Cofavic

Mediante una carta, la ONG aseguró que, desde 2012, «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad»

La ONG Cofavic denunció este 26 de enero ante el alto comisionado de la ONU para los DD.HH. (Acnudh), Volker Türk, quien se encuentra de visita en Caracas, que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para «un promedio superior a las 1.400 muertes anuales».

A través de una carta, la organización no gubernamental aseguró que, desde 2012, «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad».

«De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», señala el escrito.

La ONG señaló que también se registra un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales». En este sentido, aseguran que «del total de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales investigados entre 2017 y 2021, solo (el) 16 % ha obtenido sentencia condenatoria».

Además, indicó que, de abril a septiembre de 2022, y «por orden del Ejecutivo, se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada Trueno», en medio de la cual «han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130».

Ante estos hechos, la organización pidió al alto comisionado mantener y profundizar «una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».

Asimismo, solicitó a Acnudh fortalecer las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», además de profundizar la relación con las ONG venezolanas, con las que espera que se «amplíe la cooperación técnica».

Visita del Acnudh a Venezuela

Este 26 de enero llegó a Venezuela desde Colombia Türk, quien desarrollará una misión oficial de dos días, informó Naciones Unidas Venezuela.

«El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, llegó hoy a Venezuela en misión oficial, por invitación del Gobierno», dijo el organismo en su cuenta en Twitter.

Reiteró que el funcionario se reunirá con «autoridades de gobierno, organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas y otros», sin ofrecer mayores detalles de la agenda.

El gobierno de Venezuela informó que la visita oficial del funcionario de ONU será entre este jueves y el sábado, y que se llevará a cabo «en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo».

Con información de EFE

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), en Venezuela, una mujer es asesinada cada 39 horas

En los últimos cinco años (2017 – 2022), al menos 2.022 mujeres fueron asesinadas en Venezuela, según el último monitoreo levantado por la ONG Cofavic ante la falta de cifras oficiales.

Según cifras de Cofavic, entre enero y agosto de 2022, al menos 203 mujeres, adolescentes y niñas fueron asesinadas.

Los estados con mayor incidencia son Miranda, con 30 casos (15%), Carabobo y Anzoátegui con 21 casos (11%) cada uno, Bolívar, Distrito Capital y Zulia con 17 casos (9%) cada uno y Aragua con 7% (13 casos).

Aunque de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) una mujer es asesinada cada 39 horas en Venezuela -por falta de políticas públicas orientadas a la protección de mujeres, niñas y adolescentes-, la directora de la institución conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer exhortando a las víctimas a denunciar.

Esto en medio de un Estado fallido en el que las afectadas recurren a las redes sociales para denunciar, debido a las trabas para alcanzar justicia ante las instancias competentes.

Violencia en el hogar 

La mayoría de las muertes registradas ocurrieron en el hogar de la víctima (42%), en plena vía pública (36%) o en una zona aislada (11%). Las demás muertes reportadas ocurrieron en la casa de un familiar o amigo de la víctima (3%).

Un porcentaje minoritario pero importante de mujeres fueron degolladas (55), o murieron por quemaduras (52). Otras 40 mujeres (2%) fallecieron tras recibir un impacto contundente, mientras otras 88 fueron descuartizadas, ahorcadas, decapitadas, fallecieron por complicaciones de salud asociadas a hechos violentos previos o tras ser arrolladas.

En 118 de los casos (6%) Cofavic no logró precisar la causa de la muerte en la información pública disponible.

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*Con información de Correo del Caroní

Los grupos de personas defensoras que más recibieron ataques en el primer semestre de 2022 fueron los periodistas, según un informe de Cofavic

Los ataques más comunes contra defensores en Venezuela durante el primer semestre de 2022 fueron la intimidación, hostigamiento, difamación, censura, detención arbitraria y ataque a medio digital

La organización no gubernamental Cofavic informó en su más reciente reporte sobre las  vulneraciones de los derechos de defensores en Venezuela que los periodistas fueron el perfil más agredido.

La evaluación de Cofavic abarcó el período entre enero-agosto de 2022, en el que se registraron un total de 341 ataques contra personas y organizaciones de derechos humanos.

Estos ataques incluyen hostigamiento, difamación y estigmatización, intimidación, detención arbitraria, agresiones físicas, ataques digitales, censura, allanamientos en sede con y sin orden judicial, entre otros.

De acuerdo con estos datos, el 34% de los ataques en el período fueron contra periodistas. 12,3% se dirigieron contra trabajadores y sindicalistas y 4,1% contra personal de salud. 

Como ataques más comunes predominan la intimidación (17,6% de los casos), hostigamiento (16,4%), difamación y estigmatización (15,8%), censura (8,5%), detención arbitraria (8,2%),  ataque a medio digital (6,7%) amenaza de detención o judicialización (5,6%) y otros (21,2%). 

Cofavic contabilizó que, en el 48.6% de las situaciones registradas, tuvo lugar más de un ataque, es decir, «cuando se emprendió una persecución hacia algún miembro de la
sociedad civil, la persona defensora u organización fue víctima de por lo menos dos de los ataques categorizados».

Principales responsables y estados con más ataques

En el monitoreo independiente de Cofavic, los principales responsables de agresiones contra defensores fueron líderes pertenecientes al partido de gobierno (en 32% de los ataques),
seguidos por las fuerzas de seguridad del Estado, con el 29.6% y los grupos irregulares con el 8.2% del total de los ataques.

El análisis encontró que los perpetradores prefieren realizar el ataque en forma personal o presencial, lo que representó en la muestra un 56%, seguido por las redes sociales con un 23.10% y los programas de televisión, con un 8.2%, las páginas web. 

Por otra parte, los cinco estados con el mayor número de reportes de ataques fueron Distrito Capital, con el 32,2%,  Barinas con el 7.6%, Falcón con el 7,3%, Bolívar con el 7,0% y el Táchira, con el 6.2% del total de los ataques registrados.

Venezuela entre los tres países con menos libertad de prensa según la SIP

Arresto del activista de FundaRedes, Javier Tarazona, es considerado por Michelle Bachelet, un ejemplo preocupante de las restricciones en Venezuela

Detención arbitraria, negativa a atención médica, retardo procesal: Javier Tarazona, activista de derechos humanos preso hace más de 400 días en Venezuela, ha sido víctima de numerosas «irregularidades», denuncian su defensa y sus compañeros de organización.

Arrestado el 2 de julio de 2021, Tarazona debió esperar más de un año para que el pasado 16 de agosto se diera la primera audiencia formal del juicio en el que se le acusa de «terrorismo» e «instigación al odio».

Antes hubo 13 diferimientos, informó su defensa.

El jueves, en una segunda audiencia, se «hizo la evacuación de pruebas de la fiscalía para fundamentar la detención», dijo a la AFP Clara Ramírez, coordinadora de documentación y derechos humanos de FundaRedes, ONG que encabezaba Tarazona, que atiende a habitantes de zonas fronterizas.

Fundaredes pide la «libertad plena» de Javier Tarazona y otros dos miembros de esa organización, su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, detenidos también en 2021, pero luego excarcelados, aunque deben presentarse cada 15 días en un tribunal.

«No son terroristas, tampoco con sus acciones han instigado al odio, lo único que hacemos desde Fundaredes es visibilizar violaciones de derechos humanos que sufren los habitantes en la frontera, bien sea por acción de grupos armados irregulares o por acción u omisión del Estado», subrayó Ramírez.

La ONG Foro Penal considera a Tarazona, a quien asiste legalmente, uno de los 244 «presos políticos» documentados a la fecha en Venezuela.

A principios de año, familiares y abogados de Tarazona solicitaron su libertad por un «complejo» cuadro de salud, que incluye problemas cardíacos, denunciando que se le ha negado una atención médica «oportuna».

Ejemplo preocupante

Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de Fundaredes fueron considerados por la saliente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela.

«Se desnudó el beneplácito y la complacencia del Estado venezolano con grupos irregulares», insiste Ramírez.

Fundaredes informó en marzo de 2021, antes de que lo hicieran las autoridades, sobre enfrentamientos en el fronterizo estado Apure (oeste) entre militares venezolanos y grupos armados colombianos. Murieron 16 uniformados en esos combates, según cifras oficiales.

Activistas denuncian una «criminalización sistemática» de defensores de derechos humanos, señalamientos que el régimen venezolano niega.

Liliana Ortega, directora de la ONG por los derechos humanos Cofavic, dijo a la AFP en julio, que esa organización documentó el año pasado 215 ataques contra activistas, que incluyen detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, «actos de criminalización» a través de medios de comunicación estatal, y allanamientos.

El jefe de misión de la Delegación de la UE, Rafael Dochao Moreno, afirmó que es «fundamental» que las personas, asociaciones y organizaciones jueguen un papel en dicha defensa

Foto: EFE/ Rayner Peña

La ONG Cofavic y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas presentaron un proyecto para proteger a defensores de DDHH de Venezuela con apoyo de la Unión Europea (UE).

Según informaron, el proyecto buscará proteger de manera «integral y efectiva» a los defensores de DDHH en Venezuela.

La cofundadora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que el objetivo del proyecto es «promover y contribuir a la protección de personas defensoras de DDHH en situación de riesgo en Venezuela».

Según Ortega, esto será posible a través de acciones de monitoreo y documentación, apoyo legal y psicosocial, así como capacitación y asistencia «integral y urgente».

Agradeció a la UE por «haber juntado a las dos organizaciones europeas más importantes para la protección de los defensoras» de DDHH.

«Gracias al apoyo de la Unión Europea, han posado su mirada, van a venir a Venezuela, van a trabajar con nosotros para respaldar, desde su experticia, la protección y la promoción del trabajo que hacemos las personas defensoras de derechos humanos», dijo Ortega.

Sus declaraciones fueron hechas durante el acto de presentación del proyecto, que será ejecutado por Cofavic y ayudará a ocho organizaciones de DDHH.

«De hecho, la labor de los defensores en cualquier sociedad democrática precisamente es informar de las violaciones de derechos humanos, apoyar, ya sea de forma médica, jurídica o psicológica, a los que han sufrido, a las víctimas de esos atentados, (y) enfrentarse a la cultura de la impunidad que existe en muchos países», sostuvo.

*Con información de EFE

Para el ONG el derecho a justicia prevalece sobre salidas políticas y económicas

La ONG Cofavic manifestó su preocupación acerca de las graves e irreversibles consecuencias que podría acarrear el impulso de una corriente de opinión pública que pretenda ofrecer salidas políticas y económicas a cambio del silencio de centenares de víctimas de violaciones de derechos humanos y la negación del dolor que han sufrido.

«Como ONG fundada por víctimas de los sucesos del Caracazo (…) consideramos que en la actualidad todo el país se haya ante un nuevo punto de inflexión histórica, un momento muy delicado, dado que la propuesta de un futuro de acercamiento de los factores políticos y sociales puede relativizar las posibilidades de derrotar la impunidad, al fomentar la idea de la inutilidad e inoportunidad de la búsqueda de justicia y exponer a víctimas y sus familiares a mayores riesgos», indicó la oenegé a través de un comunicado.

Desde la perspectiva de Cofavic, las obligaciones de Verdad, Justicia y Reparación de parte del régimen, no se deben minimizar ni embargar en nombre del futuro, ni de reformas que son insuficientes, o de la búsqueda de mejores tiempos políticos, sociales y económicos.

«No es posible construir bienestar ignorando tantas heridas abiertas por la violencia estructural del Estado, ni desoyendo el clamor de madres, padres y familias enteras a quienes se les ha negado sistemáticamente la justicia», señaló en el texto difundidos a través de sus redes sociales.

Asimismo, resaltó que tanto el Derecho Internacional como la Constitución establecen que ni las graves violaciones de derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad prescriben, por tanto, quedan excluidos de recibir cualquier beneficio, sean indultos o amnistías, que conlleven a su impunidad.

Esto no es coincidencia, sino un resultado histórico que obliga a los Estados y a la sociedad a no renunciar al desarrollo de investigaciones penales independientes, transparentes y conclusivas contra los responsables de graves crímenes de derechos humanos, una vez que han decidido a establecer nuevos pactos de convivencia. «La verdad y la justicia son indivisibles y la historia ha demostrado que la reparación integral es indispensable en aquellos procesos orientados a superar colectivamente un pasado marcado por violaciones de derechos humanos», aseveró.

La ONG recordó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas»

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) divulgó este 21 de abril un comunicado en el que manifiesta su preocupación por «las graves e irreversibles consecuencias que podría acarrear» el ofrecer «salidas políticas y económicas a cambio de silenciar la voz de de víctimas de violaciones de derechos humanos y la negación del dolor que han sufrido».

La ONG recuerda que «las obligaciones de verdad, justicia y reparación de parte del Estado no se deben minimizar ni embargar en nombre del futuro, ni de reformas que son insuficientes, o de la búsqueda de mejores tiempos políticos, sociales y económicos».

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En este sentido, destacó que «no es posible construir bienestar ignorando tantas heridas abiertas por la violencia estructural del Estado, ni desoyendo el clamor de madres, padres y familias enteras a quienes se les ha negado sistemáticamente la justicia».

En el documento, Cofavic también señala que, tanto el derecho internacional como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «establecen que ni las graves violaciones de derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad prescriben, por tanto, quedan excluidos de recibir cualquier beneficio, sean indultos o amnistías, que conlleven su impunidad».

De igual manera, la ONG resaltó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas». Por ello, «el perdón y la reconciliación de una sociedad no se imponen, se construyen mediante el concurso voluntario de quienes desean establecer una nueva manera de convivir». 

La ONG denunció que en Venezuela no se dispone de cifras oficiales actualizadas ni de registros individualizados en los últimos años sobre crímenes contra mujeres, ni tampoco contra derechos humanos

La ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) presentó este 14 de marzo su informe «Violencia Contra las Venezolanas», en el cual registraron 1.821 muertes violentas de mujeres, entre 2017 y 2021, de los cuales el 53 % corresponden a feminicidios.

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«Del total de casos registrados en el período de 2017 y 2021, no todos tienen la configuración de feminicidio. Por eso, la metodología de Cofavic ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidios. En este sentido, podemos asegurar que, del total expresado, 969 efectivamente corresponde a este delito (53 %)», indicó la ONG en un comunicado.

Sostuvo que en 558 casos (31 %) no fue posible determinar si el asesinato o muerte se motivó por odio o desprecio a la mujer, y en otros 293 casos no hubo información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no.

«La tipología de los asesinatos contra mujeres pone en evidencia su carácter misógino: registramos 199 casos por asfixia, 161 casos como resultado de una golpiza, 53 mujeres degolladas, 39 casos murieron producto de quemaduras, 38 casos de muerte por impacto contundente y 31 casos de mujeres que fueron descuartizadas», agregó.

La ONG detalló en su página web que 1.051 casos (58 %) corresponden a mujeres entre 18 y 40 años de edad, 311 (17 %) tenían entre 41 y 60 años, 301 (17 %) corresponden a menores de edad y 156 (9 %) mayores de 61 años.

Señaló que 739 (41 %) de las muertes ocurridas fueron en el hogar de la víctima, 679 (38 %) en la vía pública y 200 (11 %) en una «zona aislada».

«Las muertes ocurridas en la casa de un familiar o amigo de la víctima ascienden a 63 casos (3 %) y las ocurridas en su lugar de trabajo registraron 39 casos (2 %). Finalmente, en 100 de los casos (5 %) registrados no se precisa el lugar del hecho», subrayó.

Cofavic denunció que en Venezuela no se dispone de cifras oficiales actualizadas ni de registros individualizados en los últimos años sobre crímenes contra mujeres, ni tampoco contra derechos humanos.

«Las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas», apostilló.