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HRW: “no queda ni una fachada de proceso democrático” en Venezuela
La ONG considera que las sentencias emitidas por el TSJ contra los partidos de oposición, viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas

 

Este martes, 7 de julio, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra los partidos opositores y ha advertido de que en el país sudamericano “ya no queda ni una fachada de proceso democrático”. 

“Cuando un poder judicial que responde a Nicolás Maduro, descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el TSJ expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

La ONG considera que, con estos fallos, el gobierno viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que, con las condiciones actuales, no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.

Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra Un Nuevo Tiempo, la otra formación del denominado G4 de la oposición en Venezuela.

“El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado”, subrayó Vivanco en un comunicado.

Desde 2012, el TSJ ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores. Las condiciones previas a las últimas elecciones no fueron en absoluto equitativas. Se inhabilitó en forma arbitraria a opositores para que no se postularan a funciones públicas y hubo señalamientos creíbles de discriminación política en el empleo público. Estas acciones afectan gravemente la posibilidad de numerosos venezolanos de expresar sus opiniones libremente. Asimismo, en elecciones anteriores, las autoridades venezolanas han usado el hambre como herramienta para el control social y político.

Las últimas elecciones, celebradas en 2017 para elegir a miembros de la Asamblea Constituyente, estuvieron marcadas por los señalamientos de fraude que planteó Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para supervisar la votación. La empresa concluyó que se habían manipulado las cifras sobre la cantidad de votantes y estimó que la convocatoria real probablemente había sido de un millón de personas menos que la informada oficialmente, de 8 millones. Hace años que no existe observación internacional independiente de las elecciones en Venezuela.

*Con información de HRW

HRW: Venezolanos en EE. UU. necesitan con urgencia protección temporal
La COVID-19 agudiza el riesgo que enfrentarían si los obligan a regresar a Venezuela

 

La ONG Human Rights Watch (HRW) abogó el miércoles 15 de abril por la aprobación de un Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos migrantes en Estados Unidos, pues considera que la pandemia de coronavirus representa un mayor riesgo si son obligados a regresar a su país.

“Ahora no es el momento de deportar a venezolanos”, expresó Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch mediante una nota de prensa.

La ONG argumenta que el colapso del sistema de salud y la censura de datos de salud pública dificultan que Venezuela pueda afrontar el COVID-19.

“Necesitan protección temporal porque actualmente no pueden regresar a Venezuela de manera segura”, añadió.

Human Rights Watch recordó que el objetivo del Estatus de Protección Temporal es proteger a los ciudadanos y residentes habituales de países que atraviesan condiciones extraordinarias y temporales de la posibilidad de ser enviados de regreso a sus países, si no pueden hacerlo en condiciones seguras.

De esta manera, se les permite residir y trabajar en Estados Unidos. El TPS es revocado cuando el Gobierno considera que ya es seguro para esas personas regresar.

“El gobierno de (Donald) Trump debería conceder el TPS a los venezolanos sin que se lo ordene el Congreso”, subrayó Frelick. Sin embargo, considera que si el Gobierno no actúa con rapidez, “el Congreso debería intervenir y otorgar ese estatus a los venezolanos por los próximos 18 meses”.

Human Rights Watch refiere que hasta marzo de 2020 había más de 108.000 solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó además en junio de 2019 que en ese país hay cerca de 200.000 venezolanos que reunirían los requisitos para obtener el TPS.

La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó este jueves que enviará una misión de investigación a Chile.

A través de su cuenta en Twitter, Bachelet anunció que luego de monitorear la crisis, ha decidido enviar una comisión para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Afirmó que parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de Human Rights Watch (HRW).

El aumento del precio del del Metro marcó el inicio de una oleada de protestas que, con el paso de los días, despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y los altos precios de luz, gas, educación universitaria y salud, generando un estallido social que no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública pero autónoma que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas del orden, registró en su último balance de la noche de este miércoles un total de 2.410 detenidos en todo el país.

 

De estos hechos, 898 detenciones se produjeron en Santiago, donde este miércoles se reunieron en Plaza Italia alrededor de 100.000 personas para mostrar su descontento, y 1.512 en el resto del país.

Las protestas han dejado además al menos 18 fallecidos, entre ellos dos colombianos, un peruano y un ecuatoriano, y del total hay al menos cinco que murieron presuntamente a manos de agentes del Estado.

 

*Con información de TalCual

HRW: Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de “resistencia a la autoridad” que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales.

En su informe “Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos”, HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017.

Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del Ministerio de Interior.

Además, la ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.

El organismo de la ONU concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros de ese cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos.

Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Además, Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Las FAES han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó la ONG.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

 

*Vea el informe completo en HRW

HRW le pide a la ONU crear una comisión para investigar los “abusos” del gobierno venezolano

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión de investigación para “identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro”.

“Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro, la impunidad es la norma, más de 4 millones de personas han huido del país, el régimen descalificó el informe de la Alta comisionada, en 20 años permitió solo la visita de un relator “, denunció Vivanco ante la ONU.

Durante su intervención en Ginebra expresó que “Ante la falta de justicia es necesario crear una comisión que investigue los abusos e identifique a los responsables. 

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco ratificó que “no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas”, en referencia al discurso que presentó hoy en la ONU.
 

 
 
 
 
Human Rights Watch: ONU debe declarar emergencia humanitaria en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), exigió a la Organización de las Naciones Unidas declarar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

La exigencia, con carácter de urgencia, fue expresada en un informe realizado por la organización y expertos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

En el informe los expertos documentaron el aumento en los índices de mortalidad materna e infantil, el déficit alimentario de la población –con índices de desnutrición inquietantes– y el surgimiento de brotes de enfermedades que podrían ser prevenidas con vacunación, como sarampión y difteria, además de un gran aumento en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis.

“La combinación de estos factores es explosiva para la salud de la gente, y lo grave es que muchas de las organizaciones locales dicen que podrían hacer mucho más para paliar la situación, pero no pueden por las trabas que les pone el gobierno”, dijo a Infobae Tamara Taraciuk Broner, abogada senior para las Américas de HRW y una de las responsables del estudio.

El trabajo denuncia un ocultamiento de la realidad por quienes están en el poder.

“Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para ponerle fin a la crisis, sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país”, recalcó Broner.

Según HRW, el secretario general del organismo internacional, António Guterres, es quien “debería liderar los esfuerzos para definir una respuesta a gran escala que permita abordar la situación dentro y fuera del país”.

Además de declarar la emergencia humanitaria compleja, Guterres debería encargarle al Coordinador de Socorro de Emergencias de la ONU, el británico Mark Lowcock, quien también dirige la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), “que aborde la crisis venezolana como un asunto prioritario que requiere movilización de esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria”.

El secretario general de Naciones Unidas debería también, siempre según HRW, urgir a las autoridades venezolanas “que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, epidemiología, seguridad alimentaria y nutrición para que la ONU pueda llevar adelante una evaluación completa de las necesidades humanitarias y de la magnitud real de la crisis en todo el país”.

 

*Con información de Infobae

 

HRW y Foro Penal: Fuerzas de seguridad han torturado a decenas de militares y civiles en Venezuela

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VENEZOLANAS han detenido y torturado a decenas de militares y algunos de sus familiares acusados ​​de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años, dijeron dos grupos de derechos humanos en un informe publicado este 9 de enero.

El reporte de 10 páginas de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y el Foro Penal de Venezuela, que también señala a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles acusados ​​de ayudar a un expolicía rebelde asesinado (Óscar Pérez), se conoce cuando algunos países presionan a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad, señala la agencia Reuters.

En el reporte se citaron 32 casos en los que personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron sometidas a golpizas, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas.

Los agentes de inteligencia “no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”, agregó Vivanco.

En un caso citado en el informe, el día antes de que Maduro ganara la reelección el 20 de mayo del 2018 -en comicios que opositores y críticos consideraron una farsa- oficiales armados sin identificación arrestaron a José Marulanda, compañero sentimental de una sargento del Ejército acusada de conspirar contra el gobierno.

Marulanda, un médico colombiano-venezolano de 53 años, fue golpeado tan severamente en la cabeza en la sede de Dgcim que perdió la audición en su oído derecho, dijeron los grupos.

Con frecuencia, Maduro acusa a Estados Unidos y al gobierno de la vecina Colombia de conspirar para derrocarlo.

Funcionarios venezolanos también dicen que los grupos de derechos humanos minimizan actos violentos de la oposición, incluido una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la policía con explosivos.

Pero el informe del miércoles, que documenta varios incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el gobierno está preocupado por la lealtad de los militares tras la crisis económica del país, que provocó una ola migratoria sin precedentes.

Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, en comparación con un total de 196 en todo 2017, según documentos revisados ​​por Reuters.

HRW advirtió de un empeoramiento de los derechos humanos en Latinoamérica

EL DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE LA ONG Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dibuja un oscuro presente para los derechos humanos en Latinoamérica y advirtió sobre su “empeoramiento” en el futuro cercano.

“Se viene un periodo complejo, entramos en una etapa compleja, difícil, aún más difícil que la que hemos enfrentado desde el punto de vista de los derechos humanos”, asegura Vivanco en una entrevista con Efe tras concluir en Nueva York unas jornadas de reflexión de su ONG.

En su conversación, Vivanco desgrana los que a su juicio son los problemas más graves que afrontan muchos de los países de la región, aunque dejó claro que existen realidades “muy distintas” en Latinoamérica.

“Entre las cuestiones que son preocupantes, lo primero que me parece necesario destacar es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad”, asegura el responsable de HRW, que hace hincapié en lo duro de su trabajo, “donde normalmente, lo usual es perder, no ganar”.

Para Vivanco, muchas veces, la respuesta a esta inseguridad que, “en distintos grados”, preocupa a toda la zona, “es la mano dura, y con argumentos demagogos de que el incremento de penas, la militarización de la policía o el descenso de la edad penal” contribuyen a su mejora.

Desde HRW consideran que estas medidas son “una fuente de abusos casi inagotable”, con un aumento de “la brutalidad y prácticas como la tortura, ejecuciones y cárceles repletas de procesados sin condena”.

El responsable para la Américas de HRW advirtió de que esto constituye “un problema muy serio” en países como México, Brasil o en Venezuela, país este último “con las tasas de homicidios y de delitos violentos más alta”, así como en Centro América, por el problema de la “violencia brutal” de las maras en Honduras, El Salvador o Guatemala.

“Frente a esto, muy pocos países han encontrado una respuesta profesional y que genere confianza sin que signifique más violaciones”, subraya.

Vivanco, para quien “lo que empuja (a un trabajador humanitario) es un elemental principio de solidaridad con los más vulnerables”, va más allá y cree que otro grave problema en la zona es el “surgimiento de gobiernos civiles populistas” como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Venezuela y Ortega ven en Cuba un modelo y caminan abiertamente en esa dirección. La clave es impedir que se consoliden dictaduras propias de los 70. Aún no lo han logrado, pero están muy cerca de hacerlo”, dice, antes de acentuar que en solo tres meses de represión en Nicaragua en 2018 murieron más del doble de personas que en Venezuela en los últimos años.

El directivo chileno de HRW sostiene que la opinión pública debe entender que en la lucha por la defensa de los derechos humanos no puede haber un “doble rasero”, insistiendo en que hay que perseguir las violaciones tanto en países con gobiernos de derechas como de izquierdas, populistas o con legitimación popular.

“Todos tienen que estar sujetos a las mismas reglas, si uno hace la vista gorda hacia algunas violaciones, ese es probablemente el principal cáncer contra el avance de los derechos humanos a nivel global”, sentencia.

Además de los “fenómenos extremos” de Venezuela o Nicaragua, Vivanco advierte contra el surgimiento de “líderes populistas fundamentalistas” en “los países más grandes”, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el brasileño Jair Bolsonaro, a quienes acusa de no tener “conciencia de respetar las reglas del juego democrático”.

“Están convencidos de que su sola presencia y el ejercicio del poder les permitirá abordar los graves problemas de esos países”, agrega Vivanco: “El ciudadano está en la indefensión total y expuesto al ejercicio arbitrario del poder”.

Otras cuestiones denunciadas por HRW en la región es la violencia de género o la persecución de periodistas y minorías, como los indígenas o la comunidad LGTBI.

Desde “el punto de vista jurídico y de las políticas públicas, cada vez se progresa más en el respeto y los derechos de la comunidad LGTBI”, pero apunta que “esto aún va acompañado de incidentes de violencia y discriminación muy serios y muy graves”.

Asimismo, agrega: “Los indígenas no han logrado, lamentablemente, los avances de la comunicad LGTBI y siguen siendo en muchos de nuestros países los más pobres”.

Más allá de estas malas prácticas y violaciones, Vivanco pone en valor al actual presiente peruano, Martín Vizcarra, por “restablecer los principios de la lucha contra la corrupción”, o al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, por sus esfuerzos “notables” y “por mejorar las condiciones de los derechos humanos y para restablecer los derechos democráticos que fueron pisoteados por (su antecesor) Rafael Correa”.

Finalmente, Vivanco también resalta el caso de Costa Rica, que para el directivo de HRW “sigue siendo un importante aliado en la promoción de los derechos humanos”