Froilán Barrios

El lunes 10 de junio de 2019 se instala en Ginebra la 108a Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), evento mundial programado anualmente, que contiene en esta ocasión un significado fundamental al cumplirse 100 años de su fundación. La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que finalizó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 y aprobada en junio de ese año, teniendo como resultado la conformación de una organización tripartita, única en su género al ser integrada por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos y asamblearios.

Sus antecedentes provienen de las ideas propuestas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores fundada en Basilea en 1901, con la finalidad de impulsar una organización internacional que abordara temas laborales, por cierto lideradas inicialmente por dos empresarios, Robert Owen y Daniel Legrand y por las acciones del sindicalismo europeo y americano, quienes luchaban contra el capitalismo salvaje del siglo XIX, quien consumía de manera implacable a la mano de obra en condiciones infrahumanas. Así también este organismo laboral surgió ante el apocalipsis de la Gran Guerra que determinó la desaparición estimada en 25 millones de personas entre civiles y militares.

Como es de hacer notar este organismo ha permanecido durante un siglo, período en el que se ha conformado la institución tripartita de mayor tradición e institucionalidad, integrada en la actualidad por 187 Estados miembros de la OIT, donde se han aprobado 400 instrumentos jurídicos, a resaltar 189 Convenios, 6 Protocolos y 205 Recomendaciones, orientadas a la protección de los trabajadores en el mundo entero. A partir de 1945 al conformarse la ONU, la OIT pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas con la función de ocuparse de los temas laborales, teniendo como objetivos: Promover los derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, fortalecer la protección social y reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral.

Para los venezolanos la OIT ha sido un escenario privilegiado para denunciar ante la comunidad internacional, las violaciones recurrentes a los convenios fundamentales, tales como la libertad sindical (C87), negociación colectiva (C98), sobre la consulta tripartita (C144), sobre discriminación (C111), entre otros, que han sido citados por los empleadores agrupados en FEDECAMARAS y por numerosas organizaciones y centrales sindicales que representan a los trabajadores, mediante quejas ante el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Normas, ante el Consejo de Administración, lo que ha motivado como respuesta del organismo el envío de 12 misiones, comisiones, de diferente género durante los últimos 20 años, emplazando al Gobierno Nacional al respeto de las normas laborales internacionales reconocidas históricamente por el Estado venezolano. Es fundamental recalcar que Venezuela es miembro de la OIT desde sus inicios, estando separada del organismo por decisión de la dictadura perezjimenista en 1956 y retornando en 1958 al ser derrocado el dictador. En la actualidad ha sido designada en 2018 una Comisión de Encuesta como órgano investigador de mayor jerarquía estatutaria para constatar las violaciones recurrentes que determinaría incluso la permanencia de nuestro país dentro de este organismo, lo que significaría una sanción moral y causal para el Tribunal Internacional de la Haya.

Esta ocasión es una gran oportunidad para los trabajadores y los empleadores venezolanos de dar a conocer nuestra tragedia, ante la 108a. Conferencia de la OIT, que reunirá a 5000 delegados de 190 países miembros e invitados especiales, cuyo tema central es Construyendo un futuro con trabajo decente, ante la realidad que sufrimos de un país donde se ha destruido todo vestigio de trabajo digno, con salarios de 6 dólares mensuales, sin seguridad social, sin contratos colectivos, persecución y cárcel a sindicalistas y empleadores, y cierre paulatino de las fuentes de trabajo del sector privado y público, que ha determinado la estampida de más de 4 millones de venezolanos, representando la diáspora más notoria del hemisferio occidental.

Las conclusiones de esta importante Conferencia mundial son de suma importancia para nuestro país, que se prepara para superar la peor gestión gubernamental de nuestra historia y al mismo tiempo para
impulsar mediante una conversación pública y democrática con el método tripartito, sobre cómo queremos que sea nuestra futura sociedad del trabajo. Relacionada a cómo aprovechamos las ventajas y como ponemos barreras a los riesgos. Hace falta un nuevo contrato social también en Venezuela.

Froilán Barrios

Nieves Movimiento Laborista

La ironía de las dictaduras se resume en que pretendiendo ser eternas, contienen en su seno el germen de su propia destrucción, al momento que se descubren como tales, desatan en el tejido nacional múltiples contradicciones y conspiraciones, que no cesan hasta dar al traste con el régimen de facto. No puede ser de otra manera al pretender en pleno siglo XXI ahogar y enclaustrar a pueblos, que conocieron los valores de la democracia, sus sinsabores y al mismo tiempo la libertad como condición de vida.

Este fue el origen del desenlace de emblemáticas tiranías en nuestro continente el pasado siglo, asesinaron, manipularon, enviaron al destierro a miles de opositores y al final cayeron, como les sucediera a Videla y Galtieri en Argentina, a Pinochet en Chile, Bordaberry en Uruguay, Fujimori en Perú, entre otros de la galería de dictaduras de América latina. La mayoría alcanzaron el poder por golpes de estado, otros por elecciones, ello no impidió que finalmente terminaran en el basurero de la historia.

En el siglo XXI han resurgido dos casos emblemáticos que trastornan la vida de dos naciones: Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos bajo la mano del castrismo cubano, reproducen la maquinaria criminal esta vez en nombre de la soberanía nacional y del antiimperialismo, como estrategia para destruir instituciones políticas y sociales y mantenerse en el poder.

Lo que acontece hoy en Nicaragua luego de cumplirse dos meses de protestas contra el régimen de Daniel Ortega, es un replay de lo acontecido en Venezuela hace exactamente un año, con el triste saldo actual en tierra nica de 170 asesinatos, bajo el mismo modus operandi, bandas armadas y paramilitares que difunden el terror ante el clamor popular, que le proclama a los cuatro vientos estar hartos del Frente Sandinista y su gobierno.

A diferencia de lo sucedido en Venezuela, en la tierra de Sandino se conformó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina al conjunto del sector privado, la sociedad civil, estudiantes, obreros y campesinos, quienes manifestaron se sentarán a la mesa de diálogo, únicamente para hablar de la salida del poder de Ortega y su esposa, la vicepresidenta.

Por otro lado la Iglesia ha jugado un rol primordial, el sacerdote jesuita rector de la Universidad Centroamericana el padre José Idiáquez ha manifestado, “Ortega va a terminar como un asesino, lo que hemos conversado con los obispos es que tenemos que luchar con todos los medios posibles para que no haya más derramamiento de sangre, una guerra civil, que este país no va a poder resistir. Da la impresión que el señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo quieren dejar destruido el país”. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura casualidad.

Los eventos de Nicaragua anuncian cambios indetenibles para ese país y para Venezuela, cuyos métodos y prácticas criminales inspiradas en la cultura de la muerte, son similares a las que hoy azotan al pueblo nica, hoy la Casa Amarilla salió en defensa de la tiranía de Ortega, entre tanto nuestra oposición, bien gracias. Ya que salir tarde o temprano de las dictaduras, también depende de quienes y como proponen una salida alternativa factible a la tragedia que padecemos.

A propósito de las últimas fechorías de la dictadura relacionadas con la destitución del recién electo gobernador J.P. Guanipa  cito a Sánchez García (2017) “Aprendí de la lectura de la Filosofía del Estado y del Derecho, de Hegel, que un crimen cometido reiteradamente y no castigado, deja de ser un crimen para convertirse en uso y costumbre, hasta verse transformado en ley.

Aún cuando el gobernador zuliano luego de ser acreditado, acorde con el art. 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por la junta regional electoral del CNE el 16/10/2017 y de conformidad con el 160 de la CRBV, solicitó en reiteradas oportunidades por el CLEZ ser juramentado para iniciar oficialmente su mandato, éstos negaron ese requisito legal, procediendo con aviesa intención, a decretar la invención de la vacante absoluta al violar la constitución del Estado Zulia que establece en el artículo 75, “se considera falta absoluta del gobernador: “1) La muerte; 2) La renuncia; 3) La interdicción civil; 4) La condena penal mediante sentencia definitivamente firme; 5) El abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo por el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y 6) La revocatoria de su mandato por referendo”.

El Consejo Legislativo basa su argumento en la imposición de juramentar a gobernadores ante la ANC, como norma sobrevenida de la montonera constituyente del PSUV, aprobada dos días después del 15/10. Fecha de las elecciones a gobernador, donde surgiera  Guanipa como vencedor y gobernador electo con los votos del pueblo zuliano.

Como podemos ver la dictadura ha multiplicado el curioso método legislativo de los regímenes fascistas, de inventarse a diario leyes y una nueva constitución como un traje a su medida. En esta oportunidad es del tamaño de un golpe de estado contra la mayoritaria voluntad del pueblo elector y por otro lado de un crimen mayor contra el artículo 4 de la CRBV, que caracteriza la vigencia del estado federal descentralizado.

Desde hoy existirán dos gobernadores, uno constitucional legitimado por el voto popular y otro fraudulento impuesto por la dictadura en la persona de Magdelis Valbuena, presidenta por cierto de un Consejo Legislativo con el periodo vencido desde diciembre 2016.

Este acto criminal del régimen es la mas flagrante evidencia, de todas las que han sucedido hasta ahora, que determina como lo ha manifestado recientemente la canciller canadiense en el Grupo de Lima, del curso sin regreso de Maduro a imponer la dictadura a los venezolanos.

Por tanto, ante el secuestro de los poderes públicos (TSJ, CNE, FISCALIA GENERAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO), El gobernador electo debe en las próximas horas, acudir a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional, y a la movilización del pueblo zuliano, para hacer respetar la vigencia de la decisión de más de 700.000 electores, quienes derrotaron en forma aplastante y soberana al candidato de la dictadura F. Arias Cárdenas 

El 16 de febrero de 2002 dejó de existir Moisés Moleiro, uno de los más brillantes oradores del parlamento nacional, comparado por colegas legisladores con un líder adeco, prócer de la democracia de los años 40, como lo manifestara Teodoro Petkoff, “A Andrés Eloy Blanco no alcancé a oírlo nunca; pero su fama como parlamentario desborda esa circunstancia cronológica y se me ocurre si alguien se le parece, en estos tiempos de ahora, como discurseador en el Congreso, es precisamente Moleiro”. (1987).

Sus adversarios políticos adecos y copeyanos reconocían su mordacidad sulfúrica, a tal punto que Tarre Briceño reconocía que siendo la cámara de diputados una permanente gallera, donde nadie era escuchado, cuando el Presidente del Congreso anunciaba la palabra al diputado Moleiro, la algarabía cesa, se convierte en suave y democrático murmullo para transformarse en atento silencio, manejaba abiertamente o sutilmente la ironía, y sabe provocar la risa sin herir y solo como corolario o adorno de una contundente argumentación.

En el mismo tono Canache Mata se refería a las intervenciones de Moisés, manifestando “Yo oí de viva voz lo que queda ahora escrito en estas páginas, en su mayor parte para cañonear a mi partido Acción Democrática…he tenido que leer lo que antes había oído, pequeño suplicio en el que se compensan los golpes recibidos con la gracia de que hace gala quien los propina.”

Sus cualidades de orador trascendieron las fronteras venezolanas, como se refiere Petkoff, a decir de los italianos “un uomo de cultura”, en sus peripecias de noches parisinas recitaba en discursos capítulos del Quijote, como poemas de Malraux, o de Neruda. En fin utilizó la pasión cervantina para interpretar lo complejo de la naturaleza humana, la política y caricaturizarla cuando se aleja de la ética y sus nobles fines.

Las raspaduras de piel generadas por su discurso frente al puntofijismo, no le desenfocó de su lucha por un sistema de libertades, cuando manifestara “un gobierno democrático es mejor que una dictadura, aun tratándose de una democracia mas o menos “mapleta” como la que tenemos en Venezuela, pero eso no puede ser argumento para aprobar la gestión administrativa de un Gobierno” (1987).

Hoy a quince años de su desaparición física pero de presencia permanente, es oportuno recordarle, de su pasión de lucha con su irredento Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fragua de una militancia noble que recorrió los caminos de Venezuela por lograr una nación independiente, autónoma y soberana.

Moisés vería con suma tristeza en lo que fue su escenario predilecto de tantas batallas y debates, el Congreso Nacional, como lo ha amordazado y mutilado el chavismo gobernante. De aquel poder legislativo que destituyó a un presidente, que debatía y aprobaba las memorias de ministros y presidentes, censurando gestiones ministeriales, hoy ha sido reducido a cenizas al cercenar 55% de las facultades del parlamento, sustituido por el TSJ, por un régimen de abierta vocación fascista.

Estas notas son el reconocimiento de un amigo y un discípulo, inspirado en la pose del irreverente Moleiro, “por que me da la gana”, su manera de enfrentar los molinos de viento de la adversidad.

Froilan Barrios Nieves, Movimiento Laborista

La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio ‘Con el mazo dando’, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en el que el dirigente acusó a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criminaliza a los medios y sus trabajadores en su espacio de opinión “Los mazazos” que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), indica un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La organización no gubernamental monitoreó dos meses de programación del espacio de opinión, transmitidos entre noviembre y diciembre de 2014.

IPYS documentó que durante 9 programas, difundidos en un período de dos meses, Diosdado Cabello acusó a 165 personas y medios, entre los que se cuentan diarios de circulación nacional, directores, editores, periodistas, fotógrafos, activistas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos de oposición, representantes de la Iglesia católica, estudiantes y universidades venezolanas.

Vea el reporte completo aquí “Los mazazos” contra los medios y la disidencia

El patrón de señalamientos revela un proceso de constante vigilancia y seguimiento hacia diversos actores: dirigentes de partidos políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes estudiantiles, miembros de la iglesia católica, autoridades universitarias, analistas políticos y económicos, ciudadanos detenidos y bajo procesos judiciales.

A pesar de que los acusados representan a diversos sectores sociopolíticos de Venezuela, tienen un elemento en común: ejercen funciones que desde el gobierno son consideradas subversivas, susceptibles de objeciones.

Las personas y organizaciones que aparecen reseñadas en el programa, frecuentemente, son tildadas como “la derecha”, “los fascistas”, “los desestabilizadores”, “los amargados”. Así los califica Diosdado Cabello para abonar la tesis de una supuesta conspiración en contra del gobierno. En los 9 programas analizados, IPYS Venezuela encontró 25 referencias de Diosdado Cabello, vinculadas a este argumento. Habló de “conspiración”, “conspiradores”, y acciones para “conspirar”.

Las acusaciones buscaban criminalizar el trabajo de medios y periodistas, mediante el uso de informantes anónimos referidos por Cabello como “patriotas cooperantes”. Bajo la lógica de Los Mazazos, la mayoría los señalamientos son arbitrarios, no están fundamentados en ninguna investigación previa que debería realizarse desde las instituciones del Estado venezolano.

Más allá de reprender o avalar conductas de las personas y organizaciones que han sido señaladas, IPYS Venezuela considera que las leyes nacionales establecen que son los organismos del poder moral y judicial los que están en competencia para llevar adelante cualquier procedimiento de averiguación si los casos los ameritaran. Éste es un rol que le corresponde a las instituciones de justicia y no de un programa de televisión que acusa y sentencia a ciudadanos, con la utilización de la plataforma del principal canal del Estado y desde la vocería del presidente del parlamento nacional y dirigente del partido político oficial.

El abuso del poder del Estado en materia de comunicaciones se hace evidente. Con “el mazo dando” revela una mezcla en la que los roles del Estado se distorsionan y aúpan la impunidad. Esa fusión se llega a naturalizar: el canal estatal actúa como el partido político oficial. Pero a su vez, se vuelven una sola las funciones del gobierno, el parlamento, los encargados de la justica y los órganos de inteligencia policial. Ante las acusaciones como las que se hacen recurrentes en el programa, los ausentes son el debido proceso y la independencia de los poderes públicos del país, garantías fundamentales de la democracia y que están establecidas en la Constitución Nacional.