Hasta los mismos representantes del partido de Gobierno califican el proceso electoral de este 10 de diciembre para elegir a los alcaldes de Caracas, como flojo.
“Poco flujo”, dijo un funcionario del CNE. “Es un proceso paupérrrimo”, apuntó Carmen Méndez, coordinadora del colegio Carlos Delgado Chalbaud, ubicado en la parroquia Coche.
A diferencia de otros comicios -vale decir que en estos 18 años se han realizado 23- la gente no amaneció haciendo colas en las puertas los colegios.
En el caso de las parroquias Coche y El Valle, donde hay un aproximado de 80 centros electorales, de los 800 que hay en Caracas, el panorama fue de total tranquilidad. Hasta los funcionarios del Plan República estaban tipo relajados. Tan apático estuvo el proceso que no llegaron completos los miembros de mesa y los testigos que asistieron fueron los del Psuv.
Los puntos rojos no tenían la bulla de costumbre. Pero sí estaban desplegados e incluso con franelas con el nombre de la candidata oficialista.
Se observó que la custodia de los centros no solo la hizo el Plan República. También me estuvieron la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional Bolivariana y la reserva.
En estas parroquias no hubo centros nucleados. Donde sí hubo electores quejándose fue en Las Palmas, específicamente en La Consolación, donde votan 13.000 personas.
Un aviso en las puertas del plantel anunciaban que su centro era el Niñez Ponte de Maripérez.
La gente llegó al sitio y se encontraba con esa noticia. Al parecer no sabían del cambio, pues hasta el pasado jueves pasado en el lugar estaba el Plan República.
En Santa Mónica, tampoco los centros estaban colapsados. En el Cristo Rey donde hay nueve mesas, los miembros estaban con los brazos cruzados en espera de los electores.
En las afueras cuatro hombres con pantalones cortos se quejaron que no los dejaron entrar. El militar a cargo les dijo que era una regla que el mismo implantó, pero luego más gente se sumó a la protesta y tuvo que dejarlos entrar.
La noche del 1 de marzo fue asesinado de un tiro en la cabeza Nixon Jalaliyu Donquiz, funcionario de la Guardia del Pueblo, tras resistirse al robo de sus pertenencias. El hecho ocurrió en los Valles del Tuy, en la caminerías del ferrocarril adyacente al Mercado Municipal.
De acuerdo con una versión, efectivos de la Policía Municipal de Urdaneta que estaban cerca del lugar escucharon disparos y, posteriormente, se percataron de que había un funcionario en el piso.
Una comisión del Cicpc llegó al sitio para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.
Empleados del Makro Valencia le informaron a RunRunes que la situación ocurrida en horas de la mañana del martes 4 de agosto dentro del supermercado no fue un saqueo. Explicaron que el producto que las personas se llevaron fueron toallines y que los pagaron al salir.
En un video de lo ocurrido difundido en las redes sociales se puede observar que personas con cajas están en lo más alto de uno de los anaqueles en un pasillo clausurado, y cuando otras personas deciden acercarse, los que se encontraban arriba lanzaron sobres los usuarios el contenido de las cajas.
Según información de Efecto Cocuyo, tres clientes que se encontraban en la cola de la tienda fueron detenidos. Durante el evento el reportero gráfico de El Carabobeño, Andrews Abreu, también denunció que fue detenido, agredido y despojado de su cámara fotográfica por efectivos de la Guardia Nacional. Fue liberado tras ser obligado a borrar todas gráficas.
#URGENTE Un funcionario de la PNB me golpeo con un baston extensivo en la pierna y me quitaron la camara.
A un año de las manifestaciones de febrero de 2014, como víctima exige justicia desde La Isabelica, Valencia, en el mismo lugar donde fue brutalmente agredida por agentes de la Guardia del Pueblo. Alerta sobre la criminalización de la protesta en Venezuela
MARVINIA JIMÉNEZ YA NO SE ESTREMECE cuando pasa por el lugar donde fue insultada, golpeada, arrastrada y detenida por agentes de la Guardia del Pueblo el lunes 24 de febrero de 2014. Un año después, en la populosa urbanización La Isabelica, al sur de Valencia, encandila el mismo sol de aquel mediodía en que un uniformado le apuntó a la cabeza con una pistola, exigiéndole que le entregara su celular. Con el pequeño dispositivo, la mujer había fotografiado a militares y manifestantes que se enfrentaban ese día desde temprano en las protestas, en la vía principal de su vecindario convertido en un campo de guerra.
Ya no la descompone igual, pero siempre va a ser un mal recuerdo. “Me toca pasar todos los días por aquí, al igual que mi hijo cuando va para el colegio”, afirma la costurera valenciana de 34 años, cuya brutal agresión por parte de funcionarios de la Guardia del Pueblo fue documentada al detalle con fotografías y videos de profesionales y amateurs que dieron la vuelta al mundo, durante las manifestaciones que estallaron en Venezuela en febrero de 2014.
En una de las fotografías que captaron la secuencia de la agresión, se observa a Jiménez desafiando a un Guardia del Pueblo que empuña una pistola. Vecinos y manifestantes huyen hacia el lado contrario menos ella, que se mantiene en actitud desafiante frente al uniformado. Le pregunta por qué utiliza armas en una protesta si están prohibidas por la Constitución. Tanto los cuadros siguientes como el video aficionado muestran cuando es neutralizada por varios agentes, y luego cómo otra mujer de mayor tamaño y uniformada de verde militar y chaleco vinotinto la somete en horcajadas contra el suelo mientras la golpea dos veces con su casco, sonriendo.
“Si no lo hubiesen filmado y fotografiado, quizás me hubiese sido peor”, sostiene Marvinia.
Un año después, mantiene intacta su determinación a exigir justicia. Desde la avenida Henry Ford, la principal de La Isabelica, revisita el desproporcional maltrato de los militares del cual fue víctima. La contundencia de las pruebas gráficas y heridas físicas no la libraron de que la Fiscalía 28 le imputase cinco delitos: instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Tiene régimen de presentación, prohibición de salida del país y de participar en manifestaciones.
Aparte de esas imputaciones, el Cicpc le levantó un expediente por hurto a la sede de la Cantv en La Isabelica. A esta mujer de 43 kilos y poco más de metro y medio de altura, se le acusa de haber robado un extintor de incendio, una TV plasma de 42 pulgadas, un filtro de agua y un microondas. Con todos estos objetos presuntamente la detuvieron en flagrancia, según reza el documento.
“Mi expediente está lleno de vicios: nada concuerda entre lo escrito, los videos, las fotografías y el testimonio de testigos. Nada coincide”, describe. Hace ya tiempo que venció el lapso legal de ocho meses para que haya algún pronunciamiento sobre su caso, bien sea para un sobreseimiento, archivo o lleven a juicio. “No lo deciden porque de una u otra forma quedarían en evidencia de que soy inocente y que ellos violaron mis derechos. Tienen el juego trancado pero igual están violentando el debido proceso”.
Al estar bajo régimen de presentación, está obligada a presentarse los tres primeros días de cada mes ante el Palacio de Justicia de Valencia. Por ser mujer, no tiene que hacer cola para firmar el libro de actas, pero no por ello su situación es mejor. Si se salta tan sólo una vez, cualquier fuerza de seguridad podría detenerla y llevarla presa. “Ya tengo antecedentes penales”, recuerda.
Video: Entrevista de Runrun.es a Marvinia Jiménez en La Isabelica, Valencia
Agresores uniformados
La agresora más visible está identificada: es la sargento segunda Josneidy Nayarit Castillo Mendoza, quien tiene orden de aprehensión desde el 2 de marzo de 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado e incluso se le ha visto en restaurantes junto a otros uniformados de la GNB y paseando en sitios turísticos como la Colonia Tovar, tal como se ha denunciado a través de redes sociales. La organización Foro Penal, que asiste jurídicamente a Marvinia desde el comienzo, ha confirmado que la victimaria está libre.
Marvinia solicitó a la Guardia Nacional el estatus de la funcionaria, si está de reposo, pidió la baja o la mandaron a la frontera, pero desde hace 7 meses no obtiene respuesta. “Hay complicidad”, asegura. También ha solicitado que se investigue a dos funcionarios por posible encubrimiento: coronel de destacamento Aquiles Rojas Patiño y coronel Arquímedes Herrera Ruso, jefe de seguridad ciudadana de Carabobo que comandó las acciones del 24 de febrero de 2014. También ha pedido reunión con el comandante de la Guardia del Pueblo, Sergio Rivero Montero.
Aparte, está demandando a seis funcionarios por levantamiento de actas forjadas. “Cuando se demuestre que soy inocente, vendrán en galope demandas de otras víctimas de las detenciones arbitrarias en Carabobo contra los mismos agentes. Considera que su caso no avanza “porque hay demasiados chivos pesados. Saben que a la hora de poner a derecho a la agresora podrían rodar muchas cabezas. Pero la violación a los DDHH no prescribe”.
Quien sí recibió a Marvinia el pasado 8 de enero fue el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien le aseguró que habría «una pronta respuesta» y que esperaba que la funcionaria, con orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, sea presentada.
Vecinos solidarios
Todos reconocen a Marvinia en La Isabelica, una de las zonas con mayor número de víctimas durante las protestas de 2014. Su caso despierta solidaridad, especialmente entre los que fueron testigos directos de la agresión. “Pronto llegará la justicia”, aseguran después de relatar que no pudieron salir a ayudarla mientras los guardias la golpeaban salvajemente, ya que disparaban con armas de fuego, que no perdigones, contra las casas y bloques. Las persistentes huellas de tiros en rejas, santamarías y ventanas confirman el uso de estas armas proscritas constitucionalmente en manifestaciones, al menos hasta la polémica resolución 008610, promulgada en enero pasado por el Ministerio de la Defensa.
La vida de la costurera ciertamente ha cambiado, pero lo que más le trastoca es lo que puede afectarle a su hijo de 7 años. “Antes salíamos de paseo, nos íbamos de excursión fuera de Valencia. Aunque viajo mucho por el activismo de DDHH, desde hace un año no tomamos vacaciones juntos. Ha llegado llorando del colegio porque algunos compañeros le dijeron que su mamá era una guarimbera y que nos iban a meter presos a los dos. Otras más bien le decían que soy una heroína, que sus papás me admiran y que lucho por la libertad de todos. Son detalles que parecen tontos pero que me dolieron mucho porque hicieron sufrir a mi chamo. Eso no se le perdono a este régimen”.
A raíz de la amenazas de colectivos motorizados –que arremetieron contra ella y su casa en La Isabelica después de que los denunció por participar en las agresiones-, tuvieron que modificar su rutina. Sigue ganándose la vida confeccionando vestidos de novia, quinceañeras y primera comunión, pero desde hace un año vive en casa de un familiar. “Aunque tuve medida de protección dictada por el Ministerio Público, en realidad nunca me he sentido protegida”.
De costurera a activista de DDHH
No le hace caso a la prohibición de participar en protestas. En diciembre pasado, apoyó manifestaciones en Caracas y se encadenó en Valencia por la libertad de los presos políticos. Y asegura que no ha salido del país sólo “porque no tiene dinero”. Insiste en que se trata de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a los que no está dispuesta a renunciar.
Hasta el año pasado, su vida política se limitaba a votar en las elecciones por el candidato -siempre de oposición- que mejor le parecía. Cuando estallaron las protestas de febrero de 2014, marchaba todos los días con su hijo de siete años en La Isabelica.
Después de la agresión, la llamó Rosa Orozco, la mamá de la joven Geraldine Moreno, asesinada el 22 de febrero de 2014 en Valencia, por unos perdigonazos en la cara disparados por la GNB. Pese a su dolor, se solidarizó con ella insistiendo en que tenían que tener fuerzas y seguir luchando. Se convirtieron en voceras del recién creado Comité de Víctimas contra la Represión, que denuncia violaciones a los DDHH en Venezuela y orienta a otras víctimas a denunciar sus casos.
“La situación del país nos lleva a la participación política. Ninguna de las portavoces del Comité pertenecemos a algún partido. No nos importa las inclinaciones políticas sino ayudar a las víctimas de la represión y promover un cambio”, asegura.
Jiménez percibe que La Isabelica cambió después de las protestas. “Es triste. El ambiente no el mismo: muchos negocios cerraron, los graffitis de los colectivos no se han borrado, la presencia de militares es permanente. Para bien o para mal, yo también cambié. Antes llevaba una vida normal, me ganaba la vida cosiendo, pero ahora quiero contribuir a la defensa de los Derechos Humanos. No me lo busqué, nadie quiere que le pase lo que yo viví. No soy la primera ni la última víctima. Lamentablemente la represión continúa en Venezuela y eso tiene que denunciarse”.
Está convencida de que en sus manos está demostrar la vinculación entre los altos funcionarios de gobierno (sobre todo GNB y PNB) en la criminalización de la protesta. “Ahora la situación está peor. Hasta el 12F, no se registraban detenciones arbitrarias ni muertos en las manifestaciones. Incluso están modificando leyes, como el uso de las armas letales para radicalizar la situación. La única manera de cambiar el abuso del poder y violaciones de DDHH es hacer activismo”.
El asesinato de 12 periodistas y dibujantes en la sede del semanario parisino “Charlie Hebdo” ha sido objeto de un repudio universal. Casi 4 millones de manifestantes en París y otras ciudades francesas han rechazado el terrorismo y a los yihadistas, quienes como todos los sembradores de odio buscan la liquidación física de quienes no piensan como ellos.
Jefes de Estado, líderes políticos y religiosos, escritores y músicos de todas partes del mundo han levantado su voz y se han hecho presentes en las calles. Varios clérigos musulmanes han sostenido que estos criminales lesionan al Islam ante todos y para siempre, mucho más que cualquier caricatura u opinión escrita.
Dudo que esta nauseabunda acción criminal haga retractarse a quienes promueven la extinción del contrario, creen en la violencia como recurso necesario y ven en cualquier promotor de la convivencia y de la paz un fofo incapaz de restearse por una causa.
Lo cierto, sin embargo, es que 12 muertos han conmovido el planeta en pocas horas.
Al mismo momento que este hecho sacudía Europa y el mundo, en el cementerio de Turmero se producía una balacera que dejaba 7 muertos y 5 heridos en medio del entierro de Willy Fajardo, de 29 años, quien había matado 5 personas pocas horas antes, en Año Nuevo.
No habían enterrado esos 7 que velaban a Fajardo cuando 8 jóvenes de la banda de José Antonio Tovar, “El Picure”, fueron masacrados en enfrentamiento con militares. Ya 20 facinerosos de esa banda que tiene azotados a comerciantes, ganaderos y agricultores del centro del país, habían sido asesinados hace pocas semanas en retaliación por la muerte de efectivos policiales y militares.
Todo eso ocurre a cada rato en cualquier ciudad nuestra. De eso no se habla en Venezolana de Televisión, ni en la Asamblea Nacional ni en las abusivas cadenas de Maduro. Tampoco en el Noticiero de la Patria, cursi nombre de una cadena que varias veces al día se zampa en los tuétanos a los venezolanos.
El mismo día del ajusticiamiento de los malandros de “El Picure”, un empresario zuliano era abaleado en una arepera en El Vigía y una niña de 2 años de edad era asesinada en un robo en la ciudad de La Victoria. De disparo en la cabeza perdía la vida Anthony Escobar, de 23 años, en el barrio Brisas de Oriente en Carrizal y Henry Araque, promotor de Herbalife, era liquidado en la Avenida México de Caracas.
Hanser Serrano, vendedor de ropa en Guarenas, era muerto a tiros en la espalda y el cuello. Jesús Carrillo, de 24 años de edad, empezando la vida, era tiroteado en el barrio Milagro Sur en la Cañada de Urdaneta y en el mismo estado Zulia José Sierra, de 26 años, era muerto de balazo en la cabeza en la carretera Casigua a El Guayabo.
Esa es la crónica incompleta de los sucesos sangrientos de cualquier día en Venezuela. 25.000 homicidios en 2013. 26.000 en 2014.
Un país en el que quien hace de Presidente revela que él y su gobierno mantienen relaciones con 600 bandas para pedirles, “de pana”, que se incorporen pacíficamente a la sociedad. Chávez los llamaba sus “buenandros” y tachaba de oligarcas a quienes los tildaban de malandros o delincuentes.
Siguen armados hasta los dientes. Sicarios, traficantes de drogas, pranes, azotes de barrios y malandros de todo pelaje poseen más poder de fuego que las modestas policías municipales.
Cada día hay más cuerpos armados: el SEBIN, los de Inteligencia del Ejército, la Guardia del Pueblo, la Bolivariana, las policías de los Estados. A eso agreguen las milicias. Ahora hay más uniformes detrás de los cuales se resguardan criminales y truhanes de toda índole. Terroristas de distintas categorías se esconden detrás de la figura de los colectivos
Todo eso pasa a diario en Venezuela, mientras el Presidente, de pasadita por China, Irán y Qatar, cumple con el protocolo diplomático solidarizándose con Francia y expresándole toda su “solidaridad y amor” por los muertos de “Charlie Hebdo”.
LAS CIFRAS MÁS RECIENTES DEL FORO PENAL VENEZOLANO revelan que a cinco meses del inicio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, quedan 86 personas dentro de lugares de reclusión. Suman más de 3.200 personas las que fueron detenidas desde febrero en distintas partes del territorio nacional, mayoritariamente en el estado Miranda, 230 de ellos son menores de edad. Actualmente, más de 2.000 venezolanos viven con restricciones a su libertad, por medidas cautelares, de presentación o prohibiciones de circulación.
Las denuncias sobre violación de Derechos Humanos continúan, mientras las organizaciones no gubernamentales registran. Es lo que permitirá que algún día se haga justicia.
Las historias están allí para ser contadas.
A Delibeth Briceño le montaron una emboscada para detenerla. Eso es lo que ella cuenta. La detuvo la Guardia del Pueblo. Eran casi las tres de la madrugada, iba junto a otros compañeros en un taxi para buscar a unos amigos que permanecían escondidos cerca de la carretera Valle Coche. Llamó por teléfono a uno de ellos, y una voz, que no le parecía familiar, le dio las indicaciones de adonde debía llegar. Se dirigió al sitio y allí la estaban esperando, pero no sus compañeros, sino la Guardia del Pueblo.
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Los esposaron y revisaron de arriba abajo. En el taxi, encontraron un bolso con bombas lacrimógenas. La acusaron de ser la dueña. Ella siempre lo negó, y lo niega. “No sabemos de quién era ese bolso, no pertenecía a ninguno de nosotros”, reitera.
Briceño había llegado a Caracas el 10 de marzo de 2014. Venía de Maracaibo, de donde es. Asegura que no es dirigente estudiantil, “sólo estudiante”. Decidió irse a Caracas para unirse a las protestas de jóvenes que habían arrancado a principios de febrero en Venezuela.
