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Detienen en España a exviceministro chavista Javier Alvarado acusado de corrupción

EL JUEVES 9 DE MAYO las autoridades españolas detuvieron a Javier Alvarado Ochoa, quien fuese funcionario del ministerio de desarrollo eléctrico de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) llevaron a cabo el arresto en la ciudad de Madrid, donde reside Ochoa desde hace varios años.

Se espera que para este viernes 10 Alvarado pase a disposición de la Audiencia Nacional de España, donde el juez Ismael Moreno lo investiga por estar presuntamente vinculado en el pago de comisiones y sobornos por parte de la empresa de la empresa de ingeniería Duro Felguera a políticos de Venezuela.

De acuerdo a la información del Europa Press, a Javier Alvarado Ochoa le serán imputados cargos por corrupción internacional y blanqueo de capitales. Ambos delitos surgieron luego de una investigación realizada a partir del 2015, cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó “indicios de criminalidad” por pagos en una cuenta del ya extinto Banco de Madrid, del que eran clientes todos los políticos que participaron en el soborno.

Estos delitos se habrían cometido cuando el hombre ocupaba el cargo de viceministro de electricidad, presidente de la Electricidad de Caracas o cuando formó parte de la junta directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta. Todos estos cargos los ocupó bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

 

*Vea la nota completa en TalCual 

Corrupción salpica a partido gobernante de Honduras

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TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Empresarios vinculados a un fraude multimillonario al sistema de seguridad social de Honduras financiaron la campaña del gobernante Partido Nacional en 2013 con 2,8 millones de dólares, según un informe divulgado la madrugada del viernes por la comisión legislativa que investigó el caso.

Los inversionistas depositaron 10 cheques por importe de 940.000 dólares en las cuentas del entonces precandidato a la presidencia Ricardo Álvarez, que ahora es vicepresidente del país, dijo el diputado Mario Pérez en una sesión del Congreso.

Otros dos cheques de 190.000 dólares fueron entregados por la firma CA Technologies al Partido Nacional.

Pérez, diputado y correligionario de Álvarez y del presidente Juan Orlando Hernández, encabezó una comisión de investigación formada por 13 legisladores de siete formaciones.

El grupo criticó la actuación del Ministerio Público en 12 sonados escándalos de corrupción ocurridos en la última década en Honduras. Sin embargo, no pidió abrir un juicio político contra el fiscal general, Oscar Chinchilla, como previamente anunciaron algunos congresistas de la oposición.

Álvarez se enfrentó en unas primarias a Hernández, que asumió el cargo en enero de 2014 para un mandato de cuatro años.

Los legisladores instaron a los jueces a revisar las cuentas del partido para verificar el origen de los fondos usados en la campaña electoral de hace dos años.

La comisión del Congreso dijo que el Ministerio Público aún no aclara “por negligencia, tardanza en aplicar la justicia e incapacidad” la corrupción en el país.

“Yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, dijo el presidente del país en la víspera tras instar a su partido a “devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco”.

“Las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga”, agregó el mandatario.

Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, ex director del IHSS durante la presidencia de Porfirio Lobo (2010-2014), desvió de manera fraudulenta unos 320 millones de dólares de los fondos destinados a comprar medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.

Zelaya fue detenido tras refugiarse en Nicaragua y desde hace seis meses está detenido a las afueras de Tegucigalpa, junto a dos ex viceministros, el de Salud y el de Trabajo. Tanto ellos como los 18 ex directivos del IHSS están siendo investigados.

El ex fiscal Víctor Fernández dijo que la corrupción en el ente habría dejado al menos 1.000 muertos por no recibir la atención adecuada por falta de recursos.

Los investigadores determinaron también que el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009 por los militares por intentar quedarse en el poder, gastó unos 600.000 dólares en empresas publicitarias y canales de televisión con fondos provenientes de la partida de sueldos y salarios de la Presidencia, pese a que ninguno de los beneficiados trabajaba para el Estado.

Según el informe, Zelaya (2006-2010) pagó 44.000 dólares por una noche de alojamiento en un hotel de la capital cuando era presidente.

La fiscalía ha enjuiciado a Enrique Flores, ex ministro de Presidencia de Zelaya, por malversar presuntamente 2,1 millón de dólares de fondos donados en 2008 por Taiwán.

“El desfalco millonario de la Seguridad Social impulsa al pueblo a salir a las calles a protestar porque los fondos se utilizaron para financiar campañas políticas”, advirtió a The Associated Press el activista Ariel Varela, uno de los numerosos jóvenes que han organizado multitudinarias manifestaciones en todo el país en las últimas dos semanas.

Se hacen llamar Oposición Indignada y convocan sus actos a través de medios sociales.

Capriles: La tarea de un gobernante es dar felicidad al pueblo, no preocupaciones

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Este viernes, Día Mundial de la Felicidad, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que el bienestar y tranquilidad que plantea el gobierno no se corresponde con la realidad de la calle, ya que el pueblo vive a diario las consecuencias de un modelo fracasado que tiene al país sumido  en escasez, desabastecimiento e inseguridad.

Desde las instalaciones del Gimnasio cubierto de Charallave, municipio Cristóbal Rojas de Valles del Tuy, donde inauguró la Segunda Copa Miranda Escolar, Capriles dijo que la felicidad no se decreta, sino que se genera. “Aquí crearon un Viceministerio para la Suprema Felicidad, y ¿de qué ha servido?, si cuando usted va a la calle lo primero que ve son largas colas de venezolanos para comprar alimentos, madres buscando leche y pañales para sus hijos. La tarea de un gobernante es dar felicidad al pueblo, no preocupaciones. Que nuestro pueblo pueda salir a las calles sin miedo a que lo roben y lo maten, que usted vaya a un supermercado y consiga todo lo que busca, eso es darle felicidad al pueblo”.

Capriles aseveró que el cambio en el país pasa por la búsqueda de condiciones que generen felicidad en los venezolanos. “Quienes creemos en el cambio, queremos un país donde los venezolanos cuenten con un buen empleo y les alcance el dinero, que tengan una vivienda cómoda y que no se les moje cuando llueva, que cada comunidad tenga sus calles asfaltadas. Cada quien puede tener su concepto de felicidad, pero la felicidad que nosotros queremos para nuestro pueblo, es un país de oportunidades, en el que  todos puedan alcanzar la plenitud de vida, un país donde hablemos de vida y no de muerte”.

El Mandatario regional manifestó que para lograr el bienestar y la tranquilidad del pueblo es necesario brindar educación de calidad que permita para formar hombres y mujeres críticos. “Esta semana inauguramos la escuela liceo Nelson Mandela, la más grande de Valles del Tuy, un sueño que nos costó sacrificios, pero lo logramos por nuestros niños. En Miranda, la principal felicidad es que los estudiantes que tenernos bajo nuestra responsabilidad tengan una educación de calidad, que puedan ir a las mejores escuelas. Queremos un país con oportunidades y eso se logra con la educación. El que se ocupa de la educación se ocupa del futuro”.

 

Copa Miranda Escolar

Durante la inauguración de la Copa “Miranda Escolar”, Capriles reiteró la importancia de masificar el deporte, cultura y educación como áreas fundamentales para ganarle terreno a la delincuencia. Dijo que en la contienda deportiva participarán niños y jóvenes de los centros educativos de la entidad, en disciplinas como baloncesto, kickingbol, voleibol, fútbol sala y ajedrez.

“En Miranda impulsamos el desarrollo de todos nuestros niños. El deporte al igual que la educación es nuestra bandera. Son muchas las dificultades con las que luchamos. La falta de dólares también afecta la masificación de deporte, cada vez es más difícil conseguir el material deportivo porque todo es importado. Al gobierno no parece importarle, para ellos es más importarle patrocinar la Fórmula 1 que destinar recursos para la construcción de canchas deportivas”.

 

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Las dificultades de ser gobernante de oposición en Venezuela

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La alcaldía que preside Antonio Ledezma, el político opositor venezolano arrestado este jueves, pasó de ser una de las más importantes del país a ser prácticamente irrelevante.

Según cifras del mismo Ledezma, que fue detenido al ser acusado de planear un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, la Alcaldía Metropolitana de Caracas fue despojada del 99,5% de sus competencias y recursos desde que el opositor fue elegido en 2009.

Y se trata de una queja de todos los alcaldes y gobernadores de oposición en Venezuela: que les quitaron el poder.

 

Además, aseguran que sufren una persecución judicial que les limita su margen de maniobra como gobernantes: de las 76 alcaldías que presiden opositores, de 335 en total, 33 de ellos tienen al menos un caso judicial abierto.

Y no son esporádicas las denuncias de gobernantes opositores de que les sabotean la gestión, como ocurrió hace un mes cuando el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que los helicópteros de los bomberos y la policía de su jurisdicción no se pueden mover por orden del gobierno.

Qué dice el gobierno

En el gobierno central esto se ve como una forma de actuación de la justicia, que no consideran politizada, pese a las constantes denuncias de la oposición.

Y, ante el despojo de competencias, el oficialismo dice que es una manera de devolverle al pueblo el poder que “la burguesía le arrebató”.

El fallecido presidente Hugo Chávez explicó varias veces que su idea de descentralización, una garantía de la constitución venezolana, era entregarles los recursos y las competencias a la gente.

“El concepto imperialista de la descentralización tenía el objetivo de dividir al país en pedacitos; pretendían quitarle poder al Estado nacional, desmembrar al país”, dijo, en 2007, cuando empezaban esta serie de políticas de reorganización del poder central y regional.

El nuevo proceso de “desconcentración”, aseguró, “busca ceder el poder hacia el pueblo, hacia los consejos comunales”, una institución de participación, articulación e integración entre los grupos sociales que, desde entonces, no han hecho sino crecer y adquirir poder en el país.

De hecho, la primera parte de la intervención de Maduro el jueves, cuando confirmó la detención de Ledezma, fue dedicada al empoderamiento de los consejos comunales y el establecimiento del Estado Comunal.

 

Sin presupuesto

“Bajo esa teoría el gobierno central ha activado varios métodos para bloquear la posibilidad de gestión de los gobernantes regionales opositores, aunque también, pero en menor medida, de los oficialistas”, dice Mercedes de Freitas, directora de la sucursal en Venezuela de la ONG Transparencia Internacional.

Los gobiernos regionales en Venezuela generan muy pocos recursos: según la Constitución, el 20% del presupuesto anual del Estado debe ir para las gobernaciones, en lo que en Venezuela se conoce como el situado.

“Pero muchas veces eso no se cumple porque el gobierno, con la ayuda de la Asamblea Nacional, hace cálculos raros y no transparentes de los ingresos, que suelen ser mayores de lo que se reporta en el presupuesto anual”, dice De Freitas, que hace seguimientos del presupuesto cada año.

Y las quejas de que el situado no llegó a tiempo van y vuelven cada tanto.

 

Sin competencias

Por otro lado, los aeropuerto y puertos de varias gobernaciones pasaron de ser manejados por las autoridades locales al control central. Pero eso no ocurrió en algunas gobernaciones oficialistas, como Anzoátegui.

Algo similar pasó con los peajes en las carretera y los dispensarios de salud, ambas fuentes de ingresos y poder de los gobiernos locales.

Chávez intervino la Policía Metropolitana de Caracas cuando Ledezma fue elegido con el objetivo de crear otra que respetara los Derechos Humanos y estuviera adscrita a la nueva Policía Nacional Bolivariana (PNB), que depende del Ministerio del Interior.

Cuando Ledezma quedó elegido, el gobierno central creó el Distrito Capital, una dependencia designada y financiada por la presidencia que se estableció en la sede tradicional del alcalde en el centro de Caracas.

Por eso Ledezma fue arrestado en una oficina particular. Y quien preside el Distrito Capital desde octubre de 2014 -tras ser designado por Maduro- es Ernesto Villegas, periodista y exministro de Comunicación e Información que compitió por la Alcaldía Metropolitana de Caracas en las elecciones municipales de 2013 y perdió frente a Ledezma (resultó en segundo lugar con el 47% de los votos).

“El oficialismo en esto de limitar a la oposición es muy exitoso; se inventan algo cada cierto tiempo y les funciona muy bien”, concluye Freitas.

En la gobernación del estado de Amazonas, que es de oposición, intervinieron la policía, las escuelas y hasta un hotel famoso, que pasaron a ser competencias de la oficialista CorpoAmazonas.

CorpoMiranda, por su parte, ha sido como una piedra en el zapato para el gobernador del Estado, Henrique Capriles, pues con más presupuesto ha podido ejecutar grandes proyectos de vivienda.

La llamada “gobernación paralela” está a cargo de Elías Jaua, cuyo título es Protector de Miranda, un estado que según el oficialismo está solo y abandonado por su gobernador, Capriles.

 

“Red clientelar”

Para el director del centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, esta relativamente reciente estrategia del gobierno tiene fines electorales.

“A un gobierno que ya no tiene su figura carismática (Chávez), y al que se la acabó la bonanza del petróleo, le toca pensar en nuevas formas de ganar elecciones”, asegura.

“Y una muy efectiva es posicionar geográficamente a una persona, con recursos que le permitan ganar seguidores, y crear una red clientelar que en el futuro le garantice votos”, sostiene.

Este año en Venezuela habrá elecciones del Parlamento, que llegan en momento de baja popularidad para el presidente (22%, según Datanálisis).

Por eso no son pocos los que han interpretado la detención de Ledezma como una jugada electoral: “Lo que quieren es que en la oposición nos salgamos de los mecanismos regulares de la democracia para la resolución de conflictos”, le dijo a BBC Mundo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que agrupa a partidos opositores, justo antes de anunciar las elecciones primarias de la oposición para el 7 de mayo.

El oficialismo, por su parte, anunció sus primarias el 7 de junio. Y rechazan que la detención sea una movida de campaña.

La detención es, dijo Maduro, una consecución de usar “la doble banda de los cargos públicos legales para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización”.