CNE archivos - Runrun

CNE

Jorge Rodríguez anuncia la instalación de una mesa para renovar el CNE

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez, anunció la tarde de este miércoles que la mesa de diálogo nacional inició la discusión para conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que asuma los próximos comicios en el país.

“Se instaló el día de hoy la mesa complementaria electoral, donde se pasa de inmediato a conformar el Consejo Nacional Electoral que asuma los procesos electorales venideros”, dijo Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.

Rodríguez también anunció que en dicha mesa se discutirá la conformación y el nombramiento de las nuevas autoridades del CNE y la elaboración de una “hoja de ruta” para el establecimiento de amplias garantías electorales.

 

 

*Puede leer también: En 10 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro en la cadena de este #15Oct

 

Rodríguez señaló que con la conformación de esta mesa se estaría cumpliendo con el segundo punto del acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y partidos electorales de oposición.

En el encuentro que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, también participaron Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica, entre otros.

El ministro además anunció que en las próximas horas el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente hará anuncios sobre sustitución de medidas para las personas que estén privadas de libertad.

 

 

*Con información de El Pitazo y Panorama 

El G4 rechaza participar en parlamentarias adelantadas

LUEGO DEL ACUERDO QUE SUSCRIBIERON ALGUNOS GRUPOS minoritarios de oposición (el G4) con el gobierno de Nicolás Maduro el pasado lunes 15 de septiembre, en uno de cuyos puntos se hace referencia a realizar procesos comiciales, parece inminente que el Ejecutivo, valiéndose de la asamblea constituyente convocada por el mandatario, procederá a organizar unas elecciones parlamentarias adelantadas para comienzos de 2020, con lo que buscará sacar del juego la actual versión del Parlamento, que cuenta con amplia mayoría de la oposición.

El 12 de agosto, la constituyente conformó una comisión para estudiar y hacer “consultas populares”, sobre la necesidad de adelantar las elecciones parlamentarias, y cuatro días más tarde, el propio Nicolás Maduro exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la constituyente a iniciar el proceso. “Me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle y en lo político en las próximas elecciones le vamos a dar la pela del siglo a la derecha golpista, vende patria”, expresó el mandatario durante un encuentro de consejos productivos de trabajadores.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC, ha dicho que las elecciones de 2020, previstas en la Constitución pueden hacerse en cualquier momento del año, “incluso en enero”. El secretario general nacional de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, confirmó a TalCual que para esa tolda, firmante del acuerdo con el chavismo, “el tema que tenemos en frente es la elección parlamentaria”.

Más información en TalCual.

Stalin González:

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González dijo este miércoles que cambiar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) no garantizará la realización de elecciones libres en el país.

Durante su participación en el foro Elecciones libres en Venezuela, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Parlamentarios, González afirmó que “Ir a una elección libre no es nada más cambiar el CNE”.

El diputado instó a los venezolanos a luchar a fin de que se convoquen elecciones en el país y para que los políticos estén preparados ante una posible contienda electoral.

«El Poder Electoral es más que los cinco rectores, es una estructura que tiene una cobertura nacional y que claramente desde las parlamentarias del año 2015 ha dado muestras fehacientes de no tener un comportamiento imparcial», dijo.

Stalin González: Son libres de hacer lo que quieran pero no tienen capacidad para cumplir acuerdo
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, Stalin González aseguró que los grupos minoritarios que firmaron un acuerdo de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, “son libres de hacer lo que quieran, pero no tienen capacidad para cumplir acuerdo”. 
 
En los jardines del Palacio Federal Legislativo, González aseguró que el régimen de Maduro se burla de todo el país, la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas por haber estado en dos procesos de diálogos. 
 
El vicepresidente y representante de la negociación aseguró que mantienen contacto con Noruega y que estarían dispuestos a volver para aprobar un acuerdo “integral”. 
 
Sobre el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, González recordó que la Constitución establece la forma de elección y que debe hacerse en el Parlamento. 
 
“Si ellos van a respetar la constitución, renovar el CNE, estamos dispuestos a contribuir con las normas”.
 
Renovación del CNE acuerdan el gobierno y 4 partidos minoritarios

Tras la instalación de una mesa nacional de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y cuatro partidos “adversos” a su política, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este 16 de septiembre que se renovarán las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora está presidido por Tibisay Lucena.

Desde la Cancillería de la República, el ministro aseguró que este acuerdo, junto a otros cinco, se cumplirá de forma inmediata; indicó que de forma paulatina se formalizarán otros acuerdos parciales, que incluye un balance sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la superación del desacato de la Asamblea Nacional.

Estos cuatro partidos opositores a Maduro que suscribieron el acuerdo son Cambiemos, Soluciones para Venezuela, Avanzada Progresista (AP) y Movimiento Al Socialismo (MAS). Los dos últimos participaron
en el proceso comicial del 20 de mayo de 2018, cuestionado por la oposición y por la comunidad internacional debido a la falta de transparencia y garantías.

Sigue leyendo esta nota de Sammy Paola Martínez en El Pitazo

Rodríguez Zapatero renuncia como mediador en la crisis venezolana

EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tirado la toalla como mediador en la crisis política entre las facciones de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

De acuerdo con el diario El Confidencial, el político socialista desistió después de tres años en los que lidero la mesa de dialogo iniciada en República Dominicana, y que se disolvió sin un acuerdo entre las partes en febrero de 2018.

En ese entonces, Rodríguez Zapatero propuso un Acuerdo de Convivencia Democrático por Venezuela, que entre otros puntos, proponía una comisión de la verdad para reparar a las víctimas de abusos cometidos por el Estado durante protestas, un consenso para impulsar reformas económicas y lacelebración de elecciones legislativos

Aunque el gobierno de Maduro firmó el acuerdo y trató de imponer su aplicación, la entonces coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se levantó de la mesa tras alegar que no había garantías para la realización de elecciones en un mes, con la actual directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El político mantuvo sus esperanzas en la mesa de dialogo hasta la llegada de Juan Guaidó a la presidencia interina, donde su figura fue perdiendo relevancia hasta las reuniones de Oslo del pasado mayo, en donde no tuvo participación.

No obstante, ha mantenido sus constantes viajes a Venezuela y República Dominicana, siendo su última visita al país en marzo, cuando estuvo solo por una noche. “Cada vez que Zapatero viene a este país pasan cosas terribles. Para nosotros, él no es ni mediador ni interlocutor. Yo no entiendo a qué vino, quizá se le olvidó un cargador en el Meliá”, expresó en su momento el diputado Miguel Pizarro.

Según fuentes cercanas al diplomático, también estuvo la semana pasada en Santo Domingo, ya que al haber fungido por varios años como mediador, es habitual que acuda para asesorar a políticos de ambas partes, a pesar del rechazo general que posee entre las filas opositoras y partidos de derecha españoles como Vox, que le catalogó como un “embajador de Maduro”.

“Hasta cierto punto, puedo entender el fracaso de Zapatero, resulta muy difícil trabajar con la oposición venezolana porque está desunida, cada cual va a sus intereses y, además, muchos de ellos han sido financiados por el propio Gobierno de Maduro“, declaró a El Confidencial un ex alto mando del chavismo que hoy lleva su propia mediación entre Estados Unidos y Caracas.

También afirma que las negociaciones en Oslo son “una pantomima”, pues el madurismo también está dividido en facciones que desconfían entre sí, y grupos como el encabezado por Cilia Flores consideran las reuniones “una traición contra su marido”, a la vez que otros llevan conversaciones aparte con Estados Unidos para acordar una transición sin sangre.

Distanciado de Venezuela, el español ha tornado la vista hacia los conflictos internos de su propio país, ofreciéndose para mediar en la crisis entre el gobierno de su copartidario Pedro Sánchez y el movimiento independentista de Cataluña.

Recientemente ha sostenido conversaciones con el líder del partido secesionista Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, quien se encuentra encausado por el Tribunal Supremo español.

De estas reuniones, levantó polémica entre los sectores unionistas por sugerir que se estudie indultar a todos detenidos por el denominado Procés, para “recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia“.

Lo que esperamos de Oslo, por Víctor Álvarez R

ENTRE 2016-2019 TIENEN LUGAR EN VENEZUELA cuatro procesos de diálogo y negociación para abordar las crecientes tensiones y conflictos entre el Gobierno y la Oposición. Estos mecanismos alternativos se activan ante el progresivo deterioro del marco constitucional, del entorno institucional y de los mecanismos del sistema democrático. Sin embargo, no siempre lograr resolver el conflicto y, con frecuencia, solo han servido para que el Gobierno gane tiempo y se prolongue en el poder.

La legitimidad de origen se pierde cuando un gobierno electo en las urnas no garantiza los derechos esenciales de una democracia integral, tales como el respeto a los derechos humanos, el sometimiento al Estado de derecho, las elecciones oportunas y transparentes, la consulta popular para solucionar las crisis de gobernabilidad, la transparencia en la administración de los fondos públicos, la libertad de expresión y la separación e independencia de los poderes públicos.

El debilitamiento de las instituciones democráticas también se manifiesta en la impugnación de diputados para quebrar la mayoría calificada lograda por la Oposición en la Asamblea Nacional; en las maniobras para inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos ganadores; en la prisión de dirigentes estudiantiles, sindicales, parlamentarios y políticos opositores; en el amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación social; en la criminalización de la crítica y de la protesta; en el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.

La escasez, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas; la inflación y alto costo de la vida; el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; el colapso del sistema educativo y hospitalario; el deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura; las manifestaciones y creciente conflictividad social; los robos, secuestro, homicidios y otras formas de criminalidad; la corrupción y despilfarro de los presupuestos públicos; el nepotismo y tráfico de influencias en el nombramiento de altos funcionarios; la colonización y abuso de poder en detrimento de otros poderes públicos; los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales, son indicadores de la pérdida de la legitimidad del gobierno.

El régimen quebrantó el principio básico de ‘la separación e independencia de los poderes públicos'” al subordinar a sus directrices al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo Nacional Electoral (CNE). En reiteradas ocasiones el Poder Ejecutivo solicitó al Poder Judicial la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo controlado por la Oposición, y así lo hizo el TSJ. Y el CNE convocó elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes en las fechas que más convenían a los candidatos oficialistas. Con la imposición de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la convocatoria ilegal de las elecciones presidenciales se acentuó la deriva autoritaria del gobierno.

Al estrechar el margen al pluralismo y amenazar la alternabilidad en el poder, se agudiza cada vez más el conflicto político, el cual desemboca en ciclos de violencia que han puesto al país al borde de una confrontación civil. Desde 2014, diferentes procesos de diálogo y negociación se han puesto en marcha para conjurar la amenaza de una confrontación civil de impredecibles consecuencias.

La Conferencia Nacional por la Paz de 2014

En el primer trimestre de 2014, antes de cumplir un año en la Presidencia de la República, a Nicolás Maduro le tocó enfrentar una ola de violentas manifestaciones lideradas por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, con un saldo de 43 fallecidos, 486 heridos y 1.854 detenidos, según la Fiscalía General de la República.  

En este ambiente de cruentas confrontaciones, a finales de febrero de 2014 Maduro convocó una Conferencia Nacional por la Paz, en la que participaron sectores políticos, representantes de poderes nacionales, regionales, municipales y del sector empresarial. Fueron invitados como testigos de buena fe la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Nuncio en Caracas y el Secretario de Estado de El Vaticano. Motivados por los acompañantes internacionales, luego se incorporó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya propuesta se enfocó en:

  • Transformar la Comisión parlamentaria de la Verdad en una Comisión Nacional y crear una Comisión para la libertad de las personas detenidas.
  • Abordar los problemas de escasez, inflación, inseguridad, violencia, impunidad, desarme y desmovilización de los grupos paramilitares.
  • Regularizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y asumir el compromiso de renovar los poderes públicos tal como lo establece la Constitución.

No se debatió una salida electoral toda vez que Nicolás Maduro tenía apenas un año de haber sido elegido Presidente de la República. Se trató de un proceso sin rigurosidad metodológica en el que los protagonistas no manifestaron mayor voluntad política. Sin lucir mayores resultados, este fallido intento no logró erradicar el germen de la violencia, ni mucho menos la polarización.

La Mesa de Diálogo Nacional 2016-2017

A raíz de la derrota sufrida por el Oficialismo en las parlamentarias de 2015, el Gobierno maniobró para impedir el control de una Asamblea Nacional que en adelante estaría controlada por la Oposición. La colonización del TSJ con la apresurada designación de magistrados procedentes de las filas del Oficialismo sirvió para impugnar cuatro diputados del estado Amazonas y romper la mayoría calificada que había logrado la Oposición. Luego vendría la declaración de desacato del parlamento por parte del TSJ. Estos eventos desencadenaron una larga  crisis institucional que no se ha podido superar.

En abril de 2016, la MUD había iniciado la recolección de firmas para solicitar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Debido a la pérdida de su base electoral y temiendo una nueva ola de protestas, el Gobierno se propuso ganar tiempo a través de una nueva iniciativa de diálogo y negociación. En mayo de 2016, Maduro invitó a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana y Martín Torrijos, ex presidente de Panamá, para explorar la viabilidad de una mediación con la Oposición, la cual contaría con el aval de Unasur.

Si bien el CNE avaló los primeros trámites para el referéndum revocatorio, luego de dos marchas multitudinarias convocadas por la Oposición, decidió paralizar el siguiente requisito que consistía en la recolección de firmas del 20% de los electores. Esta maniobra se sustentó en las medidas cautelares que habían dictado varios juzgados de provincia, sin competencia en materia electoral, supuestamente por vicios de ilegalidad en la recolección de firmas. En estas aguas turbulentas se instala la Mesa de Diálogo Nacional entre Gobierno y Oposición, cuya primera reunión fue el 31 de octubre de 2016, con la presencia del Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, los tres expresidentes antes mencionados y el enviado del Papa, Monseñor Paul Tscherrig, bajo la figura de acompañantes internacionales.

Las delegaciones se comprometieron a poner en práctica una hoja de ruta para normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado; el respeto recíproco y explorar medidas económicas para mejorar el abastecimiento; trabajar conjuntamente en el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminaban su mandato en diciembre 2016; la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo; y reforzar institucionalmente el diálogo mediante la creación de una Comisión de Seguimiento.

Ante los pocos avances, el Secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, demandó a las delegaciones iniciativas concretas antes del próximo encuentro. Pero la designación unilateral por parte del TSJ de dos rectoras del CNE que tenían su plazo vencido, con la excusa del desacato de la Asamblea Nacional, terminó de dar al traste con la Mesa de Diálogo. El 19 de enero de 2017, el Vaticano se retiró y la Oposición anunció que solo asistiría una vez que se cumplieran las exigencias de la carta enviada por Parolin.

A diferencia de la experiencia de 2014, la Mesa de Diálogo de 2016 contó con una metodología y el acompañamiento de terceros que fueron bastante activos. Sin embargo, careció de voluntad política y representatividad de las partes involucradas. La Oposición se sentó dividida y los voceros enviados no eran los líderes decisores. El gobierno aprovechó esta situación y fue muy poco lo que cedió.  

Mesa de Diálogo en República Dominicana 2017-2018

La ruptura del orden constitucional por parte de la Sala Constitucional del TSJ, mediante sentencias Nº 155 y 156 del día 28 y 29 de marzo de 2017, en las que retiraba las atribuciones a la Asamblea Nacional desencadenó una nueva ola de protestas violentas con una frecuencia casi diaria, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017. La represión de las protestas dejó entre 134 y 165 personas fallecidas. En este período, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó un total de 6.729 manifestaciones en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias. El Foro Penal, contabilizó 824 nuevos presos políticos entre abril y diciembre del año 2017, así como irregularidades en el debido proceso.

En un país semiparalizado por los violentos disturbios, Maduro decidió convocar el 1 de mayo de 2017 una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a ser elegida el 30 de julio, sin antes realizar la consulta popular, tal como lo establece la Constitución, cuestión que exacerbó los ánimos y recrudeció la conflictividad política y social.  

En medio de las tensiones generadas, se instaló un nuevo mecanismo de diálogo facilitado por el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con una activa participación del expresidente español Rodríguez Zapatero. Las reuniones exploratorias entre Gobierno y Oposición se realizaron el 13 y 14 de septiembre de 2017. A este nuevo intento se uniría un grupo de Países Amigos conformado por México, Chile, Nicaragua y Bolivia para hacer el seguimiento del proceso, el cual sufrió demora debido a la convocatoria de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Nuevamente la Oposición se dividió entre los abstencionistas y los que decidieron participar, a pesar de la falta de condiciones y garantías electorales.

La primera reunión fue el 1-2 de diciembre de 2017 y el avance más importante la redacción de un borrador de acuerdo por parte de los cancilleres a ser considerado por las delegaciones. Sin embargo, predominaron los desacuerdos en: a) soberanía y levantamiento de sanciones; b) fecha de la elección presidencial, condiciones y garantías electorales; c) respeto a la institucionalidad constitucional; d) Comisión de la Verdad, presos políticos, exiliados, DDHH; e) regularización de la actividad política; y, e) desconocimiento de la ANC por parte de la Oposición.

En la sexta ronda realizada entre el 6 y 7 de febrero de 2018, no se logró un acuerdo y el gobierno dominicano declaró el diálogo en “receso indefinido” Si bien la Mesa de Diálogo en Dominicana no logró concretar un acuerdo final, es la iniciativa que más avanza en la identificación de todos los puntos consubstanciales a la resolución del conflicto, tanto en su gestión como en el abordaje de sus causas.

El Mecanismo de Oslo 2019

El “receso indefinido” declarado en República Dominicana ha terminado con el reinicio de los contactos entre Gobierno y Oposición en Oslo. Este nuevo intento por lograr una solución política y pacífica a la crisis venezolana no arranca desde cero sino a partir de los avances logrados en los procesos anteriores, cuestión que ayudará al logro de consensos en torno a una agenda de interés nacional.

Después de los sucesos del 30 de Abril, tanto el Gobierno como la Oposición están en una situación de incertidumbre sobre el estado de sus fuerzas. Más que por convicción, asisten a Oslo por necesidad. En tales circunstancias, la mediación de terceros tendrá una mayor margen para facilitar un acuerdo por la vía electoral.

Y la solución tiene que ser electoral porque en los dos comicios que ha ganado Nicolás Maduro su legitimidad ha quedado en entredicho. En las presidenciales de 2013, el estrecho margen con el que ganó y las acusaciones de ventajismo oficialista dejaron muchas dudas. Luego, a raíz de los violentos conflictos del  año 2017, la ANC se apresuró en convocar elecciones presidenciales para el 20 de Mayo de 2018, sin las condiciones y garantías electorales básicas. Al no ser convocadas por el CNE fueron consideradas ilegales y, por lo tanto, la elección de Nicolás Maduro fue declarada nula. Una vez culminado su primer mandato, la Oposición y sus aliados internacionales no reconocen el segundo y consideran que Maduro está usurpando el cargo de Presidente de la República. La única manera de superar esta crisis es convocar una nueva elección presidencial para que la ciudadanía sea la que decida. Ese es el acuerdo que esperamos de Oslo.

 

@victoralvarezr 

Una propuesta indecorosa, por Marianella Salazar

EL USURPADOR TIRA LA PARADA en “las oposiciones” a ver quién la agarra y cae en el juego de participar en unas elecciones legislativas, como ya lo hizo en mayo de 2018 Henri Falcón, en la farsa electoral donde sirvió de esquirol para darle viso de legalidad a una reelección presidencial en la que 80% de la población demostró su repulsa unánime.

Los resultados de esa patraña, convocada por la ilegítima  asamblea nacional constituyente fueron desconocidos por la comunidad internacional, que de forma determinante reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

En su intento desesperado de disolver al único poder legítimo en Venezuela lanza esa propuesta indecorosa de hacer elecciones legislativas. Maduro se comporta como lo que es, un dictadorzuelo que hace mal uso del poder, que persigue, secuestra, encarcela, tortura, logra que se asilen en embajadas o abandonen el país a más de 30 diputados, entre ellos, el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien  se negó a  bajarse de su automóvil para ser detenido y de forma brutal fue arrastrado en una grúa hasta su sitio de reclusión. Así el usurpador le demuestra al mundo que es capaz de ejecutar cualquier acto de barbarie.

En su intento por aislar y aniquilar a Juan Guaidó -que se mantiene como la esperanza de todos los venezolanos y la única oportunidad de cambiar ésta trágica historia-, pretende recortarle su mandato y se “bypassea” la Constitución al intentar adelantar las elecciones legislativas con el concurso de un tramposo Consejo Nacional Electoral, que fue capaz, entre otras muchas tropelías, de arrebatarle descaradamente la Gobernación del estado Bolívar al dirigente político Andrés Velásquez.

El régimen viene desconociendo al Poder Legislativo (no podemos olvidar cómo impidieron la incorporación de los diputados electos y proclamados por el estado Amazonas), irrespeta la inmunidad parlamentaria, para eso cuenta con el auxilio de un Tribunal Supremo de Justicia en manos de un ex presidiario que autoriza enjuiciar a los diputados sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que tiene en exclusividad esa competencia. Además de las atrocidades judiciales, los diputados están siendo víctimas -incluso en sus residencias- de actos de repudio por parte de grupos paramilitares conocidos como colectivos, unos facinerosos cargados de odio que son capaces de los actos más abominables y viles. También se les impide el acceso a la sede del Capitolio, como lo hacen con la prensa y los empleados de la Asamblea, a quienes se les niega el paso con prácticas rocambolescas, como las supuestas desactivación de bombas, con la toma por parte de contingentes de la GNB, o con la violencia verbal o física de sus colectivos.

Es toda una odisea, sortear esos desafueros para sesionar en la cámara, como lo hicieron ayer los  valientes diputados, encabezados por su presidente Juan Guaidó, para  rechazar el fraude electoral del 20 de mayo  de 2018 que ha provocado la crisis política, social y económica más devastadora y sin precedentes en la historia del país.

El intento de usurpar el Poder Legislativo empeora la situación del tambaleante dictador, le ocasiona un alto costo político que solo refuerza el clamor de su salida inmediata. En cualquier tipo de negociación su desalojo del poder es la única opción para salvar al país de la debacle que ha producido. Maduro y sus secuaces, cada vez más crueles y erráticos  no dejan otra alternativa que el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

 

@AliasMalula