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ONU: 14 defensores de DDHH fueron asesinados en Venezuela desde 2015
Entre 2015 y 2019 asesinaron a 14 defensores de Derechos Humanos en Venezuela

Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyó a Venezuela en el más reciente informe sobre países en los que se reporta una alta tasa de persecución y asesinatos de defensores de Derechos Humanos.

La información la publicó el Comisionado para la Ayuda Humanitaria, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Miguel Pizarro.

El informe de Lawlor revelaría que entre 2015 y 2019 asesinaron a 14 defensores de Derechos Humanos en Venezuela. El reporte recabó información de 64 países, donde hubo un total de 1.323 asesinatos a defensores de DDHH, 166 eran mujeres y 22 eran jóvenes.

“La Relatora Especial desea subrayar que el asesinato de cualquier defensor de derechos humanos es una tragedia para sus seres queridos, para la construcción de sociedades justas; un gravísimo atentado contra el espacio cívico y una mancha indeleble en el compromiso del gobierno pertinente de aplicar la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos”, advierte el informe de la relatora especial.

La relatora advirtió que los defensores de Derechos Humanos informan que a menudo se les demoniza y estigmatiza, a ellos mismos y su labor; se les difama en la prensa y se les ataca de otras formas, lo que los hace vulnerables a ataques físicos o asesinatos.

El informe precisa que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta a los gobiernos a que cumplan con sus obligaciones y garanticen leyes para la protección de los defensores de derechos humanos.

Con información de El Pitazo

DDHH olvidados | “Mi hija era un colador de perdigones”
La joven Geraldin Moreno falleció el 22 de febrero de 2014 tras haber sido herida en una protesta en el estado Carabobo. Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a 30 y 16 años de prisión

@ValeriaPedicini

Rosa Orozco estaba en su casa y veía el programa de las ocho de la noche en la televisión. Su hija había insistido en salir a la entrada de la urbanización a cacerolear con los vecinos, como habían hecho todos los días desde el 12 de febrero cuando empezaron las protestas de 2014 en Venezuela, pero no se quiso despegar de la pantalla. “Me voy porque Venezuela no puede esperar por ti”, le dijo Geraldin. 

Escuchaba los cohetones, pero no había nada de qué preocuparse. A los minutos sonaron cinco detonaciones y Rosa reconoció el ruido. “Esto no es cohete o tumbarrancho”, pensó. Un amigo de su hija que estaba bañado en sangre tocó a su puerta y le dio la mala noticia: a Geraldin le habían disparado en la cara. 

Agarró las llaves y el celular para buscar a su hija. La encontró tirada en el piso de la calle sobre un charco de sangre. Un paramédico del sector que se encontraba en el sitio cuando la hirieron ya le había vendado la cara. Entre todos la montaron en un carro y la trasladaron como pudieron a la clínica más cercana. 

Geraldin estaba alterada. Explicaba que le dolía la garganta, la cara, las piernas. Preguntaba cómo estaban sus amigos, donde estaban sus compañeros de manifestaciones. Intentó levantarse de la cama, pero su madre se lo impidió. “Espérate, quédate quieta. Te van a meter en terapia intensiva porque te van a entubar para limpiarte la cara”. 

Rosa estaba tranquila, pensaba que la joven de 23 años no tenía nada grave. Que tenía unos cuantos perdigones y con solo limpiarle la cara era suficiente. Además, la tenía ahí frente a ella y le hablaba sin problemas. 

Mami, bendición.

Dios te bendiga, mi amor. Todo va a salir bien. 

Se despidieron. Esas fueron las últimas palabras que intercambió con Geraldin. Era 19 de febrero de 2014. 

*** 

 

Era de madrugada cuando Rosa recibió una llamada telefónica mientras estaba en la clínica y se dispuso a revisar las redes sociales. La cara de su hija estaba en todos lados, se había hecho viral. Estaba herida, un rostro que no reconocía. Fue hasta la terapia intensiva y le pidió a las enfermeras que destaparan a Geraldin. Lo que vio al otro lado de las vendas todavía es difícil de asimilar. 

“Todavía, siete años después que va a cumplir el mes que viene, y ese rostro sigue en mi cabeza. Geraldin no tenía ojo, lo que tenía era un hueco en el ojo, no tenía pupila ni tenía nada en el otro ojo. Tenía toda la cara destrozada. ¿Cómo me habló esa muchachita? No lo sé. Lamentablemente es el rostro que hay que sacar en todo el mundo para que se den cuenta lo que puede pasar con este tipo de gente. Para mí el que le disparó a Geraldin es un psicópata”, expresó Rosa Orozco. 

Los amigos de su hija le contaron que estaban protestando en el sector Tazajal del estado Carabobo e hicieron una barricada al final de la calle, debajo del semáforo. En la urbanización privada entró un contingente de 13 motos con 24 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). No dijeron nada antes de empezar a disparar perdigones. 

Los manifestantes empezaron a correr, Geraldin hizo lo mismo. Aunque era una atleta de alto rendimiento tras miles de horas jugando al fútbol y cuando corría era difícil alcanzarla, los efectivos le dispararon en la espalda. Trastabilló y cayó. El GNB se bajó de la moto, se acercó a donde estaba la joven y le disparó directo al rostro.

“Ella en el suelo pidiendo clemencia y el parrillero se bajó de la moto y le disparó a 10 centímetros de la cara. Está comprobado que pidió demencia, porque se puso la mano izquierda en la cara para que no le dispararan y tenía toda la palma de la mano y todo el brazo, la parte de atrás y la parte de adelante, y la cara… parecía un colador. Mi hija era un colador de perdigones”, detalló Rosa. 

Geraldine fue atendida por los mejores médicos de distintas especialidades: neurocirujanos, oftalmólogos intensivistas, cirujanos maxilofaciales. Sin embargo, el daño era más grande.  A Rosa le informaron que su hija había perdido el ojo derecho y el izquierdo no tenía visión. El 22 de febrero la neuróloga le dice que hicieron lo que pudieron y que había que pedir por un milagro. Intentó entender lo que le estaba diciendo. 

Doctora, si yo le quito ese aparatero que tiene, ¿cuánto tiempo puede durar?

Todos sus miembros están perfectos pero su sistema neurológico no existe. Puede durar una hora, tres horas, 15 minutos. No lo sabemos.

Rosa lo pensó, lo discutió con el papá de Geraldin. Y tomaron una decisión. “Doctora, aquí sufre mi familia, sufre Geraldin, sufrimos todos. Ella ya no está ahí. Es hora de dejarla ir”. 

El 22 de febrero desconectaron los cables que la joven tenía a lo largo de su cuerpo. A las 12:35 pm su corazón dejó de latir y la máquina dejó de sonar. Geraldin Moreno había fallecido. 

 

*** 

 

Según datos recabados por la organización Justicia, Encuentro y Perdón desde 2014 hasta la actualidad, las muertes durante protestas y las ocurridas como consecuencia del patrón de persecución por razones políticas, alcanza la cifra de 332 venezolanos. 

Las investigaciones por lo sucedido con Geraldin empezaron el 1 de abril. Ahí empezó la lucha por la justicia de la muerte de su hija. A pesar del buen trabajo de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ella misma reconoce, Rosa no tuvo acceso a los expedientes del caso durante los primeros meses. 

Entre las muchas cosas que hacía para esclarecer las cosas, persiguió a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz. “Fueron cuatro largos años poniendo tuits todos los días del mundo a esa mujer, diciéndole que hiciera su trabajo y que revisara los expedientes porque aquí no son dos guardias nacionales nada más que dispararon. Aquí hay 24 guardias nacionales que entraron a esa urbanización, aquí hay un comandante en jefe que dio la orden y aquí hay una línea de mando que dio la orden de disparar en la cabeza a cualquiera que estuviera en la calle”. 

Un video que hizo un vecino sirvió para comprobar la presencia de los cuerpos de seguridad en el lugar. Un amigo de la joven que se escondió bajo un carro fue uno de los testigos principales. El cartucho que quedó alojado en el globo ocular de Geraldin permitió identificar a los responsables materiales.

Después de 33 meses, 55 audiencias, 67 órganos de prueba, 13 audiencias diferidas. Después de años de lucha, de investigaciones, de escuchar mentiras sobre lo ocurrido, en diciembre de 2016 escuchó la condena de dos de los implicados:  30 y 16 años de cárcel. Culpables de distintos delitos, entre los que se logró agregar el de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Aunque todavía faltan que el resto de los responsables sean señalados, ya que tras la partida de Ortega Díaz el caso se estancó, Rosa optó por perdonar. “Yo hice un trabajo para perdonarlos porque sino mi vida iba a ser cargada de dolor y odio. Nadie con dolor y odio puede seguir adelante. Ese día me liberé”. 

Esa insistencia por hacer justicia, no rendirse a pesar de lo difícil que pueda ser el proceso, hizo que Rosa Orozco creara la organización de derechos humanos. Justicia, Encuentro y Perdón donde trabaja con familiares de víctimas que, como ella, deben enfrentar el desafío de transformar el dolor en justicia. 

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

Defensa de ONG Azul Positivo interpone apelación para exigir libertad de sus activistas
Provea a través de sus redes sociales exigió a la corte de apelaciones a actuar. La organización argumentó que el trabajo humanitario no puede catalogarse como un crimen

 

La defensa legal de la organización no gubernamental Azul Positivo interpuso un recurso de apelación para exigir la libertad de Johan León Reyes, director general; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, integrantes de la ONG que operaba en el estado Zulia orientada a la prevención del VIH.

“La defensa de Azul Positivo interpone apelación para exigir la libertad de los cinco trabajadores humanitarios, arbitrariamente detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim, de Maracaibo”, escribió el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Provea a través de sus redes sociales exigió a la corte de apelaciones a actuar. La organización argumentó que el trabajo humanitario no puede catalogarse como un crimen.

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil del Área Metropolitana de Caracas emitieron un comunicado para rechazar la decisión del Tribunal 4to de Control del Zulia de dictar medida preventiva en contra de los cinco miembros de la ONG.

Las organizaciones que suscriben esta manifestación alertan que la decisión de encarcelarlos agrava el patrón de hostigamiento y persecución contra quienes intentan aliviar el sufrimiento de la población en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus. 

Las ONG consideran que el 2021 será el año donde se «intentará silenciar e inhibir a quienes hablaremos alto y claro sobre el sufrimiento de los venezolanos, especialmente a los activistas de la sociedad civil» y explican que los antecedentes reflejan que los ataques están focalizados “contra los trabajadores humanitarios del interior del país, con un perfil más discreto a los activistas de Caracas, con menor visibilidad e impacto mediático”. 

Reiteran que los más afectados por esta decisión son las 9.000 personas de las comunidades vulnerables del estado Zulia que se beneficiaban directamente de la labor de esta ONG que trabaja en la región desde el año 2004.

«Si la principal estrategia del autoritarismo es la separación y fragmentación de sus críticos, estamos comprometidos en mantenernos unidos como movimiento y responder en conjunto al ataque contra cualquiera de nosotros», enfatiza el comunicado.

Aquí el comunicado íntegro: 

 

*Con información de TC y CU

Humberto Prado denunció violaciones a los derechos humanos en lo que va de 2021
Masacre de La Vega, detención de miembros de ONG Azul Positivo y muerte en prisión de Salvador Franco entre ellas

Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas,  dijo que en apenas 15 días de 2021 se han cometido múltiples violaciones a los DD.HH. en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Prado destacó los hechos violentos acontecidos el pasado 8 de enero en el barrio La Vega de Caracas, los cuales dejaron un saldo de 23 personas asesinadas, en un operativo realizado en conjunto por funcionarios de las FAES, la DIP y Policaracas.

Igualmente recordó las detenciones a miembros de ONG. “El 12 de enero una comisión del DGCIM intervino la ONG Azul Positivo para realizar un procedimiento administrativo contra su trabajo humanitario. Fueron detenidas arbitrariamente 4 personas”, reseñó.

Asimismo incluyó en la lista las violaciones en contra de los pueblos indígenas, migrantes y refugiados, periodistas, y la independencia judicial, especialmente la muerte en la prisión del Rodeo II del miembro de la etnia pemón, Salvador Franco el pasado 3 de enero.

Otra denuncia que hizo Prado fue la falta de equipos médicos y medicinas para atender la pandemia del Covid-19, en medio de un sistema hospitalario venezolano que ya se encontraba en crisis antes de la llegada del coronavirus.

El Comisionado destacó que el gobierno continúa aplicando la tortura como método contra quienes le adversan.

Informó que todos los hechos han sido documentados y reportados a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, el Parlamento Europeo y  organizaciones como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional.

 

Rafael Uzcátegui: Documentacion de violaciones a DDHH es una factura que nos quieren cobrar
El coordinador de Provea dijo que de marzo a octubre de 2020 hubo 216 detenciones por razones políticas 

El inicio del año 2021 ha sido de gran intensidad en materia de DDHH. Desde el gobierno chavista se han ejecutado acciones contra medios de comunicación y ONG de defensa de derechos fundamentales, todo ello mientras desde la Asamblea de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de reconciliación y se constituye una comisión para el diálogo.

El pasado 8 de enero, una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) allanó la sede del canal por internet VPI, sin orden judicial, e incautaron los equipos pertenecientes a este medio de comunicación, que debido a ello tuvo que suspender sus transmisiones. Asimismo, el ente recaudador estatal, Seniat, clausuró por cinco días la sede del diario Panorama, en el estado Zulia, supuestamente por incumplimientos en los compromisos tributarios de la empresa, pero afectando el funcionamiento del periódico digital.

El martes 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, estado Zulia, aparentemente en una operación administrativa. No obstante, detuvieron a cinco trabajadores de la ONG, entre ellas su director, Juan León. Este miércoles 13 de enero se informó que los detenidos serán presentados a tribunales militares; aunque éstos declinaron la competencia y será un juzgado civil el que conocerá del caso.

En la línea de fuego

Paralelamente a estas acciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó a ONG defensoras de DDHH, entre ellas a Provea. En su programa Con el Mazo Dando aseguró que estas ONG incluso “dan golpes de Estado”.

El mismo 8 de enero, en un supuesto enfrentamiento con bandas armadas, unas 23 personas fueron abatidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las FAES, mientras las ONG defensoras de derechos humanos comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales, toda vez que no se registró ni un herido entre las filas de los funcionarios policiales, algo que comúnmente ocurre cuando hay un enfrentamiento.

Para el director general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, toda esta acción desde el oficialismo demuestra que las ONG y los medios de comunicación “están en la línea de fuego”, del gobierno de Nicolás Maduro y que se ha entrado en una nueva etapa de represión y censura en el país. En entrevista con TalCual, expresó no creer en los supuestos llamados a la reconciliación por parte de dirigentes oficialistas.

-En un operativo policial realizado el 8 de enero en La Vega resultaron muertas más de 20 personas. ¿Cuál es el balance que ha hecho Provea de este hecho y qué conocen que sucedió en realidad?

-Eso ratifica la alta letalidad de las fuerzas de acciones especiales y que no están diseñadas para realizar políticas de seguridad ciudadana. La última cifra es de 23 personas fallecidas, y de los cuerpos de seguridad no hay ningún herido ni fallecido. No es que uno lo desee, pero cuando hay un enfrentamiento con ese poder de fuego que se dice, lo normal es que hayan bajas de lado y lado. En el proceso de reforma policial de 2007, se dejó claro que, cuando las víctimas están en un solo lado, se trata de un operativo de ejecución.

La actuación de las FAES no ha disminuido niveles de inseguridad en nuestro país. Es un instrumento de control territorial. El hecho es una consecuencia de una situación en que el Estado ha cedido el control de territorios dentro de Venezuela a terceros, a individuos, y esta estrategia, como la de las zonas de paz, y también la de las cárceles, donde grupos delincuenciales tienen su propia agenda. Si estos grupos pudieron haber sido controlados en algún momento por el Ejecutivo, ya están fuera de control y se disputan zonas. Todo ello nos habla de un nivel de degradación de la situación de violencia y seguridad en Venezuela y configura un cuadro de daño antropológico, que fractura a la sociedad.

-El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las ONG de Derechos Humanos conspiran y dan incluso golpes de estado. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Eso forma parte de la campaña de persecución a las organizaciones de DDHH en Venezuela. La estrategia que creo que se está desarrollando contra la sociedad civil es una que ya tuvo eficiencia en el ámbito político. Buscan una sociedad civil lo menos beligerante posible, que coopere con los planes del gobierno y para ello buscan fracturarla, evitando que siga denunciando y visibilizando. La estrategia es continuar la separación que ha sido efectiva para el gobierno.

Creo que nuestro trabajo va a continuar siendo éste de denunciar y documentar los hechos de violaciones a los DDHH. Es una factura que nos quieren cobrar, la de la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, trabajo que resultó en un informe contundente. Nos la van a cobrar. Estarán buscando el mejor momento, en que haya el menor costo político, pero se ha iniciado una fase donde continúan las represalias contra quienes hacen trabajo humanitario.

Varios miembros de ONG del estado Zulia, Azul Positivo, han sido detenidos por la Dgcim, investigando fuentes de financiamiento. El gobierno está intentado intimidarnos. Hay bastante temor que todos estos caminos de documentación terminen en la apertura de un caso formal en la CPI. La fiscal anunció que a finales de este semestre tomará una decisión. Ante la inminencia, se está intentando intimidar a las organizaciones y activistas de DDHH. Hay defensores que han optado por irse del país o bajar el perfil, pero en el caso de organizaciones con mayor visibilidad continuamos fortalecidos.

-La semana pasada confiscaron equipos del canal VPI y acusaron a otros medios de recibir financiamiento. ¿En general cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela? El medio impreso Panorama también fue objeto de medidas

-El Estado de alarma (por la covid-19) no es para atender las necesidades sanitarias de la población, sino aprovechar la circunstancia para aumentar los mecanismos de control y censura. Cuando vemos la cifra de personas detenidas durante ocho meses de la pandemia. Hasta octubre, que contamos con datos consolidados, el principal sector que había sufrido detenciones era el de periodistas y trabajadores de medios. Hubo 216 detenciones por razones políticas, y de ese total de detenciones arbitrarias, 66 fueron contra periodistas, es decir, el 30,5%. Es el principal perfil de persecución en Venezuela.

Es la necesidad de controlar y aumentar los niveles de censura y autocensura. Eso tiene no solo un efecto cascada contra otros medios de comunicación sino a lo interno del medio. Ha habido un proceso de persecución sistemática, y tiene que ver con que muchos periodistas se han ido del país. Es una situación que no ha sido visibilizada porque tienen temor a que, si dicen que se han ido por temor, sus familiares puedan sufrir alguna consecuencia.

Hemos normalizado que las cifras de coronavirus sean irreales y  existe esa invisibilización de la cantidad de periodistas que han migrado por la persecución y hostigamiento, así que creemos que la situación va a permanecer, porque el liderazgo político democrático tiene una situación que quieren resolver y el sector empresarial intenta reactivar la producción y participará en los espacios de negociación con el gobierno, así que el sector que va a quedar para denunciar es la sociedad civil independiente, que incluye a medios de comunicación. Por eso vamos a estar en la línea de fuego, por esta línea de hostigamiento que tenemos y el temor es que se profundice con el inicio de funciones de la Asamblea Nacional, ya que la misma genera leyes y reglamentos para continuar neutralizando el trabajo de la sociedad civil independiente.

-El presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, habló de una posible reconciliación, pero sin olvido. ¿Cree posible una reconciliación política en Venezuela?

-Creemos que la estrategia será la del palo y la zanahoria; el gobierno va a buscar la legitimación de los hechos a través de la AN, cuya elección ha sido desconocida por muchos países, por lo que hay una legitimidad endeble; se creó una comisión de diálogo que va a asumir este discurso que no cuenta con una voluntad sincera, sino el deseo que la AN sea protagonista de esos espacios, donde participarán sectores empresariales y opositores. Esa va a ser la zanahoria, un discurso políticamente correcto que se va a transformar en ley y se va a buscar fracturar a la población sobre si participa o no.

La sociedad va a ser objeto de iniciativas de persecución y neutralización. Hay gente que dice que hay sectores en el gobierno que sabotean, pero yo creo que forma parte de la misma estrategia. Lanzar un mensaje que fragmente a los contrarios y estos espacios, pero a la vez reprimir y perseguir, proceso que el Foro Penal llama “de puerta giratoria”.

En la película Érase una vez Venezuela, seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar, uno de los mensajes es que el autoritarismo no le sirve ni siquiera al chavismo. La persona que representa ese rol es profundamente afectada por las políticas que apoya. La racionalidad política indica que el gobierno debe negociar para generar un nuevo escenario político, pero creo que la voluntad es la contraria, aferrarse al poder, negar la diversidad democrática, imponer un modelo que ha traído consecuencias lamentables para los venezolanos.

Uno pensaría que hay sectores en el chavismo que creen en la necesidad de la negociación, pero mientras estos sectores no actúen de manera orgánica, van a seguir apoyando esta consolidación del autoritarismo. Estamos convencidos de que los chavistas, porque son varios, van a seguir participando en la sociedad venezolana del futuro, políticamente, pero que tal como está configurando en el poder de Nicolás Maduro, sin una política sincera de generar un gobierno de inclusión donde se respete la independencia de poderes y transitemos será más difícil.

-La primera vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, ha planteado confiscar los bienes de personas que se han ido del país ¿Qué derechos se transgreden con ello y qué se puede hacer para evitarlo?

-Creo en lo personal que intentan desviar atención de otros temas importantes. Hay gente que ha afirmado que Diosdado Cabello ha perdido influencia en la AN, pero creo que la tendencia radical que él representa, la mucho más extrema, ahora va a ser representada por esta funcionaria, que había sido ministra (de Asuntos Penitenciarios), ahora es diputada. Ella va a representar la línea dura, va a tener ese tipo de afirmaciones, algunas se van a cumplir, otras no. Coincido con Luis Vicente León (presidente de Datanálisis), quien dice que al gobierno no le interesa frenar la migración de venezolanos, y es porque le es funcional, ya que desestabiliza a los gobiernos de la región, por demandas de trabajo y servicios, pero para Nicolás Maduro es un factor que puede incidir en la posibilidad de una estabilización económica.

-¿Cree que la Corte Penal Internacional finalmente investigue a funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué perspectivas hay al respecto?

-Tenemos altas expectativas en la posibilidad que se abra una investigación concreta en la Fiscalía de la CPI. Hay elementos que indican esa posibilidad. ¿Qué tanto puede favorecer a un proceso de negociación? Nosotros no hacemos ese cálculo político. Actuamos siempre como defensores y vamos a promover y exigir que los responsables sean puestos ante la justicia. Creemos que mientras más se señalen responsabilidades individuales podría favorecer una ruptura de la coalición dominante, pero también existe la posibilidad de que las cohesione, porque otros funcionarios pueden verse perjudicados.

Nosotros seguimos alimentando el trabajo de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sería algo histórico en América Latina (que se inicie una investigación formal), porque casi todas se han dado en países del continente africano y otros como Colombia y México, que han esperado muchos años para que el examen preliminar pase a investigación formal. En el caso venezolano hay muchos elementos que deberían ameritar una situación concreta.

Es un proceso que no ha sido fácil, pero creemos que todo el trabajo que se ha realizado llevará a ello. Lamentablemente es la única instancia jurídicamente vinculante, porque está basada en el compromiso de los estados, pero como hemos visto la racionalidad del gobierno venezolano no es esa, y nos queda esta posibilidad de la apertura de una investigación concreta.

 

Internas del INOF iniciaron huelga de hambre para exigir atención alimentaria
Las internas subieron al techo del recinto carcelario y sacaron pancartas donde manifestaron su grito de huelga. Aseguraron que la protesta terminará en cuanto les den respuestas a sus demandas de libertad

La organización Ventana a la Libertad denunció que mujeres detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) iniciaron una huelga de hambre este jueves 14 de enero para exigir celeridad procesal y la destitución de la directiva que las tiene “pasando hambre y en castigo”.

En un comunicado enviado a través de un audio de Whatsapp, las internas hicieron llamado a todos los presos del país a unirse al conflicto carcelario.

“Pedimos ayudas a gritos desesperadamente, porque las autoridades no se abocan a darnos solución. Nuestros contactos periodista son la voz de lo que adentro estamos viviendo”, señalaron en el audio.

Asimismo, las presas subieron al techo del recinto carcelario y sacaron pancartas donde manifestaron su grito de huelga. Señalaron que la protesta terminará “en cuanto tengamos las respuestas que deseamos nuestras libertades. De lo contrario seguiremos gritando hambre y libertad”.

Afuera del lugar encontraban las madres, hermanas y demás familiares de las internas quienes no pudieron ingresar, nuevamente, a la visita por orden de la directora del penal. Por la protesta, los familiares no pudieron entregarle alimentos a la internas porque las visitas fueron suspendidas.

“Solo les dan un tobo de agua una vez a la semana para su aseo y para tomar”, dijo la madre de una de las mujeres que aseguró que a más de la mitad de las internas no les han dado la libertad a pesar de haber cumplido parte de su pena. 

Los familiares solo han podido entrar una sola vez a visita desde el mes de marzo de 2020 cuando se inició la pandemia por el COVID-19 que obligó a la cuarentena radical y a la suspensión del ingreso de familiares a los penales.

Foto: Archivo

 

 

Explotación sexual y laboral de adultos y menores aumenta en Bolívar
Las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas

La esclavitud moderna y explotación sexual aumentan en el estado Bolívar en medio de omisión del Estado, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El informe titulado De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar, expone las formas más comunes de esclavitud moderna que imperan en el estado Bolívar y los factores que hacen a la entidad más vulnerable a los patrones y rutas de captación, como el orden impuesto por grupos de poder vinculados con la extracción de oro en el sur de la entidad.

En un trabajo publicado por el Correo del Caroní se señaló que las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.

La investigación del centro de DDHH de la UCAB determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.

El estado Bolívar es una de las entidades con mayor movilidad humana. El principal objetivo de quienes se trasladan son los yacimientos auríferos del sur de la entidad.

Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 y al paso del aumento de costo de vida en el país, cada vez más personas de distintos municipios de Bolívar y diferentes estados del país -con todo y pandemia por COVID-19- se trasladan a las zonas mineras porque ven en el oro la única forma de costear una vida digna en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

El proyecto extractivista de Nicolás Maduro no solamente tiene su propia dinámica de violencia. También impuso las reglas de una economía distorsionada. En Bolívar los productos y servicios suelen triplicar su precio en comparación con otros estados del país porque están subordinados al precio del oro, que fluctúa a la par del precio del dólar en el mercado paralelo en un contexto en el que el salario mínimo permite costear solo 0,88% de la canasta alimentaria.

Puede seguir leyendo en Correo del Caroní 

#NáufragosDeGüiria | Trinidad y Venezuela comparten responsabilidades en caso de los 41 migrantes que salieron de Güiria
El Ministerio de Interior y Justicia venezolano, sin siquiera procurar una investigación independiente, desestimó las denuncias de los familiares de las víctimas que aseguraban que habían llegado a Trinidad y Tobago y fueron obligados a regresar en una sola embarcación
Trinidad y Tobago negó a las personas que llegaron a su territorio la oportunidad de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados 

@GITIW y @ValeriaPedicini / Foto: César Toledo

 

 

El Estado venezolano y el trinitense comparten la responsabilidad de violaciones de derechos humanos en el caso de las víctimas que partieron de Güiria el pasado 6 de diciembre.

Venezuela incluso desestimó las denuncias de los familiares y parece dar por terminada cualquier investigación relacionada con el caso. El 25 de diciembre, la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, firmó un comunicado en el que aseguró que “el pasado 6 de diciembre se produjo un naufragio de la embarcación identificada como Mi  Recuerdo, aproximadamente a 11 millas náuticas del punto de zarpe… en la embarcación iba un grupo de personas que se dirigían a la República de Trinidad y Tobago a pasar las fiestas navideñas”. 

Aunque esta versión en este caso no ha sido confirmada, las autoridades de Trinidad y Tobago al parecer hicieron lo que ya han hecho antes: devolver de manera “caliente” a los migrantes venezolanos violando tratados internacionales.

Para Venezuela parece ser suficiente la versión trinitense. La Guardia Costera de ese país aseguró en un comunicado que sus funcionarios no interceptaron ninguna embarcación proveniente de Venezuela. Mientras que el primer ministro Keith Rowley tachó como “mentira” la versión de que los venezolanos fueron expulsados de territorio trinitense. 

Pero desde que se supo la noticia de la desaparición, los familiares de los migrantes aseguraron que las embarcaciones habrían alcanzado las costas trinitenses.  ¿La razón para creerlo? Los primeros cadáveres fueron hallados muy cerca del puerto de Güiria. “Que los primeros cuerpos fueran encontrados a solo 6 millas náuticas de la costa venezolana quiere decir que se estaban devolviendo”, dicen los familiares, convencidos de que sus parientes sí pisaron territorio insular. 

A pesar de las denuncias y las evidencias, se ha negado el derecho de saber efectivamente qué ocurrió con la embarcación o las embarcaciones. 

El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, incluso manifestó no saber qué pasó con la embarcación que naufragó y admitió no tener la capacidad para controlar zarpes ilegales. Por su parte, la Fiscalía venezolana, a través de su vocero, Tarek William Saab, declaró que investigaría lo ocurrido bajo la presunción del delito de trata de personas y casi de inmediato fueron detenidos Luis Ramón López y Luis Martínez, este último conocido como “Che María”. Sin embargo ambos ya se encuentran en sus casas. Adicionalmente, según denuncias de los habitantes de Güiria, los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.

La primera responsabilidad es de Venezuela

 

Imágenes de migrantes alcanzando de manera precaria las costas de otro país se generan todos los días: llegan a las islas Canarias, a las costas de Italia, a las del Reino Unido y llegan a los Estados Unidos cruzando el Río Grande. Lo que no se ve es que alguno de esos países obligue a devolverse por sus propios medios a los migrantes, y que el país de origen de estas personas no provea medios de transporte seguros para su devolución, arriesgándolos a asumir una travesía mortal. 

Casos de naufragios, desapariciones y denuncias de trata de personas se han documentado entre Venezuela y Trinidad y Tobago al menos desde 2017. Nada más en 2019 fueron reportadas como desaparecidas tres embarcaciones entre ambas naciones.  

“El naufragio del sábado 12 no es el único. Ha habido antes varios que conocemos mediáticamente, y otros que probablemente ni nos enteramos, responde a patrones más amplios de desplazamiento forzado de venezolanos”, explica Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado. 

Para Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, en el caso de Venezuela se trata “de personas que no solo escapan del hambre y del desabasto de medicinas y alimentos en esta crisis humanitaria compleja, sino que también escapan muchas veces de la persecución individualizada dada las políticas de represión violenta que han sido muy bien documentadas que ocurren en Venezuela”. Es por ello que se hace imprescindible que los gobiernos respeten el principio de no expulsión forzada y proteger a personas que como estas, escapan de sus países por persecución o masivas violaciones de derechos humanos. 

El caso es que los venezolanos, sin importar los riesgos, siguen huyendo. Solo en noviembre de 2020, las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a más de 200 venezolanos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según el más reciente informe, en uno de los casos se informó que un grupo de 29 personas, incluidos 16 niños, fueron escoltados fuera de las aguas trinitenses, aunque algunos regresaron a la isla después.

Hasta el 30 de noviembre, Acnur registró 20.143 refugiados en Trinidad y Tobago, lo que representa 200 menos que en el mes de octubre. De ese total, el 85,8% son venezolanos. 

No pueden ser devueltos

 

La Convención de 1951 genera obligaciones en los países que reciben refugiados; una de ellas, es no devolverlos al país del que salen. “Hay una obligación de darle el derecho a pedir ese reconocimiento y de no devolverlo cuando está procesando ese reconocimiento. Así sea que esté retrasado el proceso judicial para definir si se le otorga o no el estado de refugiado, no los puede devolver”, señaló Muñoz.  

La politóloga manifiesta que los estados deben darle oportunidad a las personas que llegan a su territorio de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados en cada país. “Esa persona tiene el derecho a que no la devuelvan hasta que no se concluya el proceso. Lo que deben respetar con la Convención del 51 de los refugiados es el derecho de los venezolanos a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. Ese es el principal tratado y las dos cosas claves que tienen que ser centrales en la respuesta de Trinidad y Tobago ante la llegada de venezolanos”.  

Riesgo evidente

 

La internacionalista experta en derechos humanos y relaciones multilaterales, María Alejandra Aristeguieta, explicó que de acuerdo con el principio de no devolución, si los migrantes corren peligro en su país no pueden ser devueltos. Si el país receptor argumenta que no tiene los recursos para atender a los migrantes, hay al menos dos vías para actuar.  

“Las autoridades de Trinidad y Tobago tenían dos opciones: la primera, hablar con el consulado venezolano y que ellos se encargaran de buscar a los migrantes y de repatriarlos de manera segura. La segunda es hablar con una tercera nación y alegar que ellos no tienen la capacidad para atenderlos y, si se llega a un acuerdo, trasladarlos hasta el nuevo destino”, explicó Aristeguieta. 

 ¿Por qué las autoridades consulares de Venezuela no se encargaron de repatriar a los migrantes? “La comunicación entre Trinidad y Tobago y el consulado venezolano es fluida, esa información la tengo confirmada directamente de las oficinas de Naciones Unidas. Una hipótesis es que los quieren usar de ejemplo porque el nivel de crueldad de esta gente está tatuado en su ADN. Quieren hacer de esta tragedia un caso ejemplarizante”, argumentó la internacionalista.  

“La violación de los derechos humanos de esos migrantes fue de común acuerdo porque alternativas hay para resolver ese tema de otro modo, que no las quieran explorar o no las quiera llevar a cabo es clarísimo. No es que no tengan mecanismos en sus manos: Trinidad y Tobago podría estar hablando con Acnur y otras agencias para la atención de esos migrantes, o podría estar tomando alguna medida para repatriarlos responsablemente”, dijo Aristeguieta. 

¿Por qué no asumen la segunda opción y buscan un tercer país que los reciba? “Probablemente porque no se quieren convertir en un destino de tránsito”, argumentó la internacionalista.  

Venezuela y Trinidad y Tobago han mantenido una estrecha relación en las dos décadas de chavismo. Lo que inició por interés comerciales no solo se quedó ahí: desde el gobierno trinitense se han rechazado los intentos de intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. 

Se ha hablado de “lazos de hermandad”, de cooperación y de desarrollo para beneficio común de ambas naciones. Se han firmado acuerdos de cooperación energética. 

Hace apenas tres meses, a mediados de agosto de 2020, Nicolás Maduro se reunía con el primer ministro trinitense Keith Rowley para mantener la coordinación entre ambos gobiernos “al más alto nivel” y “profundizar la histórica relación bilateral y a fortalecer los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe”.

Autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago se reúnen con frecuencia, tienen buena relación, firman acuerdos. Existen elementos para pensar que entre ambos gobiernos hay comunicación.  ¿Por qué no un acuerdo para la repatriación segura y digna de venezolanos? 

Trinidad y Tobago podría conversar con Venezuela para hacerlo. “Si es un grupo de migrantes irregulares a ser retornados, tendrían que coordinar los países. Si es asilo, ninguna coordinación. El Estado que recibe debe proteger a quien solicita asilo de su país de origen”, explica Betilde Muñóz. 

Para el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, Trinidad y Tobago está actuando al margen de al menos dos compromisos internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. “En ambas, los estados suscriben que tienen el compromiso de proteger a una población en condición de vulnerabilidad, de ir a otra nación y ahí obtener la protección y el refugio. Y en esas dos convenciones actúa también el principio de no devolución”. 

Convención que Trinidad y Tobago firmó y ratificó, pero no cumple al regresar a los venezolanos “en caliente”, como se ha documentado en algunas ocasiones, sin tener en cuenta sus derechos a la movilización. “Los venezolanos corren mucho peligro por la forma cómo los están deportando. Sin salvavidas, y en este momento que estamos con COVID-19 tampoco con mascarillas; en embarcaciones pequeñas de madera donde van con exceso de capacidad, con limitación de combustible en una zona donde son recurrentes las condiciones climatológicas adversas y fuertes precipitaciones. Obviamente la vida de estas personas está en riesgo”, aseguró Smolansky. 

Necesitados de protección

 

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, lo ocurrido con el naufragio de Güiria “nuevamente es una muestra de la falta de protección que se les está dando a estas personas [venezolanos] que terminan en una situación de altísimo riesgo, sujetas  muchas veces a redes de trata y grupos de crímenes organizados, precisamente por la falta de protección y porque se ha criminalizado la entrada irregular de personas venezolanas necesitadas de protección internacional”. 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al caso y dijo: “Pedimos a los gobiernos que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estatus y eviten el riesgo de deportación”.  

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó en 2018 a los países de la región a garantizar que los venezolanos tuvieran acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. “Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional (…). En vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar”.  

La experta en relaciones multilaterales explicó que la capacidad de instrumentación y exigibilidad de cumplimiento por parte de los Estados a los acuerdos de protección a los migrantes, es bastante laxa porque no hay una herramienta que los obligue. “Si hay un tratado internacional bilateral y una de las dos partes incumple, la otra parte puede recurrir; pero en el caso del derecho internacional humanitario son medidas de exhortación, no hay capacidad para obligar al Estado miembro a cumplir con lo que él mismo firmó y ratificó”.

Aristeguieta, quien se desempeñó como embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Suiza, argumentó que los países democráticos se cuidan mucho de cumplir con los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos porque tienen una sociedad civil y una institucionalidad muy sólida, temen a la opinión pública y todo eso sirve de mecanismo de presión y balance. “En el tercer mundo eso no es así, todo es más laxo porque la institucionalidad es muy débil. Ese es el contexto real en el que vivimos y sobre esa realidad hay que trabajar”.  

Un ejemplo de cómo en democracias más sólidas hay más vigilancia y control en el trato hacia los migrantes irregulares, es Italia. En agosto de 2019, el ex ministro de Interior Matteo Salvini impidió que la embarcación “Open Arms” con 116 migrantes a bordo, atracara en isla italiana de Lampedusa. Los migrantes pasaron 10 días en el mar mientras sus condiciones de salud se deterioraban. Salvini argumentó en su momento que aplicaba una política de “puertos cerrados” para negar el acceso de los migrantes. En enero de 2021, el ex ministro y líder del partido italiano de extrema derecha La Liga, enfrenta un juicio por secuestro y abuso de poder

 

¿Nueva categoría para venezolanos? 

 

Aristeguieta explicó que si bien no hay obligación para ningún país de calificar de refugiados a los migrantes que lleguen a sus tierras, sí hay un conjunto básico de acciones que esa nación está obligada a seguir. 

 “No tenemos cómo reclamarle que no los trate como refugiados, pero sí tenemos derecho a exigirles que cumplan con el principio básico de no devolución, con el debido proceso tanto jurídico como administrativo para la evaluación de cada caso de manera individual; y con la tramitación de la devolución de esas personas a su país de origen de manera segura”, dijo Aristeguieta.  

Cuando se habla de venezolanos que han dejado la nación, se utilizan los conceptos de migrantes y refugiados. Los primeros lo hacen de forma voluntaria, por razones laborales o reunificación familiares. El derecho a migrar está reflejado en la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, que toca todas las dimensiones de protección a migrantes. 

Por otra parte, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 definen qué es un refugiado, sus derechos fundamentales a ser protegidos y la determinación que no deben ser devueltos al país donde temen ser perseguidos.  

En el caso de Latinoamérica, se firmó una declaración que expande la definición de refugiados para incluir personas que sufren y huyen de la violencia, que escapan porque el orden público de su país es inestable o porque existen violaciones de derechos humanos, aunque no los reciban directamente. Eso es lo que ha utilizado México y Brasil para darles la condición de refugiados a miles de venezolanos. Así lo explicó Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado.  

Pero la situación de los venezolanos es difícil de definir. “Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de la región, sobre todo donde hay más venezolanos, no necesariamente están usando esa definición de Cartagena para reconocer a los venezolanos, pero tampoco caen entre los migrantes voluntarios. Tenemos una gran cantidad, millones de venezolanos diría yo, que no son reconocidos en ninguna de las dos categorías en este momento y eso está generando una necesidad de protección”, afirma. 

Aunque se hable de migración forzada, ese concepto no está en ningún marco jurídico internacional, lo que no genera obligaciones a los Estados que reciben a venezolanos cuyo desplazamiento es forzado. “Hay que seguir empujando la conversación para que se haga el reconocimiento de refugiados según la Convención de Cartagena, pero también está la conversación de si el fenómeno venezolano nos va a obligar a pensar en nuevas categorías de protección internacional”, alega Muñoz. 

Sin tenerlos en cuenta

 

Pero sin importar el estatus migratorio, todos los países que reciben migrantes, refugiados o no, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. “Los Estados están obligados a darles protección. La protección pasa por darles su documentación, por reconocer sus derechos, por regularizarlos”, plantea Smolansky, lo que facilitaría a los venezolanos acceder a la salud, educación e insertarse a los mercados laborales en Trinidad y Tobago.  

Pero Trinidad y Tobago no ha dado esa oportunidad. Smolansky aseguró que en el registro que hiciera el gobierno trinitense en 2019, se identificaron 16 mil venezolanos. “Pero realmente en Trinidad y Tobago lo que manejamos es que hay aproximadamente 40 mil migrantes y refugiados venezolanos. Si un registro duró solo dos semanas, no da tiempo para que la gente haya podido obtener su documentación en tan solo 15 días o no se enteraron. Y en año y medio ha sido mucha la gente que ha llegado a Trinidad y Tobago y no les han dado oportunidad de registrarse”.  

¿Por qué Trinidad y Tobago no les da el reconocimiento de refugiado a los venezolanos? Aunque Beatriz Muñoz no tiene una respuesta certera, atribuye la razón a una complejidad de factores.  

Para ella, que hace apenas un año Trinidad y Tobago tenga una oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en la isla, da a entender cómo ven el tema de los refugiados. “Para ellos no existía una agenda de protección de refugiados, aunque han ratificado la convención. No ha sido parte de su dinámica porque no han recibido históricamente refugiados, quizá eso no es parte de la conversación con la ciudadanía o los políticos”. 

Sin importar la cantidad de venezolanos llegando a su territorio ni las condiciones en las que lo hacen ni de qué huyen, el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal: la única forma de entrar a la isla es por una solicitud de visa. 

“En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron a nuestro país ilegalmente. El año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo el primer ministro.

La ley migratoria de Trinidad y Tobago pone en manifiesto su actitud con la llegada de migrantes, algunos artículos que pueden ser considerados discriminatorios y que se prestan para interpretaciones según el ojo con el que se mire. Prohíben la entrada a personas con enfermedades o “físicamente defectuosos”; a personas que se puedan convertir en una carga económica para el Estado; a personas que no puedan costearse su permanencia en la isla; a “idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia o psicópatas”; ni se le permite la entrada o permanencia a cualquier “persona indeseada”.

Sin importar esto, cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, como lo es la Convención de 1951, tiene como obligación reacomodar y alinear sus marcos legislativos a los estándares de la convención internacional. “Puede ser que haya una discrepancia entre lo que dice el tratado de refugiados y lo que dice la ley de Trinidad y Tobago. Pero la obligación es que progresivamente se hagan los ajustes legislativos para que conversen lo que tiene la ley y lo que tiene el tratado internacional”, aseguró la funcionaria de la OEA. 

¿Qué dice Trinidad y Tobago?

 

Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las que huye la población venezolana. 

Hasta la fecha, las misivas no han sido contestadas. 

Para Erika Guevara-Rosas, el gobierno de Trinidad y Tobago está anteponiendo intereses políticos en menoscabo de los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional. 

Para el abogado David Smolansky, tiene que haber un giro de 180 grados por parte del gobierno de Trinidad y Tobago en el reconocimiento de los venezolanos, además de aprender de otros países vecinos como Colombia o Brasil en los que se mantiene una política de fronteras abiertas, donde no piden visa para entrar y donde se les da el estatus de refugiado.  

“Si se les trata diferente y se les brindara apoyo y oportunidades, más bien pudiese verse beneficiada esa isla en cuanto a su economía. El destierro representa muchas oportunidades para países de América Latina y el Caribe de recibir una población que quiere trabajar, que quiere emprender, que quiere estudiar y todo aportar a la economía. Trinidad y Tobago le está dando una patada a eso, está privilegiando su relación política con Maduro”, dijo Smalasky.