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Detectan sobreprecios de hasta 90% en ventas de Argentina a Venezuela

Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) de Argentina, los negocios entre este país y Venezuela, por más de $20.000 millones entre 2012 y 2016, fueron objeto de distintas inconsistencias como sobreprecios y facturación irregular que involucró a más de 15 empresas argentinas, informó el periódico La Nación.

Compañías de la industria láctea, como Sancor, y otras especializadas en la venta de pollos, como Granja Tres Arroyos, fueron algunas de las involucradas en la venta de productos a Venezuela con sobreprecios por, al menos, unos U$S235 millones, según calculó la Sigen.

El organismo auditor comparó las facturas que pagó el Estado bolivariano por esos productos con los precios de exportación que utilizaban las empresas argentinas y detectó sobreprecios de hasta el 90% en algunos productos.

Sancor fue la empresa que más sobreprecios aplicó a los productos vendidos a Venezuela: facturó, en total, US$403 millones por la venta de leche en polvo, con una suba del 23% con respecto a los precios de referencia. Es decir, se quedó con una diferencia de US$95 millones, según el estudio realizado por la Sigen.

Auditores declararon al medio argentino La Nación, que desde Sancor  vendieron leche en polvo a Venezuela con precios más altos por la falta de seguridad en los pagos. Recordaron que el gobierno venezolano todavía adeuda una cifra cercana a los US$30 millones y remarcaron que no hubo ningún tipo de irregularidad.

“Todas las operaciones comerciales de Sancor con Venezuela fueron controladas por la AFIP , el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Las operaciones fueron transparentes en todo momento y pueden verificarse en las cuentas públicas”, dijeron desde la empresa.

La Justicia investiga en estos sobreprecios un posible soborno transnacional, es decir, el delito de las empresas argentinas como partícipes de una defraudación al Estado de Venezuela. Pero los investigadores apuntan también a la supuesta complicidad de los funcionarios kirchneristas, que les aseguraban a las empresas ingresar en ese mercado.

Puede leer la nota completa en La Nación

#EstoNoEsNormal | El sancocho y las cenizas

NUNCA PENSÉ QUE ESTARÍA TANTO TIEMPO A OSCURAS, sin comida en casa, sin poder recibir transferencias bancarias. Mi trabajo depende de Internet y de cuánto logre escribir en un día; no gano mucho, pero le doy de comer a mis hijos.
Quedarme sin luz e incomunicada me tomó por sorpresa, pero la gallardía de mis hijos de no quejarse por lo mal que comieron esos días fue lo primero que me conmovió hasta los tuétanos.

La segunda noche llegamos al edificio y encontramos a los vecinos jugando dominó y cocinando en el estacionamiento. Sin saber de nuestra situación, simplemente nos pusieron un plato de comida en las manos. “¡Venga vecina, pruebe esto que está bueno!”. El más pequeño entró directo a jugar con su amiguito y cuando volvió ya había cenado. La que nos vende el queso me despachó un pedazo. “Me lo pagas cuando se normalice todo, tranquila”.

Estas son las cosas que parecen pequeñas, pero son grandes ante los ojos de Dios, son cosas que nos dicen que la gente noble y buena es mayoría, que tenemos esperanza de renacer desde las mismísimas cenizas que nos dejen los gobernantes actuales cuando se vayan.

Lo que no es ni puede ser normal es la barbarie, el canibalismo y la usura que campean por las calles y muy pronto volverán a relegarse.

 

María Elena Adraz
Maracay

De la nacionalización a la piratización de los servicios

En Venezuela, reponer un tramo de cable robado, sustituir algún aparato o simplemente solventar una falla, se puede resolver con dólares, bolívares soberanos y también con comida, dependiendo de la zona donde ocurra la eventualidad

 

Ya llevamos 96 horas sin luz en la calle Las Acacias de La Florida.
¡Y pinta para largo! Cuando pienso en la cantidad de millones de dólares que se robaron en las supuestas inversiones eléctricas y veo las penurias que pasamos millones de venezolanos provoca mentar madre sin contemplación. En la 4ta República cuando se dañaba un transformador eléctrico a las 2 horas llegaba un camión de la electricidad y lo cambiaba de inmediato. En la 5ta República, a los 2 días  llega el camión, se lleva el transformador, luego aparece un empleado y pide plata para arreglarlo.

Buenos días a Todos”.

 

 

Así saludó, el lunes 12 de noviembre a través de su cuenta de Twitter, el actor y director de teatro Héctor Manrique. En su zona, al Norte del municipio Libertador de Caracas, 16 edificios y 6 casas se quedaron sin servicio eléctrico.

Su vecina, la escritora Jacqueline Goldberg, también dejó registro en la red social sobre las penurias que están pasando gracias a Corpoelec. Goldberg escribió que el transformador de su edificio ya era un aparato temporal, puesto en la superficie hace dos años, y que el jueves 8 de noviembre en la noche comenzó a echar humo. Según la escritora, al día siguiente llegaron dos grúas y se llevaron el transformador averiado y otro subterráneo que servía a esa zona.

A través de una llamada telefónica, la escritora dijo que una cuadrilla de Corpoelec encabezada por el funcionario Maikel Condalez llegó al lugar para informarle a todos los afectados que para reparar el transformador los vecinos debían obligatoriamente suministrar todos los repuestos e insumos necesarios, y que solo después de que entreguen todos los materiales resolverán el problema. De lo contrario, iban a seguir sin energía eléctrica.

Lo que viven Manrique, Goldberg y sus vecinos no es exclusivo de esa urbanización ni de ninguna otra zona en particular. Tampoco es un hecho aislado en alguna ciudad remota de Venezuela. La “privatización” de los servicios públicos ya se ha vuelto una manera de sobrevivencia en tiempos de socialismo: para solucionar cualquier falla de los servicios de luz, telefonía e internet, hay que pagar.

Solo los vecinos que estén organizados y que puedan aportar dólares, bolívares soberanos o comida a los técnicos y trabajadores de Cantv y Corpoelec pueden salvarse de quedar incomunicados y en la oscuridad.

Y, con todo y el pago, el resultado de estas gestiones paralelas es tan incierto que, en lugar de ser una “reprivatización” de los servicios después de que el gobierno los nacionalizara hace una década, termina siendo la “piratización” de un procedimiento que debería, por ley, ser público, gratuito y para todos.  

Tanto Corpoelec como Cantv son instituciones del Estado que dependen directamente del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente. Desde la nacionalización de ambas, en el año 2007, la calidad de estos servicios evidencia en años recientes la peor crisis de la historia reciente. Tanto, que junto con las fallas en el suministro de agua potable, son de las causas más frecuentes de protestas en el país.

Según una data del Termómetro de la Calle, las protestas sociales desplazaron a las de carácter político en el 2018, siendo el tema eléctrico la tercera razón por la cual los venezolanos salieron a la calle. Un total de 332 manifestaciones se produjeron por fallas eléctricas hasta el mes de julio.

Una investigación del Comité de Afectados por Apagones reveló que durante el primer semestre de 2018 se produjeron en el país más de 16.000 apagones, esto es un promedio de 88 apagones diarios.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró que solo para el mes de octubre se produjeron nueve protestas a nivel nacional para exigir mejoras en el servicio de telefonía fija y conexión a internet.

Un estudio realizado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en abril de 2018 determinó que Venezuela tiene el Internet más lento de toda la región. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezuela tiene la peor calidad en la conexión.

Un informe de Transparencia Venezuela titulado “Empresas propiedad del Estado, 10 años de opacidad, decadencia y destrucción” afirmó que las empresas Corpoelec, Corpoelec Industrial y Administradora Serdeco, todas propiedad del Estado, tienen denuncias de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

En el sector de las Telecomunicaciones, el informe identificó que de 10 empresas propiedad del Estado, 50% de ellas -Cantv, Orinoquia,Vtelca, VIT y Movilnet- tiene denuncias públicas de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

 

Una “vaca” para pagarle a los técnicos

 

 

Yohandra Ramírez vive en Filas de Mariches y trabaja en una agencia de loterías a varias cuadras de su casa. Para ella, el servicio de internet es imprescindible porque sin él no puede laborar.

Hace dos meses, después del último robo del cableado de internet -un ramal de aproximadamente cinco metros- contactaron con unos técnicos de Cantv para buscar una solución, pero la respuesta de estos fue la menos esperada: “Sí, nosotros podemos ir, pero necesitamos una colaboración por parte de la comunidad para poder restablecer el servicio”.

El trabajo consistía, básicamente, en subir al poste con un nuevo pedazo de cable, empatarlo con el que se habían robado y chequear que llegara la señal. La colaboración que pidieron los técnicos de Cantv en ese momento -antes de la reconversión monetaria- fue de cien millones de bolívares, -unos diez mil soberanos- y que estuvieran pendientes de la hidratación. Tal como lo pidieron, la comunidad se organizó y entre todos realizaron “una vaca” para poder pagar el precio que solicitaban los técnicos.

 

Desayuno y almuerzo por Internet

 

Blanca Rivas -nombre ficticio para proteger su identidad- vive en Baruta y aseguró que desde principios de 2018 las fallas en el servicio de Cantv se incrementaron y por eso tuvieron que solicitar ayuda a los técnicos para reponer un tramo de cable. La respuesta de los funcionarios fue la esperada: “Sí podemos, pero ustedes como comunidad deben organizarse con la logística”.

Rivas y todas las personas del sector se organizaron y se inventaron un plan para turnarse la preparación del desayuno y el almuerzo durante una semana, tiempo máximo estimado para solventar el problema. Pero los días pasaban y la avería se fue alargando. Más de 15 días tomó solucionarla. Mientras tanto, los técnicos seguían recibiendo la “logística” que habían pedido como colaboración.

“El primer día se les dio desayuno y almuerzo a nueve personas; dos días después, a 16; en una oportunidad tocó darle comida a 42. Al parecer, entre ellos se llamaban para que fueran a comer. Se les dejó de dar comida, no fueron más y las fallas no se corrigieron en su totalidad”, lamentó Rivas.

 

 

Romina León vive en La California y lleva un año pagando el servicio de ABA sin usarlo. Desde que se robaron los cables de internet los técnicos le dijeron que no había material para hacer la reposición y que debía esperar.

León y cuatro personas más de su edificio contactaron con unos supuestos técnicos de Cantv que ofrecen sus servicios por las redes sociales y, apenas ella les explicó el problema que tenían, el hombre le dijo: “Mami, eso está caro, tú sabes que el negocio de los choros es robarse los cables y nosotros no tenemos como reponerlos, a menos de que tengas una buena plata”.

 

Adiós luz

 

 

En Parque Central, edificios que fueron el símbolo de la modernidad de Caracas en los años 70, Corpoelec cobra en dólares por reparar cualquier falla que se presente.

La usuaria Maryolga Giran, publicó en Twitter que un inquilino se robó el medidor de la luz de un apartamento. Dijo que fue después de un año que el propietario con mucho esfuerzo logró conseguir el aparato, pero que la gran sorpresa se la llevó cuando llamó a los técnicos de Corpoelec para que realizaran la instalación del aparato y estos le estaban cobrando $300. El apartamento sigue desocupado y sin luz.

Otro caso similar ocurrió en la calle Tamara del Municipio Sucre. El usuario @ascensoliberal publicó que una falla en un transformador dejó toda la cuadra sin energía eléctrica. Cuando llegaron los técnicos de Corpoelec a “chequear” la avería le pidieron a la comunidad comprar todos los equipos e implementos para realizar el trabajo, un pago en dólares o un mercado con alimentos.

 

“Eso antes no era así”

Francisco Tapia trabajó para la Cantv durante 10 años antes de ser nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez. Aseguró que en aquellos tiempos ser un trabajador de esa empresa era motivo de orgullo y reconocimiento. “Antes, los técnicos hacían su trabajo de la mejor manera y con el mayor compromiso. Cualquier problema lo resolvían rápido, ahora todo es plata”, aseguró Tapia.

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conocida por todos como la Cantv,  inició sus operaciones en el año 1930 bajo el mandato de Juan Vicente Gómez. Desde ese momento, muchos cambios y nombramientos ocurrieron, pero fue en 1953 cuando la empresa fue nacionalizada por primera vez.

Para el 2007, el gobierno nacional del fallecido presidente Chávez fijó sus ojos en la empresa ordenando su renacionalización, pasando a ser el dueño del 86,21 % de las acciones de la Cantv.

Para ese mismo año, el gobierno también anunció la nacionalización de la Electricidad de Caracas y de todas sus filiales -nueve en total-, cambió su nombre a Corpoelec y pasó a ser el dueño del 90 % de las acciones.

Para Ygor Lira, representante del sindicato de Trabajadores de la CANTV, la renacionalización sí funcionó al principio, pero con el pasar de los años, la paralización de las inversiones y la crisis económica todo desmejoró.

Lira asegura que gran parte del problema también lo generan los usuarios. “El venezolano está acostumbrado a pagar para tener las cosas rápido y eso está pasando con Cantv y otras empresas”, aseguró.

Lira señaló que no se pueden atender nuevas solicitudes para el servicio de ABA, debido a que el número de puertos para internet instalados en el país es de 1.945.312; de estos, están ocupados 1.793.995, es decir 92 % de la planta. La demanda para nuevas instalaciones del servicio supera en 645.312 los puertos disponibles.

“Es imposible satisfacer la demanda sin inversión, pero si la Cantv hiciera su trabajo, el cliente no tendría que pagarle a otras personas para disfrutar del servicio”, dijo Lira.

 

Lo peor en servicios

Frederick Linares, ex trabajador de la Cantv, dijo que es muy difícil que una empresa prospere y ofrezca un buen servicio si no invierte en nuevas tecnologías y sus trabajadores están mal pagados.

Linares afirmó que aunque la empresa está muy lejos de prestar un buen servicio a muchas personas no les importa pagar lo que sea por tener el peor internet.

En abril de 2018 el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) presentó el estudio “Navegación a la mínima expresión” en el que se evidencia que desde el año 2012 el país ha vivido un receso en la calidad del servicio, entrando en el 2015 en “niveles de precariedad”.

A pesar de que en 2014 la Cantv amplió su plan de conexión a 10 megas, no ha vuelto a realizar un aumento de velocidad en la conexión a internet la cual se ubica, según un estudio de Ipys en 1,61Mbps. Países como Chile y Colombia, cuentan con una navegación de 36,7 y 28,7 Mbps respectivamente.

La situación del sector eléctrico no es distinta. La demanda de electricidad se encuentra por encima de la capacidad disponible y por eso el Gobierno ha realizado intensos racionamientos en diferentes regiones del país.

Después de 9 días sin luz, Manrique ha publicado un nuevo reporte en Twitter: “Hoy llegamos a 216 horas sin luz en la Av. Las Acacias de la Florida!! Han destrozado el país. La única misión que les funcionó de premio fue la ‘Misión Vuelvan Mierda!’”.

 

Por comida, medicinas y contra el hostigamiento pemones cerraron el paso hacia la frontera con Brasil

CERCA DE 48 HORAS LLEVABA, hasta este miércoles en la mañana, la tranca en la frontera con Brasil impulsada por miembros de la etnia Pemón, que una vez más alzan su voz de protesta por el alto costo de los alimentos, la falta de medicinas para enfrentar enfermedades como el Paludismo, y el acoso de las mafias locales de la minería que hostigan y desplazan a su pueblo.

Desde el lunes 8 de octubre a las 6 de la tarde, dirigentes de esta comunidad indígena mantienen bloqueado el paso en el kilómetro 67 de la carretera hacia Santa Elena de Uairén y la vía a Brasil.

Se trata de la única carretera que conecta la ciudad de Puerto Ordaz con la frontera venezolana-brasilera. Los indígenas se turnan para vigilar el bloqueo con su propia organización de seguridad.

“Presidente Nicolás Maduro. A responder a las exigencias de los pueblos indígenas. Queremos diálogo con usted”. “Nosotros los indígenas (Pemón) seguimos en la resistencia que comenzaron nuestros ancestros hace 526 años”. “Queremos vivir dignamente”. Esas son algunas de la frases que se leen en las pancartas que exhiben los manifestantes, colocadas en árboles, matorrales y estructuras de palos y troncos que obstruyen la vía polvorienta.

Transparencia Venezuela tuvo acceso a la zona y constató las necesidades de los Pemones, que no distan de las que se padecen en otras regiones del país. La capitana de la comunidad de San Antonio de Roscio, Ana Mercedes Figueroa, dijo que a su pueblo le aqueja el alto costo de la comida, el elevado precio del pasaje, la falta de combustible y de gas doméstico, así como la especulación con los precios de los medicamentos.
Aseguró que las autoridades de la etnia están preparadas para mantener el cierre durante los días que estimen necesario. En la mañana de este 10 de octubre consideraban la posibilidad de abrir solo en los casos en que las personas presenten una emergencia médica y nada más por lapsos no mayores de 15 minutos.

Figueroa dejó claro a las autoridades gubernamentales que no piensen que con el solo el envío de unas cajas Clap los indígenas “quedarán contentos”, pues lo que demandan son soluciones reales.

Nuestra organización pudo constatar la presencia de Paludismo en la zona y otras enfermedades peligrosas, presentándose debilidades en cuanto a la asistencia médica y falta de medicinas.

También los manifestantes reclaman el incumplimiento en la distribución de las llamadas Cajas Clap, sin dejar de lado la exigencia que mantienen desde hace ya varios años, como lo es el reconocimiento de las autoridades legítimas del pueblo Pemón.

La capitana refiere cómo la etnia ha tenido que organizarse desde 2015 para resistir frente las amenazas de factores paraestatales que los hostigan permanentemente y en especial cuando realizan este tipo de acciones.

Insiste en que se trata de grupos de mineros y los llamados “sindicatos” dirigidos por pranes que no solo controlan varias minas, sino que intentan desplazarlos de su territorio, donde la explotación del oro es un factor que hace más compleja la supervivencia de la etnia.
En la zona en la que se escenifica esta nueva protesta solo se registraba hasta este miércoles la presencia de dos o tres uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que permanecen a distancia de los manifestantes.

Desde inicio de este año esta comunidad ha mantenido acciones similares en protesta por las condiciones de vida, el asesinato de sus dirigentes presuntamente a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y el hostigamiento permanente de grupos con estructuras que responden a mafias, que buscan controlar territorios extensos donde hay minería ilegal y que tendrían relación directa con representantes del Estado.

Raffalli: Crisis humanitaria alcanzó niveles alarmantes en 16 estados

La nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli, es posiblemente la voz más aguda en exponer la situación alimentaria del país. En los programas en los que participa ya han evaluado a más de 10.000 niños con desnutrición. Raffalli da cuenta de un velo institucional que es rebatido por las cifras que recogen en Cáritas de Venezuela: en junio de este año 16 estados alcanzaron la raya roja que sitúa al país en una crisis humanitaria, al tener un 15% de niños en riesgo de morir por desnutrición.

Con voz pausada y exhausta, Raffalli accede a la entrevista en los espacios de Fedecámaras donde se llevó a cabo la Asamblea Anual de Fedenaga, esto luego de exponer ante el público que el sector salud en Venezuela “sufrió un retroceso de 50 años” y que entre septiembre y octubre de 2017 “pasamos el umbral de 15% que nos ubica en la línea roja”, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. “Esto nos da una crisis humanitaria”, dice.

Ese 15% representa un subregistro que decidió llevar la organización para tener un control de los niños a los que asiste en 51 parroquias de 16 estados; pese a lo cual Raffalli aclara que esto no es representativo de toda Venezuela. “Es imposible saber cuántos niños están desnutridos en todo el país, para ello es necesario una encuesta nacional. Esto es representativo de los estratos más empobrecidos de Venezuela y no damos la situación nacional porque Cáritas no está en capacidad de hacer una encuesta de este tipo”.

Su discurso es conciliador, la activista apela a todos los actores de la sociedad para atajar la crisis que no podrá ser resuelta sin ayuda del Estado. En eso hace énfasis. También en que las ayudas humanitarias son temporales y que estas no pueden socorrer a un país por mucho tiempo.

“El bienestar de Venezuela depende del pacto social entre todos los sectores, tenemos que seguir trabajando juntos, por eso está Cáritas aquí. Hemos tenido el respaldo en nuestros discursos, han mantenido con rigor los datos del sector, las proteínas que hemos ido dejando de consumir. No ha habido una sola llamada que Fedeanaga no me haya contestado, eso ha sido valiosísimo”, expresa.

En febrero de 2017 había un 10% de niños en peligro de muerte por desnutrición, en septiembre de ese mismo año, la cifra se ubicó en 15%, en mayo de 2018 llegó a 16,2%. En junio pasado,la más actualizada, se situó en 15%, en parte gracias al efecto que han tenido las remesas que llegan del exterior. No obstante, Venezuela sigue en la raya roja.

“La diferencia entre crisis humanitaria y emergencia humanitaria es la capacidad de respuesta. Estamos en una situación de emergencia. Esto es una emergencia de instalación lenta, mata por desgaste, la familia se va descapitalizando y los primeros en morir son los niños. No se sabe cuándo declararla, la memoria histórica de dignidad se borra, (genera) desgaste, miedo y desesperanza”, explica.

Según Raffalli, Venezuela atraviesa una “emergencia humanitaria compleja” que no es provocada por guerras o por daños naturales, sino que ocurre en naciones con Estados despóticos donde no hay estado de derecho y donde “no hay a quién recurrir”. Por otra parte, revela que en el país “se están moviendo fondos humanitarios en cantidades importantísimas y de eso puedo dar fe”.

Las trabas para asistir  

La debilidad en las instituciones ha generado un mercado negro que trafica desde alimentos hasta salud. En ese sentido, la especialista contó que hace poco en Valencia, estado Carabobo, le vendían en la entrada de un hospital una historia médica para ingresar una niña con desnutrición aguda.

Otra de las trabas que enfrentan son los traslados de los suplementos nutricionales que incluyen en sus programas, motivado a que requieren de guías de movilización que exige la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), requisito que según la experta en algunos casos es difícil de conseguir o es muy costoso, como en 2017, cuando les costó unos 30 millones de bolívares. No obstante, sostiene que no pueden darse el lujo de no tenerlas debido a que es un documento esencial para transportar las fórmulas de un lado a otro.

“Si nos exoneraran eso, por ejemplo, que se identifiquen los dos o tres suplementos nutricionales que son importantes para los programas humanitarios del país y se ponga una banda de precios y que el Gobierno nos subsidie, eso sería maravilloso. Nosotros pagamos por la primera lata de superalimento que se les da a los niños Bs. 1,8, ahora creo que cuesta Bs. 48 millones, cada punto que aumenta la inflación sobre un suplemento alimentario de carácter humanitario implica un niño que hay que sacar del programa porque no nos alcanza. Deberíamos actuar en consecuencia a las circunstancias en las que está el país”, mantiene.

Cáritas de Venezuela ha evaluado hasta ahora a más de 10.000 niños, de esos han identificado a unos 7.000 con desnutrición y rescatado de esa condición a 5.200. “No llegan a ser los 7.000 porque son los que acaban de entrar y la recuperación tarda como seis semanas”, explica Raffalli en entrevista a TalCual. “Esto no llega ni al 3% de los niños que están con esta misma necesidad en una parroquia, por eso el mensaje de Cáritas siempre es ‘sin el Estado no podemos’. La única manera de atender a todos los niños que están en este estado de necesidad es que el Estado trabaje con nosotros o que nosotros trabajemos con el Estado pero que tratemos de hacerlo entre todos”, recalca.

Actores humanitarios no convencionales

A juicio de la nutricionista “es importantísimo” que se sumen actores humanitarios no convencionales, que los distintos sectores del país realicen acciones de esa naturaleza. Sobre esto, explica que es “muy valioso” el voluntariado, pero aclara que el reparto aislado de alimentos en la calle “no está bien”. “No puede dolerte una persona comiendo en la basura y vayas y le lleves la comida al basurero”.

Para la activista es más provechoso que quienes tengan recursos se dirijan a las organizaciones que ya reciben poblaciones en situación de riesgo e informar. “Nosotros necesitamos los movimientos ciudadanos para mantener activa la visibilidad de lo que está pasando en el país y para hacer pedagogía ciudadana, para eventualmente promocionar la lactancia materna, promocionar formas adecuadas de comprar en esta situación económica que tenemos y para seguir sintiendo que estamos entre todos juntos en esto”, manifiesta.

Asimismo, explica que en el caso del sector privado podría ser útil con donaciones en moneda y en especies, con asesoramiento logístico, en cómo manejar cargamentos humanitarios o trasladar los suplementos infantiles. Al respecto, recuerda que un envío a Apure pasó de costar dos millones a 30 millones de bolívares en poco tiempo.

En el caso de la Academia, con estudiantes voluntarios que hagan evaluaciones nutricionales y encuestas, mientras que la diáspora “que va a ser con lo único con lo que nos quedemos porque no hay un donante humanitario que aguante subvencionar fondos a un país por muchos años”.

La raya de la hambruna

La raya roja ya da un número alarmante, sin embargo, si ese 15%, llegara al 30% pondría a Venezuela en la raya morada, que en términos de emergencia nutricional representa la hambruna catastrófica, lo que significaría 30% de niños en situación nutricional muy grave a punto de morir y la mortalidad por desnutrición aumenta en 10 veces.

“Venezuela no está y no ha estado nunca en una situación de hambruna, pero yo me temo que tampoco lo va a estar. Podemos observar que en algunas parroquias la situación tiende a mejorar por efecto de las remesas… Cómo es posible que aquí el Cendas diga que se necesitan 51 salarios mínimos para costear la canasta de alimentos y aquí no esté la gente en la calle reclamando, la gente está resolviendo de alguna manera y yo creo que el efecto de las remesas se ha dejado sentir”, concluye.

Miguel Pizarro:

 

Este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, emitió declaraciones sobre la crisis educativa que sufre el país: “Hoy, la mayoría de las escuelas cierran el año escolar 2017-2018 en medio de la crisis, el hambre y la deserción. Para el próximo año la tragedia será mayor: uniformes, útiles, matrículas, transportes y alimentos se han vuelto un lujo para la mayoría de las familias que desean enviar sus hijos a las escuelas. A eso se le suma la renuncia de profesores a los planteles, la ausencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la pésima infraestructura y servicios básicos con los que cuentan gran parte de los recintos escolares”.

El parlamentario explica que actualmente 6 de cada 10 niños abandonan la escuela por falta de transporte o de alimentos: “El presupuesto asignado al Programa de Alimentación Escolar es insuficiente, el Estado asigna apenas Bs. 100,00 por comida, por niño, al día. ¿Qué se pueda comprar con ese dinero? Por otra parte, los padres y familias no tienen como garantizarle tres comidas diarias a sus hijos: es por eso que prefieren no enviarlos a las escuelas y ahorrar el desayuno. Además, la crisis de transporte ha generado que muchos niños no tengan cómo trasladarse a sus colegiosç, no sólo por el costo del pasaje y la escasez de efectivo, sino porque las unidades no prestan el servicio en determinadas rutas y los chamos deben caminar largos trayectos para encontrar la unidad más cercana.”

Pizarro añade que el 40% del personal docente ha abandonado las aulas, decidiendo emigrar o dedicarse a otra profesión porque el salario es insuficiente. “El sistema educativo del país se viene abajo por culpa de la irresponsabilidad de quienes gobiernan, mientras ellos siguen llenándose los bolsillos, las escuelas se caen, los chamos no tienen su alimentación garantizada y los profesores y empleados de los planteles reciben remuneraciones insuficientes para vivir”, afirmó.

“Un niño que no se alimenta y que no se educa es un chamo que tiene ya una condena en su futuro, un chamo que no va a poder desarrollarse de manera adecuada, que no tiene las capacidades físicas ni cognitivas necesarias. Nosotros creemos en la educación como pilar fundamental para el desarrollo, el progreso y la superación de un país y también estamos convencidos de que debemos seguir luchando porque esos niños, que no tienen la culpa de la trágica realidad en la que nos ha hundido este Gobierno, no sigan sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Su futuro, sus metas, su desarrollo son parte de los motivos que nos impulsan a seguir organizándonos, denunciando la situación que hoy sufren todos los venezolanos y seguir luchando para que este país cambie”, finalizó Pizarro.

Gobierno venezolano envía a Cuba 12 toneladas de ayuda humanitaria

 

El Gobierno envió un total de 12 toneladas de insumos para brindar ayuda humanitaria a Cuba con miras a atender a la población afectada por el paso de la tormenta Alberto, que, hasta la fecha, deja cuatro personas fallecidas y centenares de evacuados.

El cargamento, contentivo de alimentos y enseres de primera necesidad, partió la mañana de este jueves a territorio cubano desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas, informó el ministro Néstor Reverol.

En la carga enviada a la isla había colchones, alimentos y enseres, dijo la oficial Agencia Venezolana de Noticias, sin ofrecer otros detalles.

La donación de insumos responde a un lineamiento emitido este miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien instruyó al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, coordinar medidas de ayuda para el pueblo cubano afectado por las inundaciones ocurridas en los últimos días.

El miércoles, el presidente venezolano recibió a su par cubano, Miguel Díaz-Canel, en su primera visita oficial a Venezuela.

Venezuela atraviesa su peor crisis económica, en medio de una hiperinflación y una carestía crónica de alimentos y medicinas, así como frecuentes cortes en servicios como electricidad y agua.

 

*Con información de Reuters y Globovisión

Cambures y gasolina… ¡insólito!, por Carolina Jaimes Branger

 

Ayer compré una mano de 16 cambures por 175.525,00. Cada cambur me costó la friolera de Bs. 10. 970,31. De la frutería me fui a poner gasolina, donde un litro de gasolina de 95 octanos –la más cara- cuesta Bs. 6,00/l. La más barata, la de 91 octanos, cuesta Bs. 1,00/litro. Llenar un tanque de gasolina de 50 litros con gasolina de 95 octanos cuesta Bs. 300. Con lo que pagué por un cambur, ¡un cambur! se pagan los tanques de gasolina de 50 litros de casi 37 vehículos. Con mi mano de cambur completa podría pagar 585 tanques de 50 litros de gasolina de 95 octanos.

No tengo claro si una gandola tanque para transportar gasolina carga 36.000 o 37.000 litros. Asumiré la de 36.000 litros. El propietario de la estación de gasolina paga Bs. 216.000 por la gandola de 36.000 litros de gasolina de 95 octanos. Si fuera a hacer un trueque por cambures, necesitaría una mano de 20 cambures y no tendrían con qué darle el vuelto. Pero si se tratara de gasolina de 91 octanos, con mi mano de cambur podría pagar 4,9 gandolas de combustible: ¡algo cercano a 176.400 litros de gasolina de 91 octanos!

Según el propietario de la estación de servicio con quien conversé, se compra y vende la gasolina al mismo precio y PDVSA le reconoce al expendedor un margen de comercialización. Antes tenían los márgenes por la venta de lubricantes y aditivos. Ahora no.

“¿No ha observado lo que está sucediendo?”, me preguntó. “Las estaciones de gasolina están cerrando porque el negocio es inviable”. Me explicó que el último margen de comercialización que reconoció PDVSA fue hace meses (quizás se refería al año pasado) para compensar únicamente los aumentos de los salarios de los empleados. Y añadió: “el último pago que recibí ya no me alcanza ni para pagar el consumo de electricidad recién facturado”. Le agradecí la paciencia, la información, me disculpé por haberle tocado un tema tan sensible y me fui pensando, pensando, pensando…

La distorsión de la economía venezolana,  en sí misma, es suficiente para poner a sonar todas las alarmas. Pero no. Para este régimen no hay alarmas que suenen, excepto las de las sanciones a sus altos funcionarios. No les importa que no haya remedios para los seropositivos, ni para los enfermos renales, ni quimioterapias, ni antibióticos, ni sicotrópicos, a veces ni siquiera aspirina. Tampoco les conmueve que haya cada día más personas comiendo de la basura o yéndose del país.  Menos los ajusticiados por los cuerpos de seguridad del Estado, los asesinados por los colectivos que tienen más poder que los mismos policías. No, nada de eso los mueve. No tienen empatía, no sienten compasión. Su único interés es crematístico. Si de verdad no se han robado nada, como alegan a los cuatro vientos, no deberían importarles las sanciones que a título personal les han impuesto varios países. Más bien deberían pensar que “la derecha apátrida” abrió esas cuentas en sus nombres para fregarlos. Pero no. Tanta angustia es harto sospechosa. Angustia que los llevó a sentarse frente a sus odiados opositores, en reuniones donde la única petición era que lograran que les retiraran las sanciones.

Pero quiero volver al tema de los cambures, que ne dejó helada. Repito: con lo que uno compra 4 cambures, compra una gandola tanque de gasolina llena. ¿Quién en su sano juicio fletaría una gandola tanque para transportar 4 cambures desde el lugar de llenado hasta una estación de servicio y vuelta? Esos 4 cambures costaron Bs. F. 43.881,24 y si les agregamos los tres ceros de la reconversión monetaria del 2008, costaron Bs. 438.881.240. Los invito a sacar la misma cuenta usando huevos, harina, arroz. Si la saca con café terminará llorando…

La verdad es que no deseo enterarme de más nada. Al menos por unos días…

@cjaimesb