@ValeriaPedicini
Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros.
No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación.
Deixic no sabe nada de él. Si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.
Otros detenidos le contaron a Deixic que después de que los policías entraron a las celdas a aplacar la revuelta y cerraron las rejas, uno de ellos se devolvió, metió el arma entre los barrotes y, “sin ningún tipo de contemplación”, le disparó a Hember en el rostro. El joven de 22 años sufrió un traumatismo ocular en ambos ojos.
Fue llevado a un centro de salud, donde estuvo recluido por 21 días y donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Le extrajeron 16 perdigones del ojo izquierdo y todavía tiene uno alojado en su interior; perdió la vista del ojo izquierdo en su totalidad y el derecho quedó comprometido, al no poder abrirlo por la fuerte y dolorosa tensión ocular que todavía tiene. Desde ese momento, Hember Flores está bajo condición de discapacitado.
Su crítico estado de salud no fue suficiente para impedir que fuese dado de alta y llevado de nuevo al calabozo. “Cuando el juez llegó al hospital a interrogar al doctor, le dijo que estaba muy bien, que así podía estar en la PTJ (Cicpc)”, ahora en la sede principal.
Pero pasaban los días y Hember no mostraba mejoría. Tres meses después, una tomografía confirmó que tenía una infección ocular. “Agarró una infección allá adentro. Gracias a Dios no se le fue a la cabeza, sino que le agarró los pómulos”, expresó la mujer de 42 años. El dolor que siente el joven es tan fuerte que las medicinas para calmarlo ya no le hacen ningún efecto. “Ese proyectil busca la manera de salir, pero no tiene por dónde porque le sellaron el ojo por dentro”.
Nadie hace nada
En dos ocasiones han pedido medida humanitaria para Hember Flores. La primera fue solicitada luego de que fuera herido en el presunto motín, en 2019. La segunda vino después de la infección ocular. Ambas han sido negadas por el tribunal que lleva el caso.
“Me dijeron que él podía estar muy bien ahí donde estaba, con sus curas, sus medicinas y sus traslados al hospital cada vez que fuera necesario”, cuenta Deixic. Pero hasta la fecha, Hember no ha sido llevado a ningún un centro de salud, a pesar de contar con la orden de un juez para que le curen la infección ocular con la que vive desde hace meses. Los funcionarios del Cicpc alegaron que no tenían vehículos para hacer el traslado. “No hicieron nada, nunca quisieron asumir esa orden”.
Es por esta razón que la atención médica de Hember tenían que resolverla por cuenta propia. Al principio, Deixic se encargaba de ir a darle las medicinas y echarle las gotas en el ojo que todavía se le puede salvar, hasta que una detenida los empezó a ayudar con las curas diarias, cada tres horas. Cuando estaba en San Juan de los Morros, su mamá o su padrastro asistían a un solo turno de visitas a llevar las comidas o cualquier cosa que él necesitara. “Uno estaba pendiente, pero ahora está lejos”.
“En esas condiciones este joven debería estar recibiendo atención médica inmediata”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, mencionó que no debe ser trasladado fuera de su jurisdicción porque el tribunal que lleva su causa se encuentra en el estado Guárico.
Con el cambio de Hember al estado Lara y tras la suspensión de las visitas de los familiares, hacerse cargo de la alimentación y cuidado médico de su hijo se hace imposible. La negativa de las autoridades a permitirle asistencia representa una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho a la salud y la garantía del respeto a la vida. La Constitución venezolana reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho”.
En Venezuela, los centros de detención en todo el territorio tienen precarias, inadecuadas, indignas e insalubres condiciones de reclusión, con un hacinamiento descomunal. La población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchos de estos reclusos están enfermos o desnutridos: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud. “En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, dijo la directora del OVP.
Y con la llegada de la pandemia a Venezuela las fallas en el sistema penitenciario no hicieron sino incrementar, sobre todo con la suspensión de las visitas de los familiares, quienes se encargaban de la comida y medicinas, dejando totalmente desamparados a los reos.
Deixic está consciente del delito que cometió su hijo, pero pide que sea atendido y su vida sea tomada en cuenta. “Ellos están en el deber de resguardar la vida de los privados de libertad, no de destruirla”.
A lo largo de estos dos años que Hember lleva preso, su madre acudió en varias oportunidades a los organismos, entre ellos el Ministerio de Servicio Penitenciario, para pedir que fuese trasladado del calabozo del Cicpc a una cárcel. “A nosotros nunca nos los van a entregar por medio de un juez”. Aunque la autorización de traslado llegó, lo hizo tarde y en las peores circunstancias. “¿Ahora que me lo jodieron si me le van a abrir un traslado?”, se pregunta.
Espera que su hijo pronto esté entre los reclusos que la ministra Iris Varela está liberando para aliviar el hacinamiento y disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en las cárceles, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado. Según la organización “Una ventana a la libertad”, desde el inicio de la cuarentena han liberado 1.410 presos.
Mientras tanto, Deixic espera. El funcionario que la llamó el 26 de junio para comunicarle sobre el traslado de su hijo le dijo que ahora solo le tocaba esperar a que él se comunicara de nuevo. Quiere saber cómo está el menor de sus dos hijos, cómo está de salud, simplemente saber si está bien. “Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo con todo lo que está pasando”. Ella igual dice conformarse con escuchar su voz. A dos semanas del último contacto telefónico con Hember, sigue esperando una llamada que no llega.
