, es uno de los 100.000 oficiales de seguridad venezolanos, mayormente de 20 años de edad, que protegen al gobierno de cada vez más impopular presidente Nicolás Maduro de la creciente agitación .

Ella y muchos de sus colegas agotados dicen que están vacilando cuando las protestas entran en una séptima semana sin ningún fin a la vista.

“Un día me apartaré y me alejaré, mezclándome con la ciudad”, dijo. “Ningún oficial promedio apoya más a este gobierno”.

La lealtad de las fuerzas de seguridad una vez feroz hacia el carismático predecesor de Maduro, Hugo Chávez ha dado paso a la desmoralización, el agotamiento y la apatía en medio de un colapso económico y de protestas interminables, dijeron ocho agentes de seguridad de diferentes fuerzas y ubicaciones en entrevistas con The Wall Street Journal.

La mayoría de ellos dicen que sólo quieren ganar un salario estable en medio de la escasez de alimentos y un sector privado diezmado. Otros dicen que el temor de un consejo de guerra los mantiene en la línea.

“Sólo estamos tratando de sobrevivir”, dijo la oficial de policía de Caracas, Viviane, una madre soltera que dice que se presenta para el deber de protesta para poder alimentar a su hijo de 1 año de edad. “Me encantaría dejar esto, pero no hay otros trabajos”.

Un oficial de la policía venezolana de tiempo completo o miembro de la Guardia Nacional, la policía militarizada del país encargada del control de disturbios, hace que el salario mínimo nacional sea de unos 40 dólares al mes a las tasas de cambio del mercado negro.

“Las fuerzas de seguridad sufren lo mismo que el resto de la sociedad de la crisis económica”, dijo el general retirado Miguel Rodríguez Torres, comandante de la policía nacional en la última ola de disturbios antigubernamentales en 2014.

La actual ronda de protestas, desencadenada a finales de marzo por un intento de los jueces aliados de Maduro para disolver el congreso, ha llevado a 43 muertes hasta el momento, en su mayoría de manifestantes. Miles de manifestantes han sido arrestados y cientos están siendo juzgados en tribunales militares por traición.

El epicentro de las protestas ha sido la línea en la que el centro de Caracas se encuentra con los municipios orientales de la capital. Ambos lados ven el control del centro de la ciudad como vital. La última gran marcha antigubernamental que logró llegar al palacio presidencial allí llevó a un golpe de corta duración en 2002 contra Chávez. La oposición dice que el gobierno cada vez más aislado tiene miedo de perder el control si una manifestación rompe su fortaleza.

“Esta es una guerra de desgaste”, dijo Luis García, un estudiante activista que ha estado a la vanguardia de las protestas. “Quien se canse primero perderá.”

La mayoría de los días siguen el mismo patrón: una manifestación inicialmente pacífica se desintegra en violencia mientras las fuerzas de seguridad disparan gases lacrimógenos y balas de goma para bloquear el avance de los manifestantes. El grueso de los manifestantes entonces huye, dejando el campo a los centenares de jóvenes encapuchados que se llaman la resistencia, construyen barricadas y los oficiales de batalla en la noche.

Por Anatoly Kurmanaev

Traducido por RunRun.es

La fiscal general de Venezuela, ya bajo presión por haber criticado al gobierno autoritario que ella representa, condenó el miércoles la violencia estatal contra manifestantes, denunció la inflación estratosférica que hay en su país y elogió la constitución que el presidente Nicolás Maduro quiere eliminar.

Los comentarios de la fiscal general, Luisa Ortega a The Wall Street Journal, en una rara entrevista, parecen confirmar su ruptura con el régimen izquierdista y radical, que espera una lealtad incuestionable, al tiempo que lucha con una oleada creciente de disturbios públicos.

Maduro ha intensificado la represión del gobierno contra las protestas y los disturbios civiles que han costado al menos 31 vidas en las últimas semanas. El miércoles, impactantes vídeos se hicieron virales en las redes sociales mostrando a la Guardia Nacional usando vehículos blindados de control de disturbios para atropellar manifestantes en Caracas. El incidente fue confirmado por el alcalde del municipio Chacao en Caracas.

Con un país rico en petróleo sumido en una penosa crisis económica y una lucha de poder entre el gobierno y la oposición, las críticas cuidadosamente formuladas por la señora Ortega del carácter autoritario de Maduro, la convirtieron en un rostro poco probable de disentir después de haber servido una década como pilar del gobierno socialista.

“Es hora de llegar a un acuerdo con nosotros mismos”, dijo la abogada de 59 años en su oficina de la capital. “Es hora de mantener conversaciones y negociar. Esto significa que uno tiene que ceder en las decisiones por el bien del país “.

Es una forma de hablar muy inusual en un funcionario venezolano de alto rango, especialmente uno como Ortega, quien desde hace tiempo, ha desatado la ira de los grupos de derechos humanos por utilizar lo que se consideran “tribunales canguro” para encerrar a los enemigos políticos, así como presuntamente ayudar al Gobierno a enterrar casos de enorme corrupción.

El gobierno parece estar tratando de desviarla a un lado frente a sus muestras de independencia. Sus discursos ya no reciben cobertura en vivo de la televisión estatal, ha perdido sus guardaespaldas y el gobierno de Maduro ha aumentado el uso de tribunales militares para eludir la fiscalía.

Ortega ha denunciado el uso de grupos civiles armados que actúan a la orden del gobierno. Ha instado a que se respete el derecho de protesta y se garantice el debido proceso, quejándose de cientos de detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y la policía de inteligencia. Sus comentarios socavan el argumento del Gobierno de que la violencia callejera que envuelve a la nación proviene exclusivamente de agitadores de derecha.

“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están apegadas a la ley”, dijo Ortega.

Nacida en una familia rural de ocho personas, Ortega dijo que el mensaje de inclusión social propagado por el carismático predecesor de Maduro, Hugo Chávez,la cautivó mientras trabajaba como abogada penal provincial en los años noventa.

Se unió al gobierno de Chávez como asesora jurídica cuando ganó la presidencia y volvió a redactar la Constitución en 1999, y desde entonces ha estado casada con un legislador del partido gobernante.

Sólo una copia azul de bolsillo de la constitución adorna su escritorio, y en su oficina no hay imágenes Maduro. “Esta Constitución es inmejorable”, dijo Ortega. “Esta es la constitución de Chávez”.

Esa misma constitución es la que Maduro ahora dice que necesita rehacer. Grupos de derechos han criticado esa iniciativa como el último esfuerzo del líder impopular para evitar las elecciones que las encuestas muestran que su partido perdería fácilmente.

El empuje para reformar la constitución también ha sido criticado desde Estados Unidos, donde los senadores presentaron el miércoles un proyecto de ley instando al presidente Donald Trump a tomar medidas más duras para enfrentar la crisis de Venezuela, incluyendo sanciones a funcionarios venezolanos responsables de abusos y corrupción.

Muchos de los críticos de Ortega dicen que ella está buscando limpiar su imagen en caso de un cambio de gobierno en Caracas. “No confío en ella. No puede cambiar su máscara con tanta facilidad “, dijo la manifestante Marta Corrales en una protesta.

Otros dicen que sus intenciones son más sinceras y vienen en respuesta a su pérdida de poderes cuando Maduro intenta consolidar el control en todo el gobierno. “Lo que la fiscal está haciendo parece ser genuino”, dijo Nizar El Fakih, un abogado que ha defendido a una gran cantidad de destacados presos políticos venezolanos. En una nación polarizada, agregó, “ella está tratando de abrir una tercera vía, buscando una forma de separarse de Maduro”.

Proiuris, un grupo de vigilancia legal dirigido por El Fakih, dice que ha documentado 13 casos en los últimos seis meses de personas civiles juzgadas en tribunales militares, quitando a los fiscales del ministerio que dirige la Sra. Ortega. El grupo también ha registrado 50 casos en los que los jueces han denegado la fianza a los acusados ​​incluso después de que los fiscales recomendaron su liberación.

“Este es uno de los temas que el Estado tiene que ver con mucha preocupación”, dijo la fiscal general en la entrevista, cuando se le preguntó sobre el creciente uso de tribunales militares por parte del gobierno de Maduro.

Ortega mostró su descontento por primera vez en el sorpresivo anuncio que hizo el 31 de marzo. En un discurso anual, la Sra. Ortega se detuvo para denunciar una ruptura del orden constitucional después de que Maduro intentara transferir poderes de la Asamblea Nacional controlada por la oposición a su aliados en el Tribunal Supremo de Justicia.

La televisión estatal cortó rápidamente la transmisión de su discurso, que generó una ovación de los asistentes a la rueda de prensa de la fiscal.

Otras veces, su crítica ha sido más sutil, e incluso críptica. En un reciente post en Twitter, recomendó a sus 411 mil seguidores, leer un ensayo del filósofo italiano del siglo 20, Norberto Bobbio, titulado “Democracia y Secreto”. En la obra se discute cómo el autoritarismo y los poderes oligárquicos, a menudo se enmascaran detrás de los principios democráticos.

“No es fácil descifrar qué juego juega, qué calcula”, dijo el profesor de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Antonio Canova. “Pero lo que está claro es que ahora se ha convertido en un problema para el gobierno”.

Hospitales deteriorados en casa hace que las mujeres embarazadas crucen la frontera, donde inunda el sistema público de salud colombiano. 

Sara Schaefer Muñoz

The Wall Street Journal

CÚCUTA, Colombia – Temerosa de tener un bebé en un tenebroso hospital venezolano, Gerlimar Pastrán tomó un viaje de nueve horas en autobús hasta el borde de esta ciudad en Colombia para dar a luz a principio de mes a un varón sano en una sala de maternidad funcional.

Ella es una de las cientos de mujeres venezolanas embarazadas que han entrado a Colombia en los últimos meses para tener a sus bebés, inundando el sistema público de salud colombiano y evidenciando el rápido deterioro de las condiciones de los hospitales venezolanos.

“Escuché historias de madres y sus bebés muriendo en trabajo de parto”, dijo Pastrán, de 30 años, quien sufrió de una peligrosa subida de presión antes de llegar aquí con su esposo. “Estaba asustada. Pensé ‘si hay complicaciones, pudiese morir”.

Cientos de venezolanos se han congregado en Colombia, y especialmente en la frontera del Norte de Santander, buscando tratamiento para todo desde cáncer hasta problemas renales desde principios de 2016, aseguran autoridades de salud colombianas. Al menos 1000 de ellos han sido madres en espera como Pastrán, mujeres escapando una crisis económica marcado por la escasez de comida y una mortalidad infantil tan alta como en la guerra en Syria.

“El problema de Venezuela está cayendo en nosotros”, dice Carlos Eduardo Gómez, un obstetra en Cúcuta en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde sus ocupadas sala de maternidad ven a la mayoría de mujeres que llegan buscando cuidado, incluyendo Pastrán. “Aquí las vamos a recibir a todas”, agrega.

Gustavo Díaz en el Home Depot en Hoover, Alabama, donde trabaja. PHOTO: ANATOLY KURMANAEV

HOOVER, Alabama— Gustavo Díaz, un vendedor de tornillos en un local de Home Depot del centro de Alabama, es el enemigo público No. 1 del gobierno revolucionario de Venezuela.

En sus descansos para almorzar en su trabajo en la sección de ferretería, Díaz, de 60 años, hace más que nadie por fijar el precio de todo, desde el arroz a las aspirinas pasando por los autos, en su Venezuela natal, influyendo en la tasa de inflación y moviendo millones de dólares diarios en transacciones de divisas.

¿Cómo lo hace? Es el presidente de uno de los sitios web más populares e insurgentes de Venezuela, DolarToday.com, que ofrece un tipo de cambio de referencia utilizado por sus compatriotas para comprar y vender dólares en el mercado negro y burlar uno de los controles cambiarios más rígidos del mundo.

El presidente socialista Nicolás Maduro ha acusado a DolarToday de dirigir una “guerra económica” contra su asediado gobierno y prometió encarcelar a Díaz y a sus dos socios, otros expatriados venezolanos en Estados Unidos. El banco central venezolano interpuso dos veces una demanda contra el sitio web en tribunales estadounidenses, las que fueron desechadas por los jueces. El gobierno también ha recurrido a hackers para lanzar constantes ataques contra el sitio, dijo Díaz, forzándolo a utilizar sofisticadas defensas.

“DolarToday es una estrategia del Imperio para golpear la moneda y tumbar a Maduro”, dijo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz a principios de este año, afirmando que el “Imperio” (EE.UU. para el gobierno venezolano) orquestaba el trabajo del sitio. “Quienes defienden al DolarToday son enemigos del pueblo”, acusó. El Departamento de Estado de EE.UU. se negó a comentar al respecto.

El presunto cerebro del complot usa una gorra de béisbol con el logo de la Universidad de Alabama. En su trabajo responde a las preguntas de los clientes sobre qué tipos de tornillos utilizar para colgar estantes.

Díaz, un coronel retirado del ejército que fue recibió entrenamiento militar en EE.UU., trató de derrocar al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, participando en el fallido golpe de estado de 2002 en su contra. Pero Díaz, que fue subjefe de seguridad del empresario que brevemente tomó el poder en el fracasado derrocamiento de Chávez, dijo que sus días de conspiración habían terminado.

Ahora, aseveró, lucha por la libertad económica y por el acceso de los venezolanos a la información en un país que mantiene en secreto datos financieros y de otro tipo. Venezuela atraviesa una recesión que ha dificultado el acceso a suficiente alimento y medicinas para la mayoría de sus 30 millones de habitantes.

“Es irónico que con DolarToday en Alabama haga más daño al gobierno que lo hice como militar en Venezuela”, dijo Díaz, un hombre bajo de estatura y de voz suave con una melena gris.

En 2005 se mudó a Alabama, donde ya vivían un hermano y una hermana. Después de recibir asilo político se convirtió en ciudadano estadounidense.