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Gran Misión Abastecimiento Soberano

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 03.07.2018: MEDIO: Fracasos
MEDIO
HAMBRE CÍVICO-MILITAR:

Esta semana -específicamente el 7 de julio- se cumplen dos años de uno de losGran Misión Abastecimiento Soberano más estruendosos del desgobierno de Nicolas Maduro desde Miraflores: 24 meses de la aprobación de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano”. Una propuesta cargada de utopías, mentiras y amenazas contra la iniciativa y la producción agrícola e industrial. Ha tenido como principal característica  política su plena y transparente militarización. Militares desde la coronilla, comenzando por el propio Ministro de la Defensa, hasta ese desubicado sargento o teniente parado en la alcabala de la frontera entre dos estados, responsable de cobrar coimas y peajes pues ve a sus jefes gordos y ricos y ellos con el rancho diario cada vez peor y mas escasas sus comidas. Durante la vigencia de esta Gran Misión Abastecimiento Soberano nunca en toda nuestra historia moderna, los venezolanos habían pasado más hambre, habían sufrido tantas carestías y pésima calidad en los alimentos como en estos momentos. Niños peleándose por una mano de cambur en los alrededores de los mercados libres, indigentes durmiendo en los basureros de los restaurantes, mendigos que requieren urgente tratamiento médico peleando con los gatos del Parque Cristal por un sucio pedazo de pollo, recién nacidos muriendo de desnutrición en los hospitales, jóvenes abandonando los colegios por no tener nada que comer en el rancho y menos llevar algo para la merienda. La farsa de la Gran Misión Abastecimiento Soberano refuerza la idea de la “unión cívico militar” que tanto invocó el régimen del difunto Hugo Chávez y que mantiene Nicolás Maduro a fuerza de permitir ilícitos de todo tipo. La Constitución y las leyes de la República se obvian, se ignoran y se adaptan via el sumiso Tribunal Supremo de Justicia para hacerle creer al mundo que todo es “legal”. Como la ilegítima ANC destructora de la democracia El artículo 5 el decreto creador de esta estafa señala que lo presidirá el ministro Padrino López.  Hoy, ni su titular ni ningún vocero del régimen tiene autorización para hablar con números reales sobre la situación productiva agrícola o industrial del país, pues todas las cifras están en negativo: reducción de nuestra dependencia alimentaria, nada; sobre la existencia de un nuevo modelo productivo para el campo, nada. Todo es letra muerta. Este estruendoso fracaso comunistoide y cubano tuvo su pecado original en otro similar, tanto o más vergonzoso e incapaz. Fue el similar decreto de difunto Hugo Chávez en enero del 2011, poniendo en marcha la “Gran Misión Agro Venezuela”, (GMAV)supuestamente para “elevar el crecimiento productivo y económico del país, así como también la oportunidad de sembrar y cultivar la tierra para el beneficio del pueblo.” De fracaso en fracaso rojo rojito, la verdad es clara, trasparente, única: hoy los venezolanos se están muriendo de hambre. Imposible que no la vean desde el Balcón del Pueblo, en Miraflores.

Misión Alimentación profundizó crisis en Venezuela

CERCA DE DOS AÑOS HAN TRANSCURRIDO desde el 17 de febrero de 2016, cuando Nicolás Maduro anunció la reestructuración del Ministerio de Alimentación y la Misión Alimentación,bajo el decreto presidencial N° 2.245, publicado Gaceta Oficial N° 40.852. “No estamos para estar importando alimentos”, señaló entonces el mandatario.

Aunque el desarrollo de la Misión Alimentación facilitó la adquisición de alimentos a precios bajosa sectores vulnerables y alcanzó cierto nivel de masificación, la corrupción opacó la gestión de este programa social. Esto se evidenció con uno de los escándalos que más conmocionó a la colectividad: la descomposición, en 2010, de 160 mil toneladas de alimentos en diversas zonas del país. A ello se suman los hechos irregulares en la compra, comercialización y distribución de comida, además del incremento de la centralización del programa social.

La situación se agudiza a medida que avanzan los meses un escenario en el que los programas sociales del Gobierno se convierten en un factor que profundiza la crisis.

La instauración de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), así como la Gran Misión Abastecimiento Soberano son medidas paliativas que,en vez de mejorar, agravan la situación. Han promovido la discrecionalidad, el control, la reventa de los productos ofrecidos e inconsistencias en el patrón de distribución de alimentos.

En la actualidad, ni la reestructuración ni las acciones cortoplacistas como los Clap, han contribuido a aliviar a la crítica situación alimentaria del país. Según datos de Cáritas de Venezuela el índice de niños con desnutrición moderada y severa se incrementó de 11% a 14,5% solo en cuatro meses.Según ese registro 21% de los infantes presentó desnutrición leve.

Transparencia Venezuela en su constante seguimiento a los hechos de corrupción y en su empeño visibilizar las irregularidades y los abusos en los programas sociales, hace un llamado a la promoción de acciones que integren a diversos actores de la sociedad con el fin de subsanar la crisis alimentaria que aqueja a los venezolanos.

Ante este escenario, se debe incentivar la producción nacional y constatar el cumplimiento de cada procedimiento, lo que conlleva un mecanismo de rendición de cuentas. Además, se debe entregar divisas al sector privado de manera transparente y oportuna.

Laboratorio de Paz: Militarización del sector alimentos y laboral suspende garantías para derechos humanos

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La ONG Laboratorio de Paz emitió un comunicado en el que alerta sobre las consecuencias Estado de Excepción y de Emergencia Económica, La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) y la resolución donde se establece el “Régimen Laboral Transitorio” al considerar que violan la constitución e imponen una suspensión de las garantías constitucionales para diferentes derechos humanos. Hacen énfasis en varios artículos de la GMAS y la resolución y afirman que estas medidas representan un nuevo paso en la «progresiva militarización» de la sociedad venezolana. Le piden a los poderes públicos y a la sociedad civil en general pronunciarse al respecto.

 

A continuación el comunicado completo:

Para el Laboratorio de Paz las recientes decisiones del Ejecutivo Nacional, la militarización del sector de producción y distribución de alimentos, así como la fuerza laboral del sector público y privado del país, suspende garantías constitucionales para diferentes derechos humanos, en el contexto del Estado de Excepción y Emergencia Económica.

El pasado 11 de julio de 2016, a través de la Gaceta Oficial nro. 40.941, se publicó el Decreto nro. 2.367, mediante el cual el Presidente de la República Nicolás Maduro, en el Marco del decreto 2.323 del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS).

En sus considerandos se insiste en la “Guerra Económica” donde la crisis en materia alimentaria y de salud sería producto de las agresiones de actores económicos y políticos adversos al proyecto bolivariano. Apelando a la “seguridad de la nación” y “Desarrollo Integral de la Patria”, se insiste en la lógica “enemigo-amigo” para justificar el traspaso del Sistema Productivo y de Distribución Nacional de alimentos y medicamentos al control absoluto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al “Poder Popular” representado en los Comités Locales de Abastecimientos y Producción Social (CLAP), organizaciones con preocupantes sesgos ideológicos y partidistas, redefiniendo la denominada Unión Cívico Militar.

Esta nueva GMAS no solo abarca al sector alimentación en sus fases de producción y distribución; sino que también afecta al sector farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar. De esta manera se subordina a la supervisión militar las garantías, acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.  

Con base en el artículo 2 la GMAS, bajo la tutela del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, tendrá la función de mejorar la eficiencia del sector intervenido y para ello se transformará el modelo de producción y distribución de todas las áreas comprometidas.

Consideramos importante alertar los riesgos del numeral 3, artículo 2, que establece que la GMAS podrá: “Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fármacos y productos para la higiene personal y aseo del hogar”.  Es preocupante su carácter amplio, dejando abierta la posibilidad que militares y civiles ejerzan acciones de control, que podrían ir desde un llamado de atención, acciones judiciales, privativas de la libertad o de otra índole incluyendo la fuerza letal, contra cualquier acción que sin reglamento ni protocolo en materia de DDHH pueda ser calificada de “desestabilizadora”.

En su artículo 4, establece que mediante resoluciones el Comando para el Abastecimiento Soberano (CPAS), respecto  a los rubros agroalimentario, de producción y distribución de fármacos, productos de higiene personal y aseo del hogar y los rubros asociados a estos podrá dictar medidas especiales, directrices y regulaciones, siendo la reciente Resolución 9855 la primera de ellas.

Aparecida en Gaceta el pasado viernes 22 de julio se crea un “Régimen Laboral Transitorio” cuya resolución primera establece el carácter “obligatorio y estratégico” para todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas de disponer e insertar trabajadores/as en las diferentes áreas productivas que contribuyan con el reimpulso del sector agroalimentario. La resolución tercera declara que las entidades de trabajo están obligadas a “cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo” y proporcionar los trabajadore/as requeridos a la entidad de trabajo solicitante.

La resolución sexta establece que el trabajador/a no está obligado a prestar servicio en la entidad originaria pero no expresa la no obligatoriedad del trabajador con la requirente. Por tanto es necesario alertar que este carácter obligatorio, mediante el cual un trabajador es trasladado de su lugar del trabajo donde voluntariamente estableció una relación laboral  a otro de manera no voluntaria es contrario al artículo 87 de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV) que consagra la “libertad de trabajo” sometida solo a las restricciones que establezca la ley. La libertad de trabajo implica el derecho de toda persona a realizar cualquier actividad socio productiva que sea lícita y  que nadie puede ser forzado u obligado a trabajar en contra de su voluntad. La imposición de relaciones laborales no voluntarias implica una relación forzada de trabajo. La CRBV es clara al establecer en su artículo 89 que toda medida o acto del patrono contrario a la misma es nulo.

La Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la comisión de servicio objeto de medidas especiales, sin embargo debe ser concertado entre las partes y para un destino con igual o mayor rango. Siendo una medida “obligatoria” la norma no establece sanciones para las empresas que no colaboren o los trabajadores que se nieguen a ser trasladados, por lo que podrían imponerse de manera arbitraria, violando derechos humanos.  

En conclusión, la resolución 9855, impone una suspensión de garantías en materia laboral contrario a la CRBV y las leyes. Bajo los criterios de guerra,  emergencia económica, seguridad y defensa,  los derechos pasan a un segundo plano.

Por tanto:

– Reiteramos que el decreto 2.323, coloca al margen de la constitución al gobierno nacional y genera una alteración del Estado Democrático y de Derecho perturbando el necesario equilibrio e independencia entre los poderes.

– Alertamos que los Decretos 2.323 y 2.367, así como de la resolución 9855,  son contrarios a la CRBV y representan  un nuevo paso en la progresiva militarización de la sociedad venezolana colocando al Poder Civil bajo el control del Estamento Militar.

– Insistimos que ni siquiera en Estado de Excepción, los derechos fundamentales se derogan y toda facultad “extraordinaria”  no implica su ejercicio de manera absoluta e ilimitada. Deben estar reguladas por la CRBV, la Ley y por los compromisos internacionales en materia de DDHH

– Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia a declarar la inconstitucionalidad de los Decretos 2.323 y 2.367, así como de la resolución 9855; al Defensor del Pueblo a expresar de manera clara las incompatibilidades en materia de derechos humanos contentivas en los mismo y a todas las organizaciones de sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas, a estar alertas y denunciar la conculcación de  derechos fundamentales.

Estos son los jefes de las “siete vértices” de la Gran Misión Abastecimiento Soberano

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El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este lunes a los jefes de  los “siete vértices” que constituyen la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Para el vértice Producción Sostenible fue nombrado Wilmar Castro Soteldo; para Nuevo Sistema de Logística y Distribución fue encargado Pedro Castro y Rodolfo Marcos Torres estará al frente del vértice Comercialización Socialista.

Por otra parte, el vértice Sistema de Costo, Rendimientos y Precios, será dirigido por William Contreras; Isis Ochoa estará al mando de Consolidación Organizativa Productiva; en Plan de Seguridad y Defensa Integral, el almirante Regimio Cedaño y, finalmente, en Investigación y Desarrollo para la sustitución de importaciones estará al comando Juan Pablo Buenaño.

“Máxima exigencia (…) solamente con el orden, la autoridad y la ley nosotros vamos a ir ocupando los espacios de protección del pueblo”, afirmó el Jefe de Estado, tras una reunión con la Vicepresidencia Económica Productiva realizada en el Palacio de Miraflores para evaluar los avances de esta Gran Misión.

El próximo jueves, indicó el presidente, serán juramentadas de manera simultánea los comandos estadales de esta Gran Misión y además los jefes de los siete vértices por estado. Agregó que comandos deben ser “cívico-militares”.

Por su parte, el ministro para la Defensa y encargado de esta misión, Vladimir Padrino López, dijo que las nuevas medidas económicas son “la respuesta de las respuestas para acelerar los procesos de gobernanza económica, para la elevación de la capacidad productiva, de construcción de los nuevos sistemas distributivos comercializadores, y de regulación de equilibrio de los precios”.

* Con Información de El Universal

Espejismos en Platanal por Javier Ignacio Mayorca

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El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López, aseguró durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión que el “índice delictivo” disminuyó 26% durante el primer semestre de 2016, con respecto al mismo lapso del año anterior. Según el funcionario, este comportamiento general de la delincuencia tuvo una excepción en el estado Miranda.

Para poder entender a cabalidad y sentar posición con respecto a lo que ha dicho el titular del despacho de la esquina Platanal hay que hacer varias precisiones.

En primer lugar, el general no se refiere a todos los delitos sino a una lista de nueve que desde hace varios años son tomados como marcadores de la criminalidad, en especial la violenta: el homicidio, las lesiones personales, el secuestro, la extorsión, la violación, el robo genérico y el de vehículos así como el hurto genérico y el de vehículos.
Entonces, para que haya una disminución tan significativa como la señalada por el ministro González es necesario que los delitos contra la propiedad hayan registrado un descenso.En esta lista, el mayor peso desde el punto de vista estadístico lo tienen los delitos contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos genéricos así como los referidos a vehículos. En una oportunidad, el actual director de la Policía Nacional, general Juan Francisco Romero, me comentó que existe un nexo íntimo y causal entre los delitos contra la propiedad y las lesiones y homicidios. Esto ha sido ratificado por los informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y otros estudios.

Pero esto no ha sucedido, lamentablemente. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el hampa está atacando sin piedad, a toda hora y en todas partes. Además, tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, nuevas personas se han incorporado al mundo de lo ilegal, empujadas por la brutal inflación que padece el país, la más alta del mundo. Lo que se traduce en un acelerado empobrecimiento.

Ahora no solo roban las casas, los vehículos, los teléfonos…también asaltan a las personas para despojarlas de sus bolsas de comida. Y desde el punto de vista del delincuente, si es posible victimizar a varias personas a la vez, mejor. Esto lo pueden ratificar las más de cien personas despojadas de sus haberes en apenas dos casos de robo mientras iban en autobuses desde o hacia el oriente del país. O los innumerables habitantes de viviendas del este y del oeste de la capital, que son sorprendidas por antisociales mientras duermen o cuando intentan acceder a estos inmuebles. Como estos casos se podrían llenar periódicos enteros.

Aunque lo que se siente y se ve en la calle es una situación de “sálvese quien pueda”, esto no necesariamente se traduce en un incremento en las denuncias formuladas ante la policía judicial. Los robos genéricos, los que afectan a la bolsa de comida o el teléfono celular, rara vez son notificados a CICPC.

Pero eso no es todo. Hay oficinas de este cuerpo que han establecido mecanismos para que las denuncias no sean incorporadas a las estadísticas, esas que probablemente utiliza el titular del MRI cuando jura que la delincuencia disminuyó.

Veamos por ejemplo uno de los delitos de moda, como es el hurto de baterías para vehículos. Antes la gente ni se preocupaba en ir a la policía. Simplemente compraba una nueva batería y listo. Pero ahora el proveedor de estas piezas ubicado en Los Ruices exige un documento emitido por Cicpc, pues de lo contrario los puede sancionar el propio Gobierno bajo sospechas de que fomentan un mercado negro.

Cuando la víctima acude a la policía, allí no le llenan el formato de denuncia tradicional sino una constancia dirigida a la compañía proveedora de baterías, en la que se consigna la información sobre el vehículo y su propietario. De esa forma, la acción delictiva no entra en la estadística, ya no por la omisión de las víctimas sino por una decisión expresa de la autoridad.

Esto también debe saberlo el ministro.

Y si revisamos las estadísticas sobre homicidios, secuestros y robo y hurto de vehículos notaremos importantes incrementos con respecto al año anterior. En homicidios, por lo menos 7%, en secuestros (donde también existe una importante cifra negra) el brinco ha sido de 170% y en robo y hurto de vehículos por lo menos 20%.

Es tiempo que la autoridad comience a expresarse con sinceridad. Es tiempo de superar ese pensamiento según el cual a la ciudadanía es mejor mantenerla al margen de situaciones tan graves como ésta. Si no se admite la existencia de una crisis mucho menos podrá ser superada. En materia de seguridad ciudadana, los espejismos de la propaganda están a la orden del día.

Breves

*Bs 1,5 millones fue la cifra que según la policía judicial fue ofrecida a los autores materiales del asesinato del ex legislador regional de Guárico Ramón Barreto y su pareja Dannis Darelis Díaz. El crimen finalmente se concretó el 25 de junio en la carretera nacional Calabozo-El Sombrero. Las pesquisas indican que las víctimas fueron seguidas por funcionarios activos de la Policía del estado Guárico en una moto Skygo 150 cc negra, y cuando vieron que estaban desprotegidas se adelantaron y les dispararon. Barreto y Díaz quedaron moribundos en la cabina de una Toyota Autana. Por este caso fueron detenidos el director de la alcaldía de Calabozo Omar el Hinnaoui (hermano de la alcaldesa Zobeida el Hinnaoui), señalado por la Fiscalía de ser el autor intelectual o “determinador” del crimen, el Secretario de Seguridad del gobierno municipal Dayron Yépez Villa, el escolta del director general Edduar Peña Pacheco (cuya pistola fue supuestamente el arma homicida) y los funcionarios activos de la policía de Guárico Gabriel Alvarez y Randy Almeida. Es decir, dos oficiales en ejercicio se involucraron en un delito que por definición es propio del crimen organizado, como el sicariato. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Interiores ha guardado un discreto silencio al respecto. Por un hecho similar, en el que resultó víctima el mayor general retirado Félix Velásquez, fue intervenida la policía de Chacao. En el caso de Guárico, según la periodista Sebastiana Barráez, el crimen fue ordenado pues Barreto se disponía a denunciar los manejos irregulares que se hacían desde la alcaldía con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps).

*El decreto presidencial que da origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado el 12 de julio, abre nuevos espacios para los colectivos. Anteriormente, cuando fue declarado el estado de excepción y emergencia económica, el Gobierno les otorgaba ciertas funciones a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). Ahora, no sólo son las organizaciones coordinadas por el ex diputado y ex alcalde de Caracas Freddy Bernal, sino también las agrupadas en torno al Frente Francisco de Miranda, cuyo coordinador nacional Miguel Carreño también formará parte del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano. En la última publicación de este conglomerado, Colombeia, se afirma en el editorial: “En este momento tan crucial que está viviendo Venezuela, nos compromete (sic) a una tarea doble dar la batalla en el campo que sea (sic): en lo político, lo social, lo cultural y en lo militar”. El Frente Francisco de Miranda, según el mismo documento, nació gracias a las ideas de “dos gigantes revolucionarios como lo son Hugo Chávez y Fidel Castro”.

*Durante el congreso de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (Asis, por sus siglas en inglés), el presidente del capítulo Caracas abogado Augusto Hernández, relató detalles sobre las investigaciones que realizó junto a un equipo de profesionales para contrarrestar las acciones de una red que operaba en una ensambladora de vehículos (cuyo nombre se reservó) ubicada en Carabobo. La empresa estuvo a punto de ordenar el cese de sus operaciones en el país debido al incremento interanual de 30% en las pérdidas financieras que esta organización ocasionaba a la empresa, y que estaba conformada por trabajadores en distintos niveles de la corporación, con aliados en Puerto Cabello y expendios de repuestos de apariencia legítima. Se trataba según Hernández de “mafias organizadas” que en 2009 llegaron a apoderarse de piezas valoradas en casi cuatro millones de dólares.  En algunos casos, los repuestos eran incorporados desde el punto de vista documental al inventario cuando ni siquiera habían llegado a la planta. En otros, eran sacados como si fuesen defectuosos y colocados en el mercado local. Tras año y medio de trabajo, en 2011, las pérdidas por merma de repuestos fueron valoradas en solamente 35.000 dólares. Hernández aclaró que el sindicato de la ensambladora eventualmente entendió que no podía proteger a delincuentes que amenazan sus puestos de trabajo. En este lapso, sin embargo, uno de los gerentes de la compañía tuvo que ser transferido debido a las amenazas que recibía del hampa organizada. Situaciones similares padecen empresas del mismo ramo en el país.

*Por lo menos diez secuestros han ocurrido durante el último mes en los distintos municipios de Barlovento. En esta extensa área del estado Miranda han sido identificadas doce grandes bandas. Algunas empezaron como piratas de carretera y, como en Guárico, han ido organizándose para extorsionar y plagiar a conductores y residentes de la zona. Hay informaciones de por lo menos dos casos de julio en los que fueron victimizadas dos familias completas. Aunque el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres asegura que ya no está vigente el programa de las “zonas de paz”, en esos confines el hampa continúa adueñada de vastos territorios, alineados a lo largo de la Troncal 9 y las vías locales. Estos problemas parecieran importar poco a las distintas instancias de gobierno, hasta que se reportan casos en los que resultan cautivos militares activos y sus acompañantes. Así ocurrió durante la madrugada del 13 de julio, cuando quedaron en poder del hampa el segundo comandante del batallón Cajigal del Ejército, mayor Argenis Torres Soto, junto al primer teniente Argenis Pérez Martínez y una menor de edad, quienes viajaban de madrugada entre Puerto la Cruz y Caracas en una Ford Explorer 2011. No son los primeros profesionales de armas que han sido victimizados en esa carretera. Por fortuna, al día siguiente fueron liberados. Pero el peligro en la troncal 9 continúa.

*Alfonso Trilleras es un abogado colombiano, Coordinador de la Oficina para la Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tuvimos la oportunidad de conversar durante una visita que hizo a Venezuela, con motivo del congreso sobre lavado de dinero organizado por www.antilavadodedinero.com, publicación dirigida por el ex juez y consultor Alejandro Rebolledo.


-¿Cuáles son las principales tipologías aplicadas en la actualidad para lavar dinero?

-Van acordes con cada país. La que más se presenta tiene como delito determinante la corrupción y el testaferrato. Las organizaciones criminales suelen utilizar empresas de fachada.

-¿Hacia dónde buscan sacar el dinero en la actualidad?

-Quieren migrar hacia estados fallidos, donde las legislaciones son permisivas en el aspecto de no compartir información ni colaborar en las investigaciones.

-¿En el Caribe?

-Están en la lista Ocde. Lo que recomienda ONU es que se adopte la figura de la extinción de dominio para cercar y estrechar espacios que la delincuencia organizada tiene para el traslado de capitales ilícitos.

-¿Qué obstáculos han identificado a la hora de iniciar la recuperación de activos en el extranjero?

-Hay barreras que ONU en alianza con Banco Mundial ha detectado: institucionales, legales y operativas. En las primeras está la falta de voluntad política de los estados para adoptar medidas eficaces.

-¿Las campañas por el estilo de los Panamá Papers contribuyen de alguna forma a superar estas barreras?

-Es importante la divulgación, así como las alianzas entre los sectores público y privado para debatir estos temas y adoptar recomendaciones. Pero lo básico es la sensibilización y la concientización social sobre el enorme daño para la paz y las oportunidades de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, incluso, se desestabilizan los sistemas democráticos.

-¿Por qué este tema preocupa a algunas sociedades y a otras no tanto?

-Cada país tiene sus problemáticas. Hay delitos suficientemente graves y tipologías que se desarrollan y socavan los sistemas democráticos. En algunos es la corrupción, en otros el narcotráfico y el terrorismo.

-¿Manejan algún cálculo sobre los montos sustraídos vía corrupción?

-La recuperación de activos es algo relativamente novedoso. Son leyes recientes que se están adoptando en los países. Necesitamos que maduren esas leyes, y en tres o cinco años haremos los estudios de rigor para tener información confiable.

-¿Cuánto puede tardar la recuperación de activos procedentes de la corrupción?

-En Colombia el primer caso se sacó en un año. Pero es un proceso muy complejo. Primero, adoptar la ley que de autonomía a la figura jurídica, con garantías y procedimientos ágiles de cooperación internacional. Antes podrían tardar hasta cinco o seis años.

 

@javiermayorca

Prensa internacional pone sus ojos en el control militar del aparato económico venezolano

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Desde el lunes 11 de julio, cuando el presidente Nicolás Maduro nombró al ministro Vladimir Padrino López jefe de la «Gran Misión Abastecimiento Soberano», la atención en el mundo y su prensa se volcó en la toma de control militar del aparato económico venezolano.

Al nombramiento de Padrino López y en el marco de la Misión Abastecimiento Seguro, el gobierno decidió tomar los cinco puertos del país y nombrar al mayor general Efraín Velasco Lugo como el nuevo presidente de Bolipuertos.

 

WSJ

En nuestro continente, “The Wall Street Journal” tituló “Venezuelan President Puts Armed Forces in Charge of New Food Supply System» (Venezuela pone a la Fuerza Armada a cargo del sistema de distribución de alimentos). En el artículo, elaborado por los periodistas Mayela Armas y Juan Forero, Armas, el hecho informativo destaca el peso militar en la supuesta solución a un problema económico, en gran medida generado por la gestión de militares en la administración pública, centralizada o expandida en numerosas compañías estatales.

 

ElPaís#13J

En el caso de Europa, el diario español El País enfocan su artículo en el hecho de que «Maduro se atrinchera entre militares para mantener el control de Venezuela». Escrito por el periodista Alfredo Meza, hace énfasis en la marcha atrás de la orden del presidente de sacar a los militares de la administración pública y en la estrategia que estaría jugando el chavismo «para evitar reformar su modelo económico».

 

BBC#13J

En el caso de BBC Mundo, se enfocaron en el nuevo «superministro» y en su nota (¿Quién es Vladimir Padrino, el militar que Maduro nombró de «superministro»?) desarrollaron su trayectoria desde la época de Chávez, las promesas de Padrino al tomar el mando de esta nueva misión y terminan asegurando que «los militares ya no solo están en cada esquina de Venezuela. Ahora las controlan.»

LeMonde#13J

Incluso en Francia el diario “Le Monde” publica un atículo, basada sobre despachos de Agence France Presse (AFP) y Reuter,  titulado “Nicolás Maduro place les cinq principaux ports du Venezuela sous autorité militaire” (Nicolás Maduro pone los cinco puertos principales de Venezuela bajo autoridad militar).