centros de detención archivos - Runrun

centros de detención

DDHH olvidados | “No sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo”

@ValeriaPedicini

 

Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros.  

No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación. 

Deixic no sabe nada de él. Si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.

Otros detenidos le contaron a Deixic que después de que los policías entraron a las celdas a aplacar la revuelta y cerraron las rejas, uno de ellos se devolvió, metió el arma entre los barrotes y, “sin ningún tipo de contemplación”, le disparó a Hember en el rostro. El joven de 22 años sufrió un traumatismo ocular en ambos ojos.  

Fue llevado a un centro de salud, donde estuvo recluido por 21 días y donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Le extrajeron 16 perdigones del ojo izquierdo y todavía tiene uno alojado en su interior; perdió la vista del ojo izquierdo en su totalidad y el derecho quedó comprometido, al no poder abrirlo por la fuerte y dolorosa tensión ocular que todavía tiene. Desde ese momento, Hember Flores está bajo condición de discapacitado. 

Su crítico estado de salud no fue suficiente para impedir que fuese dado de alta y llevado de nuevo al calabozo. “Cuando el juez llegó al hospital a interrogar al doctor, le dijo que estaba muy bien, que así podía estar en la PTJ (Cicpc)”, ahora en la sede principal. 

Pero pasaban los días y Hember no mostraba mejoría. Tres meses después, una tomografía confirmó que tenía una infección ocular. “Agarró una infección allá adentro. Gracias a Dios no se le fue a la cabeza, sino que le agarró los pómulos”, expresó la mujer de 42 años. El dolor que siente el joven es tan fuerte que las medicinas para calmarlo ya no le hacen ningún efecto. “Ese proyectil busca la manera de salir, pero no tiene por dónde porque le sellaron el ojo por dentro”. 

 

A Hember deben realizarle otra intervención quirúrgica, en la que tienen dos opciones: vaciarle en su totalidad el ojo izquierdo o ponerle una prótesis. 

 

Nadie hace nada

 

En dos ocasiones han pedido medida humanitaria para Hember Flores. La primera fue solicitada luego de que fuera herido en el presunto motín, en 2019. La segunda vino después de la infección ocular. Ambas han sido negadas por el tribunal que lleva el caso. 

“Me dijeron que él podía estar muy bien ahí donde estaba, con sus curas, sus medicinas y sus traslados al hospital cada vez que fuera necesario”, cuenta Deixic. Pero hasta la fecha, Hember no ha sido llevado a ningún un centro de salud, a pesar de contar con la orden de un juez para que le curen la infección ocular con la que vive desde hace meses. Los funcionarios del Cicpc alegaron que no tenían vehículos para hacer el traslado. “No hicieron nada, nunca quisieron asumir esa orden”. 

Es por esta razón que la atención médica de Hember tenían que resolverla por cuenta propia. Al principio, Deixic se encargaba de ir a darle las medicinas y echarle las gotas en el ojo que todavía se le puede salvar, hasta que una detenida los empezó a ayudar con las curas diarias, cada tres horas. Cuando estaba en San Juan de los Morros, su mamá o su padrastro asistían a un solo turno de visitas a llevar las comidas o cualquier cosa que él necesitara. “Uno estaba pendiente, pero ahora está lejos”. 

“En esas condiciones este joven debería estar recibiendo atención médica inmediata”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, mencionó que no debe ser trasladado fuera de su jurisdicción porque el tribunal que lleva su causa se encuentra en el estado Guárico. 

Con el cambio de Hember al estado Lara y tras la suspensión de las visitas de los familiares, hacerse cargo de la alimentación y cuidado médico de su hijo se hace imposible. La negativa de las autoridades a permitirle asistencia representa una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho a la salud y la garantía del respeto a la vida. La Constitución venezolana reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho”.

 

En Venezuela, los centros de detención en todo el territorio tienen precarias, inadecuadas, indignas e insalubres condiciones de reclusión, con un hacinamiento descomunal. La población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchos de estos reclusos están enfermos o desnutridos: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud. “En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, dijo la directora del OVP. 

Y con la llegada de la pandemia a Venezuela las fallas en el sistema penitenciario no hicieron sino incrementar, sobre todo con la suspensión de las visitas de los familiares, quienes se encargaban de la comida y medicinas, dejando totalmente desamparados a los reos. 

Deixic está consciente del delito que cometió su hijo, pero pide que sea atendido y su vida sea tomada en cuenta. “Ellos están en el deber de resguardar la vida de los privados de libertad, no de destruirla”.

A lo largo de estos dos años que Hember lleva preso, su madre acudió en varias oportunidades a los organismos, entre ellos el Ministerio de Servicio Penitenciario, para pedir que fuese trasladado del calabozo del Cicpc a una cárcel. “A nosotros nunca nos los van a entregar por medio de un juez”. Aunque la autorización de traslado llegó, lo hizo tarde y en las peores circunstancias. “¿Ahora que me lo jodieron si me le van a abrir un traslado?”, se pregunta. 

Espera que su hijo pronto esté entre los reclusos que la ministra Iris Varela está liberando para aliviar el hacinamiento y disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en las cárceles, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado. Según la organización “Una ventana a la libertad”, desde el inicio de la cuarentena han liberado 1.410 presos. 

Mientras tanto, Deixic espera. El funcionario que la llamó el 26 de junio para comunicarle sobre el traslado de su hijo le dijo que ahora solo le tocaba esperar a que él se comunicara de nuevo. Quiere saber cómo está el menor de sus dos hijos, cómo está de salud, simplemente saber si está bien. “Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo con todo lo que está pasando”. Ella igual dice conformarse con escuchar su voz. A dos semanas del último contacto telefónico con Hember, sigue esperando una llamada que no llega. 

Crisis en los calabozos policiales, por Carlos Nieto Palma

calabozos

 

Desde hace mucho tiempo vengo denunciando la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva del país y la violación masiva a los derechos humanos de las personas que allí se encuentran recluidas, crisis que ha sido generada por la incompetencia y negligencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que se ha negado a asumir su responsabilidad en la tutela de los privados de libertad del país, tal como lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio.

En Venezuela hay aproximadamente 500 centros de detención preventiva que albergan cerca de 47.000 reclusos, que sumados a los 57.000 presos que están en los recintos carcelarios que se hallan bajo el control del Ministerio Penitenciario nos da una población privada de libertad en Venezuela de 104.000 personas, cifra nunca vista en la historia de Venezuela, nunca la crisis de nuestro sistema penitenciario había sido de la magnitud que hoy vivimos.

El pasado martes 18, Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, presentó el informe “La violencia y las enfermedades arropan a los centros de detención preventiva: Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela”, correspondiente a una investigación realizada por nuestro equipo en el primer semestre de 2017 (enero-junio).

El informe presenta los resultados de un diagnóstico exhaustivo realizado, sobre la situación derechos humanos de los privados de libertad, en 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población privada de libertad del país.

El informe contiene datos sobre: 1. Derecho de las personas privadas de libertad a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones de los centros de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de detención preventiva. De igual forma, monitorea hechos como: motines, huelgas, fugas, intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas a los calabozos.

Una Ventana a la Libertad constató que los centros de detención preventiva monitoreados tienen una capacidad para albergar a 1.910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8.249, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6.339 privados de libertad, lo que equivale a 432%.

Documentó, además, que del total de privados de libertad 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (que en su mayoría no poseen documentos de identidad) y 7 son personas GLBTI.

De igual forma, el estudio revela que al menos 2.765 (33,52%), del total de personas detenidas en estos centros de detención preventiva, han recibido condena, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

86,52% de los centros de detención preventiva monitoreados no posee servicio de comedor; 85,39% no cuenta con áreas recreativas y 82,02% no tiene áreas de visitas; con lo que se ven afectados derechos fundamentales de los detenidos como el de la alimentación y el de recibir visitas de sus parientes y abogados.

84,27% de los centros no cuenta con servicio médico; 69,66% no tiene servicio de agua potable; 57,30% no cuenta con servicios higiénicos; 59,55 no tiene servicios de recolección de basura; lo que convierte a los centros en espacios propicios para la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, que afectan el derecho a la salud de los privados de libertad.

Se constató también que la mayoría de los centros de detención no cuentan con espacios diferenciados para la población femenina, para detenidos menores de edad ni para la población GLBTI, con lo que vulneran derechos fundamentales de estos grupos.

“Resulta preocupante que los menores de edad privados de libertad tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de servicios esenciales (alimentación, agua potable, servicios higiénicos, entre otros”, señala el estudio.

Solo 3 de los 89 centros de detención preventiva monitoreados tienen áreas especiales para atender a los privados de libertad menores de edad y solo 2 cuentan con áreas especiales para albergar a la población GLBTI.

Tampoco se garantiza el derecho de las madres de permanecer con sus hijos mientras están en período de lactancia. Solo 1 de los 89 centros monitoreados cuenta con un área en la que las mujeres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos menores o lactantes

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el período recayó en los privados de libertad (61,39% de los casos). No obstante, se constató que autoridades policiales fueron responsables en 37,62% de los casos y en otro hecho, que suma 0,50% del total, se identificó como responsable a un funcionario militar.

“Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se constató una corresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de los casos corresponden a hechos de violencia en las que fueron usadas armas de fuego, armas blancas u otros tipo de objetos contundentes, que fueron ingresados a los centros de detención preventiva sin que los cuerpos policiales se percataran de ello o ejercieran acciones preventivas contundentes para evitarlo, con lo que queda en evidencia una corresponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, por omisión”, advierte la organización en el estadio.

Este estudio incluye, además, un índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva, que midió el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada de expertos locales. Este instrumento reveló que la región en las que hay mayor gravedad en la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es la formada por la Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas.

Los invito a leer este informe en la página web de Una Ventana a la Libertad

www.unaventanaalalibertad.org

 

@cnietopalma 

El Nacional

Lista de reclusos fugados de delegaciones del Cicpc Los Teques

 CIPCP

 

Al menos 42 detenidos se evadieron de las sedes del Cicpc Los Teques (Miranda). Fuentes de la investigación apuntan que en la delegación de la Policía Científica en Cagua (Aragua) también hubo una fuga. Los presos escaparon de manera simultánea el miércoles en la madrugada a través de un boquete que abrieron en la parte posterior de los centros de detención provisional.

Redacción Runrunes

 

Al menos 42 reclusos se evadieron de las sedes del Cicpc en Cagua y Los Teques durante la madrugada del pasado miércoles 26 de noviembre. Los reos, que esperaban ser trasladados a centros penitenciarios, abrieron un boquete en la parte posterior de las instalaciones de la policía científica en las que se encuentran detenidos de manera temporal en espera de audiencias y juicios. Ambas fugas se produjeron de manera simultánea, cerca de las 4:00 de la madrugada.

Más de 100 efectivos de Poliguaicaipuro, Polimiranda, Policarrizal, Sebin y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc rastrearon toda la capital del estado Miranda para intentar rastrear a los fugados, reseñó este jueves el diario La Región:

 

  1. Jorge Luis Paredes Morón, ROBO.
  2. José Alejandro Cortez Díaz, ROBO.
  3. Javier José Rodríguez, DROGA.
  4. Carlos Martínez Florez, ESTAFA.
  5. Jhonatan Francisco Roldán Roa, HOMICIDIO.
  6. Junior Manuel Benavente González, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
  7. Pablo Leandro Borges Morón, EXTORSIÓN.
  8. Yeison Manuel Sulbarán Rodríguez, ROBO VEHÍCULO.
  9. Carlos José Abades Montillo, EXTORSIÓN.
  10. Yeison Seijas Trejo, ROBO VEHÍCULO.
  11. Michel Garvia Rojas, ROBO VEHÍCULO.
  12. Ruderf Alexander Cañizales Ospino, ROBO VEHÍCULO.
  13. Daniel Eloy Olivero González, ROBO VEHÍCULO.
  14. Enrique José Briceño Fernández, ROBO VEHÍCULO.
  15. Daniel Belisario Arjona López, ROBO.
  16. José Antonio Malavé Moreno, HOMICIDIO.
  17. Yorjan Jesús Lizarraga Loera, HOMICIDIO.
  18. Luis José Sequeira Osorio, HOMICIDIO.
  19. Andris Roy Ramírez Mota, HOMICIDIO.
  20. Javier Patiño Cedeño, HOMICIDIO.
  21. Edwin Toro Alvarado, HOMICIDIO.
  22. Herbert Jesús Ferre, HOMICIDIO.
  23. Deivis Enrique García, HOMICIDIO.
  24. Bruno Díaz Díaz, HOMICIDIO.
  25. Luiyi Miler López Baloa, HOMICIDIO.
  26. Kleiver Sánchez Suárez, HOMICIDIO.
  27. Edwin Gabriel Seijas Coello, HOMICIDIO.
  28. Eduardo González Salas, HOMICIDIO.
  29. Freddy Jesús Arjona López, HOMICIDIO.
  30. Juan Carlos Díaz Rondón, HOMICIDIO.
  31. Dixon Frank Gil Echenique, HOMICIDIO.
  32. Antony David Hernández, HOMICIDIO.
  33. Luis Eduardo Alván Chacón, HOMICIDIO.
  34. Francisco Castro Conopoima, ROBO.
  35. Giowe Arcángel Escalona Méndez, EXTORSIÓN.
  36. Hugo Ramón Prieto Díaz, SECUESTRO.
  37. David Flores Sánchez, SECUESTRO.
  38. Adrian Negrín Istúriz, SECUESTRO.
  39. Adalberto Tovar González, ROBO.
  40. Jondry Gabriel Vásquez Ceballo, HOMICIDIO.
  41. Ender Enrique Salazar Villareal, HOMICIDIO.
  42. Ricardo Galíndez Colina, HOMICIDIO.