Las fallas en derechos sexuales y reproductivos y la vulnerabilidad ante la violencia de la violencia de género son algunos factores que afectan especialmente a las mujeres jóvenes venezolanas en medio de la crisis
La crisis en Venezuela ha afectado a las mujeres de forma diferenciada, especialmente a las jóvenes. Esto fue visibilizado en el segundo informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, «Las más jóvenes, las más vulneradas: El impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años», elaborado con datos recopilados de 1.112 mujeres de 13 estados del país.
Los derechos sexuales y reproductivos son un tema urgente y con gran repercusión negativa en las venezolanas, el cual continúa desatendido por el Estado.
Según el estudio, 42% de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años no usan anticonceptivos. Las razones varían, entre las principales están el alto costo (9%), la falta de de acceso a consultas ginecobstétricas (9%), motivos religiosos (7%) – donde la región de Los Andes tiene prevalencia-, presión de su pareja (3%) y desconocimiento de cómo usar los métodos (3%), que reflejan la violencia de género y la falta de educación sexual integral en Venezuela, que se ubica como el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región, con 97,7 embarazadas por cada 1.000 jóvenes, según Cedesex.
Sobre la menstruación, el 47% de las jóvenes ha faltado a la escuela o trabajo debido a dolores (91%), falta de acceso a productos menstruales (30%) y falta de agua (25%).
Violencia de género
A falta de cifras oficiales del Estado, la organización utilizó el Monitoreo de Femicidios de Venezuela 2022, realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) para establecer patrones, como que aquellas entre 16 y 24 años son las más afectadas, así como las de 31 a 33 años.
En Venezuela se siguen dejando desamparadas a la mayoría de mujeres. Las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz examinó a fondo los obstáculos que impiden la creación de políticas de protección más efectivas para las mujeres en el país.
A pesar de que existen leyes e instituciones para recibir denuncias y brindar asistencia, como Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la Fiscalía General de la República, existen limitantes como la falta de capacitación y empatía entre los funcionarios encargados, además de la burocracia y las trabas legales para las denuncias, logrando que muchas mujeres desistan en los procesos legales contra sus agresores, continuando el ciclo de violencia, pudiendo llegar al femicidio.
Mediante encuestas, se comprobó que cuatro de cada 10 mujeres se identificó como víctima de violencia de género, siendo 75% de esta violencia psicológica, 24% económica, 41% física, 18% institucional y 12% sexual en general, aunque para aquellas entre 18-24 años, la sexual aumenta a 24%.
También evidenciaron que las personas con un mayor nivel educativo son más propensas a reportar abusos (41%) sobre aquellas con uno menor, pues cuentan con más herramientas para reconocerse como víctimas (35%). A nivel general, sólo 65% de las encuestadas confirmaron saber a dónde acudir en caso de ser víctima. Según los datos, para muchas mujeres no es tan fácil identificar la violencia de género por los estereotipos de género que fomenta la sociedad patriarcal venezolana.
La Red de Mujeres Constructoras de Paz destacó en el estudio que este año han desarrollado siete microproyectos para abordan la violencia de género, apoyar y mostrar posibles soluciones a las mujeres de sus comunidades.
Acceso a la educación y participación
El sistema educativo venezolano continúa en crisis desde el 2014. Para este informe, 48% de las encuestadas indicaron vivir con al menos una niña o adolescente en edad escolar y 98% están inscritas en un centro educativo, pero mientras un 62% asiste siempre a clases, 31% de las niñas y adolescentes asisten tres veces por semana.
Las razones se deben a la suspensión de clases por la escuela (58%) por fallas en las condiciones de las instituciones, falta de maestros (17%) por ausencia de salarios dignos, falta de transporte (14%) y falta de alimentos en sus hogares (17%). En 6% de los hogares del nivel socioeconómico bajo, las niñas y adolescentes dejan de asistir a clase porque trabajan fuera o dentro de la casa – labores domésticas o como cuidadoras-.
Respecto a la participación política y comunitaria, la generación de las jóvenes entre 18 y 24 años desconocen el funcionamiento de las instituciones y de los procesos democráticos, además de que solo la han visto un partido de gobierno encabezar el país, detalló la Red.
Por otro lado, 51% de las jóvenes no están inscritas en el Registro Nacional Electoral (CNE), otro 51% considera que la participación en actividades democráticas es importante y solo un 45% piensa participar en las próximas elecciones presidenciales. Las que no lo harán es porque no les interesa la política (25%), no confían en el CNE (27%), les parece una pérdida de tiempo (23%) o no le gustan los candidatos (19%).
La Red destacó que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista presentó un 9% de mujeres en sus filas en 2022. Agregó que solo 2 de 23 gobernaciones venezolanas y 62 de las 335 alcaldías tienen mujeres al frente.
La migración sigue siendo una realidad
Para 65% de las encuestadas, al menos un familiar ha emigrado en los últimos cinco años, siendo su mayoría hermanos y/o hermanas (63%), padres (23%), abuelos (3%) y cónyuge (2%). La ida de familiares del núcleo directo hace que muchas queden al cuidado de otros familiares y con responsabilidades domésticas.
Entre las jóvenes, solo 24% recibe remesas mensualmente, 6% una vez al año y 41% restante nunca recibe. Los montos varían con menos de 50 dólares (38%) hasta 301 y 500 dólares o más (4%). Las remesas son cruciales para la estabilidad financiera de muchas en medio de la crisis, declaró el informe.
Dentro de la migración, un aspecto preocupante es la creciente amenaza de trata de personas que aflige particularmente a las jóvenes, pues traficantes las reclutan con promesas de empleo o una vida mejor en el extranjero solo para someterlas a explotación sexual y laboral una vez llegan a sus destinos. Las mujeres migrantes en situación de irregularidad también son vulnerables a estos delincuentes.
¿Qué debe hacer el Estado?
La Red de Mujeres Constructoras de Paz ofreció recomendaciones a partir de los análisis realizados. Es primordial que el Estado escuche a las activistas, defensoras de derechos humanos y oenegés que trabajan con las mujeres afectadas.
Sobre la salud sexual y reproductiva, deben distribuir métodos anticonceptivos, insumos de gestión menstrual gratuitos, así como ofrecer programas de educación que aborden dichos temas en las escuelas.
En materia de violencia de género, es importante que se refuercen las medidas que buscan prevenir y sancionar los casos. Deben apoyar con centros de acogida, asistencia jurídica y asesoramiento psicosocial. A esto se suma la capacitación de funcionarios y medios de comunicación pertinentes.
Indicaron que también se debe promover la participación política de las jóvenes y que se hagan jornadas de inscripción en el CNE. También es vital que se realicen acciones para frenar la presencia de grupos de trata, pero para eso hace falta cooperación internacional.
