Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía

En los últimos tres años, en el estado Bolívar ha habido un aumento de hasta 107% de casos de VBG

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 65 víctimas de violencia basada en género (VBG) entre enero y mayo de 2023. Los meses de febrero y mayo han registrado la mayor cantidad con una cifra de 17 víctimas respectivamente.

La organización advierte que este es apenas un subregistro basado en lo que reportan los medios de comunicación ante la falta de cifras oficiales. Las formas de violencia de género reportadas son violencia física, psicológica y amenazas.

En los últimos tres años, en el estado Bolívar ha habido un aumento de hasta 107% de casos de VBG, según el acumulativo de casos que trascienden a la prensa regional monitoreado por Codehciu.

El patrón se alimenta de la impunidad que impera en el sistema judicial. Los funcionarios públicos suelen desestimar las denuncias o revictimizar a las víctimas, por lo que no hay políticas públicas orientadas a la prevención de formas más graves de violencia, porque no se entiende la VBG como un ciclo progresivo.

Durante 2022 hubo al menos 13 mujeres víctimas de femicidio en la región, y otras 305 fueron víctimas de distintos tipos de violencia. Bolívar sigue siendo uno de los estados donde se reportan más actos violentos contra la mujer, señala el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar.

Las organizaciones no gubernamentales en Venezuela han estado trabajando en la prevención y atención de la violencia de género en el país, ofreciendo servicios de atención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género, capacitando a funcionarios públicos y estudiantes en cuestiones de género, así como registrando y denunciando los casos de violencia que ocurren en el país.

Los primeros dos meses de 2023 hubo 30 víctimas de violencia basada en género,

Femicidios, amenazas, desapariciones, violencia económica, física y psicológica, son algunos de los delitos contra mujeres que se evidenciaron en el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía.

Los primeros dos meses de 2023 hubo 30 víctimas de violencia basada en género, de las cuales 23 experimentaron violencia física, siendo este el tipo de violencia más recurrente.

De estos casos, 4 sufrieron violencia psicológica, 4 amenazas, 2 mujeres desaparecidas, 2 casos de femicidios y 1 víctima de violencia patrimonial y económica.

En cuanto a los municipios, el monitoreo determinó que Caroní es el más violento con 19 víctimas de violencia basada en género, le sigue Sifontes con 7 y por último, Angostura del Orinoco y Piar con 2 cada uno.

El Observatorio Venezolano de Violencia evidenció en su informe anual que hubo 101 homicidios por motivos pasionales en el 2022, esto representa un aumento del 16% con respecto al año anterior en el que se registró 87.

Dentro de los casos de femicidio registrados en el municipio Caroní, se identificaron a las víctimas como Mirla de los Ángeles Brito Fernando, de 58 años, que fue encontrada maniatada, junto con su esposo, y con signos de asfixia mecánica.

También se identificó a Yelyana Edmelins Guerrero, de 31 años, quien fue interceptada por un sujeto que la sometió y con un arma blanca le causó la muerte.

En relación con los casos de desaparecidas; Lennis Coromoto Salazar, de 39 años, a principios de noviembre, avisó a sus familiares que entraría en una mina y que regresaría en diciembre, no se ha sabido nada de su paradero desde entonces. Asimismo, Olimar Arrecoces, de 40 años, fue vista por última vez el 7 de febrero, la mujer tiene cinco meses de embarazo y había salido a trabajar.

Codehciu observa con preocupación los altos índices de violencia contra las mujeres en el estado Bolívar a principios de año y el limitado acceso a la justicia en casos como estos. Son muchas las mujeres que no se atreven a contar sus historias debido a la constante revictimización a la que son sometidas, la falta de procesos legales efectivos y el poco acceso a programas de atención psicológica gratuita para mujeres sobrevivientes de violencia.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de las mujeres en su totalidad.

En la Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se indica que el femicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

Con información de Codehciu

139 casos respondieron a la clasificación de violencia física

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su Informe Anual del Monitoreo de Violencia Basada en Género y Presuntas Ejecuciones Extrajudiciales en Bolívar y Monagas correspondiente al año 2022. El estudio reportó 305 víctimas de violencia basada en género y 13 femicidios en Bolívar, siendo Caroní y Heres los municipios con mayor incidencia de casos.

El informe y su interpretación estuvo a cargo de la coordinadora general de Codehciu, Mairis Balza, quien aseveró que este estudio busca ofrecer un subregistro de datos para recopilar información sobre la cantidad de víctimas de violencia basada en género, la caracterización de cada caso y la evolución de las denuncias dentro de los órganos impartidores de justicia, toda vez que el Estado no ofrece una data oficial al respecto.

Según esta oenegé, hubo 305 casos de violencia basada en género durante 2022 en Bolívar, de los cuales 139 respondieron a la clasificación de violencia física; 110 a violencia psicológica, y 36 fueron casos de violencia sexual.

En el estado Monagas se reportaron 6 femicidios durante el 2022, y 77 casos de violencia basada en género, cuya categorización más recurrente fue la violencia física, violencia sexual y 6 casos de trata de personas.

Debido a la dificultad de acceso a la información en el estado Delta Amacuro, solo se estudió el primer semestre de 2022 donde se reportaron 14 casos de violencia contra la mujer.

“Uno escucha generalmente: ¿por qué hizo eso? Porque tiene poder para hacerlo. Condiciones culturales, patriarcado. Los hombres, en el ámbito familiar, social y laboral, puede que no agarren a la mujer por el cabello, pero estamos claros que hay formas simbólicas de agarrar a la mujer por el cabello y arrastrarla. La situación social de la víctima también puede ponerla en una situación de vulnerabilidad”, alegó la coordinadora de Codehciu y expositora del estudio, Mairis Balza.

Incremento de casos con respecto al 2021

Pese a que, según Balza Bolívar es uno de los estados donde hay mayor resolución de casos en torno al tema, se presentó un incremento interanual de 40% con respecto a los casos registrados en el 2021.

Mientras que en 2021 se contabilizaron 222 casos de violencia basada en género, el 2022 recopiló 305, es decir, los índices van en aumento. Esto, según la oenegé, debido a la ausencia de políticas públicas que reduzcan las relaciones desiguales y combatan la impunidad.

A su vez, la ausencia de funcionarios sensibilizados y con conocimiento en materia de género suscita que muchas víctimas decidan no denunciar a sus agresores por temor a ser revictimizadas por quienes laboran en los organismos receptores de denuncia.

“Para evaluar un caso no se puede ver solo cuántos golpes tiene la mujer. Sin presunción de la verdad y apurando la evaluación psicológica. Muchas veces la evaluación psicológica no está vista como elemento de prueba para garantizar la justicia, sino más bien como un elemento para ver si se puede desestimar a las víctimas. Hay poca comprensión de lo que significa someter a una persona a evaluación psicológica. A veces piden hasta repetición de evaluación psicológica en menos de 6 meses para tratar de comprobar algo que ya está claro”, esgrimió Balza.

Mujeres indígenas: una realidad poco ahondada

La vocera de la oenegé informó que iniciaron algunos procesos de investigación en el municipio Gran Sabana, con la finalidad de recolectar datos del sur del país.

Al respecto, durante los 15 días que duró la investigación, se reportaron 12 casos de violencia sexual, más de la mitad de las víctimas son mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.

En este sentido, Balza enfatizó en la ausencia de profesionales que puedan atender estos casos respetando la cosmovisión de los pueblos autóctonos, sus ritos y lenguaje nativo.

A su vez aclaró que hay poca data disponible de esta zona del país debido a la falta de acceso al lugar.

Falta de políticas públicas y educación con enfoque de género

Entre las recomendaciones de Codehciu resaltan el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que permitan dar respuesta oportuna a los casos, priorizando aquellos de mayor gravedad y promoviendo la justicia.

También se sugieren al Estado venezolano trabajar para sensibilizar a los funcionarios públicos y a la colectividad en general para la prevención y atención de las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Toda vez que exhortan a la universidad y centros educativos a impartir cátedras especializadas en derechos humanos e incluir una perspectiva de género en los diferentes programas educativos.

Esta recomendación está contemplada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; no obstante, no está siendo impulsada por los centros de estudios públicos ni privados del país.

Opacidad en data oficial y ausencia de casas de abrigo

En torno a las obligaciones gubernamentales, la falta de data oficial sobre casos de violencia de género y femicidios en el país es una realidad en Venezuela, esto hace más complicado describir las tendencias de los casos y caracterizarlos según sus particularidades.

Es por ello que la organización recomienda investigar, hacer seguimiento, registrar y publicar las cifras oficiales en torno a los casos e investigaciones procesadas por los organismos competentes.

Asimismo, como última recomendación se sugiere habilitar casas de abrigo, obligación del Estado venezolano comprendida en la ley y que se incumple desde 2017, donde las víctimas puedan acudir si necesitan resguardo, especialmente para aquellas que viven con sus agresores.

Según la ley, las casas de abrigo debían existir en todos los estados del país y mantenerse en óptimas condiciones, aunque desde 2017 la mayoría ha cerrado, situación que se agravó por la pandemia. Actualmente solo está activa Casa Violeta, ubicada en el estado Táchira.

“Las mujeres no tienen dónde resguardar su integridad para casos de emergencia. Una mujer puede llamar a las 12:00 de la noche, está en peligro. Nosotros solo podemos decir: escóndete en el baño, sal por la puerta de atrás. Es importante contar con estos espacios que cuenten con las características de una casa de abrigo que cuente con la privacidad y confidencialidad necesaria”, manifestó la vocera de la organización.

El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022

Los días 7, 10 y 23 de noviembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general Domingo Hernández Lárez, reportó vía Twitter el hallazgo de tres fosas comunes con osamentas humanas durante incursiones militares para desmantelar campamentos mineros ilegales.

Según Hernández, estas fosas a cielo abierto estaban en yacimientos auríferos ilegales bajo el dominio de la organización criminal 3 RRR, que opera en las minas de Bolívar incluso antes de 2016.

El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022, con las que el Estado pretende desarticular grupos delincuenciales y destruir campamentos de minería ilegal que otrora trabajaron en alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), según la declaración de mineros afectados.

Durante la incursión militar, pobladores de Tumeremo y El Callao denunciaron detenciones arbitrarias, allanamientos y desapariciones forzadas por corto tiempo. El Estado se reserva la información de cuántas personas han sido detenidas durante estas operaciones, cuantos campamentos mineros ilegales han sido destruidos, y cuánto armamento de guerra propiedad de grupos delincuenciales han sido incautados.

Es la primera vez -desde 2016, tras la masacre de Tumeremo, cuando el entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab reportó el hallazgo de 14 cadáveres en una fosa común- que el Estado reconoce la existencia de fosas comunes con restos humanos en los territorios mineros del sur de Bolívar.

Según el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de investigar con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, toda muerte potencialmente ilícita causada por funcionarios del Estado o por particulares, aun cuando el Estado no pueda ser considerado responsable por no haber impedido estas muertes.

Pero hasta ahora, los organismos competentes no han revelado cuántos cuerpos han sido hallados en estas fosas, su ubicación específica y cuáles procedimientos está emprendiendo el Estado para la identificación y recuperación de restos humanos.

Esto adquiere mayor relevancia considerando que, de acuerdo con el último monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con el medio regional Correo del Caroní, al menos 90 personas vinculadas a la minería de forma directa o indirecta han desaparecido en el sur de Venezuela desde 2012.

Para el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), el hallazgo de las fosas solo reafirma que existe un patrón de violencia inherente a la producción de oro en la Amazonía venezolana.

“Desde el 2010 se anuncian operaciones para acabar con la minería ilegal en la región, no obstante con el devenir de los años, estas se mantienen bajo la misma premisa, dejando claro su poca efectividad pero además la proliferación de otros flagelos cómo tráfico de drogas y explotación sexual, tal como la anuncia la más reciente incursión denominada Roraima”, señala el equipo.

Desde el OVV Bolívar se considera  imprescindible que a situaciones de esta naturaleza se le dé un tratamiento conforme a la legislación nacional así, como a estándares internacionales suscritos por el Estado. “Esto es, no solo anunciar la ocurrencia de los hechos denunciados, sino que la denuncia se realice por parte de los órganos competentes acompañada de los procedimientos que aplican a partir de los hallazgos”.

Codehciu denunció que cinco mujeres entre 21 y 57 años fueron víctimas de femicidio entre septiembre de 2021 y abril de 2022, en Bolívar

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) advirtió sobre un aumento de violencia contra la mujer en los primeros cuatro meses del 2022 en Bolívar, Monagas y Delta AmaCURO. 

De acuerdo con un informe de Codehciu, desde enero hasta abril de 2022 se reportaron 162 casos de violencia basada en género. Esta cifra superó una los 59 casos que reportaron entre septiembre y diciembre de 2021.

Además, al menos 80 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia física. Muchas tenían múltiples lesiones y hematomas en todo el cuerpo, especialmente el rostro.

También, Codehciu documentó 81 casos de violencia psicológica y 40 casos de violencia sexual y cuatro actos lascivos. De estas 40 víctimas, 10 son niñas y adolescentes entre uno y 14 años de edad.

Por otra parte, la organización señaló que entre septiembre de 2021 y abril de 2022), Codehciu contabilizaron 260 manifestaciones de violencia basada en género en siete municipios del estado Bolívar:

• Caroní (132)
• Angostura del Orinoco (103)
• Gran Sabana (10)
• Roscio (5)
• El Callao (3)
• Sifontes (4)
• Piar (3)

Cinco femicidios, justicia a medias

Codehciu denunció que cinco mujeres entre 21 y 57 años fueron víctimas de femicidio entre septiembre de 2021 y abril de 2022 en Bolívar:

• Yris del Carmen Lee Tang (55)
• Aixa Castellanos Barajas (57)
• Vanessa Pérez (31)
• Karla Rivero (21)
• Jersis Fernández (25)

El caso de Yris Lee Tang fue uno de los que más conmocionó a la sociedad civil. Su cuerpo fue hallado el 18 de abril en su residencia ubicada en el sector Vuelta al Cacho, La Sabanita, Ciudad Bolívar. La encontraron después que su pareja, D. A. Sarmiento Lira, reportó a familiares y vecinos que la mujer se cayó en el baño y se golpeó la cabeza.

Posteriormente, los familiares pidieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) una autopsia. El procedimiento reveló que Yris recibió cuatro golpes en la cabeza con un objeto contundente y que eso causó su muerte. 

Violencia basada en género

De acuerdo con Codehciu, aclarando que se trata de un subregistro, durante el periodo estudiado ocurrieron las siguientes formas de violencia en 221 mujeres:

Nexo víctima – agresor

La organización señaló que el 72,2% de los casos los agresores son cónyuges en (19%), excónyuges (16,2%), familiares (16,2); ex parejas (10,4%) y concubinos (10,4%) de las víctimas. Con estos datos se deduce que la violencia más común es la familiar.

Por otro lado, se registraron agresores desconocidos en un 14% de los casos, relacionados específicamente con hechos de violencia sexual.

En uno de los casos se señala a un miembro del personal médico como agresor. Con esto se refuerza la «normalización de la violencia obstétrica».

Delta Amacuro

Durante agosto y septiembre de 2021, Delta Amacuro se vio afectado por la crecida del Río Orinoco. Esta situación implicó la puesta en marcha de planes de contingencia para evacuar a las familias afectadas, la mayoría de las cuales pertenecían a etnias indígenas.

Al respecto, Codehciu señaló que se habilitaron refugios temporales como parte de las medidas, «pero dichas estrategias no fueron transversalizadas por el enfoque de género necesario».

Por otra parte, entre septiembre de 2021 y abril de 2022, Codehciu identificó 14 víctimas de 19 agresiones por violencia basada en género en las parroquias: José Vidal Marcano, San Rafael y Monseñor Argimiro García de Espinoza del municipio Tucupita.

De estas denuncias, la mayoría se formularon ante el Ministerio Público y la Policía Municipal de Tucupita. 

Víctimas de violencia física y amenazas

Según la organización, la violencia física afectó a la mayoría de las víctimas (12). Al igual que en el estado Bolívar, fue el tipo de violencia mayormente visibilizado por medios de comunicación.

A menudo, según el informe,  las agresiones físicas iban acompañadas de amenazas contra la vida, o contra los hijos de las víctimas (2).

También, hubo una (01) víctima de violencia verbal y dos (02) de violencia psicológica (2).

Con respecto al nexo, en 43% de los casos de violencia basada en género, el agresor es la pareja de la víctima. El 21,4% de los casos fue la expareja. 

Monagas

De acuerdo con Codehciu, durante los ocho meses que se evaluaron hubo víctimas de 32 actos de violencia basada en género en ocho de 13 municipios del estado Monagas: Maturín (14), Libertador (3), Bolívar (2), Ezequiel Zamora (1), Caripe (1), Cedeño (1), Piar (1) y Santa Bárbara (1). 

Según la organización, en la mayoría de los casos (21), los agresores fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público, aunque se desconoce si fueron debidamente enjuiciados.

Asimismo, en dos ocasiones uncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dieron muerte a los agresores durante el operativo de captura. En un caso el victimario se dio a la fuga.

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Codehciu reporta 37 desapariciones en el Arco Minero entre septiembre de 2021 y abril de 2022

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65% son hombres y 35% mujeres 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su informe sobre personas desaparecidas en el Arco Minero del Orinoco, en el que registraron 37 reportes de desapariciones en siete municipios de Bolívar entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

En Sifontes hubo 17 reportes de desaparecidos, 3 en Sucre, 3 en El Callao, 2 en Gran Sabana y 1 en Piar, además de 9 ciudadanos de las que se desconoce su ubicación.

La ONG detalló que “del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y sólo dos aparecieron sin vida”.

Las fallas en el acceso a las comunicaciones también se registró como un patrón, ya que por esta misma razón, los desaparecidos solían pasar largo tiempo sin comunicarse con familiares.

Por otra parte, “al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.

De manera extraoficial, funcionarios habrían confesado a parientes de los desaparecidos no contar ni con el personal suficiente, ni con vehículos y demás recursos para la búsqueda.

El trabajo de la minería no es exclusivo del estado Bolívar, y desde hace varios años se da una migración interna de ciudadanos de todo el país, en busca de mejorar su economía a través del oro.

Codehciu señaló que de las personas reportadas como desaparecidas, 11 son de Bolívar, 2 de Anzoátegui, 2 de Apure, 1 de Sucre, 1 de Yaracuy, 1 en Monagas y 1 en Zulia. Del resto no se tiene información de su procedencia.

Codehciu exhorta al Estado venezolano no solo a pronunciarse y asumir la responsabilidad sobre las desapariciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, también a “diseñar un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en contextos violentos, garantizar la no repetición de estos actos y proteger la dignidad de los familiares”.

Ejecuciones extrajudiciales

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la ONG contabilizó al menos 43 casos. Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, con 16, 11 y 5 muertes respectivamente.

“El informe sobre el monitoreo de estas muertes, que abarca desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, alertó que el órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 20 víctimas en Bolívar”.

En el caso del Cicpc se reportaron como autores de seis presuntas ejecuciones extrajudiciales, y tres reportes cada uno para el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La organización advirtió que en Bolívar, tres hombres murieron bajo custodia del Estado: uno en la cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo. 

Ejecuciones en Monagas

Durante el mismo período, hubo 28 víctimas en seis municipios de Monagas. Codehciu alertó que 23 ciudadanos murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Monagas. De ellas, 8 fueron ejecutadas por la PNB; 7 la GNB y 6 el Cicpc.

“En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional”, alertó Codehciu. 

(Con información de Prensa Codehciu)

151 reportes de personas desaparecidas hay entre 2012 y agosto de 2021 

La última vez que los familiares vieron a Robert Arguello, de 29 años de edad, fue el 24 de octubre de 2017, cuando salió de su casa -ubicada en Upata, municipio Piar- en el estado Bolívar hacia las minas del sur de la entidad.

Aunque el 26 de febrero de 2018 José Salazar, padre de Arguello, puso la denuncia por desaparición ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no percibe avances en la investigación, al contrario, presiente que las autoridades engavetaron el caso. Los familiares de Arguello piden al Estado retomar la búsqueda del muchacho.

Salazar relató en entrevista con Correo del Caroní que, antes de partir, el muchacho no precisó a cuál sector minero se dirigía, “él tenía amigos que querían irse a las minas. Yo sé que él quería hacer su vida, pero se escuchan tantas cosas de ese mundo…”, expresó.

Contó que la familia lo ha buscado por sus propios medios desde Roscio hasta Gran Sabana, hasta ahora sin resultados. “Ni siquiera tenemos la certeza de que llegó con bien a su destino”, lamentó.

La madre de Arguello trabaja en la terminal de pasajeros de Upata como vendedora de alimentos, como el lugar es concurrido, carga consigo una foto de su hijo para mostrarla en caso de que alguien la reconozca.

“Y sí lo reconocieron, dicen que lo vieron por última vez en El Miamo (ubicado en Roscio) pero no conseguimos nada. Aun así, estamos convencidos de que está vivo”, manifestó Salazar.

Robert Arguello es de tez morena, mide 1,70 metros de altura, tiene el cabello crespo y oscuro y es sordomudo. No tiene ni tatuajes ni cicatrices. De tener información sobre su paradero, parientes ponen a disposición el número de teléfono: 0412-6940130.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, muchas personas aún migran a las minas para procurar ingresos que les permitan costear lo básico para sus familias. En el proceso muchos no regresan a casa.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní contabilizó 151 reportes de personas que desaparecieron entre 2012 y agosto de 2021 en zonas mineras de Bolívar.

Hasta ahora, nadie más que familiares y allegados de las víctimas de desaparición buscan a sus parientes, en medio de un contexto de violencia impuesta por grupos armados y funcionarios militares inherente a la extracción de minerales promovida por el Arco Minero del Orinoco (AMO).

No hay protocolos de búsqueda definidos y, con frecuencia, funcionarios desestiman los casos o alegan no tener recursos para emprender las labores correspondientes.

Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estados para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

 “Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.