Los uniformados fueron asesinados durante dos emboscadas registradas este fin de semana en sectores despoblados del oeste de La Victoria, en el estado Apure
Foto referencial
De manera extraoficial, a través de fuentes médicas y policiales, se conoció que este lunes 26 de abril ingresaron a las instalaciones de la morgue del hospital José Antonio Páez, en Guasdualito, los cuerpos de al menos nueve militares asesinados durante dos emboscadas registradas este fin de semana en sectores despoblados del oeste de La Victoria, en el estado Apure.
También, a través de otra fuente confiable, que pidió mantener en reserva su nombre por razones de seguridad, se pudo precisar que durante ambos eventos resultaron heridos aproximadamente 36 efectivos castrenses, de los cuales 26 fueron trasladados desde el lugar de los hechos hasta el hospital militar de San Cristóbal, mientras que los 10 restantes fueron remitidos al hospital de Guasdualito.
Durante este fin de semana un contingente de militares venezolanos fue atacado durante 72 horas por los miembros de grupos irregulares, confirma en un comunicado de prensa el ministerio para la Defensa, a cargo del general Vladimir Padrino López. Sin embargo, en este documento no se revela la cantidad exacta de efectivos militares caídos ni heridos por ambos hechos.
En el comunicado de Padrino López únicamente señalan que la FANB ha inflingido un «importante número de bajas» de bajas a los precitados grupos, que han fallecido algunos funcionarios de la FANB, y han capturado a varios sujetos.
Los voceros policiales informaron a El Pitazo que los médicos forenses se encuentran a la espera de otros tres cadáveres de los castrenses caídos en estos dos nuevos combates protagonizados por los funcionarios de las Fuerza Armada Nacional (FAN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC).
Asimismo, a través de la red social Twitter, el periodista Nathanael Sánchez, publicó un video en donde se ven algunas imágenes que corresponden a los presuntos oficiales fallecidos en esta emboscada. Wilmer Ferrebús Garabito (41), es uno de los identificados que aparecen en el material audiovisual y se desempeñaba como Sargento Mayor de Tercera dentro de la FANB, en el Batallón de Fuerzas Especiales, ubicado en la localidad de El Guayabo, del municipio Catatumbo, estado Zulia.
De acuerdo con la información de Sánchez, familiares del sargento mayor Ferrebús piden al gobierno socialista logística y traslado inmediato a la ciudad de Caracas, en la que se le hará la ceremonia de honor.
También, de manera extraoficial se conocieron algunos otros nombres, de los cuales varios también aparecen reflejados en el video que compartió Sánchez en Twitter. Sin embargo, no todos se han podido identificar. Los nombres son:
TF. (ARB) Naiwil José Torres Moreno
SM/2da. (EJB) Wilmer De Jesús Ferrebús Garabito
SM/1ra. (EJB) Ronal José Marcano Castillo
Sm/2da. (EJB) Andy José Miranda, C.I.V-14.621.209
SM/1ra. (EJB) Santiago Del Jesús Reyes Farfán, seudo “Gallina Negra”
S/1ro. (ARB) Alvaro Rafael Nariño Ostos
S/2do. (ARB) Michael Miguel Medina Sequera
S/2do. (ARB) Luis David Lira Negrón
Fuentes cercanas, publicaron a través de la plataforma WhatsApp, un video sobre las presuntas víctimas de este atentado ocurrido en #Apure.
Foro Penal informó que fueron puestos en libertad sin ser presentados en tribunales
El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este jueves en la tarde que los periodistas de NTN 24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, y miembros de la ONG Fundaredes Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado fueron liberados luego de que la Guardia Nacional los apresara en La Victoria cuando cruzaban la frontera a bordo de una canoa para cubrir el conflicto que desde hace dos semana se desarrolla en Apure.
Los reporteros y los defensores de derechos humanos fueron arrestados la tarde del miércoles, 31 de marzo, y trasladados hasta Guasdualito, en el mismo estado, donde permanecieron en el Fuerte Sorocaima.
Más temprano, Himiob había alertado que los cuatro detenidos podrían ser presentados en el Tribunal Militar 14 de Control, pero esto no ocurrió.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como varias organizaciones de derechos humanos alertaron de la detención cuando la televisora perdió el contacto con los reporteros, alrededor de las 4:30 pm. Fue este jueves cuando se supo que estaban en Guasdualito.
Los reporteros Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, del canal colombiano NTN 24, quienes se habían trasladado al estado Apure para cubrir el conflicto armado en la frontera junto a dos activistas de la Organización No Gubernamental Fundaredes, fueron detenidos en horas de la tarde de este miércoles y trasladados al Fuerte Sorocaima de Guasdualito, Brigada 92, en el municipio Páez de la mencionada entidad.
La información de la localización de los periodistas fue publicada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que denunció el hecho pocas horas después de haberse registrado. Ambos están incomunicados.
Pérez y Hernández, junto a los miembros de la ONG, fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional cuando cruzaron en canoa el río que separa Arauquita, en Colombia, de La Victoria, en Venezuela, alrededor de las 6:00 pm de este 31 de marzo.
El SNTP pidió la liberación de los periodistas que fueron detenidos de forma arbitraria.
CUANDO NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ la supuesta “muerte” del billete de 100 bolívares en cadena nacional a finales del año pasado, el concejal de Primero Justicia Carlos Andrés García jamás imaginó que días después sería encarcelado y nunca más disfrutaría de la libertad.
García fue detenido en Guasdualito, estado Apure, el 17 de diciembre de 2016. El político fue aprehendido junto a Eduard Cogollo y acusado de promover los destrozos a varias entidades bancarias en la localidad llanera.
“Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional después que habían acabado con varios bancos fue que apareció y se llevó como a 200 personas”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa en una reciente intervención en el hemiciclo.
Autoridades acusan al concejal de portar una exagerada cantidad de billetes de 100, mientras desde Miraflores denunciaban la existencia de mafias fronterizas encargadas de sustraer papel moneda venezolano.
El secretario general de PJ, Tomás Guanipa, aseguró que García fue secuestrado por el Sebin y víctima de una “siembra” de billetes.
Fue apenas en diciembre que comenzó el vía crucis para el miembro del Concejo Municipal. Recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito la salud de García comenzó a flaquear.
Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron doce días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados.
García arribó con escasas esperanzas al Hospital Central de San Cristóbal y el domingo 17 de septiembre falleció.
“Carlos murió por una enfermedad que se empeoró o produjo durante el tiempo que estuvo en prisión”, acotó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano desde una transmisión de Periscope.
El concejal incluso habría recibido una medida cautelar para tener casa por cárcel, sustitutiva que nunca fue ejecutada por los miembros del Sebin.
“Aquí hay un tema medular y es que el Estado es el único responsable por la integridad de un privado de libertad, no es la familia, no es un partido político, es el Estado”, dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
“Esto es algo que hemos venido denunciando desde hace tiempo que es la falta de atención médica que hay hacia los presos políticos. El Estado es responsable de lo que le ocurra a un detenido”, enfatizó Romero.
El desenlace fatal no es exclusivo del concejal. Con García son tres los catalogados como presos políticos muertos en cautiverio: Nadis Orozco, vinculada al asesinato de Robert Serra y Rodolfo González, quien se suicidó en su celda luego que fuese señalado de terrorista por el propio Maduro en cadena nacional.
“Este no es el primero ni será el último preso que muera en prisión, el deceso de Carlos García trascendió porque era una figura pública, un concejal perteneciente a un partido político, pero esto es algo que pasa a diario con reos comunes”, manifestó el abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, Joel García.
“En la zona 7 de Petare, mejor conocida como el ‘Inframundo’ ya han muerto cuatro por inanición y esto constituye una violación flagrante al derecho fundamental del reo”, agregó.
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Romero informó esta semana que 45 presos políticos de los más de 600 que contabiliza el Foro Penal actualmente requieren atención médica inmediata.
“Lo ideal es que cuando un preso esté enfermo el juez que lleva la causa lo envíe a un centro asistencial o a su casa, sucede que a veces el juez otorga una medida cautelar y los funcionarios de seguridad no liberan al detenido”, apuntó García.
“A este señor lo detienen y se lo entregan muerto a la familia, en Venezuela no existen derechos humanos, es una gran hipocresía”, indicó Prado.
La reacción de TSJ
Posterior al deceso del concejal García, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado donde exámenes habrían determinado que este padecía una inmunodeficiencia vinculada al virus del Sida. Alegan además que en el expediente no se hace constar de la patología y que posiblemente el concejal desconocía su condición.
“La declaración del TSJ fue bastante infeliz”, subrayó García. “Cuando una persona llega al Sebin es sometido a un examen medico, si lo que dice el TSJ hubiese sido así, eso debe de reposar en un acta”, añadió.
“La ley establece que antes de ingresar a cualquier recinto penitenciario, el reo debe someterse a un exhaustivo chequeo médico”, aclaró Prado.
El director de la ONG sostuvo que el preso no es responsabilidad exclusiva de una sola entidad del Estado, es potestad de un compendio de organismos velar por el bienestar del individuo privado de libertad.
“Cuando a una persona la detienen hay varias instituciones que entran en acción, el Ministerio para el Servicio Penitenciario funge de carcelero, el Ministerio Público tiene fiscales en el proceso y fiscales de derechos fundamentales, asimismo tenemos a una Defensoría del Pueblo que tiene a un Defensor en materia penitenciaria”.
El profesor García advierte además que el tratamiento de un preso político es distinto a uno común.
“Tienen un custodio permanente, están bajo vigilancia constante, dependiendo del partido político el tratamiento puede ser mejor o peor”.
“Por supuesto que hay diferencias en el tratamiento del llamado preso político y el preso social”, completó Prado.
“En Venezuela las penas se están manejando con un tinte político, hay ensañamientos contra personas por su tendencia o ideología», argumentó García.
«Se está manejando lo que los abogados llamamos Derecho Penal del Enemigo, que quiere decir ‘yo te persigo por quien eres’. Se está aplicando la Pena del Banquillo, una pena anticipada”, expuso el especialista en materia judicial.
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“Aunado a ello el retraso procesal es evidente, los tribunales no dan despacho, la Fiscalía no imputó delito alguno a varios de los muchachos que agarraron en las protestas y aún así siguen detenidos”, prosiguió el profesional del derecho.
Según García esta práctica es una especie de plan siniestro del madurismo.
“El gobierno ve al estudiante como a un enemigo, porque es un ser pensante que le hace oposición, en cambio otorga zonas de paz en sectores como la Cota 905 porque ve en los malandros a aliados”.
Cárceles: cultivos de enfermedades
Humberto Prado asegura que cada día es más frecuente presenciar muertes en recintos penitenciarios por enfermedades contraídas dentro de los mismos.
“La ley dice que son 96 horas las que tiene que estar un detenido en un calabozo o centro preventivo antes de ser remitido a un internado o una cárcel común, hoy en día eso no se cumple, los calabozos está atestados, hay hacinamiento y enfermedades. Las policías estadales no tienen presupuesto para alimentar a una población penitenciaria que excede el limite y tampoco para suministrar medicinas”.
El director del OVP dijo que enfermedades como la escabiosis o “sarna” como se le conoce popularmente, son comunes en las prisiones.
“Ni siquiera hay agua potable, a los de la UPEL de Maracay, les dio malaria en la cárcel de El Dorado, los familiares tuvieron que salir a buscar medicinas, nada mas había un suero en el recinto”.
Romero informó que en el caso de los estudiantes de la UPEL, la Fiscalía no imputó y se solicitó el sobreseimiento porque no se encontraron evidencias para que estén presos.
“Diez de ellos están en El Dorado, 11 en la Penitenciaria 26 de julio y seis tienen arresto domiciliario”.
“El derecho a la vida en Venezuela no está garantizado. El hecho es que hoy en día no se cumplen las condiciones mínimas sanitarias para un detenido, no hay una infraestructura carcelaria adecuada para atender a un paciente, ni siquiera podemos hablar de servicio odontológico”, esbozó García.
Ante la escasez de justicia en Venezuela, defensores de derechos humanos, abogados y especialistas en materia judicial se han abocado a exponer las penurias del preso político y ciudadano común fuera de las fronteras.
“Hemos solicitado una investigación a nivel interno y a través de la Comisión contra la Tortura en la ONU por el caso de Carlos García”, confesó Prado.
“El mismo Alto Comisionado de los DDHH en la ONU dice que en Venezuela hay una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos”, manifestó García. “Ya en la ONU reconocieron que hay desapariciones forzosas en el país”, añadió Alfredo Romero.
“Tenemos que seguir agotando el derecho interno e insistir en el plano internacional. No dudo que la justicia vaya a llegar en algún momento y las víctimas puedan ser recompensadas de alguna forma”, apuntó García.
“El asunto es que Carlos García debería estar vivo”, dijo Prado. “Ese señor estuvo detenido en un calabozo y empezó a presentar una patología, cuando lo llevaron a un centro asistencial ya era tarde. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, porque la pena de muerte está erradicada en nuestro código penal”.
El Foro Penal informó que la vida de otros presos políticos también corren riesgo. “Tal es el caso de Efraín Ortega, quien tiene trombosis en ambas piernas, es un caso grave, sufre cólicos nefríticos y está en el Rodeo II, va para 3 años preso”, informó Romero.
“Ortega no ha tenido oportunidad para defenderse porque su juicio no ha empezado. Un caso similar es el de Marcelo Crovato”.
“María Alejandra Figueroa presenta ruptura de un quiste ovárico y sangrado por la nariz, José Luis Santamaría se encuentra en un estado delicado de salud y no hay que olvidar a José Saldivia, Kevin Rojas, Enyer Matute y Alex González que tienen paludismo adquirido en la cárcel. Esta gente está siendo torturada por el Estado, después no vayan a decir los jueces que esa no es su responsabilidad ”
“¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, los jueces de ejecución en todos estos casos?” se pregunta Humberto Prado.
“Los tribunales ni siquiera dan audiencia, la ley dice que sin un preso pasa dos años en la cárcel sin audiencia debe salir en libertad”, argumentó Romero.
“La misión del Estado es evitar un desenlace fatal, han incumplido con el mandato que les encomendó el pueblo de velar por la vida de cada uno de nosotros”, enfatizó García.
“A esas personas que están en el poder actualmente, no se les aisló ni se les torturó cuando estuvieron presas por dar un Golpe de Estado”, puntualizó Romero.
DIRIGENTES DEL PARTIDO PRIMERO JUSTICIA denunciaron este domingo, 17 de septiembre, la muerte del concejal del municipio Páez (Guasdualito) del distrito del Alto Apure, Carlos Andrés García, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en prisión por razones políticas.
García falleció poco después de las 6:00 pm en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde fue trasladado este fin de semana. Allí cumplía el beneficio de casa por cárcel que recibió el jueves por su grave condición médica. Según varios diputados que se hicieron eco de la noticia –como Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal–, la orden no fue ejecutada de inmediato por las autoridades de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuyas celdas estaba recluido.
El art 43 de la Constitución es bastante claro: «El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad» /8 pic.twitter.com/eRuUxh4uuY
«Estando detenido ilegalmente, a Carlos Andrés le dio un ACV y le fue negado cualquier tipo de atención médica. Solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud», dicen dos tuits de PJ con respecto al caso.
Las deterioradas condiciones físicas de García ya había sido alertadas. A mediados de agosto pasado, Edinson Ferrer, presidente de la Asociación de Concejales por Venezuela, dijo que el político tenía un «grave estado de salud» y que requería ser trasladado a un hospital y el Sebin lo negaba.
Concejal Carlos Andrés García (preso politico) #Guasdualito,en grave estado de salud, requiere traslado al Hospital. SEBIN se niega.
Ya al momento de su detención, el pasado 17 de diciembre de 2016, García había sufrido una descompensación y descontrol de la tensión, según el mismo Ferrer, quien abogó por su liberación inmediata. Había sido apresado en Guasdualito, junto al político local Eduard Cogollo, en medio de los disturbios que se presentaron en el pueblo por la abrupta salida de circulación del billete de 100 bolívares, que luego fue repuesto por Nicolás Maduro. Allí ocurrieron saqueos a comercios e incendios a agencias bancarias.
La casa de García fue allanada también ese día. Dirigentes políticos denunciaron que le habían sembrado dinero en efectivo. El Ministerio Público lo acusó de los delitos de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.
El concejal es el segundo preso político que muere en cautiverio. El primero fue Rodolfo González, conocido como «el aviador», quien se suicidó en las celdas del Sebin del Helicoide, en Caracas, en marzo de 2015.
El presidente Nicolás Maduro afirmó este sábado que Venezuela era víctima de un boicot que impide que los billetes del nuevo cono monetario lleguen al país.
«Estamos siendo víctimas de un sabotaje internacional para que los nuevos billetes no puedan ser trasladados a Venezuela», denunció en su discurso ante una multitud oficialista que marchó este sábado hasta la avenida Bolívar de Caracas.
Agradeció «el apoyo de la inmensa mayoría» a su medida de sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Ratificó que esta era «necesaria» porque había «mafias» que pretendían dejar sin estos billetes al país en pleno diciembre.
Informó que fueron detenidos los responsables de los disturbios registrados este viernes en Guasdualito, estado Apure, donde tres agencias bancarias fueron saqueadas y una de estas fun incendiada.
«Un grupo de la oposición está involucrado detrás de estas mafias, de Primero Justicia y Voluntad Popular; ya están capturados y están tras las rejas los autores de los hechos», aseguró.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la sede de Radio Fe y Alegría en Guasdualito, estado Apure, la mañana de este sábado con la intención de obtener las grabaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en la localidad y que fueron informados por el medio.
La cuenta de Twitter de la radio @feyalegria975fm informó de la situación y en la misma destacaron que el Cicpc quería llevarse detenidos a los periodistas Isaura Ramos y Carlos Barcos, quienes fueron parte del equipo que dio a conocer los saqueos y hechos violentos ocurridos la tarde del viernes.
Antes del mediodía aseveraron que el Cicpc no tenía orden para ninguno de los procedimientos,pero luego publicaron una foto que muestra la orden de un tribunal para el allanamiento del lugar.
El Sindicato Nacional de Periodistas informó en Twitter que los periodistas ya cuentan con un abogado. Anteriormente afirman haber hecho contacto telefónico con Douglas Rico, director del CICPC, quien explicó que la visita era un»procedimiento de rutina».
Después de que el presidente Nicolás Maduro responsabilizara este viernes a los diputados de la MUD por los hechos violentos en Guasdualito, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana retuvo por una hora al parlamentario por el estado Apure, Luis Lippa, violando su inmunidad parlamentaria.
El diputado fue liberado pocas horas después, informó desde su cuenta en Twitter, y aseguró que este sábado continuaría su trabajo en la calle. El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, añadió que el General que manutvo detenido a Lippa lo hizo «para protegerlo».
Agradezco a todas aquellas personas q estuvieron pendiente de mi detención ,ya estoy de nuevo en la calle. Mañana sigo con mi trabajo.
