Expertos en DD. HH. coinciden en que el estado de alarma decretado hace una semana por el Ejecutivo debido al coronavirus, no puede ser una excusa para atropellar a la ciudadanía
El artículo 338 de la Constitución restringe el derecho a la circulación, pero no lo prohíbe
El pasado viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional como mecanismo preventivo de una posible propagación del coronavirus.
El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “podrá decretarse estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos”.
Según Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el estado de alarma no implica la restricción a la libertad personal.
“Lo que existe es una restricción del derecho a la circulación por el territorio nacional en vista de la crisis de salud pública en la que nos encontramos. La libertad personal solo puede ser restringida si alguien comete un delito. La restricción no es absoluta porque todos tenemos la necesidad de salir a comprar comida y medicinas ”, dijo Trujillo.
De acuerdo a un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en seis años del gobierno de Maduro se han registrado 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas.
“El coronavirus no puede ser una excusa para violar derechos humanos. El Estado tiene que garantizar que las personas puedan tener acceso a sus medios de vida, servicios básicos y que continúe la cadena de circulación de alimentos y medicinas”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas. Tres de ellos en Maturín: Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza; y otro en Táchira: Rubén Duarte. Molinos fue imputado por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio y fue privado de libertad con una medida de arresto domiciliario.
“El estado alarma no puede servir para invisibilizar las denuncias de trabajadores del sector salud y las protestas ante el alto costo de los alimentos, porque una cosa que puede ser tan grave como una epidemia es la escasez de comida”, enfatizó el coordinador de Provea.
No es suspensión de garantías
Basado en la Constitución, una detención puede producirse con una orden legal o si hay un delito en flagrancia. El aprehendido debe ser presentado en un lapso de 48 horas a un tribunal y tiene derecho a comunicarse con familiares y ser representado por un abogado privado o público.
“Si alguien es detenido arbitrariamente debería ocurrir un control legal de esa situación que estaría a cargo de un tribunal”, sostuvo Eduardo Trujillo.
“Debe respetarse el debido proceso. Aunado a eso, la persona debe recluirse en un sitio que posea condiciones dignas que eviten la propagación de la epidemia que nos afecta actualmente”, indicó Rafael Uzcátegui de Provea.
Según Laura Louza, de Acceso a la Justicia, en un país con Estado de Derecho lo ideal es acudir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero en Venezuela instituciones como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y Provea se encargan de visibilizar las detenciones arbitrarias.
Cheque al portador a policías y militares
Rafael Uzcátegui y Laura Louza coincidieron en que existe discrecionalidad de parte del gobierno de Maduro en cuanto a la medida de alarma y cuarentena colectiva.
“Maduro le dio casi un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que evitaran que la gente salga de sus casas. Hay una suerte de toque de queda. Alcaldes y gobernadores se han puesto creativos al reglamentar el estado de alarma, cuando eso no es facultad de ellos”, expuso Louza.
“Las orientaciones que ha dado el Ejecutivo nacional no son del todo claras. Hay una fina frontera en cuanto a medidas de resguardo”, añadió Uzcátegui.
Para Eduardo Trujillo es imperioso crear redes de apoyo en procura de encarar una eventual detención arbitraria. “Cuando vayamos a salir es perentorio comunicarle a un familiar o amigo donde vamos a estar para alertar en caso de una desaparición forzosa.Tenemos que generar pequeñas redes de protección en nuestras comunidades”.
De acuerdo a Rafael Uzcátegui, el talante democrático del gobierno de Maduro se fragmenta cuando apuesta por la militarización de las calles como respuesta a la pandemia.
