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Joven detenido en Lara convulsionó dos veces en medio de audiencia de presentación y tiene cinco costillas rotas
El muchacho, que padece de esclerosis cerebral múltiple, fue presuntamente víctima de tortura. Es simpatizante de Acción Democrática

@loremelendez

 

Giovanny Meza, de 23 años, convulsionó dos veces mientras era presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Lara este sábado, 23 de mayo. Padece de esclerosis cerebral múltiple y desde hace años le fue amputada su mano izquierda tras un accidente de tránsito. Nada, sin embargo, impidió que el juez le dictara privativa de libertad a él y a otros cuatro jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado miércoles, 20 de mayo, en la urbanización Sucre de Barquisimeto.

Aunque el acta policial señala que los muchachos fueron arrestados en medio de un protesta que obstaculizaba las vías y en la que utilizaban bombas molotov, testigos y vecinos del conjunto residencial afirmaron que fueron sacados a la fuerza de sus casas por los uniformados sin ninguna orden de allanamiento. Ese día, además de a Meza, quien es padre de dos niños, se llevaron a Fabricio Ojeda (comerciante, 21 años), Aaron Atacho (comerciante, 23 años), Naudy Atacho (bordador, 33 años, una hija de crianza) y Pedro Zambrano, dirigente local de la Causa R (licenciado en Administración Gerencial, 38 años, sostén de hogar). También detuvieron a una sexta persona que fue liberada antes de la presentación.

A los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 38 años de edad, les imputaron los cargos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios y Obstaculización de Vías Públicas, los cuales contemplan penas bajas. Pero en contraste con casos similares de arresto en la urbanización y en otras manifestaciones civiles ocurridas en Barquisimeto, también se les señaló por el delito de Asociación para delinquir. Los abogados piensan que esta acción tenía la intención de dejarlos tras las rejas al menos hasta que se cumplan los 45 días previos al acto conclusivo de la investigación penal.

“Más allá de las razones políticas, la Sucre siempre ha sido un punto focal de protestas y esto puede considerarse como una lección y un escarmiento para que posibles manifestaciones que se devenguen en estos días se frenen por el miedo sembrado por estas detenciones. No hay ningún basamento legal ni jurídico en la imputación realizada por el Ministerio Público. Además, el cálculo de la pena de cada uno de estos delitos no daba para que se dictara una privativa”, apunta el abogado Henderson Maldonado, de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto.

Luego de que Meza convulsionara, autoridades lo llevaron al Hospital Dr. Antonio María Pineda para examinarlo y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada, según declaró un vecino de la urbanización. Un examen forense determinó que tenía cinco costillas fracturadas, por lo que se presume que fue torturado, según Movimiento Vinotinto.

La condición del joven provoca que tenga repetidas convulsiones si no se le administran medicinas. Eso ha hecho que evite participar en protestas. El primer día que estuvo arrestado, los policías impidieron que tuviera acceso a sus medicamentos. Solo los dejaron pasar al día siguiente.

“Con él ese ensañaron porque, cuando vino Juan Guaidó (presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional), Giovanny fue el único que se montó con él en el paredón. Además, estaba formalizando su ingreso al partido Acción Democrática”, informó una fuente ligada al caso que pidió resguardar su identidad por seguridad.

Maldonado explicó que el equipo de abogados introducirá una apelación a la decisión del juez y, posteriormente, solicitará una revisión de la medida enfocada, sobre todo, en el caso de Meza, a cuyo expediente se adjuntaron exámenes médicos que acreditan su situación de salud. 

La historia de la Sucre

Cientos de familias viven en la combativa urbanización Sucre, que se ha convertido en un emblema de las protestas anti-Maduro en Barquisimeto. Se trata de un conjunto residencial situado en la avenida Libertador, al noroeste de la capital larense, y conformado por cinco “superbloques”, de 72 apartamentos cada uno, además de una decena de edificios más pequeños y una zona de casas humildes.

Durante 2017, estas residencias fueron escenario de múltiples allanamientos nocturnos comandados por la Guardia Nacional y por colectivos afectos al gobierno. Así actuaban tras las protestas civiles que se desencadenaban a diario, en horas de la mañana, y que se sumaban a las manifestaciones contra Maduro que en aquel momento había en todo el país. 

Un vecino que prefirió mantener oculta su identidad por temor a represalias, apuntó que ninguno de los jóvenes detenidos solía participar en protestas. Destacó que la mayoría de los muchachos del movimiento “Resistencia” que vivían en la urbanización, y que en 2014 y 2017 fueron víctimas de represión, está fuera del país.

“Las FAES nos agarró por sorpresa. Ese día, como a las 3 de la tarde, cerraron la calle y paraban a los carros y los desviaban para que no entraran a la urbanización. Después, no se sabe quién los dejó pasar y por eso entraron a los apartamentos”, relató sobre lo sucedido el 20 de mayo pasado. 

Reveló que, en las dos noches anteriores, los habitantes de la Sucre habían protagonizado cacerolazos espontáneos para reclamar por los cortes constantes de electricidad. “Aquí desde hace una semana no tenemos gas, porque no nos han podido reponer las bombonas. Entonces, cuando se va la luz, no solo nos quitan la posibilidad de cocinar algo, sino que tampoco tenemos acceso al agua que se distribuye a través de un tanque y una bomba que depende de la electricidad. Nos dejan sin nada”, explicó.

Antes de los hechos del jueves pasado, en la Sucre no se había registrado ningún episodio de represión en lo que va de año. La última vez que los vecinos sufrieron allanamientos ilegales, fue durante las manifestaciones para apoyar a Juan Guaidó en enero de 2019, cuando fue proclamado presidente encargado de Venezuela.

Bachelet: Toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia
Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo como medida para frenar la pandemia de COVID-19, y como consecuencia unos 1.300 bolivianos quedaron varados en Chile

 

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a los países de Latinoamérica abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran «varados en el extranjero», los cuales han sido bloqueados e incluso discriminados.

«En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia», afirmó Bachelet a la par que abogó por garantías de regreso seguro, digno y voluntario de estos ciudadanos.

Si los gobiernos no permiten el regreso de migrantes, «les colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19», subrayó la expresidenta chilena, citando el ejemplo de cientos de migrantes bolivianos varados en la frontera entre su país y Chile.

«Me aflige ver que la pandemia de la Covid-19 está causando estigmatización y discriminación, tanto entre estados como dentro de ellos, en muchas regiones del mundo», expresó.

Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo como medida para frenar la pandemia de COVID-19, y como consecuencia unos 1.300 bolivianos que trataban de regresar al país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, soportando frías temperaturas a la intemperie y con escaso acceso a comida y agua.

Esta semana, buena parte de los migrantes bolivianos fueron transportados a la ciudad chilena de Iquique, y se les prometió que a finales de esta semana la mitad de ellos serán llevados a Pisiga, un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera y con apoyo de Naciones Unidas.

Se espera que el resto de los migrantes sean trasladados directamente de Iquique a sus hogares en Bolivia, al concluir la cuarentena obligatoria de 14 días exigida por las autoridades bolivianas, destacó el comunicado.

 

*Con información de EFE

COVID-19 y DDHH: problemas y desafíos deben ser abordados respetando las obligaciones internacionales
La Corte IDH considera que los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal. En particular, considera que:

Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia.

Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia.

Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.

En estos momentos, es esencial garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas.

El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.

Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas.

Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad.

Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle.

El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del Coronavirus COVID-19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no discriminación.

Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas.

Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que extremen el cuidado a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia.

Mike Pompeo señala a Venezuela como uno de los países violadores de DDHH
Respecto a Venezuela, el informe presentado por Pompeo subrayó que por más de 10 años, el poder se ha concentrado en un partido único (PSUV), desde donde se ha ejercido el poder de forma autoritaria

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó un informe sobre derechos humanos n durante 2019 y señaló que Venezuela es uno de los países donde se cometen violaciones a los DDHH, junto a naciones como China, Irán y Cuba.

«Esta mañana quiero destacar solo algunos ejemplos recogidos en el informe sobre Derechos Humanos que tuvieron lugar en China, Irán, Venezuela y Cuba», destacó.

A pesar de esta información, se especifica que han presentado dificultades para recabar los datos que justifiquen esta aseveración, ya que estos gobiernos buscan ocultar la información. Explicó que las administraciones dicen ser respetuosos de los DDHH en principio, pero luego cometen irregularidades en este tenor.

«Muchos gobiernos que afirman respetar, en principio, los derechos humanos, en realidad ordenan en secreto o tácitamente condonan las violaciones y abusos. Como consecuencia, este informe mira más allá de los comunicados oficiales e intenta examinar lo que los gobiernos hicieron realmente para proteger los derechos humanos y promover la rendición de cuentas», señala el documento.

Respecto a Venezuela, el informe presentado por Pompeo subrayó que por más de 10 años, el poder se ha concentrado en un partido único (PSUV), desde donde se ha ejercido el poder de forma autoritaria y señaló a la administración de Nicolás Maduro de ser el principal ejecutor de abusos contra los venezolanos «incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y detenciones arbitrarias», señaló VOA.

Dicho dossier se remonta a 2015, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional y señaló que desde entonces el actual régimen ataca «con regularidad» a diputados opositores y otros líderes.

«A lo largo del año, fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron o limitaron el acceso a los miembros de la AN al palacio legislativo durante sesiones parlamentarias ordinarias. A fecha del 24 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia le había retirado la inmunidad a 24 parlamentarios, lo que llevó a muchos de ellos a esconderse o al exilio, para evitar arrestos arbitrarios», reza el documento.

ONU: Casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela
La Alta comisionada de la ONU para los derechos Humanos realizó este martes la actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela
La actualización ocurre el mismo día en que el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización nacional

Unos 4,9 millones de personas “abandonaron” Venezuela, sacudida desde fines de 2015 por una crisis económica y política, dijo este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien deploró que continúe la violencia contra la oposición.

Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país sudamericano, Bachelet advirtió que continúan “los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición”.

La oficina del Alto Comisionado, que cuenta con representantes en Venezuela, documentó “agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran”.

“Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés, y oficinas de medios de comunicación”, y desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad “han dificultado” el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición, continuó.

Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas”, agregó.

Bachelet denunció además que continúa la “detención arbitraria de líderes sindicales”, y manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.

Mientras tanto, el número de venezolanos que huye del país no cesa de crecer.

“Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país”, indicó.

El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y una gran parte de la comunidad internacional, tras la reelección de Nicolás Maduro en 2018 en unos comicios denunciados por irregularidades.

Venezuela es objeto de sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país.

 

Bachelet criticó una vez más esas medidas: “Preocupan la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera”.

Estas sancione afectan “disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social”, en momentos en que “2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa”, según la ONU.

“A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del control estricto del sector financiero”, concluyó. 

Cedice: “Misión Vivienda niega derechos de propiedad”
El Observatorio de Derechos de Propiedad analizó los contratos elaborados en el marco de la GMVV y constató la indefensión en la que se deja a los receptores de casas y apartamentos

 

“Prohibición de ceder el inmueble o de poseer otra vivienda; derechos de inspección por parte del Estado e irregularidades en procedimientos administrativos son algunos de los elementos que convierten a la Gran Misión Vivienda Venezuela en otro mecanismo de control social que atenta contra los derechos de propiedad en el país”.

Esa es la conclusión a la que llega el informe especial Misión Vivienda Venezuela ¿Es en realidad tu vivienda?, elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). El observatorio asevera que “este mecanismo continúa colocando a los beneficiarios a merced del Estado”.

En el informe, el abogado Ali Daniels informó que hizo el análisis de un contrato a través del cual la Gran Misión Vivienda realiza una venta a plazos de uno de sus inmuebles a un beneficiario. En él se revela numerosos detalles que atentan contra el régimen de derecho de propiedad en Venezuela, “tales como la imposibilidad de enajenar (vender o alquilar) a través de cualquier vía, o la preferencia que tiene la Inmobiliaria para adquirir la vivienda en un lapso de 30 años posteriores a su venta y pago. Es decir, que aunque el beneficiario haya pagado íntegramente el saldo deudor, no puede disponer libremente del inmueble durante el lapso indicado”, precisó el jurista.

Atentar contra la propiedad es violar derechos humanos

El informe del Observatorio de Derechos de Propiedad acerca de la Misión Vivienda también hace un análisis acerca del régimen de derechos de propiedad en Venezuela y, en particular, del carácter de estos como derechos humanos fundamentales.

“El derecho de propiedad es un derecho humano reconocido en el ordenamiento internacional y con una vinculación directa a la dignidad humana de la que se deriva”, sostiene el documento.

Daniels aclaró que “la determinación de regímenes jurídicos que no reconozcan esos elementos básicos del derecho de propiedad, hace que esos ordenamientos sean contrarios a los derechos humanos”.

Por ello, el observatorio concluye que hay nulidad del aparato jurídico construido en torno a la propiedad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Humano Derecho #159 con Yetzale Castillo y Gustavo Granadillo, representantes de Fundación Vensueño

¿Qué es la Fundación VenSueño?, ¿qué servicios de la salud ofrece la fundación?, ¿cómo lograron que los profesionales que desempeñan esta ayuda comunitaria se interesaran en este proyecto? Estos y otros temas los estaremos conversando con Yetzale Castillo y Gustavo Granadillo, representantes de la Fundación VenSueño, la cual se dedicada a atender personas de bajos recursos de forma gratuita en zonas vulnerables de Venezuela.

“Nosotros somos una organización que nace de un grupo de estudiantes que decidieron dar todos sus conocimientos a aquellas comunidades que no tenían o no tienen cómo alcanzar esos servicios de salud que actualmente en el país están un poco costosos”.

En la primera pausa musical escucharás el tema El constructor, de Laura Guevara, seguido del tema Estocolmo, de Arawato, y finalmente escucharás el tema Asesina, de Okills; estas son las pausas musicales que escucharás para este Humano Derecho #159.

En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en www.humanoderecho.com

Roberto Patiño Feb 28, 2020 | Actualizado hace 3 meses

@RobertoPatino

Nos encontramos en un momento álgido de la crisis sistémica que embarga al país. Un momento signado por una enorme desigualdad, el agravamiento del colapso de servicios, el recrudecimiento de la crisis hiperinflacionaria y la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos de manera masiva y criminal desde el Estado.

Se ha exacerbado la militarización oficial: las milicias se han sumado al contingente del ejército, encargándose de sistemas de control social como los CLAP. Se continúan las acciones de los cuerpos de las FAES, manteniéndose las ejecuciones sumarias, los actos de pillaje y secuestro, el hostigamiento sobre las comunidades. Esto en conjunto con el reforzamiento de las amenazas y la censura sobre los pocos medios y ONG que visibilizan y denuncian los crímenes y atropellos de estos mal llamados cuerpos de seguridad y defensa.

La ausencia del Estado de Derecho y de instituciones independientes, la imposición de este modelo tiránico de violencia y destrucción que estamos padeciendo, se expresa en todos los niveles de la sociedad, cebándose en los sectores más vulnerables: se han producido más de una veintena de femicidios en el país en lo que va de este primer semestre. La inasistencia a los colegios por alumnos y profesionales de la educación ha alcanzado cifras inéditas y se han vulnerado los derechos políticos de los venezolanos con los intentos de golpe sobre la Asamblea Nacional, además del secuestro de los derechos al voto y la protesta.

Desde el movimiento Caracas Mi Convive, estamos conscientes de la terrible situación que estamos viviendo como sociedad, así como de los riesgos y las amenazas reales que representa el actual gobierno para los venezolanos.

Lo vivimos todos los días con el hostigamiento de grupos paramilitares y la persecución a líderes locales y grupos vecinales, así como el abandono y la falta de seguridad a las que se deja a las comunidades.

Frente a esta realidad, continuamos trabajando desde la implementación de acciones e iniciativas convivenciales, basadas en la organización y articulaciones de las personas, vinculando a comunidades y diversos actores sociales. Iniciativas como Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas, y la Red de Apoyo a las víctimas, continúan creciendo, frente a las dificultades y limitaciones del contexto adverso que estamos viviendo.

Ante la ausencia del Estado y la escalada dictatorial del grupo en el poder, debemos renovar nuestros esfuerzos y sumar a más sectores a estas iniciativas, con la visión de seguir generando bases sociales para una nueva convivencia, que están surgiendo ante la necesidad de contrarrestar el sistema predatorio, exclusivo y violento que el régimen quiere imponer.

Más que nunca, debemos reiterar los principios de la solidaridad, el encuentro y la vinculación organizada y que deben ser complementarias a las exigencias de cambios de la inmensa mayoría del país. El camino para salir de la crisis y la emergencia en la que nos encontramos no será fácil, pero estamos seguros de que solo será posible atravesarlo desde la convivencia.

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