Centro de DDHH UCAB

La investigación encontró casos casos de NNA que salieron solos del país y posteriormente formaron un vínculo con otra persona o grupo

El Centro de DDHH de la UCAB encontró que, generalmente, los NNA no acompañados o separados viajan sin un plan definido, sin orientación y sin personas u organizaciones de apoyo

Foto: Guillermo Torres/Semana

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó este jueves, 27 de mayo, un informe sobre la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela.

Para la elaboración del informe “Pequeños en movimiento”, el Centro de DDHH de la UCAB analizó diversas fuentes documentales y realizó entrevistas con expertos en derechos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se realizaron entrevistas con NNA no acompañados y separados en Colombia y Ecuador. La mayor parte del análisis, realizado entre enero y abril del 2021, se centró en la situación en Colombia, con cobertura adicional sobre las condiciones en Brasil, Ecuador y Perú.

De acuerdo con el texto, el organismo encontró algunas limitaciones para realizar las entrevistas con los NNA no acompañados y separados, pues las visitas de campo se suspendieron por la segunda ola de COVID-19 y se sustituyeron por entrevistas a través de medios digitales con la colaboración de organizaciones aliadas. 

Otra limitación fue la dificultad para identificar y abordar a NNA no acompañados o separados, ya que, además de tratar de pasar desapercibidos, no permanecen mucho tiempo en un solo lugar, por lo que no es fácil un acompañamiento constante para las mismas organizaciones que trabajan en apoyo a este sector.

Destaca el texto que los NNA entrevistados no estaban al cuidado de adultos ni de instituciones estatales de protección. El contacto se hizo a través de ONG que brindan asistencia a niños y adolescentes.

Caracterización de los NNA no acompañados o separados

Según el informe, Los NNA en situación de movilidad que están apartados de sus padres o representantes se agrupan en dos grandes categorías:

– Por una parte se consideran se consideran NNA no acompañados, “los menores que están separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.

– Por otra parte, son “los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia.

De acuerdo con el texto, durante la investigación se observaron otras situaciones como NNA que salieron de Venezuela, acompañados de uno o ambos padres, pero que luego decidieron apartarse de ellos y seguir una ruta o establecerse por su propia cuenta sin ser mayores de edad.

1.1 Información cuantitativa sobre NNA no acompañados

El Centro de DDHH de la UCAB señala la dificultad de llevar un cálculo certero sobre la cantidad de menores no acompañados, al destacar que muchos de ellos entran por puntos no controlados. Además, el contexto de la pandemia de COVID-19 dificulta los registros oficiales.

Por su parte, el informe Tendencias Globales 2020 de ACNUR advierte que las cifras al respecto “son subestimaciones importantes debido al limitado número de países que comunican datos”.

El portal Hijos de Migrantes ha hecho algunas estimaciones sobre estas cifras, entre las que resaltan las siguientes:

– Para fines de 2020, había 1,9 millones de NNA venezolanos en situación de movilidad.

– Más del 55% de los NNA venezolanos se movilizan sin documentos.

– Para 2019, se calculaba que más de 20.000 NNA habían llegado solos a Colombia.

– En el marco de la pandemia, cerca de 750 NNA no acompañados retornaron a Venezuela.

– Tras la reapertura de la economía en países receptores, al menos 430 NNA salieron de Venezuela solos o junto con otros menores de edad, entre octubre de 2020 y febrero 2021.

– Entre 2015 y 2019 unos 25.000 menores no acompañados o separados han salido de Venezuela.

Ante la imposibilidad de acceder a registros oficiales, en Colombia las estimaciones se realizan con  informaciones provenientes de las ONG y autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y funcionarios de la Defensoría Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Riesgos en la ruta y en el lugar de destino

El Centro de DDHH de la UCAB encontró que, generalmente, los NNA no acompañados o separados viajan sin un plan definido, sin orientación y sin personas u organizaciones de apoyo. Aunque algunos salen por la frontera con Brasil y en embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, la mayoría lo hace por diferentes puntos de la frontera entre Colombia y Venezuela.

“A mí me motivó la situación económica, porque ya no se podía comprar comida, no se podía comprar las cosas personales ni se podía estudiar allá (…) Yo salí del país por trochas, pasé por ríos, montañas, en una camioneta pequeñita donde había mucha gente”, declaró A.H de 17 años, quien salió de Maracaibo (Zulia) a Ibarra, Ecuador.

Los riesgos pueden depender de la edad y el sexo. El reclutamiento con fines de explotación sexual afecta más a las niñas, registrándose casos de embarazo precoz.

Por su parte, en el caso de los varones, son más explotados en actividades de transporte y manejo de armas, de químicos para procesar drogas y de sustancias ilícitas.

Otro riesgo son las ofertas de trabajo engañosas en Colombia. Organizaciones consultadas confirmaron la existencia de casos de niñas no acompañadas o separadas que se trasladan hasta Panamá, Ecuador y Perú motivadas por tales ofertas y, una vez que llegan, son víctimas de trata y explotación sexual.

Situación en los países receptores

Es Colombia el país con mayor destino de venezolanos en situación de movilidad, algo que ocurre también para los NNA no acompañados y separados. Además, Colombia es el principal país de tránsito para los menores no acompañados que esperan llegar a Ecuador, Perú, Chile, Panamá y Norteamérica.

También han sido identificados NNA no acompañados y separados en Brasil, Trinidad y Tobago y Uruguay.

En el caso de Ecuador, la Cancillería de ese país señaló que, del total de NNA que ingresan a su territorio, el 9% son separados y el 1% son no acompañados. Muchos de estos niños se separan de su grupo familiar por accidente.

Asimismo, con relación a Perú, una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF en 2019, indicó que el 27% de los NNA viajan separados de sus padres o representantes, encontrándose a cargo de otros parientes, principalmente hermanos, sobrinos o primos.

En cuanto a Colombia, al 31 de agosto de 2019, según el RMRP 2020, 1.641 niñas y niños venezolanos se encontraban bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre los que se encontraban 152 NNA no acompañados.

Mecanismos de protección para NNA no acompañados y separados

Los países receptores de NNA procedentes de Venezuela cuentan con instituciones que velan por los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, los protocolos son limitados e incluso, inexistentes.

En el caso de Colombia, los NNA cuentan con protección del ICBF, cuya acción inicia con una evaluación para ver si se requiere su intervención o si se puede buscar algún apoyo familiar.

Algunos entrevistados por el Centro de DDHH de la UCAB señalaron que hasta ahora la institución de protección de NNA en Colombia no ha abordado con suficiente fuerza algunas situaciones.

Según el informe, en algunos casos los procesos de inserción de los NNA no acompañados o separados en la escuela en ocasiones resulta difícil, pues se producen expresiones de xenofobia y discriminación contra estas personas.

Puede leer el informe completo a continuación:

Situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela. Mayo… by Andrea González Parra on Scribd

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Expertos en DD. HH. coinciden en que el estado de alarma decretado hace una semana por el Ejecutivo debido al coronavirus, no puede ser una excusa para atropellar a la ciudadanía 

El artículo 338 de la Constitución restringe el derecho a la circulación, pero no lo prohíbe

@franzambranor

El pasado viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional como mecanismo preventivo de una posible propagación del coronavirus. 

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “podrá decretarse estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos”.

Según Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el estado de alarma no implica la restricción a la libertad personal.  

“Lo que existe es una restricción del derecho a la circulación por el territorio nacional en vista de la crisis de salud pública en la que nos encontramos. La libertad personal solo puede ser restringida si alguien comete un delito. La restricción no es absoluta porque todos tenemos la necesidad de salir a comprar comida y medicinas ”, dijo Trujillo.

De acuerdo a un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en seis años del gobierno de Maduro se han registrado 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas. 

“El coronavirus no puede ser una excusa para violar derechos humanos. El Estado tiene que garantizar que las personas puedan tener acceso a sus medios de vida, servicios básicos y que continúe la cadena de circulación de alimentos y medicinas”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas. Tres de ellos en Maturín: Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza; y otro en Táchira: Rubén Duarte. Molinos fue imputado por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio y fue privado de libertad con una medida de arresto domiciliario.

“El estado alarma no puede servir para invisibilizar las denuncias de trabajadores del sector salud y las protestas ante el alto costo de los alimentos, porque una cosa que puede ser tan grave como una epidemia es la escasez de comida”, enfatizó el coordinador de Provea.

No es suspensión de garantías

Basado en la Constitución, una detención puede producirse con una orden legal o si hay un delito en flagrancia. El aprehendido debe ser presentado en un lapso de 48 horas a un tribunal y tiene derecho a comunicarse con familiares y ser representado por un abogado privado o público. 

“Si alguien es detenido arbitrariamente debería ocurrir un control legal de esa situación que estaría a cargo de un tribunal”, sostuvo Eduardo Trujillo.

“Debe respetarse el debido proceso. Aunado a eso, la persona debe recluirse en un sitio que posea condiciones dignas que eviten la propagación de la epidemia que nos afecta actualmente”, indicó Rafael Uzcátegui de Provea. 

Según Laura Louza, de Acceso a la Justicia, en un país con Estado de Derecho lo ideal es acudir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero en Venezuela instituciones como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y Provea se encargan de visibilizar las detenciones arbitrarias.

Cheque al portador a policías y militares

Rafael Uzcátegui y Laura Louza coincidieron en que existe discrecionalidad de parte del gobierno de Maduro en cuanto a la medida de alarma y cuarentena colectiva.

“Maduro le dio casi un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que evitaran que la gente salga de sus casas. Hay una suerte de toque de queda. Alcaldes y gobernadores se han puesto creativos al reglamentar el estado de alarma, cuando eso no es facultad de ellos”, expuso Louza.

“Las orientaciones que ha dado el Ejecutivo nacional no son del todo claras. Hay una fina frontera en cuanto a medidas de resguardo”, añadió Uzcátegui. 

Para Eduardo Trujillo es imperioso crear redes de apoyo en procura de encarar una eventual detención arbitraria. “Cuando vayamos a salir es perentorio comunicarle a un familiar o amigo donde vamos a estar para alertar en caso de una desaparición forzosa.Tenemos que generar pequeñas redes de protección en nuestras comunidades”. 

De acuerdo a Rafael Uzcátegui, el talante democrático del gobierno de Maduro se fragmenta cuando apuesta por la militarización de las calles como respuesta a la pandemia.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello expresó a las autoridades nacionales su “profunda preocupación ante la afectación arbitraria” de derechos fundamentales de ciudadanos colombianos, a raíz del cierre de la frontera y la medida de estado de excepción decretado por el Presidente de la República.

A través de un comunicado, el Centro llamó la atención “sobre la necesidad urgente de mantener una visión humanitaria y de respeto a los derechos humanos, en la aplicación de prácticas o medidas de deportación de personas de nacionalidad colombiana, en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos solicitantes de refugio y refugiados reconocidos residentes en el país”.

Además, el CDH-UCAB solicitó al Estado venezolano “el cumplimiento de las garantías y estándares básicos, así como prohibiciones derivadas del ius cogens y los tratados internacionales, que se mantienen vigentes durante estados de excepción”, como lo son la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, el debido proceso, y el principio de igualdad y no discriminación, y la garantía del interés superior del niño y la protección de la familia.

En el texto el Centro de Derechos Humanos recordó que en el caso específico de migrantes solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, “se aplican todas las garantías mencionadas anteriormente, y a ellas se suma, la garantía absoluta de permanencia en el país, conforme al Principio de no Devolución (non-refoulement), cuya protección implica que ninguna persona solicitante de refugio o refugiada reconocida por el país asilante, podrá ser devuelta a su país de origen o residencia anterior, cuando su vida, seguridad o integridad estén en riesgo”.

Asimismo, el CDH-UCAB destacó que a todas estas personas debe garantizársele la posibilidad de comunicación con las instancias nacionales de protección a refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) u organización de defensa de derechos humanos.

Finalmente, el Centro de la Universidad Católica exhortó al Estado venezolano “a establecer mecanismos acordes con las normas de protección de los derechos humanos, que eviten la afectación arbitraria y ataques a la integridad personal, bienes y derechos de la población de nacionalidad colombiana en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos, solicitantes de refugio y refugiados reconocidos”.