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José Brito, Conrado Pérez y Luis Parra empiezan la pelea por la directiva de Primero Justicia
El partido había quedado ilegalizado en febrero de 2018 luego de que el CNE le impidiera seguir con la recolección de firmas para su renovación
El diputado Brito aseguró que la dirigencia de la tolda debe estar en Venezuela

 

Aunque hasta hace pocos meses los diputados de la Asamblea Nacional, Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito criticaban las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ahora acuden con total confianza para pedir una respuesta ante su “expulsión” del partido Primero Justicia.

La mañana de este jueves, 16 de enero, Pérez y Brito fueron hasta el máximo tribunal – en el centro de Caracas- en compañía de supuestos militantes de la tolda amarilla para respaldar su acción de solicitar la nulidad de su autoexclusión – por no seguir los lineamientos del partido – y la renovación de las autoridades del partido.

Desde las afueras del TSJ el diputado – que apoya a Parra como supuesto presidente de la AN – aseguró que no hubo justificación para expulsarlos de Primero Justicia.

“Solicitamos la restitución de nuestras garantías como militantes, en virtud de que de forma violenta, ilegal e inconstitucional fuimos sometidos al escarnio público y expulsados de esta tolda, sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal y sin que se llevara a cabo una investigación”, aseguró el diputado del estado Anzoátegui.

Brito agregó que se les violó el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

Sobre la dirigencia del partido el diputado indicó que solicitaron ante la Sala Constitucional el nombramiento de una directiva que esté en Venezuela, ya que las actuales autoridades se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

“Nuestro petitorio es que pueda dar paso inmediatamente a una directiva que esté en Venezuela, que se ponga al lado de la gente y que pueda convocar lo más pronto posible elecciones internas”, explicó.

El diputado José Brito le pidió al partido que deje a un lado la confrontación y “se ponga del lado de la solución del pueblo”. 

En febrero de 2018 Primero Justicia quedó ilegalizado como partido luego de que el Consejo Nacional Electoral le impidiera terminar de recolectar las firmas para poder renovar la organización. Un proceso ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 59 partidos políticos, en la sentencia Nro. 01/2016 de la Sala Constitucional. 

Maduro presenta su #MemoriayCuenta2019 ante la ANC

El gobernante Nicolás Maduro presentó este martes 14 de enero la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2019 desde la asamblea nacional constituyente (ANC). 

Al inicio de su alocución, el mandatario acusó a los obispos venezolanos de politizar la procesión de la Divina Pastora, que se llevó a cabo hoy en el estado Lara.

“Repudiamos y rechazamos el intento de politizar y partidizar un acto que le pertenece al pueblo (….) jamás verán a ningún líder de la revolución manipulando procesiones. Nuestra fe en Dios es desde nuestro corazón”, puntualizó.

Maduro ratificó su reconocimiento a la ANC y sus “poderes plenipotenciarios” a los que dijo esta “totalmente subordinado”.

Rechazó además las agresiones emanadas desde la administración estadounidense. “Un fracaso sin atenuante para el imperio y sus lacayos”, dijo.

Un 2019 difícil

“El 2019 fue el año en que la derecha rompió todos los códigos y límites al colocarse de rodillas a las órdenes imperiales de EEUU”, y asegura esto quedó evidenciado el 23 de febrero cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria al país.

En su discurso Maduro reiteró la tesis de que los apagones generales que sufrió el país finalizando el primer semestre del 2019 fueron por consecuencia de una ataque informado realizado por Estados Unidos. Aseveró quedó demostrada la participación de EEUU y sus armas “en el diseño, planificación y ejecución del atentado”.

“Querían dejarnos sin energía eléctrica por meses, sin agua y sin comida y hospitales. Esta fue una acción de guerra no declarada contra todo el pueblo”, manifestó.

El mandatario venezolano también se refirió al madrugonazo militar del 30 de abril en el que un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) se sublevó. Al respecto detalló que en esos hechos apenas participó un “puñado pequeño” de traidores y que no tuvo ni eco militar ni popular.

Al mismo tiempo, denunció más de 50 acciones de espionajes e intentos de asaltos a cuarteles militares. Al respecto advirtió que “quien atente se encontrara de frente con los fusiles de la FAN”.

Por otra parte, volvió a culpar al gobierno de los Estados Unidos por la crisis económica que vive el país. “El imperio apretó el cerco de Estado que tiene contra nuestra patria. La guerra económica se continua intensificando. El imperio ha pretendido atarnos de pies y manos”, matizó.

Apoyo al CNE

Maduro avaló la labor del actual CNE y dijo estar dispuesto a dar más garantías al sistema electoral, incluso a aceptar el arribo de misiones de observadores para las venideras elecciones de la Asamblea Nacional. Al respecto, propuso que se invite a la ONU, a la Unión Europea y a “todas las organizaciones internacionales que quieran para que acompañen el proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional”.

Hizo también una amenaza: “lo que sí en este país no entrará el Luis Almagro. Ni la OEA ni Almagro entra a este país más nunca”, dijo, reiterando que su plantea consolidar y ampliar la mesita de diálogo. “Creo en el diálogo para conocernos y respetarnos”, dijo.

A punta de bonos

Aun sin hacer balance alguno de su gestión de gobierno, dijo que lo alcanzado en 2019 debe ser tomado como base para impulsar el desarrollo del país en este 2020.

En lo social, dijo que en el 2019 lo esencial fue proteger a las víctimas de la guerra económica, con los CLAP, los bonos y el carnet de la patria, asegurando que 17 millones de personas atendidas a través del carnet de la patria, mientras que el diciembre pasado “probamos con éxito el petroaguinaldo”, bono otorgado en la criptomoneda creada por el gobierno que, según dijo, se otorgó a 8 millones de personas.

Ya en días anteriores funcionarios del oficialismo habían asomado que el acto se realizaría ente la ANC y no ante la Asamblea Nacional (AN), tal como lo establece la Constitución, por considerar que el Parlamento no estaba en condiciones para recibir el mensaje anual de Maduro, en principio, por la figura de supuesto  desacato en la que el chavismo insiste que se encuentra el Poder Legislativo.

Misión vivienda

El gobernante de Venezuela durante la rendición de cuentas del año 2019 hizo referencia al tema de la misión vivienda. Sobre el tema Maduro dijo que desde el año 2011 hasta la fecha se habrían entregado “más de 3.600.000 viviendas”. Asismismo, señaló que el objetivo de cara al 2025 es hacer entrega de la vivienda número 5 millones.

El 26 de diciembre Maduro dijo anuncio la entrega de la vivienda número 3 millones, lo que indicaría que en apenas 14 días del mes de enero se han entregado 630 mil vivienda más

Estas cifras oficiales indicarían que en 2018 se construyeron 1.554 casas por día, lo que significaría la edificación de 64 casas o apartamentos cada hora -si se asume que las obras fueron continuas durante las 24 horas del día- lo que quiere decir que si seguimos las matemáticas durante 2018 el Gobierno Nacional tuvo que construir 1 casa cada minuto.

Nicolás Maduro celebró el trabajo que se ha realizado tras la creación de la misión Venezuela Bella. Según lo expuesto en su discurso “en un año de vida” se logró rehabilitar 2.500 espacios públicos y en estos se incluye la construcción de plazas, parques bulevares, miradores turísticos, iglesias y templos. Además de vialidad, iluminación y ornato en 167 ciudades de  la nación.

Educación y Salud

En referencia al tema de la educación pública, el mandatario afirmó que Venezuela ha mantenido el ritmo de avance y se ha logrado una expansión de 6% de la matrícula escolar y que más de un tercio de los venezolanos integran el sistema educativo “en todos los niveles hay más de diez millones de compatriotas estudiando en el sistema educativo venezolano”, explicó. Maduro también anunció que se aplicará un incentivo especial para los hogares de la patria que tengan a sus hijos e hijas en el sistema educativo.

Aunque recordó que en 2019 se llevaron a las instituciones educativas libros y útiles, resaltó la necesidad de que este año se produzcan todos estos materiales y uniformes. Asimismo, recalcó la necesidad de crear un plan que consista en la búsqueda de los jóvenes que están en situación de abandono para reincorporarlos a los salones de clases.

En área de salud Nicolás Maduro insistió en que ha sido uno de los derechos más golpeados por “por el sistema imperialista”. Según el Ejecutivo ha hecho de todo para mantener el sistema de salud en funcionamiento frente a las supuestas intenciones que reitera tiene el gobierno de los EEUU de destruirlo.

No obstante, Maduro detalló que en 2019 a través de la misión Barrio Adentro y el sistema público en fase de construcción se registraron casi  93 millones de consultas médicas gratuitas, de cuales 19 millones han sido casa por casa. Precisó que se realizaron 590 mil intervenciones quirúrgicas y se atendieron 37.300 partos y cesarías

Reconoció que en 2019 no se cumplió reducir la mortalidad infantil y materna.

CLAP e hiperinflación

Sobre el tema de alimentación, Maduro dijo que el papel de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP) ha sido fundamental para hacer frente a la crisis del país.

Aseguró que más de 120 millones de cajas CLAP fueron repartidas en 2019 con las que se lograron beneficiar a seis millones 200 mil familias.

“Los CLAP han cumplido su propósito de golpear la especulación en la misma medida que protege el ingreso asediado por la hiperinflación inducida contra el pueblo. Los CLAP han permitido mitigar los efectos de la guerra económica” recalcó.

Al tiempo, sostuvo que se ha mejorado de manera sostenida el abastecimiento en el país, quien ocupa la jefatura de la administración venezolana, añadió que la escasez bajó más de 15 puntos,

Maduro afirmó que se ha logrado frenar la hiperinflación “inducida” y se ha fortalecido expansión de la producción al pueblo por medio de la plataforma patria durante el año 2019. Detalló que la inflación anual para el cierre del año 2019 fue “mil veces menos a la proyectada desde EEUU”.

 

En 2019 la Asamblea Nacional se concentró en un cambio de gobierno
El Parlamento navegó entre las aguas del Legislativo y del Ejecutivo al mando de Juan Guaidó
El TSJ se dedicó a allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados sin seguir el precepto constitucional

@saracosco

El 29 de octubre durante un debate sobre la renovación del Poder Electoral, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso a la Cámara declararse en sesión permanente para que el chavismo consultara con el Psuv su participación en la Comisión Preliminar.

Aunque los diputados del “Bloque de la Patria” dicen desconocer a Guaidó, volvieron una semana después con una lista de nombres para incorporarse a la Comisión, que tiene la tarea de iniciar el proceso de nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, pasó de ser un poder en “desacato” – por un supuesto fraude electoral en el estado Amazonas denunciado por el chavismo – al protagonista de un intento de transición. Tanto así que, luego de una ausencia de dos años y cinco meses, los parlamentarios del Psuv regresaron al Parlamento.

El “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” se convirtió en el lema de la Asamblea Nacional durante el año 2019. Con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, el 23 de enero en una manifestación en Caracas, la transición política fue el foco de la Asamblea Nacional.

Este proceso se apalancó en el Poder Legislativo a través de un Estatuto – aprobado por los diputados opositores – que lleva como eje principal la interpretación del artículo 233 de la Constitución. 

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo. Así el presidente encargado con el aval de la Asamblea Nacional hizo distintos nombramientos. 36 representantes diplomáticos y Juntas Directivas Ad Hoc en filiales petroleras y petroquímicas venezolanas como Citgo y Pequiven.

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo.

 

Además Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, logró el reconocimiento de 60 países, entre ellos Estados Unidos, desde donde se han impuesto más sanciones a instituciones que maneja el gobierno de Nicolás Maduro como el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y también a funcionarios como los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) o los directores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Las sanciones más fuertes se dieron a principios de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva congelando todos los bienes e intereses del gobierno de Maduro en ese país. 

En ese momento el presidente Guaidó explicó que las sanciones solo afectarían al régimen de Maduro y a todos aquellos que hicieran negocios con ellos. Agregó que el sector privado no se vería afectado. “La orden ejecutiva aclara expresamente que los temas de alimentos, salud y humanitarios no están limitados”, aseguró en ese momento.

Aunque el objetivo con estas sanciones es presionar a Maduro para que deje el poder, esa meta no se alcanzó durante el año y Venezuela terminó con dos presidentes al mando, sumado a los dos Poderes Judiciales y Legislativos con la Asamblea Nacional y la Constituyente.

Año de persecución

Desde 2016 – cuando asumió la oposición como mayoría – la Asamblea Nacional se ha visto afectada en su labor por las constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anulando cada una de sus decisiones.

Este año no fue distinto, aunque el TSJ junto a la ANC se encargaron de anular a los diputados de la oposición. Sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Constitución, donde se indica que es el Parlamento el que decide sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria.

Hasta ahora son 36 los diputados que se encuentran en esta situación, optando por pasar a la clandestinidad, salir del país o refugiarse en embajadas en Caracas. Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos. La Causa R lo calificó como un destierro.

Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos.

 

Incluso el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó fue víctima de una de estas sentencias de allanamiento, aunque siguió con su doble labor durante el año. Pero uno de sus miembros más cercanos, Roberto Marrero, jefe de Despacho de la AN, fue detenido por funcionarios del Sebin la madrugada del 21 de marzo. Hasta el momento no ha recibido sentencia y la próxima audiencia de juicio será el 8 de enero.

Caso similar al del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) quien se encuentra detenido desde agosto del año pasado – acusado de formar parte del atentado con drones contra Maduro. Tampoco ha recibido sentencia porque sus audiencias de juicio son constantemente diferidas. 

El regreso del chavismo

Mientras a los diputados opositores se les allanaba la inmunidad, el chavismo decidió regresar a la Asamblea Nacional, de la cual se ausentaron por dos años y cinco meses. 

Esta decisión de volver se dio después de anunciar un proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios de la oposición, entre ellos Cambiemos y Avanzada Progresista que cuentan con representación dentro del Parlamento.

Sin embargo continuaron con el argumento de que la AN se encuentra en desacato y que deben cumplir una sentencia del TSJ – regresar a la Junta Directiva de 2016 – para salir de este modelo y poder regresar a la “legalidad”.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

 

Aún con el supuesto desacato, los chavistas propusieron modificaciones en el orden del día, votaron a favor de un proyecto de acuerdo sobre la participación de los diputados en el Parlasur y también dicen estar de acuerdo en aprobar la Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del sector Eléctrico.

Renovar al CNE

Como lo ha repetido el presidente Guaidó y los diputados opositores a lo largo del año, el objetivo final es lograr elecciones “libres”. Esto pasa por renovar a la directiva del Consejo Nacional Electoral, una prerrogativa de la Asamblea Nacional, según el artículo 296 de la Constitución.

Con el regreso del chavismo al Parlamento y bajo negociaciones, las dos bancadas conformaron una Comisión Preliminar para iniciar este proceso. Aunque la oposición aseguró que es para tener elecciones presidenciales, el chavismo mantiene la postura de que solo corresponden los comicios legislativos el próximo año.

“Venezuela no volverá al sistema financiero mundial si no hay una elección presidencial. Mientras Maduro esté en Miraflores las sanciones van a seguir”, declaró a los medios el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González.

Aunque la Comisión Preliminar se instaló el 13 de noviembre, con la conformación de una subcomisión para hacer el cronograma y así hacer la convocatoria de la sociedad civil, para que se una al Comité de Postulaciones, hasta la fecha no ha avanzado. 

 Leyes a la espera

Ciertamente durante el año 2019 la función legislativa de la Asamblea Nacional fue dejada a un lado. 

Solo se sancionaron tres leyes enfocadas en lograr el objetivo del “cese de la usurpación” con el Estatuto que rige la Transición a la Democracia; la Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares y la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que participen en el Restablecimiento de la Democracia.

Otras legislaciones como la de Protección al Salario y la Reforma de Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fueron diferidas, esta última en al menos dos oportunidades. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

 

Esta Comisión, presidida por Elías Matta (UNT-Zulia), tiene ya en su “archivero” tres proyectos de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; Ley de Minas y la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. Además también trabajó en la elaboración de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico.

En esta misma área la Comisión de Energía junto a la Comisión de Administración y Servicios tendrá la labor de estudiar el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Este proyecto, que busca un préstamo de 350 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para reducir los apagones en los estados más afectados, no tiene el visto bueno de todos los diputados opositores. 

Primero Justicia y Voluntad Popular no están convencidos de aprobar la ley, pues explicaron que el crédito sería solicitado y manejado por el régimen de Maduro. Aunque la Ley estaba prevista para su primera discusión a mediados de noviembre, fue diferida y ahora es tarea pendiente para 2020, como también lo sigue siendo el “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Dic 10, 2019 | Actualizado hace 1 mes

Las redes sociales se han convertido en la comidilla de la buena fe o inocencia de muchos, atrapados en los boots del gobierno, con más de 5000 cuentas falsas y pagadas”.

 

El estudio reciente del Centro de Estudios de Política y de Gobierno de la UCAB (CEPYG/UCAB/Félix Seijas), refleja registros que es menester analizar para colocar la realidad política venezolana en una justa dimensión. 

Podemos adelantar varias conclusiones que analizaremos en el cuerpo de este ensayo. 1.- Se mantiene la percepción que el responsable de la crisis del país es el Gobierno Nacional y Nicolás Maduro [70%]. 2.- La desesperanza se apodera del país pero paradójicamente se mantiene la confianza que Guaidó logrará el cese de la usurpación 3.- El venezolano quiere votar [78%] condicionando cambio de CNE y salida de Maduro como candidato.  4.- Un 35% de la oposición cree que la protesta debe ir a mayores riesgos [radicalización de la oposición] y más un 30% sigue dispuesta a salir y luchar. 5. Gobierno Interino de Juan Guaidó mantiene más de un 50% de confianza ponderada [después de la iglesia Católica, Estudiantes, Universidades, Empresarios, Organizaciones ciudadanas y AN] Vs. un 20% ponderado, los críticos a la oposición [últimos en la lista de 25 instituciones evaluadas] 

 

Entre mitos, leyendas y realidades urbanas

No cabe duda que la realidad del país es insuflada y distorsionada inmensamente por las ansiedades de posicionamiento de matrices del branding digital. Las redes sociales se han convertido en la comidilla de la buena fe o inocencia de muchos, atrapados en los boots del gobierno, con más de 5000 cuentas falsas y pagadas para confundir, calumniar y falsear, más otro pelotón de radicales de oposición. 

Pero como nos decía Manuel Vincent, “quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”. Y así como existe una verdad tórrida del lado oscuro de la oposición-escandalizada por radicales y avatares anónimos-también existe un otra elocuente realidad: El pueblo Venezolano de los targets más bajos [C,D y E que representa el 94% de la muestra], respalda mayoritariamente sus instituciones como la Iglesia católica, los empresarios, los estudiantes, las universidades, la AN y el Gobierno interino de Guaidó; siendo que por el contrario, rechaza las salidas, posturas y críticas radicales.  

La política desde las gradas y no desde la arena “del león” nunca ha pegado con las preferencias de las masas. El líder debe bajar al terreno de la contienda y demostrar sus fortalezas y su disposición a dar la pelea con el más felino enemigo. Las conjuras detrás de las columnas o de los teclados siempre han existido, pero no tienen rostro de vencedores. Y aun llegando al poder, se hace efímero.  

Otro dato interesante del CEPYG/UCAB/Seijas es que la gente aun desesperanzada está dispuesta mayoritariamente protestar [subiendo el nivel de riesgo] y votar [bajo ciertas condiciones]. En otras palabras, la intervención armada internacional-que nunca ha sido un planteamiento plausible ni en lo político ni en lo jurídico-se reduce a un 5% de respaldo de la población, contra un 48% que está dispuesta  a luchar con [18%] o sin armas [31%]. 

Pero quizás la leyenda urbana que queda más en evidencia es creer que la gente piensa mayoritariamente que “Maduro sólo sale a golpe y porrazo, que aquí no hay nada que hacer y lo mejor es quedarme en casa y esperar” […] 

La expectativa de un golpe de estado es respalda por un 5% de la población. Creer que esto se lo llevó quien lo trajo y no hay nada que hacer sino irse a una rebelión armada, cuenta con un rango de 1% al 18%, siendo que quienes piensa que lo mejor es quedarse en casa, no llegan a un 20%.

En conclusión la inmovilización que vive el país es producto de una desesperanza innegable, pero también por la exacerbación de manipulaciones y narrativas “notables”, que afortunadamente gozan de un muro de resistencia superior a la tergiversación de los hechos y la hiper-escandalización de la realidad.  La conciencia y la sensatez de una mayoría de amplia base popular aun en su fatiga y su miseria es más notable que la de los intelectuales apocalípticos. El Presidente Juan Guaidó mantiene una amplia aprobación del pueblo quien sigue apostando al voto como herramienta de cambio y la protesta como método de lucha no violenta, por una razón muy profunda: le ven como reflejo de un interés propio y humilde. Y desde ese mismo reflejo humilde y pero lúcido, mantienen intacta el rechazo a Maduro [85%] por ser responsable de la crisis.  Que cosas que los “más educados” que se auto califican opositores no lo ven así.

 

El 2020. Todo o Nada

Una combinación de factores, internos y externos, impiden que la ecuación protestas más negociación, quiebre militar  y presiones internacionales, conduzcan al desenlace. La tarea pasa por revisar la descentralización real de las protestas, su masividad eficiente, la prolongación del diálogo, la brecha del discurso civilista y militar, y la alineación de las presiones internacionales.  

El 2020 demanda tres elementos esenciales: 1.- Radicalización de la narrativa del liderazgo, 2.- Reestructuración de la disciplina militante y estrategia de calle y 3.-Realineación de la comunidad internacional.  

No pierdo para nada la convicción que lograremos el objetivo de restauración democrática y rescate país. Pero buscamos la verdad en la arena con los leones, no en las gradas [en los teclados],  con los emperadores…

 

@ovierablanco

Comisión Preliminar da su primer paso para escoger nuevos rectores del CNE
Los diputados de ambas bancadas conformaron una subcomisión que se encargará de realizar un cronograma
El siguiente paso es convocar a la sociedad civil para conformar el Comité de Postulaciones Electorales

@Saracosco

La Comisión Preliminar está servida para iniciar el proceso de renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Desde el Salón Francisco de Miranda, del Palacio Federal Legislativo, los diputados opositores y chavistas de la Asamblea Nacional, instalaron la Comisión que dará inicio a todo el procedimiento para nombrar nuevos rectores del órgano electoral.

La sesión se llevó a cabo con los 11 diputados que fueron escogidos en las últimas dos semanas, en la plenaria del Parlamento. Fue una reunión privada donde acordaron crear una subcomisión para planificar el cronograma y que el segundo vicepresidente, Stalin González, sea el director del debate.

El diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) mencionó – al salir de la reunión- que será el coordinador de esa subcomisión y estará junto a William Gil (Psuv-Lara), Jesús Montilla (Psuv-Falcón) y Luis Aquiles Moreno (AD-Miranda).

Esperan reunirse la próxima semana y así iniciar el trabajo para escoger a los 10 miembros de la sociedad civil. Luego de este paso se conformará oficialmente el Comité de Postulaciones Electorales.

Para las dos bancadas lo importante es poder avanzar y llegar a un acuerdo para renovar el Poder Electoral. Tanto Ángel Medina como el diputado Julio Chávez (Psuv-Lara) hicieron ver que el encuentro fue positivo. 

“La instalación de esta Comisión es una muestra de lo que somos capaces los venezolanos, de entendernos por encima de las diferencias y que el mensaje que estamos enviando es de paz”, agregó Chávez en sus declaraciones a la prensa.

El diputado Medina expresó minutos antes que lo más importante se logró en la plenaria, cuando la mayoría de los parlamentarios votó a favor de la conformación de la Comisión Preliminar. 

“Este es un primer mensaje importante para la nación, entender que la Asamblea Nacional, está haciendo el trabajo que corresponde. Pero sobre todas las cosas, está trabajando y esta vez, bajo un acuerdo de prácticamente todas las fracciones parlamentarias”, señaló Medina.

Por ahora queda elegir a los 10 miembros de la sociedad civil y luego proceder a recibir las postulaciones a rectores, que todavía no se ha definido cuántos serán. Sin embargo Medina recalcó que están dispuestos a cambiar todos los rectores “que sean necesarios”.

Lo vital para la bancada opositora es recuperar la confianza del voto y lograr unas elecciones “realmente libres”. El objetivo es que el año que viene se convoque a unas presidenciales, aunque el Psuv apunta a que solo corresponden las parlamentarias.

“En efecto (el nombramiento de los rectores) nos debe llevar a realizar las elecciones que corresponde de acuerdo a la Constitución. Porque si algo hemos consensuado, es que todo será en el marco de la constitución”, enfatizó Chávez.

Sobre esto el diputado Ángel Medina señaló que no corresponde al Poder Legislativo o al Ejecutivo llamar a elecciones y que serán los nuevos rectores los que indiquen qué elecciones se convocan y cuándo.

Por eso recordó que han rechazado las últimas elecciones que han sido pautadas por la asamblea nacional constituyente.

“Es el Poder Electoral el que determina cuándo se convocan a elecciones”, puntualizó.

Luces y sombras para nombrar a un nuevo CNE

Acceso a la Justicia considera un hecho histórico y un paso significativo la conformación de la Comisión Preliminar con la participación de diputados de la oposición y parlamentarios oficialistas, que integrará el Comité de Postulaciones Electorales. Este comité tiene el objetivo de designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).  Desde 2003, la Asamblea Nacional (AN) no ha nombrado de manera plural (gobierno y oposición) al directorio del ente comicial. Por el contrario, esta competencia la ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al usurpar las funciones del Poder Legislativo en 2003, 2005, 2014 y 2016, y el Parlamento solo la ha ejercido cuando no ha tenido oposición en su seno (2006 y 2009).

Hasta ahora, el Comité de Postulaciones Electorales cuenta con nueve de los once diputados requeridos por la ley: seis son de oposición y tres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De los dos que faltan, uno será por los partidos minoritarios de oposición y el otro por el partido del gobierno. Aunque el régimen de Nicolás Maduro se ha amparado en la falsa e inconstitucional tesis del desacato del Parlamento para invalidar sus actos, en esta oportunidad, y tras la reincorporación del llamado Bloque de la Patria, participa en un proceso previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), normas que le otorgan facultades a la AN para nombrar a los rectores con garantías democráticas.

La Comisión Preliminar tiene como función evaluar a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, que es quien selecciona a los candidatos al cargo de rector del órgano electoral. Una vez que la Comisión Preliminar evalúa a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, presenta una lista de preseleccionados a la plenaria de la AN, que por el voto de sus 2/3 partes elige a diez miembros. En total, el Comité estará integrado por veintiún miembros.

Acceso a la Justicia enfatiza que la diferencia fundamental entre la Constitución y la LOPE es que la Carta Magna no establece que los diputados formen parte del Comité de Postulaciones Electorales, solo la sociedad civil. La Constitución tampoco dispone la creación de un órgano previo al Comité de Postulaciones Electorales, es decir, la Comisión Preliminar. Esto hace que el proceso de selección quede expuesto a un mayor riesgo de politización, lo cual es inconveniente debido a que, en medio de la crisis actual del país, se busca que el nuevo CNE esté conformado por personas independientes y con conocimiento técnico.

El proceso de designación

Corresponde al Comité de Postulaciones presentar a la plenaria de la AN una lista de candidatos para ser rectores del ente comicial.  Dentro de los seis días siguientes a su instalación el Comité de Postulaciones Electorales debe publicar la metodología para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores. Cada facultad de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales del país puede postular por lo menos a tres aspirantes; el Poder Ciudadano puede enviar un mínimo de nueve aspirantes, y cada organización de la sociedad vigente y activa puede presentar hasta tres candidatos.

El siguiente paso del proceso es la evaluación de los candidatos a rectores del CNE, durante el cual se analiza que se cumplan los requisitos y se elabora una lista de elegibles de cada sector. La lista debe contener, al menos, veintisiete candidatos de la sociedad civil, nueve de las universidades nacionales y por lo menos nueve del Poder Ciudadano. Finalmente, de la lista presentada por el Comité de Postulaciones Electorales, la plenaria de la AN mediante los votos de sus 2/3 partes designará a los rectores principales y suplentes del CNE.

Ley al margen constitucional

Acceso a la Justicia ha registrado la forma cómo se ha construido en Venezuela el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana para exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática. Muestra de los manejos para secuestrar los comicios es que, al comparar el procedimiento establecido en la LOPE para integrar el CNE a la luz del texto constitucional, se aprecia que la ley, sancionada en 2002 por un Parlamento dominado por el chavismo, está divorciada de lo preceptuado en el artículo 295 de la Carta Magna por diferentes razones:

1. El constituyente señala que el Comité de Postulaciones Electorales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, garantizando la despartidización en el proceso de elección. Sin embargo, se extendió la participación a los propios diputados de la AN, lo cual le resta imparcialidad, sobre todo al darle mayor peso a los diputados (once integrantes) frente a los representantes de la sociedad civil (diez).

2. El legislador invadió la reserva constitucional al contemplar otra instancia distinta al Comité de Postulaciones Electorales. De hecho, la LOPE crea la denominada Comisión Preliminar, que estará a cargo de los once diputados de la AN designados para integrar el Comité de Postulaciones, con lo cual se desvirtúa el sentido y alcance del artículo 295 de la Constitución, cuyo fin es crear un órgano para preseleccionar a los candidatos a rectores desvinculado de los intereses partidistas para brindar confianza, equidad e igualdad de oportunidades en los procesos comiciales. 

3. Resulta obvio que la Comisión Preliminar destierra la participación de la sociedad civil para la composición del CNE y al mismo tiempo privilegia a las preferencias políticas representadas por los diputados de la AN.

4. Merece especial atención el hecho de que la LOPE impulsa un ventajismo político y, por ende, un desequilibrio en la conformación del CNE, pues no impone que los diputados que integran la Comisión Preliminar, quienes componen el Comité de Postulaciones Electorales junto con los integrantes de la sociedad civil, se inhiban en la plenaria de la AN en la que se designará a los integrantes del CNE por las 2/3 partes de sus miembros (110 de 164 diputados) a partir de la lista de postulados elaborada por el Comité. 

5. Idéntica situación se plantea cuando la Comisión Preliminar de once diputados de la AN debe evaluar para luego presentar a la plenaria de la AN la lista de candidatos postulados por la sociedad civil como miembros para el Comité de Postulaciones Electorales.

Acceso a la Justicia advierte que la LOPE promueve condiciones de desigualdad y, sobre todo le otorga mayor peso al Parlamento que al ciudadano en la selección de los potenciales rectores del CNE, tal como lo establece el texto constitucional.  

 

El contexto descrito no garantiza la escogencia de un Poder Electoral respetuoso de los principios que irradia la Constitución.  Es importante aplicar modificaciones legales, especialmente, por un lado, para que el Comité esté conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad y, por el otro, que la llamada Comisión Preliminar sea reemplazada por la AN encargándose esta instancia o una que designe para recibir las postulaciones, pero que sea de carácter técnico y que no conforme a su vez el Comité de Postulaciones Electorales.

Chavismo y oposición dan los primeros pasos en conjunto para renovar el CNE
La bancada del GPP consignó tres nombres de sus diputados para formar parte de la Comisión Preliminar
Los oficialistas y los opositores votaron juntos sobre la defensa de la permanencia de Venezuela en el Parlasur

@saracosco/Foto: Prensa AN

El debate electoral parece ir tomando forma dentro de la Asamblea Nacional (AN). Después de la ausencia de la semana pasada, el chavismo llegó al Palacio Federal Legislativo con la lectura de un comunicado afirmando que participarán de “forma activa” en el Comité de Postulaciones Electorales, aunque asomaron la posible intervención de la asamblea nacional constituyente (ANC).

Francisco Torrealba, exministro del Trabajo y constituyente, aseguró que pedirán a la ANC que conformen otra comisión que sirva de enlace con la AN. “Esto a los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en la Constitución para la selección de los miembros del Poder Electoral”.

Los diputados opositores rechazaron esta propuesta y el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González (UNT-Distrito Capital),  señaló que el Comité de Postulaciones – como lo establece la Constitución- está conformado por 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. “Allá ustedes con su Constituyente”, expresó.

Aun así la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) – sin levantar la mano al momento de votar – consignó los nombres de tres diputados que estarán en la Comisión Preliminar: William Gil (Psuv-Lara), Nosliw Rodríguez (Psuv-Cojedes) y Jesús Montilla (Psuv-Falcón).

“La designación de esta comisión de trabajo es un avance sin duda. Esta comisión se ha aprobado dentro del desacato, pero no significa que no pueda avanzar. Confiamos en que pronto se saldrá del desacato. Para eso estamos aquí, para seguir dialogando”, fueron las palabras de Torrealba.

Para el exministro este no fue el único avance que hubo en esta sesión, pues el chavismo votó  junto a la oposición – por primera vez desde su regreso el 24 de septiembre- en el último debate del orden del día sobre la defensa de mantener la presencia de Venezuela en el Parlasur. 

Pero no todos los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron esa visión.

La fracción 16 de Julio – Vente, ABP y Convergencia – aseguró no estar de acuerdo con la participación del chavismo en el Comité, pues consideran que perdieron su investidura al momento de retirarse del Parlamento para irse a la constituyente.

“La cohabitación se ha consumado”, fueron las palabras del diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) ante los medios de comunicación. Agregando que es primordial lograr el “cese de la usurpación”.

Al no estar de acuerdo, la fracción confirmó que no formará parte del Comité de Postulaciones, pero luego el diputado González señaló que fueron “excluidos” porque no se les llamó formalmente. Aunque la semana pasada, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, instruyó a todas las fracciones a consignar los nombres para la Comisión. 

Los últimos acontecimientos en la AN, por Luis Fuenmayor Toro

En la última reunión de la Asamblea Nacional surgieron dos situaciones que es necesario analizar, como forma de saber “por dónde van los tiros”, como decimos los venezolanos. Hasta ese momento, las fracciones de diputados del gobierno y de Cambiemos, partido dirigido por Timoteo Zambrano, habían venido actuando en función de incorporar en las agendas de las reuniones de la Asamblea, el inicio del proceso para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta estrategia iba orientada a presionar a los diputados de la franquicia opositora a asumir dicho proceso, pues de lo contrario sería declarada una omisión legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargaría de dicha designación.

Curiosamente, el punto fue incorporado a la agenda asamblearia por la fracción de Guaidó y no por las fracciones que lo venían manejando. Cabría preguntarse: ¿Acaso las intervenciones de los diputados dialogantes convencieron al extremismo opositor de tomar la política con seriedad? ¿Decidió por fin la franquicia opositora, asumir las negociaciones para cumplir la obligación constitucional de designar un nuevo CNE? Sería iluso si respondiera afirmativamente. Las declaraciones de Guaidó no dejan lugar a dudas de que no es ése el caso, por lo menos por ahora. Pareciera que lo que se quiere es seguir impulsando las líneas fracasadas, mediante el refuerzo de la política de constitución de un gobierno paralelo.

Tendríamos dos presidentes, dos asambleas, dos TSJ, dos fiscales y ahora dos CNE, pues la AN designaría uno con su supuesta mayoría de los dos tercios sin un acuerdo de consenso con el gobierno, que entonces recurriría a dejar el CNE existente o a cambiarlo en el TSJ por uno previamente acordado con la oposición democrática de la mesa nacional de diálogo. Esto último sin duda sería una mejora cualitativa en relación a la situación que hoy existe, pero no sería completamente aceptado por todos los sectores políticos del país ni reconocido por quienes internacionalmente hoy apoyan a Guaidó. De darse una elección de AN en estas condiciones, la abstención se reduciría pero nunca en una proporción imposible de ser negada.

La otra situación sobrevenida fue la reacción de los diputados del PSUV a la propuesta ya explicada de los opositores extremistas. En lugar de apoyar una propuesta similar a la que ellos mismos venían haciendo, se sorprendieron, se confundieron y procedieron a no aceptar participar en la designación del comité de postulaciones y a abandonar el hemiciclo. No sin antes reafirmar que la AN no había salido del desacato y que ellos designarían el nuevo CNE en el TSJ. Esa actitud es contradictoria con su incorporación a la AN y con la conformación de la mesa nacional de diálogo. Es meridianamente claro de esta actitud la existencia de serias contradicciones entre el gobierno de Maduro y el PSUV.   

Aunque las confusiones surgidas y las disputas se pudieron resolver en pocas horas, por lo que el proceso para nombrar un nuevo CNE en la AN continuará con participación de todos, es claro que ambos sectores enfrentados parecen estar convencidos de que no llegarán a un acuerdo de consenso en esta materia o, incluso, de que no desean alcanzar ningún consenso. El gobierno parece desear que se produzca la omisión legislativa de la AN y ya está listo para que sea el TSJ quien haga las designaciones. Los extremistas opositores se alegrarían también de la falta de consenso en la AN y estarían listos para designar un CNE a su imagen y conveniencia.

Sin embargo, que todos acepten que sea la AN el organismo que intente designar al CNE, para lo cual será necesario mucho diálogo y negociaciones, es indiscutiblemente un avance, a pesar de que unos ya estén preparando abortar el posible acuerdo y otros se preparen para cuando esto ocurra. De lo que no debe quedar duda ninguna es que en 2020 toca constitucionalmente elegir a una nueva AN y eso no puede diferirlo nadie. Es cuestión de escoger si se hace con el actual CNE o se hace con un nuevo CNE escogido de consenso por todos.