Un reciente despliegue militar por parte del gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe ha reavivado el debate sobre la participación de altos funcionarios venezolanos en actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.
La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento denunció a través de un comunicado que la profunda erosión institucional en el país “ha generado un terreno fértil para el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito y la impunidad”.
Según el comunicado, “la ausencia de contrapesos democráticos ha permitido que funcionarios de distintos niveles de la administración pública utilicen el aparato estatal como plataforma para delinquir”.
La ONG advirtió que Venezuela se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el colapso de la institucionalidad democrática puede facilitar no solo violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino también el surgimiento de estructuras criminales dentro del Estado.
“El uso patrimonial del poder, la captura de instituciones y la red clientelar que sostiene el sistema han derivado en una Emergencia Humanitaria Compleja, con consecuencias devastadoras: pérdida de vidas, migración forzada y violencia contra grupos vulnerables”, se lee en el texto.
Asimismo señaló que la omisión de organismos como la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo ha exacerbado la impunidad. La organización denunció también que en Venezuela se vive una política de “Terror de Estado”, evidenciada por informes de organismos internacionales y ONG, que se ha intensificado tras el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones del 28 de julio.
El comunicado alertó sobre el crecimiento de redes de extorsión institucional, donde funcionarios civiles, policiales y militares exigen pagos ilegales por trámites, retención de personas y liberación de pasaportes. Además, señaló que los acuerdos con grupos delincuenciales en zonas denominadas “de Paz” han cedido el control territorial a líderes negativos, conocidos como “pranes”, quienes han transformado los recintos penitenciarios en centros de operaciones criminales.
Estas prácticas han trascendido las fronteras venezolanas, replicándose en el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico. Un informe de Transparencia Venezuela en el Exilio estima que en 2024, cerca del 24% de la producción mundial de cocaína transitó por Venezuela, generando ingresos por más de 8.200 millones de dólares para funcionarios involucrados.
Finalmente, la organización hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que asuma un rol activo frente a un Estado que, según denuncian, combina la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad, la participación de altos funcionarios en redes de narcotráfico y el uso del chantaje diplomático como herramienta de presión global.
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