DECIR QUE EN VENEZUELA HAY censura no es noticia que se cierren medios de comunicación o que se prohiban canales o programas televisivos, pero lo que sí debe decirnos mucho sobre el aumento significativo de la represión en el país es el caso ejemplificado por los humildes bomberos de Mérida, Ricardo Antonio Prieto Parra y Carlos Julio Varón Gracia, quienes por un hecho que es un ejercicio cotidiano para cualquier venezolano, esto es, el reírse de sus propias miserias y de los gobernantes que las provocan, hace un mes fueron detenidos con base en la oprobiosa pseudo ley contra el odio, y pueden quedar sentenciados a una pena de hasta veinte años de cárcel (artículo 20).
Sólo para poner en contexto lo desmesurado de esta sanción, hemos de considerar que la pena para un homicidio simple es de doce a dieciocho años (artículo 405 del Código Penal), con lo que se pone en evidencia que para Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es más importante la figura presidencial que la vida de cada ciudadano. Aunque los hechos demuestran que para el régimen la vida no tiene importancia, que se aprese a ciudadanos comunes por reírse del poder pone en evidencia la barbaridad que nos rige. Debemos agregar que los bomberos al realizar su video casero, dentro de la burla que efectivamente hacen, traslucen con mucha candidez la precariedad de su situación, tratando con humor lo que son las diarias dificultades de su trabajo, lo cual muestra la inexistente tolerancia en Miraflores a todo lo que lo critique.
Que al poder no le gusta que se rían de él tampoco es novedad; ya Aristófanes, el llamado “padre de la comedia”, fue denunciado por el populista Cleón, quien decía que cuando se burlaban de él en realidad se criticaba a la ciudad de Atenas, por lo que esconderse detrás del “pueblo” para acabar con la libertad de expresión no es reciente. Pese a ello, y obviando a sus detractores, Aristófanes siguió escribiendo sus obras y criticando a Cleón y a otros, no en vano Atenas es la cuna de la democracia.
Más admirable aún es el caso de una caricatura muy famosa llamada La entrada, en la que nada menos que el general George Washington es dibujado conduciendo un burro –sí, un burro–, haciendo burla de su triunfal toma de posesión al ser electo por primera vez presidente de Estados Unidos, que algunos consideraron extravagante. Además, en el dibujo está acompañado por un diablo que decía: “El tiempo glorioso ha llegado / cuando David conducirá un asno”. ¿Cuál fue la respuesta del libertador norteamericano? Ninguna, no se interpuso denuncia contra nadie por esto y nadie fue encarcelado.
Más cercano a nosotros es el caso de las elecciones de 1846 en las que José Tadeo Monagas enfrentó a Antonio Leocadio Guzmán por la presidencia de la República. El primero era respaldado por José Antonio Páez (quien no tardaría en arrepentirse) y por el presidente saliente general Carlos Soublette. Los partidarios de Guzmán publicaron una caricatura del presidente Soublette como si fuera un aristócrata y lo titularon Don Carlos, gran Duque de Dabajuro, haciendo burla de la batalla de ese nombre en la que Soublette fue derrotado en 1822. ¿La respuesta de Soublette? No fue ni cárcel ni tortura, sino otra caricatura en la que sus partidarios dibujaron a Guzmán tratando de subir un palo ensebado, tarea muy difícil de lograr (tomado de Torres Ildemaro, 1982, El humorismo gráfico en Venezuela. Maraven. Caracas. pp. 250-252). Otra victoria para la tolerancia.
Lamentablemente, esos tiempos en los que a los poderosos no les importaba que se rieran de ellos no sólo han pasado, sino que la realidad en la Venezuela actual nos muestra una libertad de expresión arrasada por los controles que el poder ha ideado.
Ahora bien, pensar que existe libertad de expresión porque todavía hay algunas emisoras de radio con programas que critican al Gobierno y porque las redes sociales están llenas de mensajes de todo tipo contra este no es más que un espejismo, pues no existe una sola señal radial que tenga carácter nacional con mensajes críticos, y mucho menos medios televisivos, además, para tener redes sociales se debe contar con internet, y el acceso al mismo llega apenas al 53% de la población, por lo que virtualmente la mitad de los habitantes del país no tienen acceso a la red. En consecuencia, esos medios en los que se goza de cierto ambiente de libertad en realidad son “zonas de tolerancia”, permitidas para disfrazar un talante autocrático.
Un ejemplo muy sencillo de lo anterior lo tenemos en el hecho de que hoy en día prácticamente no hay programas de humor en la televisión venezolana, y eso es lógico, pues una de las fuentes naturales y principales del mismo es la realidad y, dentro de ella, la política; al ser ambos temas tabú para el poder resulta lógico que no haya comedia.
Pero volvamos al caso de nuestros bomberos, ellos, siguiendo el patrón gubernamental con todo detenido político, fueron privados de su libertad sin orden judicial, y además se violó el lapso de 48 horas establecido en la Constitución para ser presentados ante un tribunal, pues ello ocurrió en el doble de ese tiempo. Pero la desproporción y la arbitrariedad no se queda allí, pues como lo denuncia el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), se les ha trasladado a un centro de detención sin las condiciones debidas y de difícil acceso para que sus familiares les lleven alimentos, pues el Gobierno no se los proporciona, pese a que es su deber.
Todo este calvario, para quienes sólo ejercieron su derecho a la libertad de expresión, parece empeorar cuando nos enteramos, por el mismo Observatorio de la ULA, que el juez del caso, provisorio como casi todos los del país, es decir, sujeto a ser removido en cualquier momento y sin procedimiento alguno, se declara abiertamente comunista, admirador de Hugo Chávez y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Debemos recordar que el artículo 256 de la Constitución, ese olvidado texto, prohíbe expresamente a los jueces cualquier tipo de activismo político. Luego de todo lo expuesto: ¿qué justicia les espera a nuestros bomberos?
Y la persecución no se acaba allí, pues además el Gobierno, por si algún otro trabajador tiene ganas de hacer más chistes, ha intervenido el Cuerpo de Bomberos de Mérida con la excusa de un supuesto plan de reentrenamiento para todos los efectivos a fin de evitar nuevas molestias al Ejecutivo Nacional. Ahora sólo le falta prohibir el fuego para que no haya necesidad de bomberos.
Podemos concluir que todo el tránsito de este lamentable relato es una continua y permanente violación de los derechos más elementales de la dignidad humana, cuyo colofón es el propio desdén con que el ciudadano Nicolás Maduro respondió al periodista que osó preguntarle por este caso, al decirle que su interrogante no tenía el nivel, y en tal sentido cabe preguntarse: ¿la condena en prisión por hasta veinte años de dos bomberos es algo de poco nivel?, ¿es algo sin importancia el privar a trabajadores de su libertad, y a sus familias de su sustento?
La respuesta la da un marco jurídico ilegítimo y violatorio de los derechos humanos, como es la inconstitucional ley contra el odio, para la que la imagen del presidente de la República es más importante que la vida de cada ciudadano, al considerar más gravosa una broma respecto de este que un homicidio.
Por Acceso a la Justicia
