Líderes chavistas reconocieron que el objetivo de la ANC nunca fue redactar una nueva Constitución 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Nicolás Maduro en 2017 dejó de sesionar y pese a que tuvo una duración de más de tres años, algo sin precedentes en la historia nacional, no cumplió su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Así lo dejó en claro su presidente, Diosdado Cabello:

«Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir [una Constituyente], otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales».

La declaración de Cabello revela que la instancia fue «un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución». Así, lo denunció Acceso a la Justicia en el Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela, en el cual sostiene que la figura terminó de llevarse «tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país».

En el reporte se hace un repaso a la actuación de la Constituyente desde que se instaló el 4 de agosto de 2017, tras su cuestionada convocatoria en mayo y fraudulenta elección el 30 de julio de ese año; y se resalta que casi la totalidad de su actividad ha estado centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años ha dictado o reformado una treintena de leyes, a algunas de las cuales le ha colocado el calificativo de «constitucionales».

Entre dichos instrumentos destacan la Ley contra el Odio, la cual castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes «inciten el odio», y que ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono. Un caso emblemático fue el de los bomberos de Mérida que grabaron un video satírico montados sobre un burro.

Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimientos. Esta última «ley constitucional» pretende «regularizar» la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el Gobierno de Maduro.

Una rapiña

En el informe también se denuncia que la Constituyente de Maduro ha abierto las puertas al expolio de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco y, sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al Gobierno para celebrar «todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios», a fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República», sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.

Acceso a la Justicia denuncia en su estudio que:

«áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos».   

Invento criollo

«Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas», explicó Diosdado Cabello.

Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución, y recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.

La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello, sino que además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN. Asimismo aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. No obstante, hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre el Gobierno de Maduro, tal como la interpelación a algún ministro, hecho este último que desde hace décadas no se hace, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora.

Por último, la única medida que podría considerarse como un intento de «transformar el Estado», otra de las tareas que el artículo 347 constitucional confiere a esta figura, es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, lo que, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes, situación que tiene su origen en la elección en Caracas de alcaldes metropolitanos contrarios al Gobierno. En ese sentido, no es un hecho menor que como no se puede ganar esa elección, se opte por eliminar la correspondiente entidad.

El instrumento que fue aprobado este jueves 8 de octubre por la asamblea nacional constituyente habla sobre desaplicar leyes a conveniencia del Ejecutivo 

@franzambranor

Este jueves 8 de octubre la asamblea nacional constituyente aprobó en primera discusión la Ley Antibloqueo, un instrumento de 44 artículos con el que el chavismo pretende desaplicar normativas constitucionales a fin de burlar las sanciones emitidas por los Estados Unidos.

El gobierno de Maduro diseñó una ley de categoría aparentemente constitucional que no está prevista en el ordenamiento jurídico, con la cual se dejan sin efectos algunos postulados y principios de la propia Carta Magna.

El instrumento abarca tres capítulos, el primero va del artículo 1 hasta el 16 y trata sobre los mecanismos de validación del documento, órganos de supervisión y definición de medidas coercitivas unilaterales, el segundo comienza en el artículo 17 y finaliza en el 35 y es sobre medidas económicas productivas y el tercero se refiere a otras formas de protección y comprende el espacio entre los artículos 36 y 44. 

El artículo 19 habla sobre “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o superar los daños de las sanciones, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.  

Diosdado Cabello, presidente de la anc, sostuvo que con esta ley el pueblo venezolano dota a Nicolás Maduro de un instrumento para hacerle frente a los bloqueos y sanciones.

Cabello indicó que la ley fue respaldada por el 89% de un universo de 13 millones de venezolanos consultados a través de la página Patria.org.ve.

El constituyentista Hermann Escarrá manifestó en la sesión de este jueves que la ley es una medida de protección para el país. “Desde el 2015, Venezuela es víctima de sanciones y bloqueos por parte del imperio norteamericano con el fin de desestabilizar la economía y provocar un colapso”.

Desde el propio chavismo han surgido voces disidentes con respecto a la ley como la de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela quien dijo que la ley “crea las condiciones para que la política de entrega de bienes se pueda profundizar”.

En Runrunes consultamos a tres especialistas en materia de leyes:  la diputada Tamara Adrián y los abogados constitucionalistas, Allan Brewer Carias y Juan Manuel Raffalli. 

Uno de los objetivos de la Ley Antibloqueo es devolver las empresas expropiadas a manos de privados. ¿No es esa una buena noticia? 

Allan Brewer Carias: Sería una buena noticia si la medida de devolución respondiera a un cambio de política económica realizada en un marco legalidad y transparencia. Realizar la devolución de empresas expropiadas, confiscadas u ocupadas a sus antiguos dueños, suspendiendo el orden jurídico en la materia, y en un marco de sigilo y secreto, solo levanta suspicacia. No hay que olvidar, como lo dijo un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, el mejor antídoto contra la corrupción es la luz del sol. 

Tamara Adrián:  No hay ninguna certeza. Parece populismo para lograr apoyo para otras barbaridades. Básicamente es poder privatizar, vender activos, dar concesiones, otorgar derechos en secreto sin contraloría y control presupuestario. 

Juan Manuel Raffalli: La Ley permite entregar empresas a manos privadas sin respetar la Ley de Concesiones y de Contrataciones Públicas o a actividades reservadas al Estado. Se reserva la confidencialidad y el contenido de los expedientes administrativos. Con esta Ley, Maduro puede hacer un contrato con una empresa privada o pública sin consultar a nadie. Es decir, puede entregarle la Faja del Orinoco a Irán sin rendir cuentas y manejar los haberes como una partida secreta. Esta Ley es un adefesio, es el Ejecutivo haciendo lo que le da la gana, incluso le otorga a Maduro más poder que el que tiene con el decreto de Emergencia Económica.  

El artículo 19 de la ley habla sobre la desaplicación de normas legales. ¿Eso significa ignorar la Constitución?

ABC: “Suspender las normas” que colindan con lo que se establece en la Ley Antibloqueo, como lo dice la Disposición Transitoria Segunda, implica poner a la misma por encima de la propia Constitución Nacional,  eliminando, por ejemplo, como resulta del artículo 19, las potestades aprobatorias de la Asamblea Nacional. 

TA: Eso no es una ley. Las leyes solo pueden dictarse a través de la Asamblea Nacional. Es totalmente inconstitucional, pues permite desaplicar la Constitución, dejando supuestamente a salvo los derechos humanos, que son indivisibles de los demás derechos. Crea un sistema secreto de cuentas donde irían los fondos, que no se sabe de quién, cómo llegarían ni en qué se usarían. En el fondo es un medio para hacer de Maduro una especie de rey sol. Lo demás son justificaciones cosméticas para quienes creen en la revolución. 

JMR: Esto significa que Maduro puede decidir unilateralmente no aplicar una ley que deba emplearse en cualquier procedimiento. Puede acordar no aplicar normas de la Ley de Concesiones y con ello otorgar contratos sobre actividades reservadas al Estado como los hidrocarburos y la minería. Puede desaplicar la Ley de Presupuesto con el fin de no tener que rendir cuentas, también dejar de aplicar las normas sobre contratación pública y hasta puede ignorar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto significa el fin del Estado de Derecho. La desaplicación de una norma jurídica solo la pueden hacer los jueces a través de lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, cuando la aplicación de una norma en un caso concreto pueda lesionar un derecho constitucional. Lo que limita al poder es la ley y si el propio funcionario puede desaplicarla entonces no hay límites. Además quien supervisa el control de la ley es el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo de Maduro, integrado por quien él decida y la Contraloría General de la República, que ya todos conocemos su grado de docilidad ante el gobierno  

¿Qué pasará con Pdvsa. Podría haber una recuperación de la empresa si la ponen en manos de privados? 

ABC: Si el gobierno lo que quiere es cambiar la política económica e ir hacia la privatización de las actividades petroleras, ello debe hacerlo dentro de un marco regulatorio abierto y público; pues de lo contrario podemos terminar en un esquema de “privatización” secreta, como el que ocurrió cuando se derrumbó la Unión Soviética, cuando las antiguas empresas del Estado pasaron a manos de amigos del régimen, conocidos después como los “oligarcas.”

TA: Ya se ha manejado la mitad de la riqueza petrolera en secreto, sin presupuesto ni rendición de cuentas. Ahora lo que se busca es dejar sin efecto toda la madeja de leyes restrictivas y sobre todo, volarse los requisitos constitucionales, por ejemplo, de contratos de interés nacional y de interés público, que requieren acuerdo parlamentario, y sobre todo mecanismos transparentes. Se trata de eliminar cualquier vestigio de transparencia y rendición de cuentas, así como en la mafia. 

JMR: El presidente puede reestructurar cualquier empresa del Estado y órganos o entes de la administración pública, pero eso requiere un procedimiento, unos requisitos previos, transparencia en lo que se está haciendo y en este caso con esta Ley Antibloqueo, Maduro puede conceder cualquier contrato petrolero o mineral saltándose la autorización de la Asamblea Nacional 

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado este miércoles, 24 de enero, para rechazar «enérgicamente» el llamado anticipado de elecciones presidenciales en Venezuela, hecho por la asamblea nacional constituyente, antes del 30 de abril.

De acuerdo con la institución, este proceso sería antidemocrático e ilegítimo si se lleva a cabo, pese a ser esencial para «la restauración de un orden constitucional democrático en Venezuela».

A continuación el comunicado:

Estados Unidos rechaza enérgicamente el llamado de la Asamblea Constituyente ilegítima de Venezuela para elecciones anticipadas antes del 30 de abril.

Este voto no sería ni gratuito ni justo. Solo profundizaría, no ayudaría a resolver, las tensiones nacionales. No reflejaría la voluntad del pueblo venezolano, y sería visto como antidemocrático e ilegítimo a los ojos de la comunidad internacional. Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos y para que regrese al orden constitucional democrático.

Un proceso electoral libre, justo y transparente, abierto a la observación internacional creíble, es esencial para la restauración de un orden constitucional democrático en Venezuela. Hacemos un llamado al gobierno venezolano a cumplir sus compromisos bajo la Carta de la OEA y bajo la Carta Democrática Interamericana. Apoyamos la declaración del 23 de enero del Grupo de Lima que llama a un proceso democrático inclusivo y transparente.

Ninguno de los 44 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro que fueron puestos en libertad por la asamblea nacional constituyente conoce las condiciones en las que comenzará su vida fuera de la cárcel porque los tribunales están cerrados.

Así lo afirmó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, al diario El Nacional, quien detalló que en el Palacio de Justicia las labores se reanudarán el 8 de enero de 2018, fecha en la que se prevé que los liberados puedan saber cuáles son las restricciones de su excarcelación.

Romero indicó que dos abogadas del Foro Penal, que representan a la mitad de los indultados, asistieron a la sede de los tribunales. «Pero no hubo audiencia ni despacho. Tampoco te dan acceso al expediente ni la posibilidad de que se presenten», aseguró al impreso. Precisó que 7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivos políticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad.

Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.

González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García.

Según confirmó García a Efe, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y «los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero».

Jhosman Paredes, otro liberado, escribió en su cuenta de Twitter: «Me encuentro a las afueras del Palacio de Justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho».

«Cuando ocurren liberaciones, lo normal es ir al siguiente día hábil para presentarse ante el tribunal correspondiente. Como casi todas las boletas de excarcelación llegaron el sábado, todos acudimos ayer (el martes, 26 de diciembre) al Palacio de Justicia para que los tribunales que estaban a cargo nos informaran sobre las condiciones de los excarcelados», explicó Mariana Ortega, abogada del Foro Penal.

La jurista pensaba que se iba a habilitar algún despacho, pero después de esperar una orden por parte del presidente del Circuito de Tribunales de Caracas, tanto abogados como excarcelados se retiraron sin respuesta.

Ortega, que agregó que muchos de sus representados no son de Caracas y tendrán que quedarse en la capital mientras esperan.

Con información de El Nacional y EFE.

Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General destituida por la anc, asumió los “errores” que no permitieron frenar a tiempo “la oleada autoritaria” en Venezuela.

En un mensaje que denominó “atípico 48 aniversario del Día del Ministerio Público”, Ortega se dirigió a los trabajadores.

“Son tiempos difíciles para todos, pero sé que los años en los que construimos una institución fuerte y moderna, generaron en ustedes un sentido de pertenencia e identidad que nos harán superar los escollos que la dictadura ha puesto al buen andar del Ministerio Público”, señaló Ortega en un documento que difundió en Twitter.

“Con absoluta responsabilidad y compromiso de futuro, asumo ante ustedes los errores que no nos permitieron a tiempo frenar la oleada autoritaria que se impuso sobre nuestra institución y el orden constitucional del país”, agregó la funcionaria destituida.

“Debemos tener fortaleza, pues estoy segura de que no les queda mucho tiempo”, añadió Ortega, quien afirmó que “a diario” se comunica con funcionarios que le hablan de la “destrucción progresiva a la que están sometiendo al Ministerio Público”.

La destituida funcionaria vaticinó que “queda muy poco para acabar con la persecución interna al conocimiento, la honestidad y la probidad” y subrayó que “lo único” que no pueden asaltar militarmente y robarles “es la esperanza de recuperar lo que entre todos” construyeron.

Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto en un operativo express de la asamblea nacional constituyente.

Mensaje a los trabajadores del Ministerio Público en su 48vo Aniversario #26Nov #Venezuela pic.twitter.com/FVnkfE9TnZ

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 26 de noviembre de 2017

Pues bien, henos aquí, en la Venezuela de la “asamblea nacional constituyente”. Se protestó durante tres meses para evitar su concreción, con sacrificios imponderables. Tal esfuerzo no estuvo exento de logros, pero el objetivo principal no se cumplió. El país entró a una nueva etapa, y el efecto constituyente, por así llamarlo, se ha hecho sentir con furia. Solo por nombrar tres de sus manifestaciones, casi toda la comunidad internacional geopolíticamente importante ha expresado su condena a la ANC y pedido que sea desinstalada, Maduro se convirtió en el cuarto mandatario en ejercicio que ingresa a la lista de la OFAC de Estados Unidos y, por último, se disparó de forma espeluznante cierta divisa que comparte con el villano de una saga literaria juvenil la condición de innombrable.

Es inevitable, en medio de este calamitoso contexto, preguntarse “¿Y ahora qué?”. Claro, quien tiene la responsabilidad de empezar a echar luces sobre cómo proceder es la dirigencia opositora. Por eso resulta inquietante ver que de nuevo los líderes de los partidos no se pongan de acuerdo sobre cuál deba ser la estrategia. Las obvias diferencias ideológicas, e incluso la preferencia por diferentes acciones particulares, no sirven de excusa para que unos remen en dirección contraria a los otros. Mucho menos en un momento en que el Gobierno acelera la marcha hacia la destrucción de la República, llevándose por delante a todo aquel que intente detenerlo.

Así pues, cuando el foco debería estar en la materialización de esa nueva etapa de protesta anunciada hace unas semanas para resistir la “constituyente”, toda la atención se desvía hacia una cuestión que a estas alturas no debería ser motivo de disputas: ¿es correcto o no participar en las elecciones regionales convocadas para diciembre de este año? Antes de empezar a evaluar esta interrogante, cabe mencionar que el primer abordaje de ella por los dirigentes de la MUD ha sido torpe. De nuevo, las fuerzas políticas hacen anuncios contrapuestos por cuenta propia, lo que denota una falta de comunicación entre ellos. Los partidos, así como los intelectuales y demás figuras públicas que tienden a seguirlos, en desempeño de su papel natural de generadores de opinión, han originado un debate que al parecer ha partido en dos al enorme porcentaje de venezolanos que adversa al Gobierno y desea el retiro de la cúpula roja.

Horas después de que María Corina Machado y su partido, Vente Venezuela, reafirmaran que no es posible concurrir a los comicios, Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, dijo que la tolda blanca hará exactamente eso. Su afirmación ni siquiera fue que AD sugiere a la MUD participar pero se plegará a lo que la mayoría decida, sino que ya decidió ir, sola o acompañada.

La argumentación de Ramos Allup a primera vista es sencilla. A saber, sostiene que la abstención implica entregar en bandeja de plata todas las gobernaciones y consejos legislativos al chavismo, a lo que agrega que una de las principales exigencias de la protesta es la restauración del derecho al voto. AD recuerda, además, las consecuencias nefastas de no haber sufragado en las parlamentarias de 2005. Debido a esa decisión de la disidencia, el oficialismo usó su control absoluto de la Asamblea Nacional para llenar los demás poderes públicos de figuras arrodilladas a sus intereses, algo que hoy seguimos pagando todos. Pocos han mantenido, 12 años después, la opinión de que abstenerse para esos comicios fue un acierto, pero menos aún han sido los líderes políticos que han reconocido públicamente que se procedió de forma incorrecta. En honor a la justicia, Ramos Allup ha sido de los escasos que han hecho mea culpa.

No obstante, las comparaciones históricas, como cualquier argumento, pueden resultar falaces si son examinadas con minuciosidad. El contexto de 2005 no es el mismo que el de 2017, a pesar de que el grito de “¡Fraude!” es un elemento común. La oposición llegó a aquellas elecciones aturdida por la derrota en el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez llevado a cabo el año anterior. Su dirigencia no tuvo otra forma para explicar ese revés que una declarar que hubo trampa clara y raspada. Meses de protestas que tiñeron de sangre las calles del país (sin siquiera acercarse a la hecatombe actual, desde luego) y negociaciones complicadas culminaron con la realización de aquella consulta. Las colas enormes el día elegido hicieron pensar a los opositores que tenían la victoria asegurada, pero otra cosa fue la que anunció el CNE. En realidad, Chávez había logrado maniobrar para retrasar por un año el revocatorio, y aunque sus adversarios no lo vieron (o se negaron a verlo), en ese lapso su base de apoyo se recuperó significativamente. El avance fue gracias, en parte, a sus programas sociales de atención a los pobres (las misiones), financiados por un petróleo que había iniciado su alza hacia los tres dígitos.

Hubo o no fraude, el punto es que la oposición sintió que era una mayoría desconocida por el poder, por lo cual resultaba inútil y hasta contraproducente expresarse mediante el voto. Pero la reacción nacional o internacional esperada, necesaria para adoptar otra forma de lucha política, no se dio. En líneas generales, la denuncia de fraude tuvo escaso eco en el país, fuera de la propia disidencia. Allende nuestras fronteras, tampoco hubo manifestaciones de apoyo a los señalamientos por parte de gobiernos u organismos multilaterales.

La oposición se dio cuenta rápidamente de la falla, y desde entonces ha participado sin falta en todos los comicios. Por ello, no se entiende el razonamiento de algunas personas que hoy llaman a abstenerse, según el cual se estaría legitimando una vez más un CNE que siempre ha hecho la misma trampa. Cabe recordar que María Corina Machado, por ejemplo, llegó a ser diputada mediante ese sistema.

Pero las dudas que suscita la conveniencia de participar en las regionales de este año no se quedan ahí. Las cosas han cambiado significativamente. Aunque la situación política de 2004-2005 parecía insuperablemente espantosa entonces, se ha quedado bastante corta en comparación con la crisis actual. Veamos cómo quedan ahora dos premisas a favor de votar que sin duda resultaron ser válidas hace 12 años.

¿Que hay que demostrar que la oposición es mayoría? Eso no amerita discusión. La última elección real hecha en Venezuela la ganó por paliza. Todas las encuestadoras (excepto quizá Hinterlaces) apuntan que el Gobierno no es apoyado ni por un cuarto de la población. En año y medio el deterioro económico y social se agravó de manera espeluznante. Nadie en su sano juicio creería que el chavismo aumentó su capital político durante ese período.

¿Que hay que preservar los espacios? El PSUV y sus poderes adictos han demostrado que no les tiembla el pulso a la hora de convertir esos espacios en cascarones vacíos. La “constituyente” les facilita las cosas. Sus plenas facultades le permitirían hacer cualquier cosa con las gobernaciones. Incluso podría cambiar la forma en que sus titulares son electos.

Por otra parte, es indudable que por primera vez la presión internacional es tal que pudiera tener un peso determinante (sin ser, por supuesto, la fórmula mágica que resolverá todo). El Gobierno es ampliamente señalado como antidemocrático, y al CNE lo ven como su cómplice, más aun luego de las revelaciones de Smartmatic. Es una inquietud legítima preguntarse si esa presión se reducirá si partidos de oposición compiten en las regionales.

Finalmente, los defensores de la participación aseguran que con testigos será imposible que el Poder Electoral cometa el mismo fraude denunciado el domingo pasado. Pero, ¿será un sistema igual al que todos conocemos, si el contrato con Smartmatic se terminó? Incluso, si lo es, quienes aseguran que el CNE fue capaz de inflar la votación del domingo pasado, ¿pueden garantizar que el árbitro se portará bien porque tendrán testigos? Esas dudas no han sido respondidas hasta ahora.

Lo peor sería que unos partidos llamen a votar mientras otros pidan abstenerse. El resultado sería que no todo el electorado opositor que hizo su cola el 6 de diciembre de 2015 lo hará de nuevo. El chavismo podría ganar fácilmente la mayoría de las gobernaciones, sepultando así todas las intenciones de exhibir una mayoría y de preservar o ganar espacios. Además, tamaño despropósito desataría la confusión en el resto del mundo, dificultando así que se mantenga su posición actual.

De manera que el asunto de las regionales es bastante preocupante. Urge que los partidos se pongan de acuerdo sobre qué hacer al respecto. La solución no necesariamente implica una postura común sobre la inminente inscripción de candidatos. Pero tiene que dejar claro al país y a la comunidad internacional que la lucha es compartida. Con cabida para distintas expresiones, pero compartida.

@AAAD25