La reducción salarial de los pensionados les dejó apenas 65% de sus sueldos, monto que empezaron a recibir a pesar de que aún no les cancelan sus liquidaciones
Un grupo de jubilados de Ferrominera Orinoco protestaron frente al Edificio Administrativo número II de la estatal y, además, consignaron una denuncia en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en la que señalan a la compañía como responsable de violentar sus derechos laborales, amedrentarlos en sus áreas de trabajo, jubilarlos forzosamente y someterlos a la pobreza debido al impago de prestaciones sociales.
El grupo está conformado por jubilados entre los años 2018 y 2023. La empresa no cancela prestaciones sociales a sus extrabajadores desde hace cinco años. Asimismo, los afectados señalan a las autoridades de la estatal como responsables de no cumplir la ley y someter al empleado a condiciones inseguras.
En el documento expresa que la empresa, afiliada a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), cerró sus puertas cuando «el personal se había dedicado toda su vida a ella». Los trabajadores jubilados destacaron que la mayoría estuvo como personal no requerido durante dos años debido a la pandemia del covid-19, cobrando solo salario base, y ahora son jubilados sin pago de prestaciones y perciben un porcentaje salarial de 65 %.
Exigen que se cumpla la ley y cobrar 80 % del sueldo.
Acoso digital y laboral
«Se nos obligaba verbalmente a colocar en nuestras redes sociales videos manipulados de producción. Y si no los publicabas te reducían el salario. Las autoridades de la empresa hacían seguimiento a las redes sociales del trabajador. Además no se nos informó que estábamos jubilados de manera oportuna ni como lo establece la Ley General de Seguridad Social», manifestaron los denunciantes.
Maribel Muñoz, una de las representante de los jubilados, alegó que el grupo le exige al gobierno el pago de inmediato de sus prestaciones sociales, el cual por ley debió ser cancelado cinco días después de su jubilación.
«Hasta el momento no hemos recibido ningún pago. Somos hombres y mujeres con familias que el gobierno no solo jubiló de la empresa, sino de la vida. No tenemos dinero para alimentos, para medicinas, para darle educación a nuestros hijos. La respuesta que nos dan aquí en la empresa es que eso depende del Sistema Patria. Señores, nosotros no hicimos contrato con Patria, sino con la empresa Ferrominera Orinoco. Todos nosotros cobramos 200 bolívares que no alcanzan para nada», aseveró Muñoz.
Los afectados aseguran que, desde un primer momento y sin haber cobrado su liquidación, fueron trasladados a la nómina inactiva de la industria; pese a haber sufrido reducción salarial, y desde hace más de 6 meses esperan el pago de sus prestaciones, las cuales no les han sido canceladas.
Según los adultos mayores, ninguno de sus salarios supera los 300 bolívares, asimismo, sus liquidaciones oscilan entre 1.800 y 5 mil dólares, según los documentos que les fueron proporcionados en el proceso. No obstante, la empresa no ha liquidado estos pasivos.
«La mayoría tenemos familiares enfermos y el sueldo no alcanza para comprar pañales ni medicinas. En el 99% de los casos, la farmacia del Hospital Dr. Américo Babó no cuenta con las medicinas y por fuera son muy costosas. Algunos tenemos hijos en escuelas, liceos y universidades y como no contamos con los recursos suficientes para cancelar las cuotas, hemos tenido que sacarlos. Del aporte educativo de nuestros hijos la empresa no está pagando el 100 %», reza la denuncia consignada en las autoridades laborales.
«No estamos pidiendo limosna, es nuestro derecho. Cumplimos con nuestros deberes, dimos nuestra mejor versión en esta empresa. Batimos récord de producción en esta empresa. No somos culpables del quiebre de estas empresas y exigimos nuestros derechos», cerró una de las perjudicadas.
Tras varios años a la cabeza de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción dejaron tras de sí la pérdida de beneficios laborales, empleados desincorporados injustificadamente y un hospital cuyas «cuantiosos» gastos no se reflejan en su estructura
@Luciapietf
Para los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas en Ciudad Guayana, estado Bolívar, no resultaron sorpresivas las detenciones por corrupción de la cúpula que dirigía la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en abril pasado. Pero más allá de estos delitos, están las constantes violaciones a los derechos laborales que sufrieron los empleados de la compañía del Estado desde 2018, cuando Pedro Maldonado y sus gerentes asumieron el control de la misma.
Noel Hernández es testigo directo de esas violaciones. Tenía 28 años de carrera en la empresa estadal cuando comenzó una persecución que lo llevó a huir del país. Ocupó el cargo de director laboral de la CVG, fue miembro fundador y secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG) y, posteriormente, secretario de Prensa y Propaganda de la misma organización.
En 2018, a Hernández le fue abierto un expediente por presunta injuria contra el presidente de la CVG y fue despedido sin explicación. A esta acción le siguió el amedrentamiento de las autoridades de la empresa en forma de amenazas y acosos en las asambleas y marchas sindicales.
En mayo de 2019, al salir de una rueda de prensa donde la ITG se pronunció contra el nombramiento de la comisión del Consejo Nacional Electoral, presuntos cuerpos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dcgim) lo interceptaron a él y a su esposa por «estar organizando actos terroristas en la zona». Hernández comentó que los soltaron gracias a la presencia de gran cantidad de personas grabando los hechos.
Las amenazas continuaron cerca de su vivienda, involucrando a su familia, por lo que el sindicalista decidió salir de Bolívar con rumbo a Estados Unidos en 2020 con las intenciones de visitar a su hijo, bajar su perfil y detener su persecución. Aunque su intención era volver, le advirtieron que lo mejor era quedarse allá.
«Ser despedido injustificadamente, perseguido y luego obligado a salir de mi país es duro, es un cambio radical en la vida de uno, en la vida de cualquier venezolano que tiene todo en Venezuela, pero que de la noche a la mañana cambia la vida«, afirmó.
La razón de su despido devino de la toma de las instalaciones de la Presidencia por parte de los cevegistas en noviembre del 2018, tras meses de protestas continuas ante el desmejoramiento de sus condiciones laborales y la falta de respuesta del presidente.
«No atendía los reclamos de los trabajadores, no se reunía con los trabajadores ni daba instrucciones para que nos atendieran«, declaró sobre la actitud de Maldonado frente a las quejas.
Los trabajadores buscaron forzar una respuesta ante la pérdida progresiva de sus derechos y poder adquisitivo. Cerraron los accesos al edificio por horas, pero lo único que lograron fue las amenazas de funcionarios como Isaac Salazar, consultor jurídico de la CVG, recientemente detenido, y más adelante del general de división Julmer Ochoa, gerente general de seguridad patrimonial de la CVG para ese entonces.
«Ellos argumentan en el acto administrativo para destituirme (…) que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado se asustó tanto, tuvo miedo, que no podía ni hablar, no podía gesticular ningún tipo de acciónproducto de que teníamos tomada la presidencia de CVG más de 200 funcionarios«.
El 21 de diciembre, la gerencia de recursos humanos le entregó su calificación de despido. «Ellos quisieron, a mi entender, mandar un mensaje para intimidar a toda la dirigencia sindical de Guayana«, aseveró Hernández.
Su caso no fue aislado, sus compañeros sindicalistas sufrieron destinos similares. Ramón Gómez, secretario general del sindicato, y Cecilio Pineda, ex-secretario de organización de Sunep-CVG, fueron objeto de jubilaciones forzosas comandadas por la directiva a pesar de no cumplir con la edad necesaria ni consentir la decisión.
Esta situación se volvió normalidad en CVG y demás compañías estadales, con despedidos, jubilaciones forzosas, desincorporaciones bajo la figura de «trabajadores no requeridos» y reducciones salariales. Solo desde noviembre de 2018 a abril de 2019, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública despedidospor reclamar sus derechos públicamente.
Hasta la fecha, el fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, ha anunciado 80 funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción que involucran a la empresa estadal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Cartón de Venezuela (Cartoven), CVG y otras entidades públicas.
Entre los detenidos están Ysmel Serrano, exvicepresidente ejecutivo Pdvsa; Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip); el diputado Hugbel Roa, el empresario Salem Hassoun Atrach, Hugo Cabezas y el fallecido Leoner Azuaje – muerto bajo custodia-, ambos dirigentes de Cartoven.
Pedro Maldonado se desempeñó como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2010 hasta 2014. Durante su gestión, fue impuesta una multa de 9.4 millones de dólares al canal Globovisión por la cobertura de sucesos violentos en la cárcel de El Rodeo, estado Miranda. Fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrado el 16 de mayo del 2017.
Fue nombrado viceministro de Industrias Básicas el 19 de junio de 2018 y el 6 de julio asumió la presidencia de la CVG.
Por otro lado, Nestor Astudillo fue gerente de Mantenimiento Mecánico y de Mantenimiento de Laminación en Frío de Sidor. Ocupó la presidencia de Ferresidor (red de ferreterías socialistas) y fue gerente de Promoacero.
Estuvo involucrado en el escádalo de «La mafia de las cabillas», que denunció la desaparición de 13 gandolas de cabillas que salieron de Sidor para la sede de Ferresidor en Ocumare del Tuy, estado Miranda, las cuales desaparecieron. Astudillo afirmó que esta acusación fue una maniobra en su contra por parte de Luis Velásquez (principal implicado en el caso), luego de que lo denunciara ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En febrero de 2020 es designado presidente de Sidor.
Junto a ellos, fueron aprehendidos:
Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación. Dirigió la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua, durante la gestión de El Aissami como gobernador, informó Efecto Cocuyo. De acuerdo con Nueva Prensa, en septiembre de 2021, la CVG se negó a cancelar una deuda de 2019 de más de 90.000 dólares a un grupo de pequeños empresarios transportistas de material ferroso, aún después de que Sánchez se reuniera con ellos en mayo de ese año y se comprometiera a cancelar la deuda en un mes.
Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero. Fue consultor jurídico de la gobernación de Aragua, también durante la gestión de El Aissami.
Lino Mora, vicepresidente ejecutivo. Fue presidente de la empresa CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (Alucasa).
Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas. Se desempeñó como secretario del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sindicalistas comentaron que Medina era el encargado de todo lo relativo a pagos de proveedores, contratistas y las contrataciones de los mismos, y que muchas de estas transacciones se realizaban sin un análisis de costos ni un proceso legal previo.
Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales. Fue gerente de contratos y licitaciones antes de ser consultor jurídico de la empresa. Dirigentes sindicales indicaron que fue el responsable de abrir los expedientes contra los dirigentes de Sunep-CVG para aplicar jubilaciones forzosas y despidos injustificados tras la toma de la presidencia.
De acuerdo con Correo del Caroní «la firma del memorándum 2792, el apagón que ocasionó la pérdida de más de 90% de las celdas de reducción en CVG Venalum, el acoso a las organizaciones sindicales y la desincorporación de trabajadores son los hechos más graves ocurridos bajo la presidencia de Maldonado en el ente regional«.
El memorándum 2792 fue promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y firmado en octubre del 2018. Este eliminó los contratos colectivos de la administración pública suscritos previo a esa fecha, determinó el salario mínimo como arranque de las escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector, reseñó Cronica.uno.
Sindicalistas consultados consideraron que las implicaciones del memorándum desmejoraron las condiciones laborales hasta un 70%. Aunado a esto, fueron despojados de otros beneficios como los incentivos y becas escolares, bono vacacional, póliza HCM, entre otros.
Los trabajadores llamaron a reuniones con la directiva para darle solución a estos problemas en reiteradas oportunidades y enviaron numerosos comunicados, pero su respuesta fue la persecución a trabajadores y dirigentes sindicales.
Los miembros de Sunep-CVG expusieron la situación en una carta dirigida a la Organización Internacional el Trabajo (OIT), donde denunciaron formalmente el desalojo forzado de su sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la jubilación forzosa de Ramón Gómez, el despido ilegal de Noel Hernández, la injusta privación de libertad del sindicalista Rubén Gonzalez, detenciones temporales y amenazas a trabajadores, así como acciones judiciales contra líderes sindicales, de acuerdo al ex-secretario de organización de Sunep-CVG, Cecilio Pineda.
Noel Hernández explicó que entre las «obras» de la ex-directiva de CVG está el «Hospital Clínico de los Trabajadores de Guayana Dr. José Gregorio Hernández«, cuya meta era convertir unas oficinas de la CVG en un centro médico para atender a a empleados, jubilados y pensionados personal de la empresa estadal y aquellas bajo su tutela. Pero la transformación no llena los requisitos mínimos para operar como hospital, sostuvo.
Foto: William Urdaneta (Correo del Caroní)
Hernández expuso que después de la eliminación de las convenciones colectivas tras el memorándum, la presidencia de la estadal tuvo la idea de crear el hospital para ahorrar el dinero del HCM. «Pero el caso es muy complejo, porque tanto activos como jubilados de la CVG están esparcidos en todo el país y solamente centrarlo en un hospital en Guayana ya trae una consecuencia irremediable para muchos trabajadores que están fuera de la zona», declaró.
Hubo inversiones para acondicionar el recinto, pero nunca hubo un anuncio público respecto a los montos de inversión de parte de los directivos. Los dirigentes sindicales aseguran que las inversiones eran «cuantiosas’’ y que no hubo procesos licitatorios legales, denunciando a su vez la falta de mejoras sustanciales en los servicios del hospital ni en sus instalaciones.
El hospital estaba presuntamente planificado para atender a 200.000 personas, pero no da abasto para los trabajadores y sus familias, según los sindicalistas. Hay áreas aún en remodelación, no hay servicios de radiografía, quirófano, sala de parto, ambulancia ni morgue. El aire acondicionado y los ascensores tampoco se encuentran en condiciones optimas, reseñó Primicia.
A esto se suman la falta de insumos y las quejas de parte de los residentes y especialistas que trabajan allí – alrededor de 90-, los cuales atienden un promedio de 100 pacientes mensuales y se han visto afectados por el impago de honorarios por sus servicios, amenazando la paralización de los servicios de salud en el hospital.
Hernández aclaró que nunca llegó a atenderse en el nuevo hospital, pero mencionó que muchos trabajadores han perecido allí, como su compañera Ismenia Perales, quien después de realizar una bailoterapia en la sede de CVG fue ingresada por un malestar al Hospital de los Trabajadores, donde «no fue atendida adecuadamente» y murió de un infarto el pasado 11 de marzo, informó.
Según Correo del Caroní, la organización sindical Unidad en la Coincidencia reportó que alrededor de 600 trabajadores, jubilados y pensionados de CVG y demás compañías estatales han fallecido por falta de atención médica en el centro médico.
Planta de Pellas de CVG de Ferrominera Orinoco. Foto: Cortesía
Entre las demás «obras» de la cúpula, es digna de mención la inversión de 824 millones de dólares para la construcción de la segunda línea de la Planta de Pellas de CVG Ferrominera Orinoco C.A., un proyecto que tuvo como responsable al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y a los funcionarios Pedro Maldonado, Felipe Contreras, Abel Jiménez, Pedro Vásquez y Francisco Marín, la cual generaría 2.100 empleos directos y 6.300 indirectos, según el entonces vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami.
La obra inició en 2012 y su culminación estaba estimada para 2018, pero sigue inconclusa.Cuando el régimen de Nicolás Maduro designó como presidente de la empresa estadal a Maldonado, le encomendó la misión central de «reestructurar las empresas de Guayana afectadas por la baja productividad y conflictos sindicales«, pero la gestión de su directiva pisoteó los derechos laborales y profundizó los conflictos en las empresas básicas del estado.
Hasta el 27 de abril, el Ministerio Público aseguró haber detenido a 80 personas en el marco de la purga madurista
El 17 de marzo, el Estado venezolano inició una ola de detenciones contra funcionarios presuntamente responsables de corrupción, malversación de fondos y otros hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han puestos tras las rejas tras estas acciones.
Hasta el 27 de abril, el Ministerio Público aseguró haber detenido a 80 personas en el marco de la denominada purga madurista. El equipo de investigación de Runrun.es ha identificado a 66 personas.
Entre los detenidos se encontraban Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela, quien falleció el 20 de abril de 2023 bajo la custodia del gobierno venezolano.
Durante el último mes, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción han indagado en cuatro frentes de investigación. Entre ellos destacan malversación y corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corrupción en el poder judicial, vínculos con bandas, redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios.
A un mes y 10 días del inicio de la ola de detenciones, personajes del Gobierno de Nicolás Maduro, como Tarek El Aissami, han salido de la palestra pública. Tras la renuncia del dirigente político como ministro del Petróleo se desconoce su paradero.
A continuación, Runrun.este cuenta lo que ha ocurrido desde que inició la purga madurista.
El Fiscal de la república determinó que los detenidos son parte de la junta directiva de la siderúrgica venezolana
Con información de EFE
Ocho funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) fueron detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción, informó este domingo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
«Nuevos detenidos por caso de corrupción en la CVG son: Pedro Maldonado (presidente de la CVG), Edgar Sánchez (vicepresidente de Planificación), Felipe Contreras (vicepresidente de Hierro y Acero), Lino Mora (vicepresidente ejecutivo), Tulio Medina (vicepresidente de Finanzas), Carlos Moreno (gerente de Tráfico y Aduanas)», indicó Saab en su cuenta de Twitter.
2)… Johan Sequera (Dir Despacho), Isaac Mouhamad Salazar (Gte de Asuntos Legales) y Néstor Astudillo (Pdte SIDOR)… EL @MinpublicoVEN CONTINÚA EN NOMBRE DEL #ESTADO VENEZOLANO HACIENDO #JUSTICIA EN EL MARCO DE LA #CONSTITUCIÓN Y LA LEY
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 2, 2023
El director de despacho, Johan Sequera, el gerente de Asuntos Legales, Isaac Salazar, y el presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo, suman la lista de detenidos del conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.
Solicitudes de detención
El pasado viernes, la Policía Nacional Anticorrupción venezolana hizo una nueva solicitud a la Fiscalía de procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de la CVG, quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
En un comunicado, difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el cuerpo anticorrupción informó que «como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial ‘Caiga quien Caiga’ en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)».
Saab anunció que hasta la fecha hay 42 detenidos, entre funcionarios del Estado y empresarios, por su presunta vinculación en una trama de corrupción desarrollada en la estatal petrolera Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial y la CVG. Sin embargo, el fiscal no ofreció los nombres ni los cargos todos los detenidos
El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez —también detenido—, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.
El dirigente no precisó la cantidad de directivos detenidos en la CVG ni ofreció detalles sobre las identidades o los cargos que ocupaban los aprehendidos
El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró este 31 de marzo que la Policía Contra la Corrupción detuvo a varios miembros de la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
«El día de ayer, la Policía se trasladó al estado Bolívar y fueron detenidos parte de la directiva de la CVG, y puestos a la orden de los tribunales», dijo durante la presentación de un proyecto de ley que busca la recuperación de bienes relacionados con la corrupción.
Cabello no precisó la cantidad de directivos detenidos en la CVG ni ofreció detalles sobre las identidades o los cargos que ocupaban los aprehendidos.
La Fiscalía indicó que investigará los «graves hechos» en la estatal, un día después de que la Policía Anticorrupción solicitara al ente fiscal procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de la CVG.
Sube a 27 el número de detenidos por trama de corrupción
El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, confirmó este 31 de marzo la detención de otras dos personas por corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, con lo cual sube a 27 el número de detenidos.
La lista de arrestos incluye funcionarios públicos, empresarios y jueces.
Saab precisó mediante su cuenta de Twitter que los nuevos detenidos son Jackeline Perico y José Lima, «adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco», una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo.
Ambos funcionarios, prosiguió Saab, «serán imputados por hechos de corrupción, en donde aparecen como participantes de la trama» desarrollada en la estatal Pdvsa y en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip).
Un comunicado de la Policía Nacional contra la Corrupción, que no detalla el número o las identidades de los funcionarios para los que piden judicialización, se solicita «el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos»
La Policía Nacional contra la Corrupción hizo este 30 de marzo una nueva solicitud al Ministerio Público (MP) de procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
En un comunicado, difundido por VTV, el cuerpo anticorrupción informó que «como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial ‘Caiga quien Caiga’ en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)».
En el texto, que no detalla el número o las identidades de los funcionarios para los que piden judicialización, se solicita «el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
El cuerpo policial aseguró que la «lucha implacable», contra la corrupción emprendida por el gobierno este mes, y que ha dejado un saldo, hasta el momento, de 25 detenidos, -14 funcionarios del Estado y 11 empresarios- «continúa dando resultados».
«No nos detendremos en el deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales, sean quienes sean los responsables», finaliza el escrito.
#ÚltimoMinuto🔴 Se informa al pueblo venezolano que la Policía Nacional Anticorrupción ha solicitado al MP el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios de la CVG. Lea el siguiente comunicado ⬇️⬇️#MaduroEsUnDuropic.twitter.com/fMf8KSxIMN
Medios locales del estado Bolívar, entre los cuales se encuentra Correo del Caroní, reportaron un despliegue policial en las afueras de la sede de la CVG.
De acuerdo con lo reseñado por este medio, fue allanado el lugar y, durante el operativo, se impidió el ingreso o salida del personal.
«Más tarde informaron sobre el arresto de seis personas que pertenecen a la directiva de la CVG, incluido su presidente Pedro Maldonado», se lee en Correo del Caroní, que advirtió que hasta el cierre de ese nota ninguna autoridad se había pronunciado sobre estas detenciones.
Los trabajadores han tomado la decisión de «encadenarse» a los portones de la estatal, a fin de exigir que respeten sus derechos y obtengan condiciones óptimas, para continuar sus labores cotidianas, afirmó la ONG en un comunicado
La ONG Fundaredes denunció que los derechos de los trabajadores de la empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) son vulnerados debido a los sueldos «irrisorios» que ganan.
Debido a ello, los trabajadores han tomado la decisión de «encadenarse» a los portones de la CVG, a fin de exigir que respeten sus derechos y obtengan condiciones óptimas, para continuar sus labores cotidianas, afirmó Fundaredes en un comunicado.
El activista Darío Graffe consideró que «no es justo» que los trabajadores «que han dado años de su vida trabajando al calor de un horno, para producir materia prima e incrementar el desarrollo en Guayana, hoy estén ganando migajas en sus sueldos e irrisorios beneficios, vulnerando así sus derechos humanos».
Al respecto, alertó de que los empleados desempeñan sus labores en condiciones «paupérrimas», puesto que «no poseen ningún seguro que garantice sus vidas en caso de algún accidente laboral», no cuentan con «transporte, alimentos, ni comedor», por lo que «pareciera que el patrono se olvidó de sus trabajadores».
A juicio de Graffe, la dirección de la empresa «afirma estar del lado del sector obrero porque se hace llamar obrerista, pero está retrocediendo a la época de los esclavos (…) por la forma en que mantiene a los trabajadores».
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la nulidad absoluta por inconstitucionalidad del acuerdo de la Asamblea Nacional (AN), en el que nombran a nuevos integrantes de la junta directiva de la Corporación Venezolana de Guayana.
El máximo órgano judicial respaldó los nombramientos realizados por el presidente Nicolás Maduro, de los integrantes del ente.
La Sala calificó como válido el nombramiento hecho por el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, de Jonathan Ardila, como presidente de la Empresa del Estado CVG Internacional, C.A.
La sentencia N° 0036-2020 dictaminó que el acto parlamentario impugnado constituye otro «asalto» al Estado de Derecho por parte de la AN, cuyos actos son absolutamente nulos. Para leer más sobre el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Juan Guaidó, presidente (E) de Veneuela, consulte este link: CVG se suma a las empresas con juntas administradoras aprobadas por la AN
Se declararon nulas las designaciones de los ciudadanos: Enrique Castells, Roberto Arredondo, Ricardo Echeverría, Fernando Goyenechea y Dich Souki, como integrantes de la Junta Administradora Ad-Hoc,.
El dictamen indica que quienes aparecen mencionados en las designaciones declaradas nulas, están presuntamente incursos en la comisión de delitos de acción pública tipificados en el ordenamiento jurídico penal venezolano.
El TSJ decretó prohibición de la salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
