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OSH: La vida de 14 millones de venezolanos está comprometida por necesidades críticas

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Social Humanitario (OSH).

“Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”, dijo Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM durante un foro virtual celebrado el pasado 7 de marzo. 

D’Elia agregó que entre 4 y 5 millones de venezolanos estarían con necesidades severas.

“Que es el grupo de venezolanos que de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”, advirtió.

El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empezó a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permitió su instalación en el país.

Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que finalmente terminan afectando directamente a la población más vulnerable.

Venezolanos excluidos 

El economista Omar Zambrano sostuvo que la emergencia humanitaria compleja se ha ido agravando y profundizando durante estos últimos dos años de supuesta recuperación económica.

“Las condiciones de vida de las personas en las sociedades modernas dependen fundamentalmente de la evolución de los ingresos laborales, de los salarios, de lo que gana la gente por el intercambio de su trabajo en el mercado laboral. Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene que ver con lo que pasó en el mercado laboral” manifestó.

Zambrano recordó que Venezuela pasó de una situación de escasez absoluta en la mayoría de los bienes básicos entre 2016 y 2017 a anaqueles repletos con moderada demanda.

“Eso ha dado una sensación general de bienestar, de avance. Pero sigue siendo limitado en términos sectoriales, esto no pasó en toda la economía venezolana, esto pasó única y exclusivamente en un sector, en el sector de comercialización de bienes y servicios, y no en todo el territorio, sino en las tal vez diez o doce grandes ciudades de Venezuela”.

Zambrano explicó que las “burbujas económicas” son un síntoma de lo limitado del proceso de recuperación en Venezuela.

No es que no se está recuperando la economía, sí se está recuperando, pero lo que se está recuperando es tan pequeño y tan limitado desde el punto de vista sectorial, que este brote es insuficiente para generar bienestar. Mucha gente continúa excluida de los beneficios de este supuesto crecimiento”, dijo.

 

AI contribuye con investigación de justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El pasado 26 de febrero, Amnistía Internacional aseguró que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En un escrito consignado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, a través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.

“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En este sentido, en su escrito, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.

«Falta de un sistema de justicia independiente»

La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela.

Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”

La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de «creciente represión por las autoridades venezolanas en el país», incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y también la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Cabe destacar que el derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.

Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.

Provea recibirá Premio WOLA de Derechos Humanos 2024
– El Premio anual de Derechos Humanos de WOLA reconoce desde 2006 a organizaciones e individuos que son un ejemplo para que los derechos humanos y la justicia social sean la base de las políticas públicas.

Foto: WOLA

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) recibirá el Premio WOLA de Derechos Humanos 2024 que otorga la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y que distingue a personas y organizaciones que han demostrado una dedicación especial por los derechos humanos de las Américas.

“El aniversario 50 de WOLA es un hito importante, una oportunidad para celebrar y renovar nuestra lucha y compromiso por los derechos humanos”, expresó la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval. “Las personas y organizaciones galardonadas —liderazgos que se han mantenido firmes en su lucha por la dignidad y la justicia en América Latina— representan valores que nos han guiado a lo largo de los años y que nos inspiran para el futuro”, añadió. 

Provea, específicamente, será enaltecida por su «valentía en la investigación de las violaciones de derechos humanos, su apoyo a las víctimas y su promoción del respeto del Estado de derecho y la democracia en Venezuela».

Todo esto lo han logrado frente a los continuos retos y ataques sirviendo así como «un faro de esperanza» para los venezolanos desde 1988. Está organización se enfoca en defender los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), esforzándose por construir una sociedad democrática basada en el pluralismo, la solidaridad y la participación.

Ante este anuncio, Provea a través de su cuenta en la red social X, agradeció a WOLA por este memorable reconocimiento que será entregado en la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos del 50 Aniversario de WOLA el próximo 9 de mayo en la ciudad de Washington.

«Estamos muy honrados por este reconocimiento a nuestros 35 años de trayectoria. Lo asumimos como un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y por el rescate de la democracia», expresaron. 

En nota de prensa, Provea destacó que desde su fundación en 1988, ha buscado ser un «faro de esperanza» en medio de los retos y ataques constantes, «manteniendo un firme compromiso con la promoción del Estado de derecho y la democracia en Venezuela».

«Nuestro trabajo, centrado en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), busca edificar una sociedad democrática que se asiente en los pilares del pluralismo, la solidaridad y la participación activa», afirman. 

Más galardones

Otro de los galardonados será el senador Patrick Leahy por su «compromiso permanente con los derechos humanos y la democracia en las Américas y por su liderazgo en el Congreso en la promoción de estos principios en la política exterior estadounidense».

A su vez, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, México, recibirán un premio por su destacado papel en «la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición ante una crisis de desapariciones que suma más de 114.000 víctimas a nivel nacional».

Denuncian que cuatro presos políticos fueron golpeados en Yare II por oponerse a extorsiones
El OVP denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

 

Este miércoles, 31 de enero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro presos políticos fueron golpeados por oponerse a pagar extorsiones en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Según informó el OVP, la golpiza y violación contra los derechos humanos fue ordenada por un custodio conocido como “El Federal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el OVP publicó un video de uno de los reclusos golpeados, quien es un sargento segundo, en donde denuncia «haber sido víctima de unos presos que se hacen llamar funcionarios».

«Nos golpearon con tubos», dijo, y responsabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, al fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro de la situación y posibles represalias en su contra. 

El observatorio denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo que, a juicio del OVP, constituye una doble violación flagrante de sus derechos humanos y arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario «sin diferenciación de género y mucho menos de condición mental».

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho por parte de los organismos del Estado. También, investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos.

Nace Ideas por la Democracia para fortalecer valores de este sistema político en las Américas
El programa Ideas por la Democracia tiene como parte de sus objetivos empoderar a la sociedad con herramientas y conocimientos para comprender, salvaguardar y reclamar sus derechos dentro del contexto de las Américas caracterizado por retos a nivel político y social.

Foto: Porlademocracia.com

Un grupo de organizaciones venezolanas civiles e individuales, a través de un esfuerzo mancomunado, dieron marcha a la iniciativa «Ideas por la Democracia» que tiene el objetivo de consolidar y estructurar la participación ciudadana con el fin de fortalecer los valores democráticos en Venezuela y las Américas.

Este programa busca a su vez la promover la defensa de los Derechos Humanos «contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y democrática». Su lanzamiento se efectuó este 23 de enero luego de dos años de trabajo en debates, consensos y encuentros.

Esta iniciativa, además de incluir los derechos civiles y políticos, también busca la participación activa de la ciudadanía y sigue en procesos para la toma de decisiones.

 «Reconoce el impacto electoral del año 2024 y 2025 en Latinoamérica y destaca la necesidad en conjunto para abordar desafíos comunes» dentro de los que resaltan la corrupción, falta de transparencia y debilidad institucional.

Son 10 los principales objetivos de Ideas para la Democracia, entre los que se destacan el ejercicio ciudadano como pilar para la transformación del país, reconocimiento de los retos y dificultades que incluyen defender y exigir derechos en contextos autoritarios. 

A su vez, rechazan las prácticas basadas en la dominación y el desconocimiento de los derechos humanos.

Además, resaltan su firme creencia en el papel de los procesos electorales auténticos como vías para la democracia, reconociendo la importancia de los actores de la comunidad internacional en ellos, y se comprometen con la transformación de Venezuela a través de la democracia.

En el lanzamiento de este programa participaron distintas organizaciones y personalidades como Beatriz Borges por CEPAZ, Rafael Uzcátegui, Deborah Van Berkel de Laboratorio de Paz, Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación y Democracia yCarolina Jiménez de Wola.

Para conocer un poco más sobre este proyecto, se extendió una invitación a la sociedad en general a inscribirse en la página web porlademoracia.com. 

Piden que responsables de la Masacre del Junquito enfrenten la justicia
En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Masacre de El Junquito
La ONG Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) afirmó que este caso pasará a la historia como uno de los más oscuros y lamentables momentos del país

 

Defensores de derechos humanos en Venezuela pidieron este lunes, 15 de enero, que responsables de la Masacre del Junquito, en donde mataron a Óscar Pérez y seis personas más de su grupo, enfrenten la justicia.

En enero de 2018, alrededor de 500 efectivos de seguridad del Estado atacaron el chalet en donde se encontraban resguardados Pérez, Daniel Soto, Abraham Israel Agostini, José Diaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Lugo y Lisbeth Ramírez en El Junquito.

A pesar de que las víctimas manifestaron su rendición y su disposición para negociar, fueron ejecutados con «tiros de gracia», según fotos que circularon en las redes sociales. 

La defensora de derechos humanos y miembro fundador del Foro Argentino por la Democracia en la Región, Elisa Trotta, publicó un video en su cuenta en X, antes Twitter, para exigir que se haga justicia. 

«Exijamos rendición de cuentas y que los responsables enfrenten las consecuencias. Comparte este mensaje, elevemos nuestras voces y recordemos siempre a las víctimas. Juntos, podemos marcar la diferencia», dijo.

Por su parte la abogada y también defensora de derechos humanos, Tamara Sujo, recordó el hecho y publicó un mensaje del hermano de Óscar Pérez.

«Mi hermano era una persona especial, era un líder nato, que sabía motivar y guiar a los demás. Era un soñador, que creía en un mundo mejor y luchaba por él. Era un amigo, que se entregaba sin reservas a los que quería. (Venezuela)», se lee en parte del escrito.

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) afirmó que este caso pasará a la historia como uno de los más oscuros y lamentables momentos de nuestra historia.

«Desde JEP nos solidarizamos con la familia de estos siete venezolanos que soñaban con un país justo y libre», se lee en una publicación..

Caso expuesto ante organismos internacionales 

En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Masacre de El Junquito.

En el informe de fondo la CIDHconcluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas.

En cuanto a garantías judiciales, la Comisión observó la falta de documentación sobre la investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia. Además, destacó la impunidad y la violación de derechos de las familias.

Los derechos humanos más vulnerados a los venezolanos en 2023
Las fallas en los servicios básicos, educación en ruinas, hospitales sin insumos médicos y un salario mínimo mensual de menos de cuatro dólares al mes son muestra fehaciente de los derechos humanos más vulnerados este año que está por finalizar

 

El año 2023 no escapó de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Otro año más en el que el gobierno de Nicolás Maduro pasó por alto su responsabilidad de velar por el cumplimiento y garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal en el año 1948.

En este 2023, como en años anteriores, organizaciones nacionales e internacionales continuaron documentando que en Venezuela se transgreden el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión e información y hasta el derecho a la vida.

A juicio de Laura Louza, defensora de los derechos humanos y directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, en Venezuela “hay una normalización a la violación de los derechos humanos”.

Explicó que el país sigue en una situación precaria con respecto a la alimentación, servicios públicos, hospitales en ruinas, falta de combustible, ante esto, los ciudadanos intentan resolver por sí mismos sus propios problemas, y que aunque haya aspectos que han mejorado en comparación con 2018-2019, son mejoras circunstanciales y no estructurales “lo que ha generado que las vulneraciones a los derechos humanos se hayan estabilizado, en el sentido de que son continuas en un entorno restrictivo y cerrado y eso es una normalización, pero no hace que estemos mejor”.

Louza asegura que un salario mínimo que no satisface las necesidades de los ciudadanos, el derecho a la participación política, el cierre de emisoras de radio, las arremetidas en contra de las ONG, la intervención del gobierno en el ámbito universitario, las constantes fallas en los servicios básicos y detenciones arbitrarias, evidencian claramente cómo fue la situación de los derechos humanos en 2023.

A continuación repasaremos cuáles fueron los derechos humanos más vulnerados durante este 2023 en Venezuela:

Derecho a la salud 

En Venezuela el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados desde que inició la emergencia humanitaria compleja. Infraestructuras en ruinas, falta de insumos, de personal, bajos salarios para los médicos y enfermeras es la constante que se repite en todos los hospitales públicos del país, todos a cargo del Estado. 

  • Un estudio de la ONG Monitor Salud reveló en octubre de 2023 que el derecho a la salud y a la vida está vulnerado por la falta de agua potable, de insumos de limpieza y desinfección y de equipos de protección.
  • La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) reportó fallas eléctricas en 40 % de los hospitales públicos de Venezuela durante 2023.
  • El gobierno lleva años sin divulgar los boletines epidemiológicos semanales, lo que priva a los profesionales de la salud y ciudadanía en general de conocer las enfermedades que están circulando en el país para tomar medidas preventivas efectivas ante brotes de enfermedades como la influenza o dengue. 
  • Según Lucía Velutini, encargada de relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, en 2023 fallecieron seis niños a la espera de un trasplante renal. 
  • Un brote de influenza causó marcado ausentismo escolar desde el mes de octubre sin que el Estado informara sobre los casos. 
  • Expertos entrevistados por Runrun.es recordaron que por lo menos desde el año 2017, el Estado sigue en deuda con la vacunación contra la influenza estacional: «Lamentablemente, el Estado venezolano no ofrece vacunas contra la influenza, así como dejó de vacunar también contra neumococo, rotavirus y así como es uno de los pocos Estados del continente americano que no vacuna contra el VPH», declaró el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Derecho a la educación

Otro derecho vulnerado en 2023 fue el de la educación. Infraestructuras en el olvido, fallas en los servicios básicos, aumento en la tasa de deserción escolar, baja calidad educativa, negación de recursos para la inversión y un pensum escolar que data de 40 años reflejan la crisis del sector. 

  • Según cifras de la OCHA, para 2023 se mantuvieron en Venezuela las barreras que frenan la inclusión educativa, como el bajo ingreso de las familias y la oferta escolar producto de la restricción de los recursos.
  •  El más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) arrojó que los alumnos de educación media en Venezuela son cada vez “menos» competentes en materias fundamentales, habilidad verbal, matemática, biología, física, química e inglés.

Derecho al trabajo

El derecho al trabajo digno sufre desde hace varios años graves vulneraciones. Persecución contra el movimiento sindical, la falta de negociación colectiva, el salario mínimo más bajo del mundo, la inflación y devaluación del bolívar continuaron mermando los ingresos de todos los venezolanos, incluyendo salarios y pensiones.

  • El 1 de agosto los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a pasar 16 años tras las rejas, aunque fueron liberados el 19 de diciembre en un canje por estadounidenses detenidos en el país y el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.
  •  De acuerdo con Provea, el gobierno de Maduro detuvo en 2023 a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales.
  • Según el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), solo en el mes de agosto se registraron 277 protestas ligadas a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Siendo las protestas laborales las que ocuparon el primer lugar de exigencia con un 40%. 

Derecho a la vida 

El derecho a la vida, sin duda, es uno de los más importantes consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Venezuela, una muerta bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado sacudió al país el pasado mes de abril, cuando salió a la luz pública una trama de corrupción que involucraba a la principal empresa estatal del país, Petróleos de Venezuela, con un desfalco incalculable de millones de dólares.

  • El 20 de abril Leoner Azuaje presuntamente se habría quitado la vida mientras estaba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. Las versiones del suicidio fueron muy contradictorias y poco creíbles. 
  • A diario, venezolanos fallecen en hospitales por falta de medicinas e insumos, siendo los más afectados pacientes oncológicos, con VIH, diabetes, entre otras patologías. Pensionados y jubilados no pueden cumplir correctamente los tratamientos para sus patologías crónicas por un sueldo mínimo que no se ajusta desde marzo de 2022. 

Derecho a servicios básicos 

La escasez de agua y las recurrentes fallas en los servicios básicos constituyeron las principales exigencias en protestas en todo el país. 

  • De acuerdo con el último estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizado en noviembre de 2023, el servicio de gas doméstico no llega con la misma frecuencia en todos los estados, lo que obliga a buscar otras alternativas como la leña para la cocción de los alimentos.
  • Un reciente estudio del OVSP arrojó que  el servicio de agua potable fue valorado negativamente por 64,9% de usuarios en 12 ciudades del país, siendo la irregularidad en los intervalos de distribución la principal razón para que 51,7% de los usuarios que opinaran desfavorablemente sobre el servicio.
  • El servicio eléctrico es considerado, según el OVSP, como el peor en cuanto a calidad. Una reciente medición del OVSP estimó que 76,6% de los consultados evaluó de forma negativa este servicio principalmente por las frecuentes fluctuaciones e interrupciones.
  • Sobre el acceso a internet, el estudio de la organización señaló que aunque el acceso al internet fijo aumenta por oferta privada, persisten las fallas en el servicio. Aunque en la valoración ciudadana en las 12 ciudades estudiadas se percibió una leve mejoría en cuanto a la calidad del servicio, un 46,9% de los encuestados criticó las intermitencias en el servicio y 32% la velocidad de navegación.

Derecho a la alimentación

El artículo 305 de la Constitución expresa la garantía de la seguridad alimentaria para la población; sin embargo, este derecho se vulnera a diario en el país. 

  • Actualmente, el salario mínimo se ubica en 130 bolívares, unos 3,6 dólares al cambio, mientras que la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos, se ubicó para el mes de octubre en $493,53. Esto se traduce en que el poder adquisitivo del salario mínimo es de 0,7%. 
  • En Venezuela, cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre, según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022», de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
  • En 2022 el 78,9% de los hogares consultados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), reportó inseguridad alimentaria.
  • En septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 llevó a cabo la actualización de su estudio Crisis de Seguridad Alimentaria en Venezuela. Los resultados de la medición realizada en 2.000 hogares venezolanos arrojaron que hasta 7 de cada 10  familias venezolanas están en situación de inseguridad alimentaria. «Que 7 de cada 10 familias estén en situación de inseguridad alimentaria es una cifra que no debería invisibilizarse aun con la  mejora de la situación económica, dada la presencia de productos en los anaqueles que siguen siendo inalcanzables para muchos venezolanos», expresa en el informe de la encuesta Consultores 21. 

Derecho a la libertad de expresión y libre asociación

La libertad de expresión no escapó de los derechos humanos más vulnerados en 2023. También se ha restringido el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica.

  • Según un informe de la ONG Espacio Público al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.
  • Solo en el mes de agosto, la ONG documentó 27 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 10 fueron casos de censura y otra decena de «intimidaciones», así como tres registros de «hostigamiento verbal», dos «agresiones», una amenaza y una restricción administrativa.
  • El más reciente informe de Venezuela sin Filtro precisó que en 2023 la cifra de portales web bloqueados ascendió a 80.  Mientras que en 2022 hubo 108 dominios bloqueados y 529 eventos de bloqueo, hasta octubre de 2023 se reportó que hubo un 45% más de dominios bloqueados que en 2022.
  • La mayoría de los medios bloqueados en Venezuela son los nacionales, uno de ellos fue El Carabobeño, meses antes de las elecciones primarias. “El punto de la censura es que el venezolano desista de mantenerse informado” expresó Andrés Azpúrua, presidente de VE Sin Filtro, en la presentación del informe
  • Espacio público denunció, además, que en el país «se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico» por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Derecho a la democracia 

El derecho a la participación política y al debido proceso es otro derecho vulnerado en el país y más recientemente con la realización de las primarias de oposición. 

Luego de esto, el régimen de Nicolás Maduro citó para comparecer ante los tribunales a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Had, este último detenido, secuestrado y recientemente liberado, violando su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y también a la libertad de asociación.

Qué hacer y dónde acudir en caso de amenazas o vulneraciones a los derechos humanos
Ante la fragilidad de las instituciones del Estado, el trabajo de las ONG que atienden a víctimas de violaciones de derechos humanos ha cobrado mayor importancia en los últimos años

 

Se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Venezuela,  bajo la administración de Nicolás Maduro los retrocesos en esta materia son hoy motivo de alarma en todo el mundo.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y Amnistía Internacional, han documentado que el país atraviesa por una “grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos” que van desde la pérdida de la calidad de vida, vulneración al derecho a la alimentación, la salud y la libertad de expresión, hasta la  violencia, represión y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado por centenares de casos de detenciones, arbitrarias, asesinatos, represión, torturas, violencia sexual y persecución política. 

Ante la fragilidad de las instituciones del Estado, el trabajo de las ONG que atienden a víctimas de violaciones de Derechos Humanos cobra mayor importancia ya que son ellas las que documentan las violaciones, asesoran  y en muchos casos acompañan a víctimas en sus procesos de defensa y reparación. 

Derechos para todos 

Los Derechos Humanos pueden ser civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos tienen la misma importancia y el objetivo principal es cuidar y preservar la dignidad humana, tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establecida el 10 de diciembre de 1948.

Un total de 195 países, entre ellos Venezuela, suscribieron este documento que ha sido traducido a más de 500 lenguas y que marcó un hito al proclamar que toda persona tiene derechos que son indivisibles, inalienables y universales. Esto se traduce en que aceptan y se comprometen a garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Sin embargo, los medios de comunicación y las ONG documentan un repunte sistemático de violaciones en todos los órdenes.

En Runrun.es recopilamos algunos de los derechos fundamentales y las organizaciones a las que puede acudir cualquier ciudadano en Venezuela en caso de que sean vulnerados: