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“El Chapo

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En el documento de acusación presentado en una corte de Nueva York contra el narcotraficante mexicano el nombre de Venezuela aparece en dos ocasiones. Se describe como el capo, extraditado esta semana a EE UU, logró vincularse con traficantes venezolanos para transportar cocaína a través de Centro América hasta norteamérica

 

Por Adriana Núñez Moros

@AdrianitaN

 

Venezuela fue una plaza para el encuentro de miembros del Cártel de Sinaloa con traficantes de droga durante el “reinado” de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Así lo indica el documento de acusación contra Guzmán presentado por la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Este de Nueva York este 20 de enero.

De acuerdo con el documento de 56 páginas, en el cual se detalla la vida y obra criminal de Guzmán durante 25 años en el negocio del narcotráfico, Venezuela, Ecuador y Colombia  fueron los puntos principales desde los cuales “El Chapo” ejecutó la expansión del Cártel de Sinaloa hacia Suramérica y la ocupación de espacios que antes pertenecían a cárteles colombianos.

Según las autoridades estadounidenses el modus operandi de “El Rápido” Guzmán consistía en infiltrar en estos países a miembros de la organización criminal que dirigía para negociar directamente con los traficantes locales y, de este modo, completar partes de la cadena de suministro.

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En el documento se detalla que algunos transportadores de droga, que participaron en la importación de cargamentos de cocaína a suelo estadounidense, están dispuestos a testificar en el juicio contra Guzmán bajo la figura de “testigo cooperante”. Allí, darán detalles sobre los métodos usados por el cártel mexicano para penetrar la frontera de Estados Unidos con cargamentos de cocaína, marihuana y metanfetaminas.

Estos informantes también darán cuenta del uso de aviones cargados de cocaína que volaban desde pistas clandestinas en Venezuela y Colombia hasta Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. También de cómo los cargamentos eran trasladados por tierra hasta México y, de allí, a Estados Unidos utilizando vehículos modificados o túneles clandestinos para traspasar la frontera.

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El método utilizado para el desplazamiento de los cargamentos de droga por el continente, descrito en el documento presentado ante la Corte neoyorquina, coincide casi a la perfección con las estrategias reveladas en el juicio contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.  

En ese caso, Campo y Flores fueron condenados en noviembre de 2016 por conspirar para enviar un avión cargado con 800 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela) hasta Honduras, con la costa este de Estados Unidos como destino final. La única diferencia en esta operación es que la droga no saldría desde una pista clandestina, sino desde la rampa presidencial del principal aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela.

El acuerdo hecho por Campo y Flores con José Santos Peña —exmiembro del Cártel de Sinaloa y agente encubierto de la DEA infiltrado en Venezuela para capturar a los familiares de Maduro— contemplaba que el cargamento sería movilizado desde Maiquetía hasta el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez (Isla de Roatán-Honduras), luego hasta México y, finalmente, hasta Estados Unidos.

 

A “El Chapo” le llegó su cuarto de hora: Enfrenta 17 cargos por narcotráfico en EE UU

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Adriana Nuñez Moros

@AdrianitaN

Los funcionarios de seguridad de la Corte apuran el paso. Varios arman un arco detector de metales en la puerta de la sala, en el cuarto piso, en cuestión de segundos. Otros ordenan en una fila a las decenas de inquietos periodistas, aún consternados por la noticia. Antes de entrar al recinto es necesario someterse a una rigurosa requisa. Con “El Chapo” cualquier escena de ficción puede hacerse realidad en cuestión de segundos.

Al fondo del amplio salón está estampada una placa de mármol gris y rosetones rosa pálido. Encima del mármol, una placa de metal plateado con la forma del Gran Sello de Estados Unidos. Solo hay una ventana, a una altura suficientemente elevada para que nadie pueda mirar a través de ella. A la izquierda, en el espacio que corresponde al jurado, se amontona un grupo de periodistas; el resto lucha por un lugar en las tribunas del público. En el centro de la sala el equipo de la Fiscalía de Nueva York —cinco hombres y cinco mujeres— comparten risas e intercambian papeles.

Un grupo de miembros de agencias de seguridad estadounidense vinculados con el caso se ubican entre el público y la zona designada para la Fiscalía y la defensa. Ellos también ríen, algunos a carcajadas. Siete agentes de seguridad cuidan la puerta por la que saldrá Joaquín “El Rápido” Guzmán. Ríen en voz alta. Silencio. Varios focos de risas.

“El Chapo” Guzmán está en alguna parte de la sede de la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La presencia del “más notorio traficante de drogas del mundo” —como fue denominado en el documento de acusación que publicó la Corte este viernes— parece pesar sobre los trabajadores del edificio. Hacen un esfuerzo por responder las preguntas relacionadas con el caso con indiferencia, como si no fuese el día en el que la justicia estadounidense, al fin, le hinca los dientes a la presa que había estado cazando desde hace décadas.

Hoy es el inicio del proceso penal contra el líder del sanguinario Cártel de Sinaloa, descrito en el documento de acusación como “la más grande y prolífica organización de narcotráfico del mundo”. Es lo que parece ser el principio del final para el hombre a quien el gobierno estadounidense ya imputó por 17 cargos criminales vinculados a la producción de drogas, su importación y distribución en territorio estadounidense y lavado de dinero. No hay una cifra oficial de personas muertas directa, o indirectamente, a manos del también llamado “Jefe”, pero la Corte resalta el uso frecuente de sicarios que acumulan en su haber cientos de asesinatos, asaltos, secuestros y actos de tortura.

Tampoco es un día cualquiera para Estados Unidos. A 364 kilómetros de distancia, en  Washington, Donald J. Trump asume la presidencia del país norteamericano usando como bandera un discurso según el cual los mexicanos son “gente con un montón de problemas, que traen (a Estados Unidos) drogas, crimen, violadores…”. En una entrevista concedida al actor Sean Penn, luego publicada en la revista Rolling Stone, el narcotraficante fue cuestionado sobre una presunta recompensa que ofrecía a quien le entregara “la cabeza” de Trump. Este se limitó a decir con tono irónico: “¡Mi amigo!”, refiriéndose al, para entonces, candidato presidencial.

 

 

Aún no está claro si es un regalo para Trump, o para el presidente saliente Barack Obama, el hecho de que México haya aprobado la extradición del polémico narcotraficante justo un día antes del cambio de mando. Los analistas no logran descifrar por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió marcar el 19 de enero de 2017 como el día en que se harían realidad las pesadillas en las que “El Chapo” se veía con uniforme de presidiario en una cárcel estadounidense.

Silencio. Todos de pie. Entra el juez.

Compartió prisión con los sobrinos Flores

Son las dos de la tarde en punto y por primera vez Joaquín Guzmán mira cara a cara a la justicia estadounidense. Viste un traje de presidiario azul oscuro y unos zapatos deportivos negros con suela blanca. Sus manos y pies están libres de esposas. Camina con la cabeza baja, pero la mirada elevada. “Shorty” luce aún más pequeño ante el estrado del juez magistrado James Orenstein.

El juez magistrado le pregunta si su nombre es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y él responde con una voz estruendosa, imponente y con marcado acento: “Sí, señor”. Estira los hombros hacia atrás, como preparándose para la pelea. Está flanqueado, a la derecha, por la traductora de la corte; a la izquierda por los defensores federales Michelle A. Gelernt y Michael K. Schneider. Un agente de seguridad cuida cada uno de sus hombros. El juez le pregunta si conoce sus derechos y si le han sido garantizados y él responde: “Gracias”.

Orenstein le pregunta si sabe que se le acusa por 17 delitos de narcotráfico. Se sostiene el dedo índice de la mano izquierda con la mano derecha, detrás de la espalda, durante toda la presentación. “¿Entiende los cargos de los que se le acusa?”, insiste Orenstein. Guzmán ataca con una palabra ininteligible. La defensora pública le susurra algo al oído que lo encauza de nuevo: “Sí, señor”. El juez le explica que aún no se le imputan cargos de asesinato porque no se han identificado plenamente posibles víctimas. Tamborilea los dedos de su mano izquierda lentamente.

-¿Cómo se declara?, pregunta el juez.

-“No culpable”, declara “El Chapo”.

Orenstein indica que, en ese caso, su próxima cita en la Corte será el 3 de febrero de 2017, ante el juez Brian M. Cogan.

Cierra la sesión.

Este primer encuentro con la justicia norteamericana duró apenas 15 minutos. Hasta nuevo aviso, “El Chapo” permanecerá recluido en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan, junto con Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela condenados por delitos de narcotráfico. También estará con otros traficantes de droga, terroristas y criminales de alta peligrosidad.

Estados Unidos investiga millonarios pagos de Venezuela a Irán a través de la petrolera PDVSA

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El entorno era idílico: el resort Belmond La Samanna en el lado francés de la isla de San Martín. Se trata de un refugio en el Caribe con cabañas de playa, canchas de tenis y habitaciones que cuestan US$1.000 por noche. Mientras los huéspedes disfrutaban masajes al aire libre y cócteles en las hamacas esa tarde de febrero, dentro de una habitación todo el mundo estaba ocupado haciendo negocios. Un ingeniero de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A., colocó una pila de documentos de 30 centímetros sobre la mesa, y comenzaron las preguntas de tres investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York. El ingeniero había llegado por avión desde Venezuela vía Curaçao, primero en un vuelo comercial y luego en uno charter, para cubrir su rastro.

El ingeniero y sus documentos eran centrales para un caso en el que los investigadores llevaban trabajando cinco años: la canalización de cientos de millones de dólares de PDVSA a Irán a través de bancos estadounidenses y suizos, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país. Los investigadores sospechaban que PDVSA había lavado los fondos a través de contratos de construcción de viviendas enormemente inflados con empresas iraníes. Los documentos parecían detallar las transacciones de vivienda y los pagos a cuentas bancarias suizas a través de JPMorgan Chase, lo cual podría violar la ley estadounidense. La investigación está en curso; PDVSA no ha sido acusada de actividades ilegales que involucren a Irán.

El ingeniero, un hombre afable que hablaba poco inglés, sabía que si el caso prosperaba, podría aspirar a recibir asilo político en Estados Unidos, junto con una posible recompensa por revelar información útil para el caso. También vio lo que los iraníes estaban haciendo y no le gustó. Así que aunque el interrogatorio duró dos días, fue paciente.

Había otra persona en la habitación, el hombre que había organizado todo: un venezolano llamado Martín Rodil. Alto, con gafas y unos kilos de más, Rodil, de 43 años, dominaba el arte de ser  tanto implacable como dulce. Fue investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional en Washington hasta que un conocido lo contrató en 2006 para revisar los pagos de PDVSA a Irán. El tema se convirtió en una obsesión para él, y en poco tiempo ya estaba en comunicación con la oficina del fiscal de distrito en el Bajo Manhattan. Rodil era un colaborador no convencional, dice un ex investigador: no buscó crédito y no sabía al principio si pediría dinero por ello. Y los documentos y pistas que proporcionó casi siempre resultaron ciertos. A la larga comenzó a hablar con los fiscales sobre un testigo de los pagos a Irán a quien tenían que conocer. Había encontrado al ingeniero de PDVSA.

Y ahora, aquí estaban. Mientras Rodil trabajaba en una habitación, ayudando a traducir las respuestas del ingeniero, aún no había sido condenado como traidor en la televisión nacional venezolana. Los funcionarios estadounidenses aún no le habían advertido sobre las amenazas creíbles a su vida, ni le habían recomendado no viajar a ningún lugar cerca de su país de origen. Y los asistentes del presidente electo Donald Trump no habían empezado a pedirle consejo sobre Venezuela.

Eso vendría después.

Para el momento de la reunión en San Martín, en 2014, Rodil se había convertido en una figura clave, compensada y a veces polémica en las investigaciones de Estados Unidos de casos de corrupción y narcotráfico de Venezuela contra funcionarios de alto nivel del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro y PDVSA. Parte de la información que transmitió -que Irán estaba a punto de colocar misiles en Venezuela, por ejemplo- resultó ser infundada. Pero la mayoría de la información que proporcionó sí fue confirmada, y conforme el populismo izquierdista sudamericano se ha debilitado, la fijación de Rodil por reemplazar al gobierno venezolano se ha convertido en una tendencia generalizada.

El caso del ingeniero de PDVSA es un ejemplo del servicio original y más básico de Rodil: entregar a venezolanos valiosos, y entidades gubernamentales le pagan modestamente por ello, dice. También tiene un negocio mejor pagado en el que sus clientes son venezolanos ricos que están desesperados por salir. Él les ayuda a hacerlo y, cuando se da el caso, trabaja con ellos para desarrollar estrategias para cooperar con las autoridades estadounidenses. Por esos servicios, cobra una tarifa por hora o se le paga por estar disponible para colaborar. El más lucrativo de sus negocios es una consultoría para empresas e individuos que buscan servicios de inteligencia y evaluación de riesgos en América Latina.

Rodil ha ayudado a que más de dos docenas de sus compatriotas emigren a Estados Unidos. Pertenecen a la élite de la diáspora venezolana que huye de una economía destrozada y la agitación social. Entre ellos figuran antiguos generales, ministros y ejecutivos del sector petrolero y un ex juez y guardaespaldas presidencial. El papel que desempeña en sus vidas es a menudo profundo: los persuade de revelar lo que vieron y en lo que participaron. Después evalúa el valor de su información y determina qué agencia gubernamental estaría más interesada en saberla. Establece la relación con la agencia y, a menudo hace algo más: ayuda a sus clientes a mudarse a lugares seguros con teléfonos a prueba de intervenciones, por ejemplo.

Algunos de los que ha entregado han participado en negocios corruptos. Muchos esperan intercambiar lo que saben por una visa o protección en Estados Unidos; otros quieren ayudar a las autoridades estadounidenses a ir tras de sus viejos jefes, colegas y líderes gubernamentales. Sus historias documentan la cruel mezcla de corrupción y mala gestión que se ha dado en Venezuela, que es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. “Martín Rodil ha entregado activos y documentos críticos para los investigadores estadounidenses”, dijo un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos enterado de los casos.

Cronología del caso de los sobrinos Flores | De la cacería al juicio

LA MAÑANA DEL 10 DE NOVIEMBRE, dos sobrinos de la diputada y Primera Dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron detenidos por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Haití. El operativo fue el cierre de un seguimiento que comenzó un mes antes, en octubre, a raíz de las negociaciones que ambos habían mantenido con presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esas reuniones previas con los contrabandistas habían tenido como objetivo el diseño de una estrategia y la creación de una red de contactos que les permitiera enviar, desde el aeropuerto de Maiquetía, una serie de cargas de cocaína que serían proveídas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y llegarían, en una primera parada, a Honduras. Posteriormente, la droga sería trasladada a México y luego a distintas ciudades del territorio norteamericano.

El primer envío, fijado para el 15 de noviembre, sería de 800 kilogramos de estupefacientes, pero nunca se llevó a cabo. La DEA actuó antes y ahora libra un caso que pretende culpar a los sobrinos presidenciales de conspiración para introducir droga en Estados Unidos.

Uno de los capturados es Efraín Eduardo Campo Flores, de 29 años, hijo de una hermana fallecida de la esposa del Presidente Nicolás Maduro, quien se encargó de la crianza del muchacho desde entonces. El joven, además, es ahijado del mandatario.

Campo Flores trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011 y era directivo de la empresa Transportes Herfra, registrada en Panamá el 31 de marzo de 2014, con un capital de 10 mil dólares, según información del Registro Público de esa nación centroamericana.

Franqui Francisco Flores De Freitas, por su parte, es hijo de un hermano de Cilia Flores.

Runrun.es hace el recuento del caso que sacudió al Gobierno de Venezuela y que hoy sigue en la mira internacional. Se trata de una historia de cacería, agentes encubiertos y audiencias postergadas donde los protagonistas se presentan como “inocentes palomitas”.

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4 de octubre de 2015

Un plan de vuelo publicado en un documento de la Fiscalía del Sur de Nueva York señaló que los sobrinos de Cilia Flores –Efraín Campo Flores y Francisco Flores De Freitas– viajaron en esa fecha hasta el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, en un jet privado. Este día se habrían reunido por primera vez con algunos de los implicados en la operación de tráfico de drogas. A través de alias “El Flaco” conocieron a “El Sentado”, quien haría el enlace directo con la persona que recibiría la droga en el aeropuerto de Roatán, en el mismo país centroamericano. Ambas partes habrían discutido en esa jornada el envío de cientos de kilos de cocaína provenientes de Maiquetía. Pero “El Sentado” no era quien decía ser. Se trataba de un testigo cooperante de la DEA que alertó sobre tal cita a Estados Unidos.

23 de octubre de 2015

Hacia finales del mes, dos fuentes confidenciales de la DEA viajaron a Caracas para encontrarse con los sobrinos. Una de ellos, alias “El Mexicano”, fingió ser el jefe de una organización mexicana de tráfico de drogas a la que estaba afiliado “El Sentado”. La otra se presentó como un socio del primero. El día 23, los sobrinos se reunieron con “El Mexicano” y su socio sin saber de sus lazos con la DEA, dice el documento de la Fiscalía. Allí, Campo describió sus conexiones con el gobierno y dijo que estaban “en guerra con Estados Unidos, Colombia, la oposición”. Una de las fuentes indicó que la droga que traficarían tendría a Nueva York como destino final. Presuntamente, Campo recalcó que él estaría a cargo de manejar toda la operación en Venezuela y que él junto a su primo estarían presentes en Maiquetía para asegurarse de que la droga entrara al avión. Además, garantizó que la aeronave no sería seguida tras salir del país, porque este viaje se haría como si alguien de su familia estuviese en el avión.

26 de octubre de 2015

Ambos sobrinos mantuvieron una segunda reunión con alias “El Mexicano” y su socio. Campo insistió en que quería comenzar de inmediato con los envíos y dijo que entre noviembre y diciembre de 2015 mandaría múltiples cantidades de droga a Honduras con la esperanza de ganar al menos 20 millones de dólares. En esa cita quedó claro que serían los sobrinos quienes conseguirían los estupefacientes, según la Fiscalía de NY. Campo dijo que su proveedor le entregaría el primer cargamento en un par de días y que se aseguraría de que fuese lo mejor. También mencionó que a “El Sentado” se le pagaría 900.000 dólares por hacer los enlaces correspondientes.

27 de octubre de 2015

Campo y Flores mostraron la mercancía que supuestamente pretendían traficar. Llevaron una panela de cocaína que su proveedor les había entregado en un bolso y la revisaron junto a “El Mexicano” y su socio. En la cita, Campo se puso un par de guantes para abrir el maletín en cuestión y evitar dejar evidencias dactilares. Flores solamente observó de cerca el proceso. “El Mexicano” y su socio también vieron la droga e informaron a los sobrinos que esta tendría entre 95% y 97% de pureza debido a su apariencia. Todo fue grabado con una cámara oculta.

5 de noviembre de 2015

Apareció en escena Roberto de Jesús Soto García, quien recibiría el cargamento de droga en Honduras. La reunión de ese día transcurrió en San Pedro Sula, a donde también asistieron “El Sentado” y una tercera fuente confidencial de la DEA que fingió ser un representante de “El Mexicano”. Soto precisó que, cuando se hiciera el traslado de la droga, necesitaba que el avión llegase hacia el final de la tarde, antes de que oscureciera. Afirmó que el avión podría ser descargado y llenado con gasolina en 20 minutos y que el vuelo se vería más legítimo si los pilotos y pasajeros se bajaban.

6 de noviembre de 2015

Al siguiente día, Flores viajó a San Pedro Sula para otra reunión relacionada con el tráfico de cocaína. Arribó en un avión privado. En esa reunión, conoció a Soto, quien le pidió que el avión llegara a Honduras un domingo entre las 4:00 pm y las 5:20 pm para tener suficiente tiempo para la descarga. Al final, se acordó enviar la carga el 15 de noviembre de 2015.

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10 de noviembre de 2015

Los sobrinos y otras cuatro personas volaron en un jet desde Venezuela hasta Puerto Príncipe, en Haití. Allí se habían citado con “El Mexicano”, ya que este les daría varios millones de dólares para las futuras compras de cocaína en Venezuela.

El piloto de la aeronave era Pedro Miguel Rodríguez González, mayor de la Fuerza Aérea Venezolana y plaza del Grupo Aéreo N° 5. El copiloto era Pablo Rafael Urbano Pérez, quien vive en el edificio Orinoco de Puente Hierro, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de inteligencia. Viajaba también el empresario Marco Tulio Uzcátegui Contreras, presunto propietario de la aeronave y padre de la novia de uno de los sobrinos de la primera dama. El cuarto pasajero era el guardaespalda Jesfran Josnel Moreno Sojo, residenciado en el sector El Observatorio del 23 de Enero.

Al arribar, todos se reunieron en un restaurante de Puerto Príncipe. Los sobrinos le dijeron a “El Mexicano” que ya tenían en su poder el primer cargamento de cocaína que sería enviado el 15 de noviembre.

A las 11:15 am, funcionarios del Bureau de Lutte contre le Trafic illicite de Stupéfiants (“BLTS”) u Oficina de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes de Haití, ingresaron al lugar y arrestaron a Campo y a Flores y los llevaron a su oficina de Puerto Príncipe. A la 1:45 pm, las autoridades del país expulsaron a los detenidos, por petición de la DEA, y este organismo los tomó en su custodia. El resto de los tripulantes de la aeronave quedó en libertad.

A las 4:30 pm de ese mismo día, la DEA hizo que los sobrinos abordaran un avión rumbo al aeropuerto de Westchester en White Plans, Nueva York. Luego de que su entrada a territorio estadounidense fuese aprobada por inmigración, fueron trasladados al Metropolitan Correctional Center en Manhattan.

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Durante las tres horas y media de vuelo entre Haití y Estados Unidos, la tarde del 10 de noviembre de 2015, los sobrinos fueron sometidos a su primer interrogatorio.

Lo que dijo Campo Flores
  • Efraín Campo Flores contó que “Hamudi” (no se ofrece mayor información sobre esta persona) los había puesto en contacto con “El Gocho”, el hombre que les proveería de la cocaína que planeaban llevar hasta Honduras. Con él se reunieron alrededor de cinco veces en Caracas. La mercancía que les daría provenía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
  • “El Gocho” le entregó un kilo de cocaína a los sobrinos a finales de octubre, el mismo que examinaron durante su reunión en Caracas con “El Mexicano” y su socio. El trato sería que, posteriormente, les daría 800 kilos de droga para el primer envío a Centroamérica.  
  • Campo también dijo a las autoridades estadounidenses que siempre supo que la droga tendría como destino final a Estados Unidos, y que sintió que su reputación le permitiría sacar los estupefacientes del aeropuerto de Maiquetía sin asistencia del gobierno, de los militares o de los oficiales de policía.
  • Comentó que sus motivaciones para meterse en el negocio del tráfico de drogas eran financieras, ya que sólo ganaba 800 dólares a la semana en una compañía panameña de taxis. Además, su primo, Erick Malpica Flores, había rechazado su oferta de hacerle ganar comisiones de Pdvsa a través del cobro de ciertas deudas.
Lo que dijo Flores De Freitas
  • Francisco Flores De Freitas dijo que quien les había presentado a “El Gocho” había sido alias “Pepero” (no se ofrece mayor información sobre esta persona en el informe de Fiscalía) en Caracas. Afirmó que Campo se había mantenido en contacto con él desde aquella reunión.
  • Señaló a “Hamudi” como la persona que les presentó a “El Negrito” o “Flaco”, en Honduras. Este, a su vez, trabajaba para “El Sentado”, quien hizo el enlace con “El Mexicano”.
  • Flores detalló que la carga de los 800 kilogramos de cocaína se distribuiría de la siguiente manera: 100 kilogramos eran suyos, otro 100 Kg. eran de Campo, 200 Kg. eran de “El Gocho” y los otros 400 Kg. para “El Mexicano”, quien trasladaría la mercancía completa a México y luego a múltiples ciudades de Estados Unidos.
  • Los escoltas de Flores estaban al tanto del envío de cocaína. Esperaba que ellos le ayudaran a cargar las panelas en el aeropuerto.
  • Admitió que se había metido en el negocio de la droga para hacer dinero. Esperaba que en este primer envío se transaran $5 millones de dólares para él hacerse de $560.000.

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12 de noviembre de 2015

Dos días después de haber sido detenidos, los sobrinos fueron por primera vez a la Corte Federal de Manhattan. A las 6:00 pm, ​​fueron presentados ante el juez Magistrado James L. Cott en la sala de audiencias 5A del piso 5 de la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York.

A esa audiencia asistieron John Reilly y Rebekah Poston, de la firma Squire Patton Boggs LLP,  quienes en principio intentaron defender, por igual, a los dos señalados. Poco después, los abogados admitieron que no habían analizado el posible conflicto que provocaría ese enfoque y eligieron aparecer únicamente en nombre de Campo Flores. Por su parte, Flores De Freitas completó una declaración financiera en la presentación y el juez Cott nombró a dos defensores públicos como sus abogados: Vincent Sutherland y Jonathan Marvinny .

Ese día, los sobrinos presidenciales fueron imputados por conspirar para ingresar presuntamente cerca de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. La próxima audiencia se pautó para el 18 de noviembre, a las 3:00 pm.

16 de noviembre de 2015

Dos días antes de la audiencia, el abogado de la firma Squire Patton Boggs, John Reilly, pidió que se aplazara la cita dos semanas, sin ofrecer mayores detalles del porqué. De esta manera, la audiencia quedó para el 2 de diciembre.

1 de diciembre de 2015

Por segunda vez, la defensa de los dos sobrinos de Cilia Flores pidió un aplazamiento de la audiencia del caso. Se determinó que la nueva fecha sería el 17 de diciembre, es decir, posterior a las elecciones parlamentarias venezolanas que se llevarían a cabo el 5 de diciembre, en las que la Primera Dama era candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

16 de diciembre de 2015

Squire Patton Boggs pidió permiso para retirarse de la representación de Campo Flores un día antes de la audiencia.

17 de diciembre de 2015

El Tribunal accedió a la petición de Squire Patton Boggs de retirarse del caso. Campo Flores, defendido por esta firma, completó una declaración financiera y el tribunal designó a Kafahni Nkrumah, un defensor público, para representarlo.

Durante la audiencia pautada para ese día, los primos se declararon no culpables.

Nkrumah, el nuevo abogado, pidió al juez Crotty 60 días para revisar las evidencias. La próxima comparecencia fue fijada para el 29 de febrero de 2016.

25 de febrero de 2016

La audiencia de presentación de los sobrinos presidenciales, que había sido fijada para el lunes 29 de febrero, fue diferida a petición de la nueva defensa de Campos Flores, encabezada por Kafahni Nkrumah, quien pidió más tiempo para revisar la extensa documentación entregada por la Fiscalía del Distrito del Sur de Nueva York como evidencia de la acusación. La nueva fecha quedó pautada para el 29 de marzo a las 11:00 am.

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18 de marzo de 2016

John Zach Jackson y Randall, de la firma Boies, Schiller y Flexner LLP, entraron al caso como abogados defensores de Campo Flores. Ambos fueron asistentes del fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva la causa. Kafahni Nkrumah, el defensor público, quedó fuera.

25 de marzo de 2016

La audiencia contra Campo y Flores fue postergada para el viernes 6 de abril, a las 3:00 pm, debido a un cambio en el calendario de la Corte de Distrito de Nueva York. El anuncio fue emitido por el juez Paul Crotty a la defensa de los acusados.

4 de abril de 2016

Se anunció que, por primera vez, Francisco Flores De Freitas tendría defensa privada. Se trató de David Matthew Rody y Michael D. Mann, de la firma Sidley Austin, el octavo bufete de abogados más grande de Estados Unidos y el número 13 en el mundo. Catalogado como una de las empresas que mejor paga a sus empleados en suelo norteamericano.

5 de abril de 2016

El nuevo abogado de Flores De Freitas, David M. Rody, solicitó el diferimiento de la audiencia pautada para el 6 de abril.  La carta enviada a la Corte del Distrito Sur de Nueva York explicaba que los abogados eran “nuevos o relativamente nuevos” en el caso y que por tanto necesitaban tiempo para revisar el material en la fase de descubrimiento. El juez Paul Crotty aprobó la solicitud y la audiencia fue pospuesta para el 3 de mayo de 2016, a las 3:00 pm.

2 de mayo de 2016

Los nuevos abogados de Flores de Freitas pidieron, por segunda vez, el diferimiento de la audiencia del martes 3 de mayo. La razón expuesta en la carta fue que la defensa requería resolver asuntos legales antes del inicio de la conferencia. Se pautó la audiencia para el próximo 12 de mayo.

9 de mayo de 2016

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York denunció ante la Corte “un posible conflicto de interés” en el caso, debido a que “las cuotas legales” de los sobrinos estaban siendo pagadas por la misma persona. La comunicación fue enviada por Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley al Juez Paul Crotty.

“El conflicto potencial (entre los abogados defensores) se ve agravado por el hecho de que el mismo individuo está financiando las defensas legales de los dos acusados. Por ejemplo, la persona que paga los honorarios puede tratar de influir en una estrategia global de defensa que no está en el interés de uno o ambos de los acusados. También es posible que ese tercero persuada a un abogado de evitar la búsqueda de reducción de pena por colaboración, o le diga a algunos de los acusados que se abstenga de declarar en su propia defensa”, se lee en la carta publicada en el Diario Las Américas.

Por esta razón, la Fiscalía propuso hacer una ‘audiencia Curcio’, a fin de determinar si los abogados podían dar una adecuada representación legal y, además, obtener una exención de defensa libre conflicto por la parte demandada.

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12 de mayo de 2016

La audiencia de 30 minutos de duración se llevó a cabo luego de haberse diferido seis veces. Allí, el juez federal Paul Crotty, basándose en los argumentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, aplicó una ‘audiencia Curcio’ preguntó a los sobrinos si entendían que podía existir un posible conflicto de interés porque sus equipos legales eran pagados por la misma persona.

Ambos respondieron, por separado, afirmativamente a las preguntas del magistrado y rechazaron después la posibilidad de consultar a otro abogado o incluso tomarse más tiempo para pensarlo. Renunciaron así a una “representación libre de conflictos”.

La Fiscalía, por su parte, propuso que la presentación de pruebas se efectuase antes del 1 de julio y que el juicio arrancase formalmente el 7 de noviembre de 2016.

2 de julio de 2016

Un compendio de ocho documentos, con más de 100 páginas, introdujo la defensa de Campo Flores y Flores de Freitas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a fin de solicitar al juez Crotty la supresión de todas las pruebas documentales que generó el Departamento Federal Antinarcóticos de EE UU (DEA), durante al menos cinco reuniones entre los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores y supuestos narcotraficantes. Además, se pidió al gobierno de ese país la divulgación de información y pruebas que afecten la culpabilidad o inocencia de los sobrinos. Esto, basado en un antecedente estudiado por la Suprema Corte en el que se dictaminó que la supresión de evidencias favorables a un acusado viola el debido proceso. A través de esta solicitud, la defensa podría impugnar más eficazmente la credibilidad de los testigos del gobierno, lo que serviría para reducir la sentencia del acusado.

23 de julio de 2016

Se hace público el documento que consignó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante la Corte, en el cual se reveló el seguimiento que la DEA hizo a los sobrinos antes de detenerlos en Haití.

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7 de septiembre de 2016

Una nueva abogada de la firma Sidley Austin LLP aparece en el mapa del caso de los sobrinos. Se trata de Elisabeth Espinosa, una profesional de ascendencia colombiana, graduada en Stanford, que se unió así al equipo que ya conformaban Michael D. Mann y David M. Rody.

Espinosa es experta en litigios comerciales complejos, defensa de delitos de lavado de dinero, sobornos y corrupción. Ha representado a clientes en una variedad de industrias, incluidas servicios financieros, tecnología y energía.

8 y 9 de septiembre de 2016

Inicia la audiencia de supresión de pruebas. La estrategia de la defensa se vuelve contra los informantes que usó el gobierno de Estados Unidos para investigar a los Flores. Los sobrinos describieron a los colaboradores –que hoy están presos tras haber confesado que habían traficado drogas– como “borrachos”, “mentirosos” y poco confiables. Habían consumido estupefacientes y contratado prostitutas mientras de DEA les pagaba miles de dólares.

Otro de los testigos citados fue el agente de la DEA, Sandalio González, quien detalló que la investigación comenzó cuando uno de sus colaboradores, alias “El Sentado”, le informó que un funcionario venezolano le enviaría a uno de sus sobrinos para que se reuniera con él. Ese funcionario era Bladimir Flores, hermano de la Primera Dama. “Él (testigo cooperante) indicó que esos individuos querían volar aviones cargados de droga a Honduras con planes de vuelo (…) Ellos indicaron que tenían el manejo del principal aeropuerto en Caracas y que entonces podrían fácilmente despachar aviones con drogas desde la rampa presidencial“, dijo González, reseñó Reuters.

Fue González quien confesó que había habido problemas con los informantes del caso, quienes habían mentido sobre sus propias operaciones de tráfico de drogas. Indicó que uno de ellos había usado a una prostituta que fue pagada por uno de los sobrinos.

En el acto, que se extendió por dos días, un agente de la Policía de Haití explicó que todo el procedimiento que se hizo fue ajustado a la ley, que los sobrinos no se resistieron a ser apresados y que su supervisor había interactuado con los Flores para explicarles, en español, el porqué estaban siendo detenidos. Sin embargo, Randall Jackson, uno de los abogados de la defensa, cuestionó al agente por supuestamente “haber generado pánico en sus clientes” al momento de la detención.

29 de septiembre de 2016

The Wall Street Journal reveló que el venezolano Wilmer Ruperti había confesado en una entrevista que era él quien pagaba al bufete de los sobrinos presidenciales. “Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Es necesario que el presidente esté tranquilo (…) Estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional”, sentenció el empresario naviero vinculado con el chavismo desde 2002.

6 de octubre de 2016

La Oficina de Prisiones recluyó a Franqui Francisco Flores de Freitas en la Unidad Especial de Vivienda, un área de confinamiento dentro de la prisión al cual se traslada un reo por motivos disciplinarios o en el caso de que  este pueda estar en peligro por amenazas de otro miembro de la población carcelaria.  En un texto enviado a la Corte, se señala que el Gobierno identificó un problema de seguridad vinculado a los acusados y otros, por lo que exigió que todos los presos relevantes fueran separados unos de otros.

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12 de octubre de 2016

La justicia estadounidense citó a 18 personas en Venezuela, incluyendo a familiares de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, tras recaudar devastadoras pruebas de los teléfonos celulares y computadoras que cargaban sus sobrinos cuando fueron arrestados por narcotráfico.

Fuentes cercanas al caso dijeron que entre los citados se encontraban integrantes de la familia inmediata de la pareja presidencial, así como integrantes de la Casa Militar.

Ese mismo día, el juez Paul Crotty negó todas las mociones introducidas por la defensa de los Flores para que suprimiera las evidencias obtenidas por la DEA a través de sus informantes, así como las declaraciones dadas por los acusados a los agentes del organismo antidrogas.

13 de octubre de 2016

Los sobrinos Flores enviaron una carta al juez Paul Crotty para pedir que se eliminen las citaciones enviadas a Caracas, tanto a sus familiares como a algunas autoridades, a fin de que testifiquen en el caso.

Los abogados argumentaron que Estados Unidos no ha abordado a ninguna de las personas que los demandados han pedido. Consideraron que las citaciones son inválidas e impropias y que violan la regla 17, que establece que dichos instrumentos deben ser entregados personalmente.

28 de octubre de 2016

Fiscales de Estados Unidos señalaron que los sobrinos intentaron cerrar un multimillonario negocio con drogas para conseguir el dinero que permitiera a la familia presidencial continuar en Miraflores.

El comentario aparece en una moción presentada en una corte federal de Manhattan por el caso contra los Flores. Allí, las grabaciones de las reuniones de los acusados mostraron que buscaban contrarrestar el dinero que creían que Estados Unidos estaba entregando a la oposición antes de las Parlamentarias de diciembre de 2015.

“Pero necesitamos el dinero”, dijo Campo Flores en una conversación en octubre de 2015, según una transcripción presentada a la corte. “¿Por qué? Porque los americanos nos están golpeando duro con dinero ¿Lo entiendes? La oposición (…) está recibiendo un montón de dinero”.

29 de octubre de 2016

Las autoridades de Honduras capturan al hondureño Roberto de Jesús Soto García, a quien Estados Unidos reclama por narcotráfico y por estar ligado a los sobrinos presidenciales. La detención se ejecutó en Flower Bay, en la isla de Roatán.

2 de noviembre de 2016

Comienza la selección del jurado del caso en una corte federal de Manhattan.

5 de noviembre de 2016

Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty prohibir al gobierno que se presentara ante el jurado las fotografías de su arresto en Haití, donde ambos hombres aparecen con grilletes. La defensa argumenta que tales imágenes son “una fuerte sugerencia de peligrosidad y criminalidad implícita”. Estados Unidos quiere probar con estas fotos que ni oficiales de la policía haitiana ni agentes de la DEA abusaron físicamente de los dos acusados, tal como lo aseguran los sobrinos en una de las confesiones juradas.

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7 de noviembre de 2016

Los fiscales empezaron por establecer las conexiones políticas de los acusados. Señalaron que ambos se jactaban de tener el control del aeropuerto de Maiquetía y de no necesitar ayuda militar para sacar la cocaína de Venezuela.

También mostraron al jurado la foto en la que Efraín Campo manipulaba droga y dijeron que los sobrinos confesaron que con parte del dinero de la operación pagarían la campaña de Cilia Flores a la AN.

La defensa afirmó que los familiares de la Primera Dama eran estúpidos e inexpertos en materia de narcotráfico. Desacreditaron a los informantes e insistieron en que estos se aprovecharon de la poca pericia de los sobrinos para poder cobrar una cuantiosa recompensa. Añadieron que todo el caso había sido ideado por Estados Unidos con objetivos de política internacional. El gobierno de ese país, según los abogados, incitó a los imputados a cometer el crimen.

8 de noviembre de 2016

La defensa insistió en atacar la credibilidad de los informantes y en hacer ver a los agentes de la DEA como unos burócratas “incapaces de mantener la objetividad en una investigación que fracasó” por incompetencia de los involucrados.

Sandalio González, el agente especial de la DEA que coordinó la operación en la que atraparon a los Flores, fue interrogado. Los abogados defensores lo señalaron por haber intimidado a los dos acusados, quienes “temblaban de miedo”, durante el interrogatorio que les hizo en el avión que los llevó desde Haití hasta New York.

González negó los señalamientos y aseveró que los acusados habían declarado de manera voluntaria, que sus notas reflejaban lo que habían dicho ambos imputados y que no grabó los interrogatorios por un asunto “únicamente de seguridad”.

9 de noviembre de 2016

Los fiscales mostraron varios audios de los sobrinos Flores que fueron grabados durante sus reuniones con los informantes de la DEA. En estos se escuchó decir a los acusados que podrían usar sus influencias para sacar la droga de Venezuela desde Maiquetía.

Ese día continuó el interrogatorio a Sandalio González y comenzó el del testigo cooperante José Santos Peña (CS-1), quien señaló que Campo Flores tenía experiencia en negocios de narcotráfico, y que este quería hacer negocios con otras personas, porque “El Sentado” se desapareció en varias oportunidades.

En la audiencia también testificaron los especialistas que tradujeron las evidencias del inglés al español, así como al agente especial  de la DEA y actual encargado de la oficina en la embajada de EEUU en Bogotá, Daniel Mahoney, quien habló de las rutas del narcotráfico en Latinoamérica. Por último, fue interpelado un experto en audio que describió cómo se hicieron las grabaciones en el restaurante del hotel de Puerto Príncipe donde detuvieron a los Flores.

10 de noviembre de 2016

“Tengo 30 años y desde los 18 estoy metido en esto”. Esa fue la frase más impactante del cuatro día del juicio. La dijo Efraín Campo durante una conversación que mantuvo en octubre de 2015 con uno de los informantes de la DEA: José Santos Peña (CS1).

El testimonio fue mostrado en un video en el que Campo Flores confesó que quería negociar con el socio de Honduras (alias El Sentado), para obtener un amplio porcentaje de ganancia. También relató que tiempo atrás había hecho otras operaciones con un narcotraficante francés y que pensaba comprar un Jet Falcon en unos 300 mil dólares. Además, explicó las diferencias entre los costos de la droga en el mercado internacional y dijo que tenía intenciones de traficar no sólo cocaína blanca sino también rosada o “Tucibi” (2CB en inglés), cuyo precio es hasta 15 veces más alto que el de la tradicional. También dijo que quería negociar heroína.

Campos Flores habló de la necesidad de hacer rápido la operación para poder destinar los fondos a la campaña electoral de su tía, Cilia Flores, quien volvía a lanzarse como diputada. En otro audio, advirtió que en Venezuela, el narcotráfico dependía de muchos grupos y que era muy competitivo. Por eso mencionó al Cártel de los Soles y a al diputado Diosdado Cabello.

14 de noviembre de 2016

La defensa hizo públicos tres audios que dejaron al descubierto a los informantes de la DEA, José Santos Peña y José Santos Hernández, quienes continuaban haciendo negocios de narcotráfico pese a estar presos desde agosto de 2016. De esta manera, continuó con su cometido de destruir la credibilidad de los testigos de la Fiscalía.

Los fiscales, en tanto, mostraron imágenes de armas largas extraídas de los teléfonos personales incautados a Campo y Flores. Aunque un experto dijo que estas parecían reales, los abogados defensores afirmaron que eran utilizadas para la práctica de airsoft.

15 de noviembre de 2016

Los fiscales anunciaron durante el juicio el fin de un acuerdo de cooperación con dos de los testigos clave del caso: José Santos Peña y su hijo, José Santos Hernández, quienes están presos desde agosto de 2016 por los cargos de llevar drogas a Estados Unidos, venderlas en su territorio y mentir a la DEA.

La medida inusual, según Reuters, se informó luego de que la defensa de los sobrinos reprodujera frente al jurado una serie de grabaciones que mostraba cómo Santos-Peña había organizado operaciones de tráfico de drogas desde la prisión. También se pudo escuchar cómo una tercera parte facilitó llamados entre padre e hijo, a pesar de que Santos-Peña dijo el lunes que no podía hablar con él.

Santos-Peña y su hijo se habían declarado culpables de los cargos de narcotráfico y de mentir al gobierno, por lo que fueron encarcelados. El acuerdo de cooperación que los fiscales invalidaron le hubiese ayudado al padre a evitar seguir tras las rejas.

16 de noviembre de 2016

La fiscalía presentó nuevas evidencias que mostraron cómo los sobrinos habían creado un plan para sacar el primer cargamento de droga desde Maiquetía hasta el aeropuerto de Roatán. La operación se haría el domingo 15 de noviembre de 2015, entre 4:30 y 5:15 pm.

Ese día declaró otro de los informantes de la DEA, Juan Gómez, quien presentó grabaciones de una reunión donde participó Franqui Francisco Flores de Freitas junto a alias “El Sentado”, César Orlando Daza Cardona y Roberto Soto García, en un restaurante de San Pedro Sula. Allí se pactaron los horarios y la cantidad de personas que iría en el vuelo, las cuales debían hacerse pasar como turistas. La aeronave saldría de la rampa 4 del aeropuerto venezolano, es decir, la rampa presidencial.

El nombre de Diosdado Cabello volvió a salir en el juicio. Flores de Freitas dijo que era él quien controlaba las Fuerzas Armadas

Carlos González, controlador aéreo del aeropuerto de Roatán, también fue interrogado en el juicio. Él estuvo en las dos reuniones que “El Sentado” pactó con los acusados en San Pedro Sula y estuvo al tanto de que los Flores harían los envíos de cocaína hasta el terminal aéreo donde él estaba. A estos encuentros lo había invitado Soto García, también en prisión por este caso. González, actualmente, está en prisión y se declaró culpable de conspirar para traficar 5 o más kilos de cocaína a los Estados Unidos.

17 de noviembre de 2016

La jornada de los alegatos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mostró a los acusados como dos hombres que trabajaron metódicamente para acordar el tráfico de drogas y ganar alrededor de 20 millones de dólares. El fiscal Brendan Quigley mencionó que los sobrinos creyeron estar por encima de la ley por sus conexiones familiares y que la operación serviría para pagar la campaña de Cilia Flores.

“Son hombres de 30 años. Uno de ellos, el señor Campo, es abogado. Ellos sabían lo que estaban haciendo y lo que buscaban con su acuerdo para vender droga proveniente del grupo terrorista Farc hacia los Estados Unidos”, dijo Quigley de acuerdo con una declaración recogida por la periodista Maibort Petit.

El fiscal pidió al jurado que revise y compare todas las evidencias para que observe cómo el gobierno demostró, más allá de la duda razonable que la defensa ha tomado como estandarte, que los Flores eran traficantes y que siempre supieron que la droga iría a Estados Unidos.

Por el lado de la defensa habló el abogado David Rody, quien ridiculizó a los informantes de la DEA y dijo que se trataba de corruptos que buscaban llevarse una gran recompensa. Apeló al argumento de que todo el caso era un montaje. Recalcó que los sobrinos no tenían experiencia en el narcotráfico.

El abogado Randal Jackson también habló el último día de juicio para decir que se trataba de jóvenes provenientes de una familia modesta y que si bien sus tíos tenían poder, ello no.

18 de noviembre de 2016

Luego de que el juez Paul Crotty les diera las instrucciones y les entregara la planilla de su veredicto, los miembros del jurado comenzaron a deliberar. Tras una reunión de más de 6 horas, se declaró que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores eran culpables por los cargos de conspiración para traficar droga, así como de manufacturar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

La fecha tentativa de la sentencia es el próximo 7 de marzo de 2017. Antes, habrá una serie de reuniones entre el 13 de enero y el 4 de marzo de 2017, en las cuales se discutirán los elementos que permitirán que el juez tomar una decisión sobre la duración de la pena.

La Defensa solicitó un plazo de 90 días para hacer las mociones correspondientes y el juez lo concedió.

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¿Por qué las declaraciones de los Flores sí conectan al Gobierno con narcotráfico y corrupción?

@ronnarisquez

LAS DECLARACIONES Y PRUEBAS REVELADAS por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre el proceso que se le sigue a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, por presunta conspiración para introducir un cargamento de 800 kilos de droga a Estados Unidos, confirman una serie de señalamientos y denuncias que vinculan a funcionarios del gobierno de Venezuela con tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Cuando se comete un delito la responsabilidad es individual. Sin embargo, los testimonios de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores -detenidos el pasado 10 de noviembre en Haití-, y las pruebas recabadas por la fiscalía, contienen una serie de elementos que comprometen al Gobierno de Nicolás Maduro.

1. Gente del Gobierno trafica droga de la Farc

“El oficial de la DEA preguntó si sabía dónde conseguiría su proveedor la droga, a lo cual  Campos Flores respondió que la cocaína venía de las FARC“, dice una nota publicada en Diario Las Américas, citando los documentos oficiales.

No se pierda: Infografía | ¿Quiénes quedaron salpicados por el caso de los sobrinos Flores?

Este testimonio de Efraín Campos, sobrino e hijo de crianza de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, confirma que personas ligadas al Gobierno traficarían droga proveniente de la Farc. La relación de fraternidad y los “negocios” entre el grupo guerrillero y el chavismo, existe desde que Hugo Chávez puso un pie en Miraflores, y ha sido investigada y denunciada frecuentemente por las autoridades estadounidenses, en especial por la DEA. Sin embargo, siempre fue negada por funcionarios del chavismo, la mayoría de ellos perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

2. Existe la ruta de Honduras y Chávez la protegía

“Campos además explicó que le fueron pagados a “El Sentado” (supuesto cómplice, en realidad informante) unos $900.000 para que facilitara la recepción de la cocaína en Honduras y para que le diera “una tajada” a sus contactos… su rol en el negocio fue hacer el contacto con la persona (Roberto de Jesús Soto García, quien ya fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y cuya solicitud de extradición  fue recibida en Honduras) que haría pasar la droga por el aeropuerto de Roatán, en Honduras… El agente de la DEA preguntó si sabía a dónde iba la cocaína y Flores declaró que “El Mexicano” dijo que llevaría las drogas a México y luego a muchas otras ciudades dentro de los Estados Unidos“.

La declaración de los primos Flores también confirma la existencia e importancia de una ruta segura de tráfico de drogas -cocaína principalmente- por Centroamérica, a través de Honduras, para llevar cargamentos hasta norteamérica (México y EE UU). Este recorrido -ahora muy popular entre los carteles- se comenzó a consolidar en el gobierno de Hugo Chávez, durante la presidencia de su amigo, Manuel Zelaya, quien fue destituido de su cargo en 2009. En su momento generó sospechas el afán de Chávez por defender a Zelaya, devolverlo a la presidencia de Honduras e incluso hospedarlo en Venezuela.

ruta

3. Droga como “Pedro por su casa” por aeropuertos venezolanos

“Campos Flores respondió: “que podría haber pasado las drogas por el  aeropuerto muy fácilmente debido a quién era y debido al acceso que tiene en el aeropuerto”.  Añadió que “no tenía necesidad de coordinar con nadie para lograr esto”.

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Lo dicho por los sobrinos de Cilia Flores confirma la vulnerabilidad y ausencia de controles en los aeropuertos venezolanos cuando se trata de tráfico de drogas y tráfico de influencias. Los detenidos dieron a entender que ser familia de “la primera combatiente” sería suficiente para no ser sometidos a los estándares internacionales de seguridad aeroportuaria, que debe superar cualquier viajero y su equipaje. Efraín Campos Flores y Franqui Flores aseguraron que por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía es muy fácil sacar sustancias ilegales. Los casos de Air France y Aeroméxico son un buen ejemplo. Afirmaron que ni siquiera necesitaban un contacto (militar).

En mayo de 2015, la ex magistrada Miriam Morandi, comadre de la Primera Dama, estuvo a punto de salir del país supuestamente saltándose los controles de rigor en compañía del Richard Cammarano, quien estaba solicitado por tráfico de drogas por las autoridades venezolanas. El hombre fue detenido y sometido a la justicia. Se especuló que el procedimiento formaba parte de una treta de los adversarios de la pareja presidencial dentro del Psuv.

4. Pdvsa, comisiones y algo más…

“…indicó que él trató de hacer dinero pidiéndole a su primo Erick Malpica Flores, director de Finanzas de PDVSA, que aprobara los pagos a algunas empresas, seleccionadas por Campos Flores, a los que PDVSA debía dinero. Y así poder cobrar una comisión por conseguir el saldo de la deuda. El acusado de conspirar para ingresar drogas a Estados Unidos, dijo que Malpica Flores se negó a su petición”.

Aunque en la declaración dicen que Malpica Flores, directivo de Pdvsa no quiso hacer negocios con ellos, se menciona a Pdvsa nuevamente en un caso de narcotráfico. Además se refieren explícitamente al cobro de comisiones como una práctica para agilizar el pago de las deudas a los proveedores de la petrolera estatal. Y uno de los detenidos aseguró haber ganado más de 10 mil millones de dólares con el petróleo en los últimos años.

5. El enriquecimiento de la familia presidencial 

En uno de los documentos introducidos ayer por la Fiscalía explican que las declaraciones presentadas por los acusados sobre la vida modesta y honrada que llevaban en Venezuela eran falsas. El documento asegura que durante la conspiración, los acusados volaron a Honduras y Haití en aviones privados. (La avioneta Citation de siglas YV2030, registrada a nombre de la empresa venezolana Sabenpe, CA). Además, en la grabación de una reunión  efectuada el 26 de octubre de 2015 en Venezuela, Campos se refirió a su “Ferrari” y afirmó que él ha ganado diez mil millones de dólares gracias al petróleo y “que hemos estado haciendo dinero durante muchos años. Desde que empezamos a ganar dinero hemos sido ostentosos”.

En esta declaración Efraín Campos admite que tenían una vida lujos, sin embargo no explica a qué se dedicaba para obtener los recursos que le permitieran, entre otras cosas tener un Ferrari, y viajar en aviones privados. En otra declaración se refiera también al “éxito” económico de otros miembros de la familia Flores.

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“El oficial de la DEA preguntó a Efraín por qué se involucró en el tráfico de drogas, a lo que contestó que era porque ni siquiera tenía $10.000 a su nombre. Campos Flores afirmó que existe una gran cantidad de celos en su familia y algunos Flores no comparten su éxito o ayudan a otros familiares con los negocios…”

6.  Cuando se tiene “el know-how” del negocio
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“Flores De Freitas indicó que de la transacción se obtendrían 5 millones de dólares. De los cuales aproximadamente unos $560.000 serían para él. González pidió que explicara en detalle el negocio, a lo cual Franqui indicó que: 400 kilogramos pertenecían a “ El Mexicano”, 100 kilogramos a Efraín Campo Flores, 100 kilogramos a Flores De Freitas y 200 kilogramos correspondían a “El Gocho.” González preguntó a Flores cuál es el precio que se pagó por la cocaína y el acusado declaró que “El Mexicano” estaba pagando unos $12.000“.

Esta explicación demostraría un manejo preciso del aspecto financiero del negocio de la droga por parte de los primos. Por otra parte, entre las pruebas de la Fiscalía hay imágenes que muestran la destreza de los detenidos en la manipulación y testeo de presunta cocaína.

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7. Fotos de armas de guerra en el celular 

Identificadas como “Prueba L”, el documento de la Fiscalía, muestra fotografías de ametralladoras y lanzacohetes que estaban supuestamente en el teléfono celular de Efraín Campos Flores. Junto a estas imágenes se habla también de dos correos enviados a Campos Flores por su primo, en cuyo asunto había frases como “Requerimientos para porte de armas” y Documentos para porte de armas”. El contenido de ambos emails no fue difundido.

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Se trata de armas de guerra, similares a las que tienen los pranes de las cárceles venezolanas y las megabandas que operan en distintas regiones del país.  En Venezuela, las armas de guerra están reservadas para uso exclusivo de las FANB.

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8. ¿Venta de droga para financiar campaña electoral?

“González interpeló a su interrogado sobre el impacto que tendría en la opinion publica cuando saliera en la prensa que él estaba tratando de llevar a cabo esta transacción de drogas para ayudar a financiar la campaña Cilia Flores por un curul en la la Asamblea Nacional. A lo que Campos respondió: “Yo sé que dije eso, pero en la realidad el dinero era para mí. Campos Flores declaró que los amigos en el negocio de la droga le habían dicho que debía tener cuidado de no ser robado y que por protección hizo la declaración con respecto a la campaña de su “mamá”.

Aunque Campos Flores afirma y luego niega que el dinero producto de la venta de la droga sería para los gastos de la campaña electoral de su tía, en este punto aplica aquel refrán: “no aclares que oscureces”…

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Foto Telesur

Después de ver como salían desde Venezuela maletas llenas de dólares para financiar campañas electorales en otros país, solo se puede pensar que aquí todo es posible.

9. Un pelón del Sebin y la DGCIM o los picharon 

“El oficial preguntó si alguien de su familia conocía de sus negocios y Efrain respondió que no, que de haber sabido lo habrían matado“.

Que la primera Dama y algunos miembros de la familia presidencial no supieran en qué andaban sus dos sobrinos es hasta probable. Pero que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) no tuvieran conocimiento de los negocios y actividades del hijo de crianza de la esposa del Presidente, esa no existe.

En cualquier país del mundo todo lo relacionado con el entorno familiar cercano de la pareja presidencial es seguridad de Estado. ¿Alguien puede creer que los funcionarios del Sebin -esos que persiguen tuiteros y revisan los celulares de periodistas- no hicieran un seguimiento a los sobrinos de Cilia Flores?

10. Y qué dice el Ministerio Público de Venezuela

La publicación del documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York muestra pruebas que podrían comprometer a Efraín Campos Flores y Franqui Flores en presunto tráfico de drogas. Aunque la detención fue en Haití y el proceso se sigue en Estados Unidos, los dos detenidos son venezolanos y es posible que algunos de los delitos que pudieron haber cometido tengan su origen en territorio venezolano. Incluso una de las pruebas presentadas hace referencia a reuniones en Venezuela para la supuesta negociación de la droga.

La pregunta es: ¿Qué ha hecho la fiscalía de Venezuela ante la existencia de estos elementos y la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción, tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir?

 

*Todas las citas de las declaraciones de Efraín Campos Flores y Franqui Flores fueron tomadas del trabajo publicado en Diario Las Américas , el sábado 23 de julio de 2016, sobre los documentos de la Fiscalía de Nueva York. 

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