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A raíz de la muerte del Capitán Rafael Ramón Acosta Árevalo, quien estaba en condición de detenido, el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), se pronunció para instar a las autoridades a verificar el estado actual de la integridad física de todos los presos políticos, puesto que el militar presentó evidentes signos de tortura.

La organización no gubernamental difundió un comunicado para enfatizar que este lamentable hecho es un prueba más de “las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela”, por lo que destacaron los altos niveles de impunidad.

A través de la cuenta en Twitter de Cofavic, se puede ler un tweet que dice “la tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar a todos”, por lo que señalan que es una forma de imponer dominación colectiva.

 

 

Cofavic emite comunicado por el caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo

COFAVIC manifiesta su profunda preocupación por el caso del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, quien falleció el pasado 29 de junio, teniendo como lugar de detención las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El Capitán Acosta, según sus abogados, fue detenido arbitrariamente por las autoridades venezolanas el pasado 21 de junio de 2019 en Guatire, Estado Miranda, y fue mantenido bajo presunta desaparición forzada durante 7 días en los cuales ni sus familiares, ni sus abogados tuvieron acceso a verlo y confirmar su estado de salud. Según versión de sus abogados, el Capitán Acosta presentó “signos de tortura cuando fue trasladado a los Tribunales”. Asimismo, mediante comunicado público de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se expuso que “El día viernes 28 de junio del 2019 fue presentado ante el Juez Penal Militar… y antes de iniciar, la respectiva audiencia de presentación se desmayó”.

Lamentablemente este es un nuevo caso que demuestra las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela, configurándose un patrón de actuación generalizado que goza de impunidad.

El Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, suscritos y ratificados por la República. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.

El Estado como garante de este derecho, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona fue detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.

La prohibición de prácticas de torturas es absoluta y queda reflejada en numerosos tratados internacionales y regionales, la misma se considera de obligatorio cumplimiento para todos los Estados, quienes no sólo están obligados a respetar la prohibición de este tipo de prácticas, sino que también tienen el deber de evitarla, y de realizar investigaciones eficaces para sancionar debidamente a los culpables conforme a protocolos internacionales. La tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar a todos bajo la lógica de demostrar una fuerza de dominación colectiva.

En las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos, el Estado no puede asumir la versión policial como la oficial y tampoco pueden las autoridades que van a investigar los hechos, presentar versiones con prejuicios o determinar realidades que no han sido suficientemente investigadas, ni mucho menos quienes no detenten facultades judiciales o fiscales, adelantar evidencia u opiniones que afecten el curso de los procesos que se instauren.

COFAVIC expresa a los familiares y allegados del Capitán de Corbeta Ramón Acosta Arévalo, su más profundo pesar por su muerte en circunstancias que aún no están esclarecidas.

COFAVIC solicita firmemente a las autoridades del Estado venezolano:

a) Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte del Capitán Acosta Arévalo, con el fin de establecer las responsabilidades que sean pertinentes incluyendo los máximos responsables de estos crímenes.
b) La utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Protocolo de Minnesota para la investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales y Protocolo de Estambul para la investigación efectiva de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se deben realizar las experticias y las autopsias correspondientes siguiendo los estándares internacionales para ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una investigación imparcial es la única vía para evitar que este caso quede en impunidad, como ha ocurrido con otros casos de violaciones de derechos humanos en el país.
c) Verificar el estado de la integridad personal de todas las personas detenidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a través de medios técnicos independientes y confiables para sus familiares.
d) Condenar la tortura y cualquier forma de trato inhumano o degradante. Las máximas autoridades deben mostrar su total oposición a la tortura y otros tratos crueles, deben condenarla sin reservas, de manera inmediata, dejando claro a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los miembros de todos los organismos de seguridad que estos crímenes no se tolerarán bajo ninguna circunstancia.
Cumplir la obligación establecida en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por los tribunales ordinarios

Crimen de Néstor Uzcátegui llega a tribunales de Falcón 18 años después
Hace siete años la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial del joven de 21 años de edad

@evariera

 

HAN TRANSCURRIDO 18 AÑOS DESDE QUE NÉSTOR UZCÁTEGUI perdiera la vida en medio de un allanamiento ilegal practicado en su casa por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón.

El crimen fue presenciado por los hermanos de la víctima quienes aseguran que éste no se encontraba armado. Sin embargo, el parte oficial indicó que se trató de un enfrentamiento y que, en defensa de su vida, el policía disparó.

Néstor tenía 21 años de edad en ese entonces y había abandonado sus estudios para trabajar debido a las precarias condiciones económicas que sufría su familia. Tenía una hija y un bebé por nacer.

La mañana del homicidio había amanecido bebiendo y echando bromas como casi todos hacen en Venezuela el último día del año.  Se encontraba en casa de su abuela en la urbanización La Velita II, de Coro, capital del estado. Y aquella fue su última parranda, su último 1 de enero. Porque el nombre de Néstor estaba en una lista de presuntos delincuentes que había que exterminar.

Los dos disparos que acabaron con la vida de Néstor fueron el detonante de muchos acontecimientos posteriores. Su hermano Luis, el mayor de todos, con el coraje que le producía la indignación, inició a partir de este hecho un largo camino de denuncias en los medios de comunicación regionales y nacionales que llamaron la atención de la opinión pública. A su lucha pronto se unieron más familiares de otros ajusticiados. Unos desistieron, pero Luis perseveró pese a las amenazas de muerte, un rapto, dos detenciones y hasta un juicio por difamación que le abrió el comandante de las FAP de Falcón, Oswaldo Rodríguez León.

Al no encontrar justicia en Venezuela, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tomó el caso y lo elevço a instancias internacionales.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que hubo una ejecución extrajudicial, que Venezuela debe investigar los hechos y resarcir el daño psicológico y material ocasionado.

Siete años después de esa sentencia y a 18 años del crimen, el pasado martes el Ministerio Público del estado Falcón llevó a tribunales el caso.

De entrada el hecho causó sorpresa. Las víctimas se presentaron puntualmente, no así los policías presuntamente implicados. Y la audiencia se difirió.

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC y abogada de Luis Uzcátegui, considera que es una noticia importante, pero no definitiva y que el hecho de que comience el juicio no quiere decir que se esté haciendo justicia.

-El que se inicie 18 años después es una revelación de la impunidad institucionalizada. Ya la CIDH emitió sentencia que no ha sido ejecutada por el Estado venezolano. Esperemos que los tribunales actúen de manera diligente y se pueda castigar a los responsables, pero hay que ver lo que ha significado la afectación a la familia, destrucción de evidencias y otros elementos que revelan que la voluntad no fue hacer justicia en 18 años. La Corte emitió sentencia y no ha habido cumplimiento por parte del Estado venezolano

Ortega explicó que la sentencia de la CIDH revela los mecanismos de actuación de los cuerpos parapoliciales en el estado Falcón y determina que en Venezuela hay un contexto de actuación de estos grupos en el país. Ordena al Estado la apertura de una investigación, sanción a los responsables, publicación de la sentencia, reparación a las víctimas por la afectación psicológica e indemnización pecuniaria a la familia.

“Esa investigación –explicó Ortega-, tiene que ser transparente, equitativa y conclusiva para determinar responsabilidades y castigar a los responsables directos materiales e intelectuales”.

Aunque la abogada reconoce que la apertura del juicio es un “gran paso”, cree que no hay ninguna señal de que podría cumplirse la sentencia, la garantía de no repetición y sanciones.

Y apela a las cifras de los últimos años.

“Hemos documentado desde 2012 a 2018 un total 9 mil 563 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y, entre 2017 y 2018, un total de 3 mil 684. Los patrones siguen siendo los mismos: zonas urbanas, hombres, 79 % entre los 18 y 25 años de edad, el cuerpo de mayor responsabilidad sigue siendo el CICPC, 73% ocurrieron en procedimientos especiales entre fuerzas combinadas y la impunidad sigue siendo de 98% porque apenas 2% va a tribunales, pero no concluyen con una condena -afirmó.

Recordó Ortega que Luis Uzcátegui, hermano de Néstor, sigue teniendo medidas provisionales de protección que le fueron otorgadas por la CIDH en 2003 “porque ha sido criminalizado, hostigado y porque continua su camino de exigencia de justicia, no ha sido satisfecho ese derecho y hay un claro señalamiento en la sentencia de la CIDH sobre la afectación que tuvo porque fue uno de los miembros de su familia que más luchó para que el caso llegara al Sistema Interamericano. Luis tiene el valor y el coraje de haber visibilizado los casos, cuando nadie hablaba de esto. Con periodistas y una serie de familiares y víctimas, logró sensibilizar a la opinión pública y concientizarla de que había una situación muy grave en Falcón que logró la sentencia en su caso y seguramente un próximo caso como es el Jimmy Guerrero y Ramón Molina (otra presunta ejecución extrajudicial ocurrida en Falcón en 2003).

El Ministerio Público unió el caso de Néstor Uzcátegui con el de Robert Dirinot, porque en el expediente de las muertes de ambos figuran los nombres de los mismos policías, integrantes del cuerpo élite de las FAP de Falcón, denominado grupo Lince. Están siendo ventilados en el tribunal 1 de juicio del estado Falcón, con sede en Coro.

Liliana Ortega: Deben existir condiciones para visita de Bachelet
LILIANA ORTEGA, ABOGADA Y DEFENSORA de los derechos humanos, miembro fundadora de Comité de Familiares de las Víctimas Indefensas (Cofavic), considera que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no podrá venir a Venezuela si el Estado no reconoce la gravedad de los derechos humanos y no demuestra voluntad política para cambiar.
El señalamiento de Liliana Ortega se produjo durante entrevista a través del programa A Tiempo, conducido por el periodista, Eduardo Rodríguez Giolitti, a través de Unión Radio, en la que se refirió a las declaraciones de la Alta Comisionada, en las que expresó su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Declaró Ortega que se trata de un informe de actualización oral, una especie de avance que Michelle Bachelet está haciendo en Ginebra, ante el Consejo de los Derechos Humanos, ordenado en septiembre del año pasado sobre la situación Venezolana. “Lo que vimos ayer fue una actualización oral de lo que ella viene monitoreando en Venezuela; en junio ella debe entregar el informe escrito y en septiembre de este año discutirse con los países miembros de la ONU”.
Indicó Ortega que ha dicho por Bachelet es que “hay una situación agravada, de lo que había visto la Oficina del Alto Comisionado en 2017-2018. Señalo unos elemento focales que para ella denotan la crisis, las declaraciones arbitrarias, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales masivas contra sectores populares, la impunidad de todo estos casos, el deterioro agravado de la situación de la emergencia humanitaria, el éxodo masivo de sectores muy importantes de la sociedad venezolana y el impacto regional que eso tiene”.
Preciso la presidenta de Cofavic, que la alta comisionada con base a lo observado por la misión que envió al país, “podrá actuar de manera plural, libre e independiente, y que quienes la apoyen y le den información no tengan ningún tipo de retaliaciones”.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que Bachelet visite el país, consideró que es probable que venga pero esto no podría darse sin que se cumpla ciertos parámetros.
“Ella no puede venir a Venezuela si el Estado no reconoce la gravedad de los derechos humanos y no demuestra voluntad política para cambiar, para hacer una agenda amplia, independiente y autónoma del Estado y reunirse con todos los sectores que denuncian la violación de los derechos humanos, las víctimas y con la gama de actores que ella tiene que entrevistar, si esas condiciones no existen ella no puede venir a Venezuela”, agregó.
Informe oral de Bachelet evidencia la institucionalización de la tortura

LAS NUMEROSAS VIOLACIONES de los derechos humanos documentadas por los expertos de la Organización de las Naciones Unidas en la materia evidencian la institucionalización de la tortura en Venezuela.

La afirmación la hizo el especialista en derechos humanos Alonso Medina Roa en una entrevista exclusiva para El Nacional.

“Se está ratificando lo que hemos denunciado desde la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia: la institucionalización de la tortura en Venezuela y el deterioro de los derechos fundamentales de los venezolanos”, indicó.

Bachelet: Autoridades venezolanas no reconocen la gravedad de crisis

Señaló que el informe oral de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas incita a reacciones políticas nacionales e internacionales. “Esto debe generar un impacto en la política internacional de gran relevancia y es un paso importante, previo al informe definitivo que se va a presentar en los próximos meses”, aseveró.

El abogado fue prudente sobre las próximas opciones que podrían surgir en relación con el tema y aclaró que serán “decisiones exclusivas de las autoridades de las Naciones Unidas”.

El 11 de marzo una delegación de la ONU integrada por cinco personas llegó a Venezuela para constatar la situación social y política del país, y deberá presentar el resultado de la visita en un informe definitivo en junio. La comisión internacional, que continúa en el país, se reunió con representantes de Nicolás Maduro y con el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

Luego de la visita de la misión a las cárceles de Uribana y Fénix, los presos denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que las autoridades penitenciarias habían procedido previamente al “maquillaje” de esos penales para ocultar la situación. Voceros de la ONG Foro Penal Venezolano también aseguraron que representantes de Maduro no permitieron que los enviados de la ONU hablaran con los reclusos.

Bachelet expresó preocupación por ejecuciones extrajudiciales de las FAES

“Si bien es cierto que esta comisión ha tenido varias limitaciones por parte del gobierno nacional, los enviados son gente con mucha experiencia y saben interpretar la realidad de los derechos humanos en Venezuela”, destacó Medina Roa.

Bachelet refirió en su informe oral que su oficina pudo documentar numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados prochavistas en Venezuela. Además, expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como por los actos de amenaza e intimidación.

Proceso de investigación

Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas, recordó que en 2017 y en 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó otros dos informes sobre Venezuela. Subrayó que los procesos en esa instancia internacional son graduales y que deben cumplir con una serie de protocolos.

“Depende del caso y del proceso que se elija, pero obviamente, como todos los procesos, los resultados no son inmediatos. La comunidad internacional ha tenido una reacción muy importante ante la situación venezolana”, afirmó la defensora de derechos humanos.

“Misión de Bachelet es testigo de la grave situación de derechos humanos”

“Una vez que se discuta el informe en junio de este año, puede que algunos elementos de gradualidad aumenten, como la designación de una comisión especial u otros mecanismos. No creo que estemos en condiciones de decir que sobre Venezuela hay una demora por parte de los organismos internacionales, más bien están avocados a la situación”, indicó.

Está previsto que en septiembre se discuta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe oficial sobre la situación en Venezuela. “La preocupación es que esto tiende a agravarse. Sin duda, mientras el Estado no disponga de sus herramientas de investigación, de reparación y de protección a la víctima, estos hechos tienden a agravarse”, dijo la representante de Cofavic.

Estados Unidos apunta a Venezuela en su informe de derechos humanos

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta en una crisis política sin precedentes.

El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que “durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos”.

EE.UU. ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de “ilegítimo” y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue “profundamente defectuoso”.

El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en 2018 “ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos”.

Además, indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Al mismo tiempo, señala que el gobierno en disputa utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

“Otros temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar”, dice el informe.

También sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la impunidad en estos casos.

La privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no gubernamentales.

El informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro. Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto de 2018.

“De esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía”, explica el informe. “No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017”, agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril hasta julio de 2017.

Según el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la represión gubernamental.

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que “no hubo informes de desapariciones” que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.

Tortura y tratos crueles

El texto expresa que “pese a que la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los detenidos”. También dice que “no hubo informes de ningún funcionario del gobierno acusado por la ley”.

Tampoco la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año”.

Pero, varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas generalizadas y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. También grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva.

“No se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían represalias”, dice el informe estadounidense.

También alude a informes de la prensa y las ONGs “sobre las palizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos” y dónde estarían involucrados varias agencias policiales y militares.

Entre los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.

“Las ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos”, dice el texto.

La directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional. Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.

Las cifras

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las 41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos en las cárceles de la estación de policía en 2017.

Mientras que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían correctamente y que a menudo contenían información incompleta.

Según la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000 presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y 415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.

Había dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia. La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en anexos o en bloques separados para mujeres.

“Una ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron. Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían instalaciones separadas”, puntualiza el informe.

Arrestos y el papel de la policía

El texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

“La corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza”, explica.

“La impunidad siguió siendo un grave problema en las fuerzas de seguridad”, afirmó el informe.

Diario2001 Feb 27, 2019 | Actualizado hace 8 meses
El Caracazo llega a 30 años sin culpables

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA A 2,75 BOLÍVARES la de alto octanaje el día anterior, fue el detonante. El programa de medidas macroeconómicas llamado el paquetazo, anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez 11 días antes, desató el 27 de febrero de 1989 la masacre de civiles que hoy, 30 años más tarde, sigue mostrando la más cruel morosidad del Estado: Aún no se determina el número real de asesinados ni la identidad de muchos de ellos ni a los responsables.

La lista oficial de muertos es aún de 276 fallecidos aunque los hechos apuntaron a más de 1.500, ocurridos en buena parte durante los días 28 de febrero y 1 de marzo en pleno toque de queda. Los disparos indiscriminados se enseñaron contra zonas populares residenciales como El Valle, Antímano y Petare.

“Este es uno de los casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de víctimas encontrados en fosas clandestinas y entregarla a sus familiares”, afirma la abogada Liliana Ortega, fundadora de la Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo.

Lo sabe Maritza Romero Castro, hermana de Fidel Orlando, un obrero de la construcción de 24 años de edad, quien recibió un tiro de FAL en el estómago cuando se encontraba cerca de su casa, en Baruta, el 27 de febrero en la tarde. A pesar de que fue llevado por familiares al hospital Pérez de León y luego a la morgue de Bello Monte, tres días después, para la autopsia de rigor, su cuerpo fue lanzado a La Peste y sus restos siguen sin aparecer.

“Cuando llegamos a la morgue mi otro hermano entró y vio tres pilas de cadáveres; pudo identificar a Fidel y lo colocó en la mesa de autopsia para que se la hicieran y poder llevarlo a la funeraria que ya habíamos pagado. El funcionario nos dijo que lo enviarían allá en la noche, pero el cadáver nunca llegó. Cuando regresamos a la medicatura en la mañana siguiente para ver qué había pasado, el médico nos dijo que se lo habían llevado al Cementerio del Sur. Y vimos que no éramos los únicos que reclamábamos”, relata Romero, una de las fundadoras de Cofavic.

30 años de angustia 

Transcurridos 30 años, ella sigue exigiendo la justicia interna que no consiguió. Durante un año, la hermana de Fidel junto a otros familiares de víctimas del Caracazo durmió en La Peste para vigilar que no movieran los restos humanos. “Mi mamá que entonces tenía 87 años de edad se encadenó en Miraflores. “Sacaron 68 cadáveres pero solo identificaron 3;  mi hermano quedó en el nicho”.

Lo único que, según dice, lograron en ese entonces fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2002, que ordenó la indemnización de más de 120 familiares de víctimas que correspondían a 44 casos; pero no la recuperación del cuerpo de Fidel “y allí siguen”.

En 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, junto con una comisión multidisciplinaria, exhumó los restos que quedaban en La Peste. “Fue una parodia que además se hizo a espaldas de los familiares, de Cofavic. Los cadáveres se los llevaron, no fueron identificados y se perdieron. Hoy día no sabemos dónde están”, asegura Romero, quien recuerda que la fiscal María Cristina Vispo, líder del equipo del Ministerio Público asignado, la conminaba a “dejar del dolor de una vez” y a hacerse la prueba de ADN. “Le dije que no hasta que no llegaran los peritos internacionales”.

Tampoco en 30 años ha tenido acceso al expediente que reposa en el tribunal 13 de juicio, el cual no ha iniciado el enjuiciamiento de los acusados Ítalo del Valle Alliegro, exministro de la Defensa; Luis Fuentes Serra, ex segundo comandante de la PM; Virgilio Ávila Vivas, exgobernador de Caracas (fallecido); y Freddy  Maya Cardona, ex jefe del comando regional No. 5  de la GN

“En el caso del Caracazo no ha habido un solo tribunal venezolano que haya dictado sentencia definitiva sobre los hechos”, señala Ortega, quien sostiene que el suceso no pasa. “Tiene vigencia por las demandas sociales y por la crisis de derechos humanos que aún existe. También sigue pendiente la modificación de toda la normativa interna que permitió que ocurrieran los hechos del Caracazo: desde el plan Ávila hasta el uso desproporcionado de la fuerza pública, indica Ortega. “La violencia policial y militar excesiva la vimos en el 2014, en el 2017 y ahora en 2019, por lo que este tema sigue siendo de preocupación en la agenda de DDHH”.

“Me siento defraudada, hoy no sabemos dónde llevar una flor”, dijo la hermana de Fidel quien junto a otros parientes acudirán a la misa en la Iglesia Candelaria, a las 10:00 am, que cada año se realiza para orar por todas las víctimas.

Violencia sin parangón

Ninguna de las protestas  con fallecidos y heridos que dejó la represión policial en 2014 y 2017  tiene similitud alguna con el Caracazo, afirma la defensora de derechos humanos Liliana Ortega.  “No son comparables y son muchísimas las razones”.  Las enumera:

1.- La primera y la más destacable es los crímenes ocurrieron en momentos distintos. La violencia del 27F fue durante la suspensión de garantías constitucionales, y las otras no.

2.- Ese día la mayoría de las muertes se dieron cuando las protestas estaban cesando, es decir, después de los saqueos, y no durante las manifestaciones como las posteriores.

3.- Gran parte de los disparos de balas de fusiles automáticos livianos, por parte de militares y policías durante el Caracazo, fueron indiscriminados contra zonas  de residencia como El Valle, Antímano, Petare.

4.- Los crímenes ocurrieron no solo el 27F sino también los días 28F y 1 de marzo.

5.- En el Caracazo no  se observó pérdida de credibilidad en las instituciones del sistema de justicia, como ahora.

6.- La mayoría de familiares de las victimas del 27F fueron funcionarios públicos que formularon sus denuncias ante la Fiscalía e inclusive las hicieron públicas, sin ocultar sus rostros ni nombres,  a través de los medios de comunicación. “Los niveles actuales de hostigamiento no se vieron en aquellos días”.

7.- La impunidad y la opacidad de la información sobre la violencia se han agudizado en los últimos años.

Cofavic: Castigar y perseguir a manifestantes por sus ideas puede ser un crimen de lesa humanidad

CASTIGAR Y PERSEGUIR JUDICIALMENTE a los manifestantes por sus ideas puede configurar un crimen de lesa humanidad, asegura la Organización No Gubernamental para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos (Cofavic), a través de un comunicado.

Destacan que la actual frustración y las diferentes exigencias ciudadanas expresadas por amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizadas ni desatendidas y mucho menos enfrentadas con represión, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. El Estado venezolano no puede seguir manteniéndose a espaldas de esta situación y debe tomar las medidas necesarias y efectivas que impidan más sufrimiento de nuestra población y ocasionen situaciones impredecibles de violencia y de dolor para todos.

Señalan que desde el 22 de enero del 2019 al día de hoy COFAVIC, siguiendo la información pública disponible, ha registrado 32 personas asesinadas en el contexto de las protestas, hechos que deben ser aclarados e investigados de manera independiente, efectiva y conclusiva por las autoridades competentes. COFAVIC de enero a diciembre 2017 documentó 1845 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, crímenes que en su mayoría permanecen en impunidad.

Estiman que las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que no sean investigados de manera independiente y que correspondan a un patrón de actuación de persecución sistemática y generalizada contra una población específica, con el propósito de ejercer un control social y mediante operaciones conjuntas entre cuerpos de seguridad del Estado o civiles armados con aquiescencia del Estado y operadores de justicia, pueden evidenciar razonablemente la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Recuerda Cofavic que los jueces y fiscales que procedan a imputar a personas por ejercer el derecho legítimo de manifestarse, estarán sujetos a ser investigados bajo su responsabilidad individual por crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía.

Destacan que las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el contexto de protestas de los últimos días, se desarrollan bajo el marco del Decreto número 2.184, publicado en fecha 14 de enero de 2016I, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica y el cual se ha extendido hasta el día de hoy luego de numerosas prorrogas, la última de ellas publicada según Decreto Nro. 3.736 de fecha 11 de enero de 2019II; así como de la vigencia de la Resolución 008610III, actos abiertamente inconstitucionales y que por ello están produciendo resultados nefastos para los derechos humanos y las libertades públicas.

 

Por todo ello:

  1. Exhortan al Estado venezolano a adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos.
  2. Hacen un llamado urgente a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la obligación de respetar, facilitar y garantizar las manifestaciones y protestas respetando y garantizando el derecho a la vida e integridad personal de los manifestantes y excluir de manera determinante para el control de las protestas sociales: el uso de gases tóxicos, armas de fuego y métodos de castigo y persecución a los participantes de la manifestación y a todo ciudadano que se encuentre en la zona donde se lleva a cabo la misma.
  3. Exigen el cese de la represión en contra de las manifestaciones públicas y el inicio de investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días en el marco del contexto de las protestas . Cesen los ataques a zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud, centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que estos actos represivos configuran crímenes de lesa humanidad.
  4. Instan a los órganos de investigación a la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, denominado El Protocolo de Minnesota4, y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, denominado Protocolo de Estambul.
  5. Instan al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación: Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa reparación.