Human Right Watch archivos - Runrun

Human Right Watch

Human Rights Watch califica como contundente informe de la ONU sobre Venezuela

El director Ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, calificó este sábado como “contundente” el informe presentado el pasado viernes por la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

“Es lo más contundente que las Naciones Unidas ha publicado hasta ahora sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, lo más interesante del informe es que recomienda, el Alto Comisionado, que la Corte Penal Internacional se meta de lleno en el caso de Venezuela”,  dijo duarnte un entrevista al canal NTN24.

A juicio la recomendación es consecuencia no sólo a la cantidad de “atrocidades cometidas por parte del régimen de Maduro, sino también porque el Alto Comisionado concluye que allí no hay posibilidad de investigaciones internas, porque no hay un poder judicial, no hay autoridades, no hay instituciones, capaces de investigar y procesar estos hechos atroces”.

Asimismo, puntualizó además que el Alto Comisionado también recomendó “la creación de una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este es un mecanismo que solamente se ha utilizado en casos extremos, como el caso de Corea del Norte, Libia, Siria, Sri Lanka y la ex Yugoslavia”.

Vivanco destacó que esta acción es una muestra de cómo la comunidad internacional está trabajando para solucionar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Con información de NTN24

Human Rights Watch y Foro Penal Venezolano: Al menos 275 civiles han sido juzgados por tribunales militares

DetenidosVenezuela

 

Human Right Watch y el Foro Penal Venezolano reportaron nuevos abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares e indicaron que al menos 275 civiles han sido juzgados por tribunales militares.

En el pronunciamiento en conjunto, las organizaciones explicaron que en todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado información sobre los casos con familiares. Human Rights Watch entrevistó a varios abogados que representaron a detenidos.

Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falcón, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de Táchira. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar de que no existe ningún récord público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo, indicaron, la información provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos.

Entre las denuncias están que los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad. Las audiencias, explican, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.

Otras de las denuncias es que los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno. Tampoco se ha fijado una hora para las audiencias con antelación, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares.

Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron también que en los casos en que sí ingresan, generalmente sólo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal recién cuando están en la audiencia y no pueden tomar fotografías ni hacer copias de los expedientes. Igualmente existen  casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición” por supuestos actos de violencia durante protestas.

 

Estándares internacionales de derechos humanos

Las organizaciones recordaron que tanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

HRW: En Venezuela la situación empeora y el Gobierno no admite su fracaso

José Miguel Vivanco, director de HRW

 

Ante la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, el director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresó ese lunes que ve con gran preocupación dicha situación y cuestionó que el gobierno persiga a quienes quieran buscar ayuda en el exterior para paliar el déficit de medicamentos y alimentos.

En entrevista con Cesar Miguel Rondón por el circuito Éxitos de Unión Radio, afirmó que la situación en el país “no mejora sino que empeora” y que al respecto el Gobierno Nacional “no admite su fracaso, no pide ayuda internacional en materia de alimentación y medicinas y persigue a quienes denuncian estos hechos”.

“Las investigaciones que hacemos en el terreno, tanto de la crisis humanitaria como la política, se agudizan ante amenazas permanentes de las Fuerzas Armadas contra las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional”, dijo Vivanco.

Asimismo, alertó el uso represivo contra manifestantes en protestas civiles y las últimas actuaciones del poder judicial contra la oposición. “Este cuadro es realmente de abusos y arbitrariedades permanentes donde no hay controles, no hay una instancia independiente en Venezuela capaz de prevenir, sancionar o frenar abusos”, agregó.

HRW: OEA debería presionar al gobierno venezolano para que desistan de los cargos contra disidentes presos

rtsevw5-sized

 

Human Rights Watch emitió un comunicado en el que le piede a la Organización de los Estados Americanos (OEA) presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados “arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra”. Igualmente le piden a la OEA exigir que se investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.

HRW explicó que la petición para que desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno, y que la mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. Agregaron que, en varios casos, aunque el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia. En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos, agregaron.

“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.

De las 21 personas detenidas, todas menos dos han sido imputadas penalmente por delitos y nueve siguen detenidas.

Apuntaron que desde febrero de 2014, las autoridades venezolanas han detenido, procesado y condenado arbitrariamente a líderes políticos de oposición, así como también a otros activistas menos prominentes. López y otras personas arrestadas arbitrariamente durante las protestas contra el gobierno en 2014 siguen detenidas o procesadas.

Desde junio de 2016, el gobierno también habría despedido a decenas de trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en todo el país como represalia por apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Cientos de personas más que apoyaron el referéndum habrían sido despedidas de otras oficinas públicas en circunstancias similares.  La falta de independencia judicial en Venezuela ha facilitado que ocurran este tipo de procesamientos y despidos arbitrarios, observó Human Rights Watch.

Uno de los principios clave consagrados en la Carta Democrática Interamericana, adoptada hace 15 años por la OEA, es “la separación e independencia de los poderes públicos”. La Carta estipula que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender ese principio.

El Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó un informe exhaustivo el 30 de mayo, en el cual instó a que se aplique la Carta a Venezuela. El informe describe en detalle la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país. El 23 de junio, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para evaluar el informe de Almagro. Aunque Venezuela sostuvo que mantener un debate sobre el informe sería violatorio de su soberanía, la mayoría de los países miembros votaron a favor de avanzar en este sentido y evaluar el cumplimiento de la Carta por parte de Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano declaró que el gobierno está a favor del “diálogo y la diplomacia de paz”, pero Maduro ha señalado que el diálogo con la oposición venezolana debe ser “incondicional”. La oposición ha manifestado que, como parte de cualquier diálogo, el gobierno debe liberar a los presos políticos y aceptar que se lleve a cabo el referéndum revocatorio durante 2016.

“Si Maduro pretende suspender el proceso de la Carta Democrática que ya se ha iniciado, deberá demostrar resultados concretos y que su gobierno está terminando con las prácticas abusivas”, destacó Vivanco. “Como parte de cualquier diálogo genuino, los Estados Miembros de la OEA deberían presionar a Venezuela para que desista de encarcelar a sus críticos y termine con la represión de la disidencia”.

Los casos documentados por HRW

En varios casos, explicó HRW en texto, los detenidos declararon ante la justicia que habían sufrido abusos físicos que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o muerte. Los patrones de maltrato que describen son coincidentes con casos que Human Rights Watch ha documentado en los dos últimos años en Venezuela. Algunos detenidos señalaron que fueron torturados para obligarlos a confesar delitos, y que agentes del SEBIN grabaron estas confesiones forzadas.

La mayoría de los casos registrados por esta organización, eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. Las autoridades vincularon a 10 de esas personas con una manifestación contra el gobierno en la cual personas no identificadas habían atacado a policías. La fiscalía sostuvo que la mayoría fueron aprehendidas mientras perpetraban o preparaban actos de violencia, pero no aportó pruebas creíbles para justificar estos señalamientos. Algunas personas declararon que ni siquiera habían participado en la manifestación.

Diversos informes policiales y señalamientos de fiscales y jueces citan publicaciones políticas lícitas como prueba contra los detenidos, según consta en expedientes judiciales y en declaraciones de funcionarios públicos o partidarios del gobierno. Entre las publicaciones se incluyen volantes que pedían la liberación del líder opositor Leopoldo López y documentos para impulsar un referéndum revocatorio. Entre las pruebas contra algunos detenidos se incluyó una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia. Una de estas personas fue acusada sobre la base de información aportada por un “patriota cooperante” anónimo, a pesar de que el fiscal manifestó ante el tribunal que no sería procedente presentar cargos en ese caso.

Hubo funcionarios gubernamentales y políticos oficialistas que anunciaron las imputaciones contra muchos de estos detenidos antes de que la justicia las hubiera dado a conocer, dijo Human Rights Watch.

Los 19 detenidos que fueron finalmente llevados ante la justicia tuvieron la posibilidad de contactar a un abogado recién pocos minutos antes de la audiencia con el juez, lo cual en la mayoría de los casos sucedió después de transcurrido el plazo máximo legal de 48 horas establecido por el derecho venezolano, según dijeron familiares y abogados. Dos detenidos fueron liberados sin que se formularan cargos y nunca fueron llevados ante un juez. Uno de ellos declaró ante un fiscal que fue mantenido incomunicado durante cinco días en una sede del SEBIN en Caracas, donde sufrió graves abusos, y posteriormente fue liberado. El otro declaró en una presentación escrita ante un fiscal que lo liberaron tras ser obligado a firmar una hoja en blanco en una sede del SEBIN en el estado de Zulia.

 

*Con información de HRW

Human Rights Watch pide revocar decreto de Estado de Excepción de Maduro

HRW

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno, manifestó hoy Human Rights Watch.

Para HWR, el decreto de emergencia del Presidente Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.

“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”.

En la práctica, el “estado de excepción” declarado por el Presidente Maduro podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos, apunta la organización, “que ya están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión”.

Recordaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero sólo ante situaciones excepcionales que “pongan en peligro la vida de la nación”.

Incluso en esos casos, continúan, los gobiernos sólo pueden derogar sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación” y para Human Rights Watch el Decreto declarado por Maduro no cumple con estos requisitos. Indican que, por el contrario, “pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes”.

Human Rights Watch asegura que dadas la interpretaciones autorizadas de la Carta Democrática Interamericana ofrecidas por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA dejan en claro que situaciones como las actuales en Venezuela —donde el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno— justifican una respuesta activa por parte de la OEA, con o sin el consentimiento del gobierno venezolano.

“A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia”, dijo Wilkinson. “La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore”.

Este pronunciamiento de HRW llega el mismo día que el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, formalizará la petición ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.

 

*Con información de nota de prensa