Fiscalía General de la República

A LAS 12:30 PM DE ESTE MARTES 12 DE MARZO, las autoridades de la Fiscalía General de la República informaron a Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, que no sabían del paradero del periodista, quien según informaciones extraoficiales fue detenido a las 5:00 pm del día anterior por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Que hayan transcurrido  18 horas y que la institución encargada de garantizar el debido proceso haya prolongado la incertidumbre sobre el lugar y condiciones de detención del comunicador social, apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento  jurídico venezolano: la desaparición forzada de personas.

Soto informó que, cuando allanaron su residencia, en la madrugada de este martes 12 de marzo, pudo ver un acta policial,  que indicaba que  su esposo fue detenido “en flagrancia”.  Pero la misma víctima pudo informar que fue interceptado cuando se desplazaba en bicicleta por un sector del Country Club, en Caracas. ¿Cómo, entonces, el Sebin podría afirmar que fue detenido durante la comisión flagrante de un delito? Sería una forma de cubrir una falla de origen que podría viciar todo el procedimiento, pues Díaz fue detenido sin orden judicial, lo cual constituye una detención arbitraria.

Al parecer, la intervención de un juez penal fue posterior, a efectos de que los funcionarios del Sebin realizaran el registro en la residencia de la pareja de periodistas, de donde se llevaron teléfonos, computadoras y, también, destacó Soto, dinero en efectivo y joyas.

El hecho de que Soto haya podido ver y conversar con Díaz, apenas durante 20 minutos, no salda totalmente la violación del debido proceso. Y no solo se trataría de una detención arbitraria, pues ni antes ni después del allanamiento a la residencia de la pareja las autoridades que practicaron la aprehensión informaron sobre el lugar donde estuvo y estaría recluido, ni los motivos precisos de la acción policial en su contra. Y, además, no le permitieron la asistencia jurídica de un abogado. Todos ellos derechos garantizados en el artículo 49 de la Constitución.

Naky Soto ofreció información que indica que Luis Carlos Díaz fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes: “Me dijo que lo golpearon con el casco que usa para manejar bicicleta. Que, para angustiarlo, le dijeron que yo estaba detenida y me habían trasladado al Hospital Militar, a propósito de mi condición oncológica”.

La periodista aseguró que los funcionarios del Sebin fueron enfáticos en su intento de aterrorizarla: “Me advirtieron que también me podían detener a mí. Que nos podían poner un muerto en la puerta de nuestra casa, para acusarnos de homicidio”.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, aseguró que a partir de las 10:00 pm de este lunes 11 de marzo y durante toda la madrugada siguiente, estuvieron recorriendo hospitales y centros de detención preventiva en busca de Díaz: “Fuimos a las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela y en El Helicoide, fuimos a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la sede de la Policía Nacional Bolivariana… En todos esos lugares nos negaron que Luis Carlos estuviese detenido”.

Para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.

El delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

El silencio del fiscal general y del Defensor del Pueblo

Naky Soto afirmó que desde la misma noche del lunes informó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la desaparición de Luis Carlos Díaz. “Solo recibimos como respuesta del fiscal unos stickers de mensajería telefónica”, aseguró la periodista.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz,  se sumó al silencio oficial, a pesar de que también le corresponde impedir excesos en la actuación de policías y militares .

Naky Soto contó con el respaldo de decenas de periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de oposición que se concentraron a partir de las 11:00 am de este martes 12 de febrero, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, para expresar su solidaridad y repudiar esta nueva agresión.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que el caso de Luis Carlos Díaz forma parte de una escalada de violencia estatal que ha causado más de 40 detenciones arbitrarias de periodistas durante los dos primeros meses de 2019.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, reiteró que se trata de una política de criminalización del ejercicio del periodismo en Venezuela y que, en esta oportunidad, se utilizó el patrón de las declaraciones estigmatizantes contra un comunicador social, a partir de la cuales se emprenden agresiones, entre ellas hostigamiento judicial.

El 8 de marzo, en el programa Con el mazo dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se había transmitido un video a través del cual Díaz explicaba las implicaciones de un blackout informativo. Cabello  tergiversó el mensaje del periodista y trató de responsabilizarlo de la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.

Soto recordó que ese video fue elaborado el 15 de febrero y difundido el 17 de febrero, es decir  casi tres semanas antes del apagón.

Correa informó que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la integridad física y la vida del periodista detenido ilegalmente por la policía política venezolana.

Lo más concreto y grave es que hasta el mediodía de este martes, 18 horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, las autoridades fiscales y policiales habían negado información sobre su paradero, lo cual es un elemento clave del delito de desaparición forzada de personas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó este viernes, mediante un comunicado, que seis meses después de la masacre de Amazonas, ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General de la República hayan iniciado las investigaciones correspondientes en torno a los hechos en los que murieron 39 presos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Los sucesos, que ocurrieron el pasado 16 de agosto, fueron tratados oficialmente como una intervención militar y policial en la que participaron cientos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. Sin embargo, un informe elaborado por OVP concluyó que en tal operación no se hubo intentos de negociar con los privados de libertad para que entregaran sus armas, ni tampoco se agotaron los mecanismos alternativos al uso de la fuerza.

El mismo reporte del Observatorio apuntó que la masacre se perpetró con armas de guerra, ya que los uniformados ingresaron al retén con fusiles R15 y Kalashnikov, además de granadas, bombas lacrimógenas y aturdidoras, y otros explosivos no identificados. Además, dispararon contra la población carcelaria desde un helicóptero y utilizaron una tanqueta de la GNB durante el ataque.

La ONG afirmó que, pese a que la política penitenciaria tiene un discurso aparentemente “humanista”, la negación de los derechos humanos tanto a los internos como a sus familiares se ha convertido en una constante.

“Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos, ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales, no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad”, indica el documento hecho a seis meses de la masacre.

A continuación, el comunicado completo:

A seis meses de la Masacre de Amazonas

El 16 de agosto de 2017, 39 presos resultaron asesinados luego de la intervención de fuerzas militares y policiales en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas. Testimonios brindados por sobrevivientes han confirmado que la mayoría de los reclusos fueron ejecutados.

A la fecha ni la Defensoria del Pueblo ni la Fiscalía han dado muestras de tener voluntad política de investigar la masacre y establecer responsabilidades de autores materiales e intelectuales.

Los familiares acompañados por el Observatorio Venezolano de Prisiones han solicitado en reiteradas oportunidades a las dos instituciones que se adelanten las investigaciones. Al igual como ha ocurrido con otras masacres como la de Vista Hermosa, El Rodeo y Uribana para nombrar solo tres de varias perpetradas, en la de Amazonas pareciera existir la misma disposición a no castigar a nadie por los homicidios realizados.

Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad.

Día tras día se evidencia el fracaso de una política penitenciaria que tiene su fundamento en un discurso aparentemente humanista, pero que en realidad se caracteriza por la indolencia, la arbitrariedad y la negación constante de los derechos humanos tanto a los reclusos y sus familiares victimas de constante maltrato.

En lo que va de año se ha realizado varias protestas por parte de internos de distintos recintos penitenciarios. En todos los casos han denunciado maltrato por parte de las autoridades, muy mala alimentación y prácticamente ninguna asistencia de salud. Los familiares igualmente vienen denunciando los reiterados maltratos a los cuales están sometidos.

La última protesta realizada en la cárcel de Tocuyito, donde lamentablemente los presos tomaron como rehenes a presos políticos y personal administrativo del penal, expresa la situación de angustia y desespero a la cual han llevado a los presos que terminan afectando a otros presos.

Llamamos igualmente la atención sobre la grave situación de las personas que se encuentran en los centros de detención preventiva, una situación que cada vez empeora. Son muy graves los problemas de alimentación, salud y hacinamiento existentes. Recordemos que durante 2017 se reportó la muerte por desnutrición de ocho presos.

Las exigencias que vienen realizando los presos en los últimos meses en los centros penitenciarios y los recintos de detención preventiva no se diferencian en mucho de las exigencias que mantenían los privados de libertad en el Centro de Detención Amazonas antes de la masacre.

Los meses pasan y la situación carcelaria empeora. Insiste el gobierno en seguir aplicando las mismas políticas que han fracasado. La militarización de los centros penitenciarios imponiendo regímenes cerrados pensando que el asunto fundamental es una disciplina forzada sigue desviando la atención en problemas como alimentación, salud, trabajo y otros aspectos claves obligación del Estado venezolano.

Se incrementan las denuncias de los presos de las torturas y otros malos tratos que se practican en los recintos penitenciarios. Aumentan las denuncias de los familiares de los malos tratos que reciben.

El gobierno debe cesar en su política de abuso contra los presos y sus familiares. Debe incrementar el presupuesto para garantizar alimentación. Ubicar los privados de libertad en centro de reclusión cerca de los tribunales que los procesan. Coordinar con el Poder Judicial para reducir el retardo procesal e implementar políticas para combatir el ocio y garantizar que los presos puedan estudiar, trabajar y realizar actividades deportivas varias.

Debe desarrollar una política urgente para descongestionar los centros de detención preventiva y atender los graves problemas de alimentación existente que continúan reportando en lo que va de año, presos muertos por desnutrición y por falta de atención médica.

Los reclamos de los presos deben escucharse. Los reclamos de los familiares también. No es represión lo que requieren los presos, necesitan adecuadas políticas penitenciarias donde el eje sea la dignidad de las personas.

El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, reveló este viernes, 29 de diciembre, que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) creó una oficina en Viena, Austria, a través de la cual se suscribieron contratos irregulares que causaron un daño patrimonial de 4.800 millones de dólares. Detrás de la operación estuvo, según él, el ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez.

La sede mencionada por Saab fue la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa en Europa creada en el año 2006 y encargada de “fiscalizar eficientemente el comercio de hidrocarburos para fines de recaudación de impuestos y regalías”, de acuerdo con el fiscal designado.

Las operaciones fraudulentas de la oficina comenzaron en 2009, año en el que se suscribieron contratos de servicios con la empresa JBC Energy, cuya función era “prestar servicios de evaluación de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional”.

Según el fiscal designado, los datos para la comercialización real del petróleo fueron modificados por la compañía de manera intencional, con “el fin de favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra y venta del crudo con Pdvsa” y con la consecuente pérdida de ingresos para la petrolera venezolana.

Todo, insistió Saab, ocurrió con la anuencia de los directivos de la oficina: Bernard Mommer De Grave, gerente general; Irama Zulene Quiroz De Mommer, gerente de oficina; y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora general, quienes presuntamente cobraron comisiones por hacer estas rebajas. Recalcó que esta sede fue promovida y creada por el ex ministro Rafael Ramírez.

Agregó que desde 2016 estas irregularidades cuentan con el apoyo de Nelida Iris Izarra Espinoza, directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación, quien ya fue detenida y será imputada por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación.

Para el caso fueron comisionados los fiscales 22° nacional con competencia plena y 23° nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó la noche de este sábado, vía Twitter, que giró instrucciones para que el Ministerio Público actuara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el caso del viaje de 120 niños a Perú, cuyos pasaportes fueron anulados por autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el terminal aéreo.

Saab justificó la acción del Saime y señaló que la ONG que fletó el vuelo charter no tenía documentación y que los niños iban a emprender el viaje con permisos fraudulentos. Por tal motivo, dijo, la Fiscalía actuó para “garantizar los derechos humanos” de los pequeños, ya que el caso “pudiera vincularse con delitos de trata de menores”.

Sin embargo, padres de los niños en Perú se manifestaron horas antes desde Lima y aseguraron, a través de un video, que los muchachos iban a reencontrarse con ellos por la Navidad. La ONG está dirigida por el dirigente político exilado Oscar Pérez.

El fiscal designado agregó que hubo dos autorizaciones de viaje falsas que fueron emitidas por un consejo de protección irreal, al tiempo que añadió que hubo 13 poderes notariados que no fueron suscritos por el otorgante.

“Esto obliga a investigar los fines de la precitada ONG responsable de tan grave acción, pues testimonios de familiares revelan que los tramites se hicieron en sus oficinas privadas”, indicó Saab.

El Ministerio Público, según el fiscal, entregó a los 120 niños en horas de la noche a sus familiares en el país y continuará las investigaciones de los sucedido.

“La defensa y protección de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en el mundo nunca jamás debe hacerse en base a la cobertura televisiva y mediática trasnacional para que los mismos sean presentados como trofeos de caza y menos como sujetos de un circo bufo”, agregó otro tuit del fiscal.

1) El día de ayer fuimos informados de la inédita acción: sin precedentes en nuestra historia republicana; de fletar con destino a Perú y a través de una presunta e indocumentada Ong: un vuelo charter a bordo de 120 niños con poderes y permisos de viaje fraudulentos #DDHH

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 16 de diciembre de 2017

2) De forma inmediata instruimos al Fiscal Superior d Vargas,al fiscal 5to en materia de protección de niños,niñas-adolescentes y al fiscal aux 1ero de delitos comunes: a garantizar los #DDHH d los precitados niñ@s en base a las convenciones y leyes vigentes Así como investigar

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 16 de diciembre de 2017

3).. a fondo la trama señalada q pudiera vincularse con delitos d trata d menores;habida cuenta que 9 poderes para otorgar permisos d viaje son fraudulentos (su otorgante no las suscribió), 2 autorizaciones d viaje falsas emitidas por un consejo de protección irreal, igualmente d

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 16 de diciembre de 2017

4)..la revisión de poderes que se notariaron se detectó que 13 no fueron suscritos por el otorgante Esto obliga a investigar los fines d la precitada Ong responsable de tan grave acción, pues testimonios de familiares revelan que los tramites se hicieron en sus oficinas privadas

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 16 de diciembre de 2017

5) Finalmente el @MinpublicoVE informa q los 120 menores de edad fueron entregados en horas de la noche de ayer a sus respectivos familiares en Venezuela #DDHH por el fiscal 5to d protección Reiteramos la firme disposición de continuar las investigaciones a que haya lugar #DDHH

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de diciembre de 2017

6) La defensa y protección de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en el mundo nunca jamás debe hacerse en base a la cobertura televisiva y mediática trasnacional para que los [email protected] sean presentados como trofeos de caza y menos como sujetos de un circo bufo #DDHH

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de diciembre de 2017

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió radicar en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas un caso de corrupción en Pdvsa. Se trata de la causa que se le sigue a Carlos Esteban Urbano Fermín, imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, en perjuicio del Estado venezolano, en representación de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

El caso de Urbano Fermín era llevado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.

De acuerdo con nota de prensa del TSJ, la sentencia N° 364 con ponencia de la magistrada Francia Coello González, ordenó a la Presidencia del circuito del estado oriental que remitiera de manera inmediata el expediente a Caracas para que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará la causa.

Urbano Fermín, junto a dos de sus hermanos, es el dueño de Cuferca, una de las empresas que hasta agosto de este año tenía múltiples contratos con Pdvsa en Anzoátegui. Esta fue una de las compañías señaladas por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, por desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El Ministerio Público informó este miércoles, 1 de noviembre, sobre la acusación de Erickvaldo José Moreno Márquez, de 24 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte del funcionario de la Gobernación del estado Mérida, Jesús Leonardo Sulbarán, de 42 años de edad, durante el “Platón Nacional” que convocó la oposición el pasado 24 de abril.

Durante el hecho, dice la nota de prensa de la Fiscalía, también resultó herida una mujer.

Los fiscales 38° nacional, así como 4ª y auxiliar de Mérida, Vladimir Ángel, María José Torres y Maureen Rojas, respectivamente, acusaron a Moreno ante el Tribunal 2° de Control del estado andino por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de Sulbarán, y por el mismo delito en grado de frustración en detrimento de la mujer lesionada, indica el comunicado. Igualmente, solicitaron la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento del joven y que persista la medida privativa de libertad.

Sulbarán era criminólogo de profesión. Trabajaba en la Dirección Estadal del Poder Popular de Política Integral de la Gobernación del estado Mérida

La versión del Ministerio Público indica que en horas de la mañana del pasado 24 de abril, un grupo de personas se congregó en la avenida Las Américas por el Plantón. En la tarde, alrededor de las 4:00 pm, varios chavistas se reunieron en las adyacencias de la concentración, momento en el que presuntamente Moreno Márquez efectuó varios disparos contra los oficialistas. Lo que no menciona la institución es que, de acuerdo con el relato de testigos, los afectos al gobierno se acercaron para amedrentar a los manifestantes y que varios de ellos iban armados y con los rostros cubiertos.

El supuesto victimario fue detenido el 13 de septiembre de este año, luego de que acudiera a la División de Homicidios del Cicpc por una citación del MP.

EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco asesinatos, 200 detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons. Una situación similar ocurrió con los hermanos García y Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal y la vida.

Con información de CODHEZ

Luisa Ortega Díaz, actuando como fiscal general de la República, emitió un comunicado donde desconoce la suspensión y destitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea nacional constituyente, “pasando por encima de la Constitución y las leyes” para que no pueda seguir defendiendo los derechos del pueblo venezolano.

Ortega Díaz afirmó que “está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo nacional. Ese es el único nombre del proceso que vivimos a estas horas y que debe alarmar a la comunidad internacional”.

Además, la fiscal indicó que el Ministerio Público es fiel a la Constitución, “y bajo esa premisa nos vamos a mantener hasta el final”.

Ortega Díaz hizo un llamado de atención al pueblo de Venezuela, y sentenció que esta decisión en su contra, “es apenas una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar. Si esto se lo hacen a la Fiscal General en qué estado de indefensión están el resto de los venezolanos”.

La Fiscal señaló que acabar con la autonomía del MP afectará a las víctimas de violaciones de DDHH, de violencia delictiva, “y contribuirá a perpetuar el desfalco a la Nación con la implementación de políticas económicas que benfician a la corrupción”.

Además, se dirigió al Ejecutivo y dijo que “Venezuela y el mundo están conscientes que ustedes son los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como tal asumirán las consecuencias de esta destrucción de la democracia venezolana”.

Por último, Ortega Díaz dijo que “No me rindo, Venezuela no se rinde ni se rendirá ante la barbarie, la ilegalidad, el hambre, la oscuridad y la muerte. Nuestro pueblo tiene que mantener viva la esperanza y la unidad”.

https://twitter.com/MPvenezolano/status/893914348074172416