La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la investigación iniciada el pasado mes de febrero a Carlos Osorio, acerca de sus gestiones como Ministro de Alimentación y Presidente de PDVAL. El documento determina la comisión de distintas irregularidades administrativas en la compra, importación y distribución de alimentos, a través de diversos programas gubernamentales.
El informe revela que durante la administración de Osorio desde 2007 hasta 2013, presuntamente se cometieron daños al patrimonio público mediante distintos mecanismos, tales como sobreprecios, ilícitos cambiarios, importaciones ficticias, pago de sobornos a funcionarios, uso de información privilegiada, pago de comisiones y tráfico de influencias, por lo que se requerirá al Ministerio Público el inicio del procedimiento respectivo.
El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, anunció que esa instancia respalda plenamente las averiguaciones realizadas en torno al caso, y desestimó el dictamen de un tribunal del estado Carabobo que prohibía a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, así como al ex parlamentario Carlos Tablante, hacer mención pública del ex ministro Osorio.
Por su parte, el Vicepresidente de la Comisión, Ismael García, indicó que este jueves acudirá a la Fiscalía General de la República para consignar el informe aprobado y solicitar a ese despacho la designación de un fiscal especial, con la finalidad de que constate los hechos denunciados y determinar la presunta responsabilidad tanto de Carlos Osorio como de los empresarios Naman Wakil, Jesús Marquina Parra y Néstor Marquina Parra, estos dos últimos cuñados del ex ministro, así como de cualquier otro funcionario o ciudadano particular que participaron en la comisión de los hechos.
Entre tanto, el Diputado Carlos Berrizbeitia informó que se solicitará nuevamente la comparecencia del ex ministro Osorio, para que responda por los señalamientos hechos en torno a su gestión al frente del Ministerio de Alimentación. Agregó que su conducta mancha a la Fuerza Armada Nacional, al negarse a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional.
La juez tercera de primera instancia en lo Civil del estado Carabobo, Omaira Escalona ordenó no difundir información sobre el Mayor General Carlos Osorio.
La medida ordena a Carlos Tablante, Ismael García y Carlos Berrizbeitia, a no difundir información sobre el M/G Carlos Osorio, a través de la página web Cuentas Claras Digital, redes sociales tales como Twitter, Facebook u otros.
El pasado 13 de junio el ex ministro Osorio introdujo una demanda en contra de los dos diputados y el dirigente político por injuria, daños y perjuicios contra su moral.
Para hoy estaba prevista la comparecencia de los exministros de Alimentación Carlos Osorio, Giusseppe Yoffreda y el actual titular de este despacho, Marco Torres, pero los funcionarios no acudieron a la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, confirmó que enviaron comunicaciones a Osorio y Yoffreda, pero “no han estado presente a ninguna hora en el hemiciclo”. “Fueron citados para comparecer, cumplimos con los extremos legales de citación”, dijo Ramos.
El diputado de la MUD, Ismael García, criticó que los funcionarios no acudieran a la AN “a dar la cara”, en ese sentido, propuso que se discutiera una sanción a estos dos funcionarios “que tienen responsabilidad política”, así como también planteó una comisión mixta para que el próximo martes se presente un informe final, y cuando asista el ministro actual, Marco Torres, se pueda discutir el plan de alimentación para el país.
Ambas propuestas fueron aprobadas por la mayoría de diputados, con el voto salvado de la bancada del Gran Polo Patriótico. El diputado, Pedro Carreño, afirmó que “La derecha reaccionaria todos los días viola la Constitución, el estado de derecho y las normas y procedimientos para hacer lo que le viene en gana”.
Por su parte, el diputado del GPP, Ricardo Sanguino, cuestionó que la oposición “venga acá a rasgarse las vestiduras” cuando a su juicio el sector privado es el responsable de la actual crisis de desabastecimiento de alimentos. “Ustedes vienen hoy a acusar al gobierno que siempre ha gobernado para el pueblo, ahora están aquí diciendo que van a aplicar la responsabilidad política de los ministros, son irresponsables”.
Sanguino reiteró la tesis oficial de que desde el Parlamento se está “fraguando” un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. “No aceptamos que somos los responsables de esta crisis, estamos haciendo esfuerzos porque es muy duro lo que ustedes han hecho”, ripostó Sanguino.
A Sanguino le respondió el diputado de la MUD, Carlos Berrizbeitia, quien denunció que funcionarios públicos responsables de la materia alimentaria “han desfalcado al país con los alimentos del pueblo, ustedes son los únicos culpables de esto, tienen 17 años en esto, manejan las divisas, los puertos, y en cada dólar comprado en alimentos hay un chanchullo, no sigan amparando la corrupción”.
Aseguró que la Asamblea Nacional debe sancionar la corrupción, y dijo que si hay que llamar al sector privado a comparecer también lo harán.
El diputado del GPP, Ramón Lobo, denunció que la oposición al hablar de crisis humanitaria busca una “intervención de países foráneos, rechazamos esa conducta de parte de ustedes”.
“Hablan de corrupción cuando en la ley de amnesia criminal plantean que los banqueros prófugos que se llevaron los recursos plantean saldar esa deuda”, expresó Lobo.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el informe que realizó una comisión especial para analizar la elección de magistrados en diciembre pasado, en el que se concluye que en el procedimiento supuestamente se violaron la Constitución y las leyes.
En el informe, presentado en la sesión ordinaria del 1 de marzo por el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, se indica que la comisión especial hizo una evaluación exhaustiva del proceso de selección de los jueces que impulsó el Parlamento de mayoría chavista que cesó en sus funciones en enero pasado.
Berrizbeitia aseguró que el comité de postulación judicial que se constituyó para escoger a estos magistrados estuvo conformado «exclusivamente» por diputados oficialistas y que utilizó «mecanismos y procedimientos al margen de la Constitución».
Asimismo, la elección, según el diputado opositor, violó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Reglamento de Interior y Debate de la AN «para hacer el nombramiento exprés» de los 13 magistrados principales y 21 suplentes.
En el informe se indica que en la elección de los jueces hubo «violaciones» al procedimiento «por la ex temporalidad de la convocatoria» así como «al debido procedimiento en la publicación de los postulados» y en cuanto al lapso de las impugnaciones, entre otras.
Asimismo, se asegura en este reporte que un grupo de magistrados fue obligado a renunciar a sus cargos «bajo amenaza» después de que el chavismo supiera que sería arrasado en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.
En el informe se recomienda «revocar el acto de la AN dictado en la sesión de fecha 23 de diciembre de 2015, mediante la cual se acordó designar a los magistrados principales».
También se pide que se determinen las responsabilidades de este acto que supuestamente violó las leyes y que «una vez declarada la revocatoria del acto de selección» de los magistrados, «notificar mediante oficio» a la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.
El diputado chavista Pedro Carreño dijo lo que busca «la derecha» con esta discusión sobre la elección de los magistrados es dar un paso más en su supuesto plan para dar un golpe de Estado.
«Para que esta derecha pueda materializar su golpe fascista pasa por el control del TSJ», dijo y señaló que el papel de la bancada chavista es constituirse en una «camisa de fuerza» cada vez que la oposición «cometa desafueros, viole las leyes, viole la Constitución».
El también chavista Eustoquio Contreras señaló que «lo que se busca» con este informe es «obligar» al Supremo a darle la razón al oficialismo «con la idea de ir creando el supuesto y la imagen de que el TSJ está al servicio de la bancada bolivariana y de Gobierno por una pretensión de prostituir la imagen de la separación de poderes».
«No vamos a permitir el asesinato moral de nuestros gobernantes y de nuestros dirigentes políticos, no vamos a permitir que se nos estigmatice como órganos arrodillados a una tendencia política, los poderes públicos en su distribución», dijo.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup dijo, tras ser aprobado el informe por la mayoría opositora, que la implementación de las recomendaciones serán «arbitradas por la Cámara» más adelante.
Esta decisión se produce después de que el TSJ advirtiera más temprano en una sentencia que la Constitución prevé «límites democráticos» a la tarea fiscalizadora del Parlamento.
El Supremo indicó que la Constitución atribuye a la AN «competencia de control político» sobre el Gobierno, pero no sobre el resto de los poderes del Estado ni tampoco sobre los gobiernos regionales y municipales.
Carmen Elvigia Porras, de la Sala Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala Civil, acudieron el miércoles 17 de febrero a la Asamblea Nacional para denunciar que la decisión de adelantar su jubilación no fue voluntaria
@loremelendez
EXTORSIÓN, PERSECUCIÓN, VEJACIÓN, AMENAZAS. Estas palabras fueron pronunciadas por el diputado Carlos Berrizbeitia al final de la reunión que el miércoles 17 de febrero de 2016 sostuvo la comisión de la Evaluación sobre Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), perteneciente a la Asamblea Nacional (AN). Ante esta habían comparecido, durante casi dos horas, dos de los trece magistrados que en agosto pasado anunciaron que dejarían sus cargos de manera anticipada. Ambos detallaron cómo fueron presionados para pedir sus jubilaciones un año antes de lo previsto.
Los juristas Carmen Elvigia Porras, miembro de la Sala de Casación Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala de Casación Civil, fueron los denunciantes. Ambos introducirán, en las próximas semanas, recursos que anulen ante el máximo tribunal los procesos administrativos que tuvieron que atravesar para salir de sus puestos.
Ni Porras ni Ortíz Hernández quisieron declarar a los medios al salir de la reunión parlamentaria, que esta vez fue privada hasta los últimos 15 minutos. Sin embargo, en los instantes finales soltaron frases que dejaron en claro la gravedad de sus acusaciones.
Porras afirmó que, aunque anteriormente no había hecho público lo que padeció, había llegado el momento de decir la verdad, y luego pidió los teléfonos de los diputados para avisarles si recibía nuevas amenazas. Ortíz Hernández sentenció que era necesario “adecentar” al TSJ y solicitó a los diputados hacer todas las correcciones posibles en esa instancia. “Si bien es cierto que firmamos, no lo hicimos de manera voluntaria”, señaló posteriormente a Runrun.es.
“Esto le da a la comisión pruebas de que la inmoralidad fue utilizada no solamente para lo que se hizo el 23 de diciembre al elegir a estos 13 magistrados principales y 21 suplentes, sino también para amenazar y extorsionar a los magistrados para que adelantaran su jubilación. Digo de verdad que, como venezolano, esto me indigna”, afirmó Berrizbeitia, quien preside la comisión que escuchó a los juristas. Adelantó que todas las declaraciones serán agregadas al informe que el grupo prevé presentar a la plenaria de la AN antes de que culmine febrero.
Una fuente que ingresó a la reunión en la AN dijo que los magistrados afirmaron que la orden de adelantar sus jubilaciones había sido emanada desde el alto gobierno. A los togados les informaron a mediados de 2015 que “los números no andaban bien para el 6D” y que el Gobierno debía garantizar 12 años más de control en la máxima corte venezolana. Las estrategias de presión, de acuerdo con la fuente, fueron ejercidas por otros magistrados dentro del mismo edificio de tribunales.
¿Quiénes son los ex magistrados?
Su reputación fue puesta en entredicho antes de llegar a la máxima magistratura. Se dijo que el concurso que ganó, cuando fue designada juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira, estuvo amañado. En aquella época, fuente judiciales aseguraron que tuvo más de 70 denuncias en su contra en la Inspectoría de Tribunales. Dentro del TSJ, Porras fue vicepresidenta de la Sala de Casación Social.
Ortiz Hernández estuvo seis meses, durante 2005, frente a la Inspectoría General de Tribunales y renunció tras alegar razonas personales, aunque según las versiones extraoficiales que circularon, el magistrado fue rechazado por su entorno al haber actuado en esa instancia de acuerdo con sus intereses.
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Sin embargo, posteriormente denunció que había recibido presiones internas. “Yo lo venía haciendo todo bien, hasta hace 15 días, cuando me metí con Belkis Cedeño (la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas) y con Juan Carlos Cuenca (juez superior IV en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas) a quienes llevé ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que fueran suspendidos. A partir de allí comenzaron los rumores y los señalamientos de que estaba actuando mal, y como no tengo ansias de poder ni quiero crear tribus, presenté mi renuncia”, dijo a El Universalese mismo año.
La Contraloría General de la República le impuso en 2008 una multa de 3.000 bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio.
La ampliación es una vía para equilibrar las fuerzas dentro del máximo tribunal. El incremento se haría, principalmente, en la Sala Constitucional
Abogados están convencidos de que el actual tribunal anulará o rechazará la decisión que tome la AN sobre los magistrados designados el 23 de diciembre
@loremelendez
LA DISCUSIÓN SE PROLONGÓ DURANTE CASI UNA HORA y el detonante fue una pregunta del diputado Stalin González. El tema que puso en el tapete fue la posibilidad de que se ampliara el número de togas en la Sala Constitucional de la máxima corte venezolana y sobre esto respondieron los especialistas en derecho y miembros de las ONG invitadas a la reunión de los miércoles de la Comisión Especial para investigar y evaluar la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tras el planteamiento, las posturas comenzaron a encontrarse casi de inmediato.
Horas antes se había conversado sobre las irregularidades ocurridas en el proceso de elecciones de los magistrados que ascendieron al TSJ el pasado 23 de diciembre y, entre los argumentos, se dejaron colar las voces de quienes afirmaban que, cualquiera que fuese la decisión del Parlamento sobre este asunto, sería anulada o rechazada. Por eso, discernir sobre una vía alterna, no estaba de más.
Aunque los abogados coincidían en que el TSJ carecía de la institucionalidad necesaria para dictar sentencias equilibradas y alejadas del sesgo rojo que les había caracterizado en los últimos años, no todos estaban de acuerdo con que la ampliación de la Sala Constitucional fuera la salida para que se recobrase la democracia dentro del Poder Judicial.
Legitimación de los magistrados designados, gastos excesivos en tiempos de crisis y dudas sobre la independencia de los nuevos ingresos fueron algunos de los argumentos en contra. Por el otro lado, se debatía la urgencia de una medida política dentro de un organismo que se considera partidizado.
Lo cierto es que tal ampliación sólo es posible si se reforma la Ley Orgánica del TSJ que, de acuerdo con el diputado Carlos Berrizbeitia, entrará en discusión este mes, el mismo en el que se presentará el informe que contiene la investigación parlamentaria que se sigue a las togas designadas en diciembre pasado.
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Al respecto, Berrizbeitia adelantó que se tiene contemplado que en las próximas reuniones de la Comisión Especial se invite a los miembros del Comité de Postulaciones y también a los juristas que se jubilaron por adelantado el año pasado.
“Lamentablemente, con cada día que pasa y que revisamos el expediente, vemos más violaciones flagrantes a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Hay muchísimos vicios en el proceso, de todo tipo, y esto orienta a que ese proceso fue hecho de manera rápida, sin argumentos y con la venia de la antigua asamblea”, afirmó el diputado.
Argumentos a favor
Rafael Chavero – Profesor de Derecho Público
Para el especialista en Derecho Público, no hay otra forma de “recuperar”, a corto plazo, la institucionalidad. Considera que la decisión de ampliar el número de magistrados en el TSJ es un “mecanismo de supervivencia y de recuperación democrática” que busca “neutralizar” las operaciones políticas del máximo tribunal venezolano.
“El nivel de malandraje que hemos sufrido en los últimos años no nos puede permitir salir a pelear con guantes de seda. Es meternos en un ring de boxeo, con toda protección, a pelear con alguien que tiene una ametralladora”, dijo el abogado, quien recalcó que la decisión que se tome debe ser política.
“Cada vez que duden sobre esto, lean la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre del año pasado y vean si hay algún vestigio de legalidad”, apuntó.
Claudia Nikken – Centro de Estudios de Derecho Público de Unimet
La profesora universitaria pidió que se dejara la ingenuidad sobre lo que sucede actualmente dentro del TSJ y advirtió que no se debe perder de vista que tanto la Sala Constitucional como la Sala Político Administrativa de esa instancia toman decisiones políticas con el fin de controlar al Gobierno y a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, alertó que lo que se debe evitar es que estas mismas decisiones políticas se politicen o partidicen.
“Para restablecer el estado de derecho que no tenemos, habrá que tomar algunas decisiones jurídicas con cierto tinte político”, añadió.
Recalcó que la decisión de esta ampliación debe mirarse desde distintas ópticas, estar apegada a la Constitución y poner su foco en la necesidad de “salir de este escollo político”.
Fernando Ovalles – Foro Penal Venezolano
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Aunque estuvo de acuerdo con la disminución de la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debido al esfuerzo que representa para el Estado mantener a más funcionarios públicos en un país “quebrado”, aclaró que este sólo era un problema de carácter técnico al que se le debía buscar una solución.
“Si lo vemos desde ese punto de vista, posiblemente no sea conveniente elegir una mayor cantidad de magistrados. Pero la situación histórica que estamos viviendo amerita que la mayoría que el pueblo eligió el 6 de diciembre, también debería llevarse hasta el TSJ. Si ese es el único camino y esta es una decisión política, yo estoy de acuerdo”, afirmó el abogado especializado en temas penales.
Por qué oponerse
Laura Louza – Acceso a la Justicia
Louza recomendó que el paso se estudiara muy bien antes de llevarse a cabo y que la decisión, además de estar sostenida en el obligatorio respeto al Estado de Derecho, también debía tomar en cuenta la eficiencia que tendría el TSJ con un mayor número de magistrados.
“Mientras más personas toman una decisión en un determinado momento, más costos de transacciones hay, porque evidentemente ponerse de acuerdo no es fácil”, aseguró luego de recordar que las estadísticas, desde 2000, reflejan que las Salas dictan menos sentencias de las que deberían. Todo contribuiría, de acuerdo a este razonamiento, a que haya aún más retardo en los procesos judiciales.
Además, recordó que en tiempos de crisis se habla de un necesario recorte de gastos que no podría producirse si se incluyen más togas el máximo tribunal. A esto se suma el problema del lugar, ya que en el edificio actual no hay más espacio.
Alfredo Romero – Foro Penal Venezolano
El abogado y director ejecutivo de la ONG rechazó que esta sea la medida indicada para que el máximo tribunal vuelva a la institucionalidad.
“Yo creo que para tomar esa decisión, sustentada en la ley, tiene que haber fundamento muy fuerte que vaya más allá de decir que los magistrados van a anular cualquier decisión que se tome en la Asamblea Nacional. Hay que dejar constancia por medio de discusiones y acuerdos del porqué se toma esa decisión considerando que, efectivamente, no hay independencia dentro del Poder Judicial”, señaló.
Si la ampliación llegara a aplicarse, Romero dice que este paso “puede ser muy criticado”.
“A mí me da un poco de dolor de estómago pensar que van a hacer lo mismo que critiqué de una manera muy contundente, cuando lo hizo anteriormente el chavismo para conquistar el TSJ en 2004”, agregó en su intervención.
Luis Alfonso Herrera – ONG Un Estado de Derecho
El informe entregado a la comisión de la AN por esta organización advierte los riesgos de esta decisión. Entre estos, mencionan que la inclusión de los magistrados podría permitir que el control de la Sala Plena siga en manos del oficialismo y que se corre el riesgo de aumentar los “superpoderes” de la Sala Constitucional, además de arrojar dudas sobre la independencia de las nuevas togas.
Herrera indicó que va a llegar el momento en el cual el Poder Legislativo deberá manifestar al máximo tribunal que no está “dispuesto a cumplir con disposiciones políticas que no son sentencias” y que desde el hemiciclo se debe anunciar al país y a las organizaciones internacionales que cualquier paso que se da, en este sentido, es para “tratar de tener un tribunal independiente. Para que la AN sea controlada por una instancia independiente y no por un partido político.
Humberto Njaim – Profesor de Unimet
Para el experto en derecho, hacer que ingresen más magistrados al TSJ significaría legitimar a quienes fueron juramentados el pasado 23 de diciembre, luego de un proceso cuestionado desde la instalación del Comité de Postulaciones que evaluó a los candidatos.
Además, planteó que las nuevas togas que entren al máximo tribunal luego de esta ampliación, serán vistas como aliadas de la oposición, lo que les dará un sesgo que más bien debe ser erradicado dentro del Poder Judicial.
“Van a tener un criterio político contrario al de los magistrados que ya están dentro de los tribunales y eso sería, a mi modo de ver, perjudicial ante la opinión pública”, detalló.
Aunque admitió que la propuesta de ampliación tiene un “gran atractivo político”, señaló que esta sería una medida engañosa porque difícilmente podría bloquear las decisiones de la Sala Plena.
Borges: El Gobierno quiere más poder y no sabemos para qué
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró que el Decreto de Emergencia Económica «tiene que decir a dónde vamos porque no vamos a dar un cheque en blanco», por lo que se asignará una comisión especial en el Parlamento «para saber qué se quiere hacer verdaderamente con el Decreto».
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, manifestó este martes que el Decreto de Emergencia Económica, anunciado recientemente por el Gobierno Nacional, «lo único que pide es más poder para manejar el presupuesto de manera casi que discrecional, para manejar la moneda venezolana de manera discrecional, y poder incluso para intervenir empresas».
Informó que hoy se asignará una comisión especial presidida por el economista y diputado José Guerra, «que tiene ya una visión de cómo mejorar la economía del país», y se convocará a distintos miembros del Ejecutivo Nacional, como los ministros, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y el presidente de Pdvsa, «para conocer las medidas concretas y que expliquen qué es lo que se quiere hacer verdaderamente con el Decreto».(El Universal)
Comisión que estudia designación de magistrados se reunirá con juristas
El diputado Carlos Berrizbeitia dijo que en dicho encuentro la Comisión Especial escuchará la opinión de juristas de trayectoria sobre el procedimiento utilizado en la anterior legislatura para designar y juramentar a los jueces del máximo tribunal del país
Carlos Berrizbeitia, presidente de la Comisión Especial que evalúa la designación de 13 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, informó que se reunirán con los integrantes del Frente Constitucional de Venezuela.
El diputado agregó que en dicho encuentro la Comisión Especial escuchará la opinión de juristas de trayectoria sobre el procedimiento utilizado en la anterior legislatura para designar y juramentar a los jueces del máximo tribunal del país. Además de las observaciones conocidas por denuncias de militancia política, extremos cumplidos en cuanto a los requisitos constitucionales, entre otras.(El Nacional)
Alcaldes opositores y chavistas se reunirán hoy con Maduro
Previamente las autoridades municipales de la Unidad tendrán un encuentro en Chacao para discutir temas en común
Los alcaldes de la oposición y del chavismo se reunirán esta tarde con el presidente Nicolás Maduro en el Teatro Teresa Carreño. La información fue difundida en Twitter por la máxima autoridad del municipio Chacao, Ramón Muchacho.
Muchacho manifestó su esperanza de que el encuentro sea para plantear soluciones a los principales problemas de cada zona.
“Los alcaldes del país estamos convocados a una reunión con Maduro esta tarde en el Teresa Carreño. Esperamos sea para hablar sobre los problemas que aquejan a nuestros vecinos y procurar soluciones, y no para otra cosa”, expresó.(El Nacional)
Diputados de la AN se reunieron con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios
La reunión se realizó con el objetivo de conocer la situación actual de las universidades del país
Este martes diputados de la Asamblea Nacional (NA) sostuvieron una reunión con representantes de la Asociación venezolana de Rectores Universitarios para conocer las inquietudes del sector universitario.
El vicepresesidente de la AN, Enrique Márquez declaró: “Recibiremos esta tarde al núcleo de decanos de la Universidad Central, en los próximos días a representantes de las federaciones de centros universitarios del país, recibiremos a la Fapuv, a los gremios de empleados y obreros del sector universitario y nos desplegaremos por todo el país en la interacción obligatoria con la comunidad universitaria, para conocer a fondo, en detalle la problemática de las universidades para ayudar en a solución de los problemas más importantes que aquejan a estas casas de estudios”.
Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, informó: “Una de las cosas más importante de esta comisión es establecer un balance muy claro de cómo se encuentran nuestras universidades no solo en el plano financiero sino en el plano académico”.(Últimas Noticias)
María Corina Machado exige destituir a Coronel acusado de vejar a la familia de López
La titular del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, exigió hoy que sea destituido el encargado de la cárcel donde se encuentra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de vejar a la esposa y a la madre de este en presencia de sus dos hijos menores.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), desde este mes controlada por la oposición, “tiene que exigirle al ministro (de Defensa, general Vladimir) Padrino que destituya e investigue de inmediato al coronel Viloria, responsable de estos hechos infames”, exigió Machado a través de la red social Twitter.(La Patilla)
Oficializan Decreto de transferencia de saldos 2015 al Fonden
Los saldos líquidos y no líquidos no causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015, se transferirán al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), según el Decreto 2.185 publicado en la Gaceta Oficial número 40.829, con fecha 15 de enero de 2016.
Este Decreto fue anunciado este lunes por el vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz, durante un encuentro que sostuvo con autoridades regionales y empresarios en el estado Vargas. “Hay unas líneas que quisiera compartir con ustedes. Utilizar los recursos provenientes del Ejercicio Económico Financiero 2015 para ampliación de las misiones sociales, infraestructura productiva y abastecimiento”.
El artículo 1 del Decreto establece que dicha transferencia se hace a los fines de “atender las necesidades sociales económicas, productivas y de proyectos de infraestructura y servicios de la población venezolana enmarcados en el Plan de la Patria. A tales efectos, se garantizará la continuidad de las misiones y las grandes misiones sociales, el financiamiento para la recuperación del aparato productivo, el abastecimiento de alimentos y demás productos esenciales para el bienestar colectivo”.(La Patilla)
La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio ‘Con el mazo dando’, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en el que el dirigente acusó a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criminaliza a los medios y sus trabajadores en su espacio de opinión «Los mazazos» que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), indica un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La organización no gubernamental monitoreó dos meses de programación del espacio de opinión, transmitidos entre noviembre y diciembre de 2014.
IPYS documentó que durante 9 programas, difundidos en un período de dos meses, Diosdado Cabello acusó a 165 personas y medios, entre los que se cuentan diarios de circulación nacional, directores, editores, periodistas, fotógrafos, activistas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos de oposición, representantes de la Iglesia católica, estudiantes y universidades venezolanas.
El patrón de señalamientos revela un proceso de constante vigilancia y seguimiento hacia diversos actores: dirigentes de partidos políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes estudiantiles, miembros de la iglesia católica, autoridades universitarias, analistas políticos y económicos, ciudadanos detenidos y bajo procesos judiciales.
A pesar de que los acusados representan a diversos sectores sociopolíticos de Venezuela, tienen un elemento en común: ejercen funciones que desde el gobierno son consideradas subversivas, susceptibles de objeciones.
Las personas y organizaciones que aparecen reseñadas en el programa, frecuentemente, son tildadas como «la derecha», «los fascistas», «los desestabilizadores», «los amargados». Así los califica Diosdado Cabello para abonar la tesis de una supuesta conspiración en contra del gobierno. En los 9 programas analizados, IPYS Venezuela encontró 25 referencias de Diosdado Cabello, vinculadas a este argumento. Habló de «conspiración», «conspiradores», y acciones para «conspirar».
Las acusaciones buscaban criminalizar el trabajo de medios y periodistas, mediante el uso de informantes anónimos referidos por Cabello como «patriotas cooperantes». Bajo la lógica de Los Mazazos, la mayoría los señalamientos son arbitrarios, no están fundamentados en ninguna investigación previa que debería realizarse desde las instituciones del Estado venezolano.
Más allá de reprender o avalar conductas de las personas y organizaciones que han sido señaladas, IPYS Venezuela considera que las leyes nacionales establecen que son los organismos del poder moral y judicial los que están en competencia para llevar adelante cualquier procedimiento de averiguación si los casos los ameritaran. Éste es un rol que le corresponde a las instituciones de justicia y no de un programa de televisión que acusa y sentencia a ciudadanos, con la utilización de la plataforma del principal canal del Estado y desde la vocería del presidente del parlamento nacional y dirigente del partido político oficial.
El abuso del poder del Estado en materia de comunicaciones se hace evidente. Con «el mazo dando» revela una mezcla en la que los roles del Estado se distorsionan y aúpan la impunidad. Esa fusión se llega a naturalizar: el canal estatal actúa como el partido político oficial. Pero a su vez, se vuelven una sola las funciones del gobierno, el parlamento, los encargados de la justica y los órganos de inteligencia policial. Ante las acusaciones como las que se hacen recurrentes en el programa, los ausentes son el debido proceso y la independencia de los poderes públicos del país, garantías fundamentales de la democracia y que están establecidas en la Constitución Nacional.
