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Fuerza de Acciones Especiales

#MonitorDeVíctimas | FAES, las siglas de la muerte

Manuel Parejo y Moisés Medina

EL PASADO 17 DE JULIO, en un acto de graduación de más de 2.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Nicolás Maduro emitió elogios a la actuación impecable que, según su criterio, ha venido desarrollando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de esta policía, desde su creación en 2017: “Todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que viva el Faes!” Sin embargo, los datos del Monitor de Víctimas indican otra realidad: existe un patrón sistemático de abusos y violaciones de DDHH de los cuales este cuerpo policial es responsable.

Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, da a conocer su informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, señala con contundencia las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo policial que encabeza la lista con más homicidios atribuidos, son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En este informe se comenta la actuación de este grupo especial de la Policía Nacional Bolivariana, recomendando al ejecutivo nacional que: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”. Pero, ¿por qué la ACNUDH considera necesario disolver las FAES e investigar sus crímenes?, Para responder esta pregunta y entender esta recomendación realizada por el máximo organismo en materia de DDHH, haremos un recuento de la actuación de este cuerpo de seguridad en el primer semestre de 2019, en la ciudad de Caracas, con base a las cifras del Monitor de Victimas.

Las FAES es el victimario más frecuente en la primera mitad del año

Durante el primer semestre de 2019, en la gran Caracas, se registraron 495 homicidios, de los cuales 226 son responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa 45,6% del total de homicidios. Únicamente las FAES, es responsable de 160 muertes violentas, significando 70,2% de los homicidios cometidos por cuerpos policiales. Es decir, de cada diez caraqueños asesinados, tres fueron víctimas de las FAES.

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La violencia política en su expresión más letal…

A comienzos de 2019, en pleno auge de las protestas sociales y políticas en los sectores populares, las FAES actuaron de forma más letal que en cualquier otro momento; nada más en enero, ascendió a 39 el número de vidas cobradas por este cuerpo policial. Si comparamos este número de homicidios con el promedio registrado en 2018 por este organismo de seguridad, el primer mes de 2019, iniciaba con un aumento de 86% sobre la tendencia que había dejado la actuación de las FAES durante el año anterior (21 homicidios por mes).

Asimismo, durante esta primera mitad del año, solo los victimarios independientes promediaron la misma cantidad de homicidios que las FAES. En consecuencia, el promedio mensual de homicidios cometidos por las FAES, fue de 26 muertes violentas y nunca el número de casos atribuidos a este cuerpo policial, estuvo por debajo de los 20 homicidios. Por otro lado, en comparación con el primer semestre de 2018, hubo un aumento de 36% en la cantidad de homicidios adjudicados a las FAES.

El “modus operandi” de las ejecuciones extrajudiciales

Cada uno de los homicidios en manos de fuerzas de seguridad del Estado es clasificado por las autoridades como “resistencia a la autoridad”. Esta clasificación resulta incompleta y metodológicamente errónea, pues no distingue si fue un enfrentamiento o una ejecución extrajudicial, es decir, agrupa dentro del mismo registro, a los homicidios cometidos bajo los procedimientos que estipula la ley y el uso correcto de la fuerza y aquellos que constituyen evidentes violaciones de Derechos Humanos y un uso desproporcionado de la fuerza.

En concordancia, tal como lo advierte el informe de la ACNUDH, en muchas de las muertes violentas por responsabilidad de entes de seguridad del Estado, existen claros indicios que fueron por ejecuciones extrajudiciales; los patrones identificados por Monitor de Víctimas así lo respaldan. En ese sentido, un total de 132 homicidios cometidos por las FAES en la ciudad capital, fueron producto de ejecuciones extrajudiciales. Al menos 76 de estas ejecuciones, ocurrieron en las viviendas de las víctimas, la mayoría en horas de la noche.

Según los registros del Monitor de Víctimas y los testimonios levantados por la ACNUDH, familiares y allegados relatan en gran parte de los casos, que la víctima fue tomada por sorpresa mientras dormía o compartía con ellos, quienes eran encerrados en una de las habitaciones de la casa mientras los funcionarios registraban la misma, robaban pertenencias de valor y extraían a la victima para dispararle a quema ropa, para luego ser llevado a un centro de salud sin signos vitales y así los funcionarios alegaban que fue “abatido” por un enfrentamiento armado o por resistencia a la autoridad. Este modus operandi es el más frecuente entre los 160 caraqueños que perdieron la vida en manos de las FAES.

De estos relatos lo más preocupante es evidenciar como se vulnera el derecho a la vida, se irrespeta el debido procedimiento penal y se incurre en delitos como asalto a la propiedad privada, secuestro y asesinato. De las 160 vidas cobradas por las FAES, 82 sucedieron en la vivienda de la víctima, lo que representa el 51,25% de estas muertes; 71 en vías públicas, lo que representa el 44,4% y el resto en Calabozos y establecimientos comerciales, entre otros.

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Los hombres jóvenes, las víctimas predilectas de las FAES

Cuando revisamos el perfil de las víctimas de este organismo de seguridad, vemos datos aún más alarmantes. Los hombres de edades comprendidas entre 15 y 45 años representan 97% de las víctimas, siendo el grupo etario más afectado los jóvenes entre 21 y 25 años, donde se concentra la amplia mayoría de los asesinados por las FAES. Asimismo, el promedio de edad de las víctimas de esta institución es casi 7 años menor al registrado por los victimarios civiles.

Los sectores populares, la población más vulnerable

Por otro lado, los homicidios en manos de las FAES, se distribuyen de forma desigual entre los cinco municipios que conforman la Gran Caracas. El municipio Libertador y el municipio Sucre, caracterizados por sus grandes barriadas, encabezan la lista con 115 y 38 muertes respectivamente (96% de los homicidios). Las parroquias más afectadas por estos operativos de muertes fueron: (1) La parroquia Petare del Municipio Sucre con 28 asesinados víctimas de las FAES; (2) La parroquia Sucre del Municipio Libertador con 18 víctimas; (3) Las parroquias Antimano y Macarao con 15 víctimas; (4) La parroquia el Valle con 13 asesinados y (5) La parroquia San Agustín con 9 víctimas de las FAES, durante este primer semestre de 2019.

Igualmente, es indiscutible que la violencia implementada por este cuerpo de seguridad se ha agravado en lo que va de 2019, dado que estas 160 víctimas en los primeros seis meses, representan en la actualidad, 62% del total de víctimas que se le adjudicaran a este mismo cuerpo policial en todo el año 2018, en el cual se le atribuyeron 255 homicidios en la ciudad capital.

Sin duda alguna las FAES, en estos primeros seis meses de 2019, se han consolidado como el principal responsable de las muertes de los jóvenes caraqueños. Toda esta evidencia a partir de los datos levantados por Monitor de Víctimas- cuyo registro estadístico fue citado por el informe Bachelet-, sustenta y apoya la petición de la ACNUDH sobre la erradicación inmediata de este cuerpo especial que tanto daño está haciendo al tejido social y a los núcleos familiares del país. Hoy en las calles y hogares venezolanos, se identifican a las siglas FAES, como las siglas de la muerte.

 

Denuncian que FAES mató a mecánico en Baruta

A LAS 5 DE LA MAÑANA  de este miércoles 12 de junio, Genyill Ranier Chacón Pérez, de 32 años de edad, fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en su residencia de la calle Los Mangos en Los Samanes, municipio Baruta.

Así lo expusieron familiares que esperaban por el cadáver de Chacón Pérez en la morgue de Bello Monte.

Según la versión de los parientes, a Chacón Pérez lo confundieron con otra persona y lo ajusticiaron. “Ellos llegaron buscando a un Jesús Prado”, dijo una prima de la víctima.

Chacón Pérez era mecánico de motocicletas y trabajaba en un taller ubicado en la planta baja donde residía. Supuestamente abrió el negocio para que los funcionarios se percatasen de que no había más nadie. Luego lo llevaron a su casa, lo asesinaron y dejaron el cadáver en el hospital Domingo Luciani, de El Llanito.

 

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Además, prosiguieron los familiares, los funcionarios le robaron una camioneta Toyota Hilux. “Le dieron muchos golpes en la cara, incluso nos dijeron que le faltaba una parte del cuerpo”, dijo un miembro de la familia.

Chacón Pérez deja huérfana a una niña de tres años, cuya madre vive en República Dominicana. “Él era el único sustento de esa niña aquí en Venezuela”, indicó una prima.

El mecánico había trabajado en la empresa Nestlé y planeaba emigrar a España en los próximos meses. Tenía tres hermanos, dos viviendo fuera del país.

@franzambranor

La seguridad es un tema pendiente de Nicolás Maduro

EL MÁS RECIENTE INFORME DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA refiere que en 2017 se registraron 26.616 homicidios, 5.535 a manos de las fuerzas de seguridad. Esto da una tasa estimada de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Durante los últimos años Venezuela ha mantenido la segunda posición entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de que desde hace más de 10 años no se tienen cifras oficiales. Durante 2018, de acuerdo con un resumen elaborado por el portal InSight Crime, encabeza la clasificación como el país con más homicidas de Latinoamérica y el Caribe.

Los planes de seguridad que se han implementado desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro han sido seis:  Operativo Madriguera, Distrito Capital (2013); Plan Patria Segura (2013); Plan Nacional de Desarme (2014); creación de las OLP (Operación de la Liberación del Pueblo) (2015); Campaña Carabobo 2021 (2017) y la Gran Misión Cuadrantes de Paz (2018).

Implementación del Plan Zamora

.El 18 de abril de 2017, el Gobierno de Maduro anunció la implementación del Plan Zamora, una operación militar que combina la participación de elementos marciales y civiles.

Aunque no existen documentos oficiales del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia de la República en los que se explique en qué consiste el plan, según Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura de Venezuela, este es definido como “el plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un periodo de crisis; también se activa para la atención de desastres y calamidades naturales”.

La puesta en práctica del Plan Zamora fue observada por primera vez el 19 de abril de 2017, día en que opositores al Gobierno decidieron manifestar ante la Defensoría del Pueblo para exigir la realización de elecciones, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la libertad de los presos políticos. Sin embargo, esa marcha fue detenida con disparos y lacrimógenas e intervinieron hombres armados identificados como colectivos, que decidieron formar parte de las fuerzas de seguridad a pesar de ser grupos civiles.

El Plan Zamora ha sido señalado de “inconstitucional” por distintas ONG, debido a que la actual Constitución de la República establece que la seguridad de la nación está a cargo de la Fuerza Armada Nacional, mediante sus componentes del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. No está previsto que se faculte a ni a las milicias, ni a los colectivos, ni grupos civiles (sean las UBCh, los consejos comunales, los Clap y los Congresos de la Patria) para recibir armas del Estado, ni usar las propias en su nombre.

Colectivos

Una investigación realizada por el portal Insight Crime refiere que en 2002 el presidente Hugo Chávez enfrentó dos momentos que estuvieron a punto de sacarlo del poder: el golpe militar y la huelga protagonizada por trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Tras los hechos, el mandatario detectó su necesidad de tener “estructuras de seguridad paralelas que pudieran ejercer contrapeso a los militares y tuvieran la capacidad de reunir rápidamente tropas de choque contra los manifestantes de la oposición”. A estos grupos los nombró colectivos.

Chávez les dio un espacio en su gobierno, les brindó financiamiento y permitió que se asentaran en las barriadas más pobres de Caracas, con mayor proporción en el 23 de Enero, una zona popular cercana al Palacio de Miraflores y los principales ministerios. Los mismos se agruparon con los nombres de La Piedrita, Alexis Vive, Grupo Carapaica y Tupamaros, entre otros.

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez y las protestas ocurridas en febrero de 2014, la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y actual ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, describió a los colectivos como “el pilar para la defensa de la patria”.

“Los guarimberos le tienen miedo a los colectivos organizados”, afirmó.

En 2014 se conoció que colectivos identificados con los nombres de “Tres Raíces” y “Frente 5 de Marzo” tienen estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.

Tres Raíces, según denuncias en medios de comunicación, es un grupo armado. Varios de sus miembros son miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía del Municipio Libertador (PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Esta doble vida fue confirmada el pasado 15 de enero de 2018, cuando Heiker Vásquez, líder de este colectivo, murió en el operativo que desplegaron cuatro cuerpos de seguridad del Estado en El Junquito, Distrito Capital, para capturar al expolicía Óscar Pérez, acusado de terrorismo.

Vásquez era parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) e incluso tenía un uniforme de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), a pesar de que no tenía formación como policía.

El colectivo Frente 5 de Marzo fue fundado por un expolicía, José Miguel Odremán, quien murió durante un operativo protagonizado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizado el 7 de octubre de  2014. Este colectivo es investigado por asesinatos, así como por robo y extorsión.  A pesar de ello, creó un servicio de guardaespaldas denominado Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela.

Tras la incursión de los colectivos en las protestas de 2014 y 2017, estos grupos, cuyos miembros en su mayoría andan vestidos de negro y con el rostro cubierto, fueron identificados por el sector con el nombre de “paramilitares”.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, los denominó como “grupos civiles armados al margen de la ley”.

Ejecuciones extrajudiciales

Según un informe de Amnistía Internacional y datos provenientes de la Fiscalía General de la República, se identificó que entre 2015 y junio de 2017 se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales: en 2015 hubo 1.777. El documento afirma que 95 % de las víctimas eran hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que residían en las zonas más pobres de Venezuela.

Además de las cifras de Amnistía Internacional, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas destaca que entre mayo de 2017 y mayo de 2018 fueron asesinadas 301 personas durante operativos de funcionarios de seguridad en Caracas. De esa cantidad, 87 % fueron jóvenes entre 20 y 27 años que cayeron a manos de la policía científica (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

.Testimonios recogidos por El Pitazo en la morgue de Bello Monte han descrito un patrón en la forma de operar de los funcionarios: irrumpen en la vivienda sin orden judicial en horas de la madrugada, encierran o sacan de la casa a los parientes, los agreden, le disparan al joven y luego alegan un enfrentamiento con un presunto delincuente.

.De  acuerdo con la ONG Cofavic, el Cicpc (70%) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB (30%) en los años 2017 y 2018 protagonizaron las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Estos procedimientos dejaron atrás a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) de 2015 o como fueron llamadas después por el presidente Nicolás Maduro: Operación de Liberación Humanista del Pueblo (Ohlp).

Tras la cantidad de homicidios a manos de funcionarios del Estado, la directora de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, señaló al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. La mujer, en la presentación del informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, denunció que el Estado venezolano “implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia”.

Guevara Rosas también relató que mayoría de las víctimas de los ajusticiamientos son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello: “El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (…) es como una pena de muerte”. Para Amnistía Internacional, esta forma de acción es “un retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial”.

De acuerdo con la data del Monitor de Víctimas, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, de los 301 ajusticiamientos contabilizados en el Distrito Capital, en el municipio Libertador se registraron 217; le sigue de cerca el municipio Sucre, con 63. Las parroquias de este municipio en las que se registraron esos presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y los cuerpos de seguridad fueron Sucre, con 41 muertes; Antímano, con 24; Coche y El Junquito, con 18 personas cada una, y Caricuao y Santa Rosalía, con 17 cada una.

Operación de Liberación del Pueblo

La Operación de Liberación del Pueblo ha sido la propuesta de mano dura del Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la violencia, que encabeza la lista de problemas de Venezuela.

Estos operativos, integrados por funcionarios de las fuerzas especiales policiales militares, nacieron el 13 de julio de 2015 en la Cota 905. Esta barriada había sido declarada como “zona de paz”, una insignia que impide a efectivos de seguridad ingresar a ciertas localidades para hacer requisas y procedimientos policiales.

Organizaciones de derechos humanos destacan que tras el lanzamiento de las OLP por parte del Ejecutivo nunca se reveló un documento oficial y público que detallara sus métodos y metas. Solo se maneja el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro: “El objetivo de las OLP es apretar al máximo el castigo de todos los crímenes”.

Una investigación realizada por el portal RunRunes junto a Connectas refiere que de 2015 a 2017 esta política gubernamental fue responsable de al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas. Cofavic describe el perfil de las víctimas:  99 % de las víctimas son hombres y 78 % de ellos son menores de 25 años.

En estos procedimientos se hizo uso del miedo y la zozobra, pues funcionarios se valían de máscaras con forma de calavera para mantener bajo control a los venezolanos, principalmente en las zonas menos privilegiadas del Distrito Capital, Miranda, Aragua, Yaracuy, Carabobo, Zulia y Lara, entre otras entidades.

Según el criminólogo Fermín Mármol García, el principal error de las OLP es realizar un despliegue de numerosos funcionarios, pues “los líderes de las bandas tienen informantes y pueden estar dentro de los que practican esos operativos; entonces solo se atrapa a pequeños rateros”. Indicó que no han logrado su objetivo primordial, que es reducir la delincuencia. En cambio, “han generado altas tasas de asesinatos a través de ejecuciones extrajudiciales, pues de acuerdo a la versión de sobrevivientes y familiares de las víctimas, los efectivos que participan disparan a matar”.

Tasa de homicidios

En 2015, por primera vez Venezuela llegó a su tope de cifras en materia de violencia: 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras registrarse 27.875 muertes violentas, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Esos números colocaron al país como la nación más violenta de América, antes que Honduras y El Salvador.

En 2016, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculó que en el año 2016 hubo 28.479 muertes violentas”; es decir, una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el informe del OVV de 2017 se señala que hubo un total de 26.616 homicidios en Venezuela. Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimaron en 16.046 casos. Se le suman las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos, y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Hacinamiento en cárceles

.El Observatorio Venezolano de Prisiones reseña que el hacinamiento en las penitenciarías de Venezuela era de 153 %. En 2015 llegó a 190 %; en 2016 bajó a 153 %; en 2017 se situó en 250 %, y hasta el primer semestre de 2018 esta realidad rebasó 270 %.

Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, refirió que hasta el primer semestre de 2018 en los sistemas penitenciarios del país existía un nivel de hacinamiento que sobrepasaba el 270 %. A este índice se le suman los retardos procesales y el deterioro de las condiciones de salud, que han dado paso a la desnutrición y aparición de enfermedades como tuberculosis.

Con respecto a los homicidios registrados en las penitenciarías venezolanas, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que en 89 centros de detención preventiva analizados en el primer semestre de 2017 perdieron la vida 27 privados de libertad. En el lapso de enero a junio de 2018 se registraron 163 decesos. Los números fueron interpretados por la organización como un “incremento considerable de muertes bajo custodia y responsabilidad del Estado”.

Además de las penitenciarías, otro foco a analizar son los calabozos policiales, considerados informalmente como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la ley venezolana estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas en los centros de detención preventiva, porque estos no cumplen con la seguridad mínima para mantenerlos en caso de tratarse de sujetos que han cometido delitos como robo u homicidio. De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, el retardo procesal de los tribunales del país ha generado que más de 40.000 internos se encuentren en estos recintos en espera de una sentencia.

Según Prado, de 2017 a 2018 en estos centros de detención preventiva el hacinamiento se incrementó de 400 % a 600 %, pues acogen a más de 60.000 ciudadanos que esperan su traslado a una penitenciaría formal. El investigador detalla que en estos calabozos “donde deberían estar 10 presos hay 50”.

 

PNB ultima a presunto asesino del juez Moncada

NelsonMoncada

 

El presunto asesino del juez Nelson Moncada resultó muerto en un enfrentamiento con funcionarios adscritos a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6.00 de la mañana de este lunes, cuando aproximadamente 120 funcionarios adscritos a la brigada élite de la PNB tomaron el barrio Las Brisas de la Cota 905, siguiéndole la pista a los asesinos del magistrado.

El sujeto, identificado por su alias como “Cheo” se vio acorralado por las fuerzas policiales y sostuvo un fuerte enfrentamiento con los funcionarios policiales, tiroteo en el que activó una granada fragmentaria que hirió a uno de los efectivos que participaron en la operación.

Al verse acorralado y superado en número, decidió suicidarse de un tiro en la cabeza. Funcionarios policiales venían haciéndole seguimiento a alias “Cheo”, sin embargo no habían podido capturarlo.

Como se recordará el Juez Nelson Moncada juez 48 de Control de Caracas, Nelson Antonio Moncada Gómez, fue asesinado aproximadamente a las 11 de la noche del miércoles 31 de mayo, en la avenida Páez de El Paraíso cuando circulaba en su camioneta Toyota 4Runner gris plomo, placas A4276UR, cuando se encontró con una barricada.

En declaraciones suministradas por el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, el mismo día del asesinato,  asomó la posibilidad de que el crimen estuviese vinculado con un caso de muerte por encargo, o “sicariato contratado por la derecha terrorista” en venganza por los casos que había manejado el juez Moncada entre los que se encuentran la apelación del caso de Leopoldo López, la muerte de Basil Da Costa y la desarticulación de los campamentos de Altamira en el año 2014, entre otros.

Otra versión suministrada por vecinos de la zona apuntaba a que el crimen pudo haber sido perpetrado por delincuentes comunes quienes toman a punta de pistola las barricadas levantadas por opositores y las utilizan para asaltar a los transeúntes, hipótesis que se aproxima más a la vinculada con la muerte de alias “Cheo”

Una tercera versión apuntaría a la participación de grupos paramilitares armados, o colectivos, quienes en compañía de funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron a los manifestantes el día de los sucesos.

En todo caso las investigaciones continúan y será el Ministerio Público el organismo que anuncie los resultados de las pesquisas que adelantan para esclarecer el caso.

Con información de Joan M. Camargo