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Estados Unidos sanciona a 15 aviones venezolanos por transportar a funcionarios de Maduro

Este lunes 21 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó a través de un comunicado que añadió a 15 tipos de aviones venezolanos a su lista de sanciones propiedad de Pdvsa, que eran utilizados para transportar a miembros de alto rango del gabinete de Maduro.

En la información suministrada, afirman que los 15 aviones de Pdvsa han sido operados de manera insegura y poco profesional en la proximidad de aeronaves militares estadounidenses, mientras se encontraban en el espacio aéreo internacional.

“Las siguientes aeronaves fueron añadidas a la lista Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, dijo el tesoro en un comunicado a través de su página web.

Además, detallaron que, también en 2019, el Pdvsa Learjet 45 (YV2734) voló muy cerca de un avión militar estadounidense sobre el Mar Caribe. En primavera del mismo año, durante una operación conjunta llevada a cabo por la petrolera y el Comando Aéreo Integrado de Venezuela, el Learjet 45XR (YV2567) intentó interferir con una aeronave militar estadounidense en el norte del Mar Caribe.

YV3360, Marca y Modelo: Dassault Falcon 200EX
YV2040, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900B
YV2726, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900
YV2485, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900EX
YV2486, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900EX
YV2565, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2567, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV1118, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2734, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2716, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2738, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2739, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2763, Marca y Modelo: Haya 1900D
YV2762, Marca y Modelo: Haya 1900D
YV2869, Marca y Modelo: Haya 1900D

 

 

*Con información de El Pitazo

Más de 140 funcionarios del MP han sido procesados por corrupción

EL FISCAL DESIGNADO POR LA ANC, Tarek William Saab informó la mañana de este viernes 4 de octubre, que 140 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por corrupción desde el año 2017. 

“101 fiscales se encuentran bajo investigación penal y 48 están privados de libertad por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y trafico de influencias”, dijo Saab.

En rueda de prensa, el fiscal precisó que las detenciones de los fiscales se han efectuado desde agosto del año 2017 en el área metropolitana de Caracas (26), en el estado Guárico (189, Lara (13), Bolívar (10), Zulia (9), Yaracuy (9), Barinas (8), Carabobo (8), Miranda (7), Anzoátegui (6), Flacón (5), Nueva Esparta (4), Sucre (4), Delta Amacuro (3), Mérida (2), Apure (2), Monagas (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Trujillo (2), Aragua (1), Amazonas (1) y Vargas (1).

“Desde agosto 2017 hasta septiembre de 2019, el MP inició 44 investigaciones por casos de ejercicio ilegal de la minería. En ese lapso de tiempo se han imputado a 170 personas, 83 de las cuales permanecen detenidas”, detalló.

Al mismo tiempo, destacó que desde ese año se han realizado 10.400 investigaciones y han logrado 7.400 actos conclusivos. Así como también, 7357 imputaciones de las cuales se han obtenido 324 sentencias condenatorias.

 

 

*Con información de TC y UR

UE confirma sanciones a 7 miembros de seguridad e inteligencia de Venezuela

LA UNIÓN EUROPEA MATERIALIZÓ ESTE 27 de septiembre su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en “torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.

Cuatro de los nuevos sancionados “están relacionados” con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son las instituciones para los que trabajaban los siete sancionados. 

Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero pertenecían a la Dgcim; Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y Carlos Calderón, del SEBIN.

El informe confirma “de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, señala el Consejo.

 

*Con información de EFE

Brasil prohíbe la entrada a

EL GOBIERNO DE BRASIL emitió una ordenanza que establece evitar la entrada a ese país a “altos funcionarios” del régimen de Nicolás Maduro por “violar la democracia y la dignidad de la persona humana”.

En el texto avalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, encabezado por Ernesto Araújo, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, liderado por Sergio Moro, se especifica que los funcionarios no podrán ingresar a territorio brasileño «por sus actos, que contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia. de los derechos humanos».

Las autoridades brasileñas agregan que “los nombres de las personas se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”.

 

 
COMUNICADO 
 

Los ministros de Estado de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores, en el uso de la atribución que les confiere el artículo II del único párrafo del art. 87 de la Constitución, en vista de lo dispuesto en el punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017, y en el artículo IX del art. 171 y art. 207 del Decreto No. 9,199 del 20 de noviembre de 2017, y considerando las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos CP / RES. 1095 (2145/18), de 23 de febrero de 2018, AG 2929 (XLVIII-O / 18), de 5 de junio de 2018, y CP 1117 (2200/19), de 10 de enero de 2019, la resolución de la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas A / HRC / RES / 39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018, y las Declaraciones del Grupo de Lima del 4 de enero, 2019 y del 25 de febrero de 2019, resuelve:

Artículo 1 Esta Ordenanza establece la regla para evitar la entrada al país de altos funcionarios del régimen venezolano, quienes, por sus actos, contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia. de los derechos humanos.

Párrafo 1. Los nombres de las personas a las que se hace referencia en el título se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

§ 2 La lista mencionada en el § 1 puede ser actualizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y debe ser enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Art. 2 Las personas que figuran en la lista exhaustiva mencionada en el art. 1 no puede ingresar al territorio nacional.

Art. 3 El impedimento de entrada previsto en el art. 2 observará el procedimiento previsto en el artículo del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017.

Artículo 4 Las disposiciones de esta Ordenanza se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley N ° 9.474, de 22 de julio de 1997.

Artículo 5. Las disposiciones del punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.455 de 2017, puede ser aplicada por la autoridad migratoria con base en la hipótesis prevista en esta Ordenanza u otros actos considerados contrarios a los principios y objetivos establecidos en la Constitución Federal.

Artículo 6 La presente Ordenanza entrará en vigor en la fecha de su publicación.

SERGIO MORO
Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública

ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores

Colombia prohíbe la entrada a más de 200 funcionarios del gobierno de Maduro

MÁS DE 200 PERSONAS colabores de la dictadura de Nicolás Maduro, no podrán ingresar al territorio colombiano según lo anunció el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

La decisión, soberana y discrecional hace parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima, del que Colombia participa y que busca una salida pacífica a la crisis en Venezuela.

Según el Director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, inicialmente serían más de 200 las personas incluidas dentro de esta lista de posibles inadmitidos por Colombia, dada su estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro, aunque no se descartó que esta cifra siga aumentando con el paso de los meses.

La medida comenzó a aplicarse por parte de la autoridad migratoria colombiana con la inadmisión del ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien arribó en la mañana del día de este 30 de enero en un vuelo chárter al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla.

Ramírez Mendoza había sido nombrado en días pasados por Nicolás Maduro, a través de un decreto, como presidente de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, empresa multinacional creada bajo el amparo del Acuerdo de Cartagena, que provee productos químicos básicos e intermedios para la industria y el sector agropecuario.

#MonitordeVíctimas | Enfrentamiento entre presuntos delincuentes y funcionarios dejó cinco muertos en Turgua
Más de 60 funcionarios de PoliHatillo, PoliBaruta y del Cicpc se movilizaron a la zona rural para dar con la captura de integrantes de la banda Los Paez. Cinco presuntos delincuentes fueron asesinados y cuatro policías resultaron heridos

 

CINCO SUJETOS FUERON ASESINADOS la mañana de este 18 de enero, durante un enfrentamiento con funcionarios de la Policía de El Hatillo, PoliBaruta y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector Monterola, en la carretera nacional de Turgua, estado Miranda.

Los hombres, pertenecientes a la banda Los Páez, estaban presuntamente implicados en los delitos de robo, secuestro y homicidio, y según la versión de los funcionarios, estos llegaron a ellos gracias a las investigaciones realizadas tras el asesinato el pasado 12 de diciembre de Jefferson López, de 23 años, un oficial de Polibaruta que murió al recibir un tiro en el rostro, cuando junto con otros funcionarios acudió a verificar una presunta situación de rehenes en una vivienda cercana a la Universidad Simón Bolívar, entre Sartenejas y Hoyo de la Puerta.

El enfrentamiento entre presuntos delincuentes y cuerpos policiales dejó además cuatro funcionarios heridos: Richard Rondón (pierna derecha) Gabriel Vicuña, (intercostal); Freddy Rojas, comisionado de Polibaruta y Enmanuel Pérez, (axila izquierda).

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas llegaron al sitio pasadas las 11:00 para efectuar el reconocimiento de los cuerpos. Los efectivos heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Caracas.

Privan de libertad a 12 efectivos del Sebin por detener a Juan Guaidó

EL TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL del Área Metropolitana de Caracas decretó medida judicial privativa preventiva de libertad para los ciudadanos Ildemaro José Rodríguez Mucura, Argenis Jesús Flores Molina, Waleymi Wilkerin Abab Rivas, Ronald Caballero Urbina Urbina, David Caballero García, Eisten José Flores Molina, Ángel Nicanor Figueira Verdú, Víctor Manuel Herrera Freitas, Joshwad Pietro Vitulano, Luis E. Saavedra Mendoza, Yosbel Adelso Rodríguez Villegas y José Jesús Escobar Colina, funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que privaron ilegítimamente de libertad al diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, mientras se desplazaba por la autopista Caracas – La Guaira.

La decisión judicial se produce tras realizarse la audiencia de presentación en la que los referidos funcionarios fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la legislación venezolana, y se ordenó en el fallo su permanencia en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Caracas.

 

Presentación de funcionarios del Sebin por caso Albán fue diferida

LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos, quiénes estaban a cargo de la custodia del fallecido concejal Fernando Albán fue diferida para el 5 de noviembre.

“Fue diferida para el día 5/11 la audiencia de imputación a los funcionarios Sebin, a quienes se le pretende imputar el delito de Quebrantamiento de obligaciones de custodia, establecido en el artículo 267 del Código Penal cuya pena es de 15 días a seis meses”, escribió el abogado Joel García en su Twitter.

García, abogado defensor de Fernando Albán, había informado que la audiencia se realizaría este miércoles y que el tribunal les negó el acceso a la presentación debido a que no existe la “cualidad de víctima, a pesar del poder otorgado”.

Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, informó el 21 de octubre que investigaría a los oficiales de la policía política que custodiaban al dirigente opositor.

 

Puede leer más del caso Fernando Albán  AQUÍ Piso 10: el “comité de bienvenida” del Sebin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte de  Fernando Albán ha levantado una polémica dentro y fuera de Venezuela, luego de ser calificada como “un suicidio” por el Ministerio Público el pasado 8 de octubre  y, por el contrario, como  “un asesinato” por allegados al  concejal.

Diferentes países y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han solicitado el inicio de una investigación imparcial sobre el caso.