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Douglas Farah

La difícil transición pacifica y democrática ante el muy poderoso dinero sucio venezolano, por Nelson Bocaranda

ESTE ARTÍCULO EDITORIAL DE The Washington Post conecta con un profundo trabajo de dos catedráticos estadounidenses Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI Consultants para la National Defense University. Nos da luces sobre la complejidad del tejido criminal montado durante los gobiernos de Chávez y Maduro en estos 20 años de “revolución bolivariana”.

Me interesó, y por eso lo comparto con nuestros lectores, pues pareciera servir, con datos reales y precisos, para ir definiendo la terrible y posible denominación de Venezuela como  “Estado Forajido”. Prende las alarmas a todos los niveles globales. Angustia compartida ante una difícil transición pacífica. Preocupa a los países vecinos y mucho más a los “socios” involucrados. Algunos ya detectados, otros ya comprometidos cantando y los terceros listos para el “bel canto” , bien de uniforme o de civil:

 

La verdaderes razón por la cual Maduro sobrevive: el dinero sucio

 

En Venezuela, la administración de Trump necesita retroceder. Los venezolanos son los perdedores en el conflicto político entre el gobierno y la oposición, y Estados Unidos lo está empeorando. (Joshua Carroll, Kate Woodsome / The Washington Post)

 

Por Jackson Diehl, sub-director de la página Editorial de The Washington Post

12 de mayo de 2019.

“Cuando se les pidió que explicaran por qué sus esfuerzos por derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se han quedado cortos, los funcionarios de la administración de Trump suelen citar la influencia siniestra de Cuba y Rusia, que dicen ha endurecido la resistencia del régimen. De lo que no hablan tanto es un factor posiblemente más importante: el Cartel de los Soles. Ese término colorido se refiere a la red de tráfico de drogas que cada año transporta cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos a América Central y el Caribe para su distribución final en los Estados Unidos y Europa, y eso incluye a algunos de los funcionarios de mayor rango en el régimen de Maduro. Estos hombres no se aferran al poder porque son verdaderos creyentes en el socialismo, o por su lealtad a Vladimir Putin y Raúl Castro. Se aferran porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, todavía están cosechando millones, y es probable que se encuentren encarcelados en Venezuela o los Estados Unidos si se alejan de su país. El tráfico de cocaína es solo una de las muchas actividades delictivas en las que está inmersa la élite de la «revolución bolivariana» de Hugo Chávez. También hay minería ilícita de oro y hierro; ventas fraudulentas de petróleo; los beneficios de las importaciones de alimentos y medicinas; y el comercio de divisas corruptas. Maduro y todos los que están cerca de él, incluyendo a su esposa, su No. 2 y los ministros del Interior y de la Industria, están a su altura.

Aunque tanto el gobierno de Trump como los defensores extranjeros de la extrema izquierda de Maduro prefieren describir la crisis venezolana en términos políticos, la realidad es que el régimen es menos un gobierno, mucho menos socialista, que una pandilla criminal. Eso tiene dos consecuencias que complican su eliminación.

Primero, el dinero que está obteniendo de la actividad criminal está sirviendo como un apoyo que le permite sobrevivir a las sanciones de los Estados Unidos.

Quizás lo más importante es que la contaminación tóxica en casi todos los altos funcionarios hace que sea mucho más difícil seguir las fórmulas habituales para una transición pacífica, incluida la creación de un gobierno de transición y la amnistía para aquellos que renuncian.

El colapso de la economía regular de Venezuela ha creado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y energía, y ha provocado que más del 10 por ciento de sus 30 millones de personas huyan del país. Sin embargo, los ingresos ilícitos que se están derramando para la camarilla de Maduro parecen estar aumentando. Un reciente informe de CNN dijo que los vuelos de drogas desde Venezuela habían aumentado de aproximadamente dos por semana en 2017 a casi todos los días en 2018; citó a un funcionario de los Estados Unidos diciendo que este año se habían realizado hasta cinco vuelos por noche. En el 2018, se calcula que se traficaron a través de Venezuela 265 toneladas de cocaína colombiana, con un valor de venta de $ 39 mil millones, según el informe.

Otro nuevo estudio preparado para la Universidad de Defensa Nacional por Douglas Farah y Caitlyn Yates encontró que incluso mientras el régimen de Maduro vendió 73 toneladas de oro en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos el año pasado para recaudar efectivo, sus reservas crecieron en 11 toneladas, el resultado probable de la minería ilegal de oro, incluso por grupos rebeldes colombianos con sede en Venezuela y aliados con el régimen. Esas ventas podrían haber recaudado cerca de $ 3 mil millones, más que suficiente para financiar las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares aún leales a Maduro.

Farah y Yates describen el régimen venezolano como parte de una red regional que denominanEmpresa Criminal Conjunta Bolivariana, un «consorcio de estados criminalizados y actores no estatales». Identificaron 181 individuos y 176 empresas en 26 países vinculados a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, “el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no durante un período de tiempo significativo… «La capacidad de la red para adaptarse y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo hacia los cofres del régimen».

En teoría, la oposición venezolana, el gobierno de Trump y otros que buscan sacar a Maduro podrían resolver perdonar todo esto. La oposición ha hablado sobre la amnistía para los líderes militares que denuncien el régimen y la semana pasada, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones al jefe de inteligencia de Venezuela luego de que desertara el 30 de abril.

Sin embargo, como cuestión práctica, es difícil imaginar a la mayoría de la mafia de Maduro simplemente alejándose del poder. Al menos dos de sus capos han sido acusados por grandes jurados federales de los Estados Unidos. Otro, el ex general Hugo Carvajal, desertó a España el mes pasado, y fue encarcelado rápidamente en una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Se enfrenta a cargos federales de contrabando de cocaína.

Algunos líderes de la oposición y gobiernos extranjeros esperan negociar una administración de transición que incluya figuras del régimen. Pero, como dijo la veterana activista de la oposición María Corina Machado a The Post, “no se puede tener a los capos de la droga. . . no puede haber individuos que formen parte de la mafia en el tráfico de oro, el tráfico de petróleo y el tráfico de gasolina o las mafias de alimentos ”. Eso, por desgracia, puede excluir a casi todos los que tienen el poder de lograr un cambio pacífico en Caracas”.

 

Hasta aquí el editorial.

 

El detallado trabajo del que habla Diehl elaborado este mes de mayo por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants,LLC para la National Defense University, es contundente en su investigación. Las pesquisas incluyen desde movimiento de dinero en diferentes monedas y en variados países hasta las empresas fachadas, las ventas de oro, la distribución de las comisiones, los negocios en países amigos del régimen venezolano, y otros elementos que podrían servir para declarar a Venezuela un “estado forajido” con la contundencia de los hallazgos de ilícitos criminales de tipo muy variado. La investigación estuvo en parte financiada por la National Defense University a través del Instituto de Estudios de la Seguridad Nacional. En una aclaratoria inicial enfatizan que el reporte no representa la visión de la Universidad, el Departamento de Defensa o cualquier otro ente del gobierno estadounidense.

Estos son los tres párrafos introductorios:

“En 1998, el pueblo venezolano eligió a Hugo Chávez, iniciando un movimiento regional conocido como la Revolución Bolivariana.

En un esfuerzo por aislar a los Estados Unidos y promover su «Socialismo para el proyecto político del siglo XXI”.

Chávez consolidó sistemáticamente el poder en la rama ejecutiva. A su vez, transformó a PDVSA, la compañía petrolera nacional venezolana, en una empresa regional multimillonaria que opera en concierto con líderes políticos simpatizantes,

élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigió el proyecto, fue ayudado por el liderazgo político en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. En los últimos 20 años, esta red criminal creció para abarcar varias docenas de personas y cientos.

de empresas de fachada. Nicolás Maduro luego heredó este régimen criminal en 2013 después de

la muerte de Chávez. Veinte años después del inicio del proyecto político, la red abarca todo el mundo, desde El Salvador a los Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong, y a través de varios paraísos financieros en el medio.

Sin embargo, incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de personas y entidades por cargos como el narcotráfico y el lavado de dinero, Maduro continúa sirviendo, de facto, como el líder de Venezuela.  Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo más del 50 por ciento, mientras que al menos el 10,5 por ciento de la población venezolana ahora vive como refugiados. En otros países. Esta crisis cada vez más visible impone enormes costos a los vecinos regionales.

Mientras tanto, los fondos lavados ilícitamente socavan el estado de derecho y la democracia, causan estragos sobre las economías legales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y crean espacios donde las redes criminales organizadas transnacionales prosperan. Si bien la dinámica de las actividades delictivas conjuntas en Venezuela se mantiene prácticamente sin cambios, el régimen de Maduro está sintiendo cada vez más la presión doméstica e internacional para el cambio de régimen.

Este informe destaca la escala de lo que llamamos la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”. Aquí nosotros resaltamos algunas de las tipologías criminales utilizadas por la red y exploramos el impacto más amplio de las acciones de esta red. El informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con investigación de código abierto y análisis de datos.

Por último, argumentamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, estructuras regionales e individuos históricamente vinculados que operan en todo el globo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, la alianza , sobrevive y se transforma en una operación más dispersa y sofisticada”.

El profundo trabajo de investigación incluye las ventas falsas de petróleo venezolano, las Compras Cíclicas de Activos Fijos, la Minería Ilegal, los Proyectos de Infraestructura Falsificados y las Transferencias Banco a Banco, El Impacto Humano y Económico, las Conclusiones y el detalle de las múltiples fuentes utilizadas en tan enjundiosa investigación durante cinco años.

CONCLUSIONES: Este informe destaca la interconexión de diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la resistencia de la empresa, aunque actualmente en un estado debilitado. La “Bolivarian Joint Criminal Enterprise” es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones de aplicación. Este portafolio criminal se basa en el apoyo de entidades estatales, empresas lícitas y grupos delictivos organizados.

El resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho, la Democracia, la Gobernanza y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

La estructura bolivariana ha demostrado ser resistente y adaptable, con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando se presiona una faceta de la red criminal, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es experta en trasladar operaciones a nuevas áreas o encontrar nuevos aliados, a menudo alimentando las diferentes fortalezas y conexiones de la historia compartida de la Empresa y sus objetivos comunes. El gobierno de los Estados Unidos ha emprendido recientemente un esfuerzo más holístico y unido para enfrentar a estos actores criminales, dando resultados significativos.

Los esfuerzos para canalizar algunos de los fondos que fluyen desde PDVSA y la estructura bancaria bolivariana al legalmente reconocido gobierno interino de Guaidó, y fuera de las manos del régimen de Maduro, es innovador y necesario.

Pero, como dijo el ex comandante del USSOUTHCOM, el almirante James Stavridis: “se necesita una red para luchar contra una red ”.

La clave para combatir esta red, argumentamos, es la integración de las autoridades y las capacidades

en todo el gobierno de los Estados Unidos, y en colaboración con socios de confianza como Colombia, para abordar el alcance de la Red Bolivariana. Este enfoque incluye la combinación de recursos y autoridades de los departamentos de Hacienda, Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Defensa, junto con la Comunidad de Inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la “empresa”. Sin embargo, abordar la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana” también requiere respuestas de los actores en países más allá de Venezuela y abrazar en conjunto un compromiso más sólido y a largo plazo con políticas alineadas con naciones socias en el hemisferio occidental. Como los impulsores ideológicos de la revolución bolivariana. han sido ampliamente desacreditados, recientemente esta es una oportunidad para que Estados Unidos se comprometa audazmente con la región y abordar el alcance y la complejidad que esta empresa criminal hoy abarca.

 

* Aquí el enlace con el trabajo que en sus 20 páginas incluye gráficos en detalle de las conexiones globales actualizadas. Incluyen PDVSA, las compañías fachadas, los activos millonarios, la corrupción de funcionarios del régimen, los traficantes de oro, las falsas refinerías de oro usadas para venderlo en el mercado internacional, el mercado de oro en Dubai, las organizaciones traficantes de oro, las inversiones falsas de PDVSA, bancos locales, bancos corresponsales, bancos de terceros países con cuentas personales y presión a vecinos por éxodo de refugiados.

 

https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand.pdf

Lo que sabía Nisman: la conexión Irán, Venezuela y Argentina

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El reconocido programa argentino Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata, viajó a los Estados Unidos y a Venezuela para investigar sobre la conexión iraní que estaba investigando el fiscal Alberto Nisman.

¿Por qué mataron a Alberto Nisman? ¿Qué era lo que el fiscal sabía? Jorge Lanata afirmó que hace dos años Nisman presentó un informe muy duro en el que acusó al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Sudamérica para cometer varios atentados en la región.

«El tema Nisman oculta algo mucho más importante que es una relación paralela entre la Argentina e Irán respecto al tema nuclear«, sostuvo el periodista.

Periodismo Para Todos viajó a los Estados Unidos y a Venezuela para entrevistar a especialistas en el tema. «Creo que Nisman no estaría muerto si no fuera por la investigación«, afirmó Douglas Farah, consultor de seguridad en Latinoamérica desde Washington. Farah y Joseph Humire, otro experto en seguridad consultado por el programa, no dudaron en calificar al fiscal como un experto en la relación Irán – América Latina.

En la investigación también se recordó el trabajo de la revista brasileña Veja en la que se habla de un acuerdo entre el presidente Chávez y su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, para que el mandatario venezolano sirviera de puente a las armas nucleares argentinas. Incluso se habla de que acuerdos entre Irán y Venezuela, cuando estaba en su mejor punto la relación, sirvieron de fachada para las dobles intenciones de Irán.

Mariel Fitz Patrick -periodista de PPT– sostuvo: «Todas las fuentes a las que consultamos en los Estados Unidos afirmaron que el verdadero motivo de Irán para desembarcar en la región no era aumentar el intercambio comercial, sino que desarrollar su programa nuclear«.

 

*Con información de El Trece TV

Asesores de EE. UU. acusan al Gobierno de Venezuela de facilitar el crimen trasnacional

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El grupo de asesores que compareció ante el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado vinculó al Gobierno de Venezuela a varios grupos terroristas, redes de narcotráfico y lavado de dinero.

Al menos dos agencias y organizaciones que asesoran al gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional poseen informes sobre Venezuela y las relaciones del Gobierno chavista con grupos terroristas y vinculados con redes internacionales de narcotráfico. Esta conclusión se desprende de la comparecencia —este martes 17 de marzo— de un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, académicos y asesores ante el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, presidido por el republicano Marco Rubio.

“El Gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró  ante el Senado Douglas Farrah, asesor y analista en seguridad nacional, interrogado por el Senador republicano Marco Rubio.

Farrah es presidente la firma IBI Consultants —especializada en asuntos de seguridad nacional, crimen organizado y terrorismo— y del International Assessment and Strategy Center, un think tank que analiza información sobre el impacto de las políticas del gobierno estadounidense en seguridad. En el panel también participaron el representante del Departamento de Estado, Alex Lee; el doctor Christopher Sabatini; y Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.

El Senado de los Estados Unidos sostuvo este martes sesiones especiales convocadas por el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental para discutir la difícil situación en Venezuela y las violaciones a derechos humanos en el país. En las audiencias —a las que asistieron altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la sociedad civil— se debatieron temas como la represión y detención de disidentes, las limitaciones a la libertad de prensa y de asociación y el estado de las relaciones bilaterales con Venezuela.

Casi de manera unánime, los panelistas expusieron ante la comisión del Senado la situación del país, los nexos de oficiales y funcionarios del gobierno con grupos considerados terroristas por los Estados Unidos y la Unión Europea, como el grupo islamista Hamás y la organización guerrillera colombiana FARC.

Narcotráfico

“El gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró Douglas Farah, quien agregó que bajo el gobierno del ex presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, el Caracas no solo ha facilitado el tránsito de drogas desde Venezuela, sino que el país también ha sido refugio para grupos criminales ligados al movimiento de estupefacientes provenientes de Colombia. [Lea la presentación completa en este link: http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/031715_Farah_Testimony.pdf]

Farah también recordó los vínculos del Gobierno de Venezuela con redes de narcotráfico internacional, a través de la asociación de oficiales y funcionarios del Gobierno venezolano con grupos criminales.

El criminal Walid Makled, detenido en 2011 en Colombia y extraditado a Venezuela, mantenía nexos con el ex gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez y además operaba con anuencia de funcionarios militares, según su testimonio, entre los que mencionó al general Henry Rangel Silva, exdirector de la Disip y exministro de Defensa; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Luis Motta Domínguez; y el exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol. También declaró que había financiado la campaña presidencial de expresidente Hugo Chávez con un aporte de $2 millones y había vinculado también a la entonces senadora colombiana, Piedad Córdoba, como pieza clave que gestionaba reuniones y cobraba altas comisiones.

Además, Makled había adquirido activos y propiedades, como la línea aérea Aeropostal y tenía la concesión de uno de los principales puertos marítimos del país, en Puerto Cabello. Poseía también una credencial firmada por el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el exmagistrado Eladio Aponte Aponte —hoy prófugo de la justicia venezolana y presunto testigo en EEUU. Se le considera responsable del envío de toneladas de cocaína a México en un avión que despegó de la rampa cuatro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El gobierno de Venezuela también sigue una investigación al general Hugo Carvajal,  exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela, quien fue detenido en Aruba a petición de la DEA y liberado a los pocos días.

Terrorismo

Informes en manos de agencias de seguridad estadounidense también vinculan al gobierno de Venezuela con grupos terroristas. El principal de estos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas por EEUU a partir de 1997 como una agrupación terrorista, criterio al que luego se sumó Unión Europea, por la sistemática política de secuestros y atentados a población civil.

Tanto Farah, como el Subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental y Cuba, Alex Lee, declararon ante el Senado que  Venezuela no sólo ha facilitado la presencia miembros de las FARC en Venezuela, sino que también han servido como fuente de financiamiento y refugio.

Recordaron el hallazgo de cientos de documentos encontrados en tres ordenadores que, de acuerdo a las Fuerzas Armadas de Colombia e Interpol, pertenecían al integrante del secretariado y exjefe del bloque sur de las FARC, Raúl Reyes. La documentación encontrada vinculaba a la guerrilla con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, dijeron Farah y Lee ante el Senado este martes 17 de marzo.

El senador republicano Marco Rubio también insistió en la supuesta vinculación de Venezuela con grupos islamistas y el financiamiento al régimen de Bashar El Assad. En un punto de la sesión increpó al subsecretario adjunto Lee:

—¿Tiene usted conocimiento de la entrega de pasaportes venezolanos a radicales islamistas?

—No voy comentar sobre esto. —respondió Lee.

Farah, por su parte, expuso información relacionada con la asistencia cubana en el sistema nacional de identificación y extranjería y el papel que juega la contratista cubana Albet, encargada de gestionar estos servicios en Venezuela y aseguró, además, que el Gobierno de Venezuela coordinaba el envío de grandes sumas de dinero en efectivo al régimen sirio de Bashar El Assad.