El Observatorio Venezolano de la Violencia contabilizó 112 fallecidos, 28 de ellos por intervenciones policiales
Al menos 336 delitos ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas en 2023 de acuerdo a estadísticas arrojadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia(OVV).
Esta cifra dejó 672 víctimas y 112 fallecidos, incluyendo a 28 que murieron por intervenciones policiales.
Del total de los eventos delictivos, 49,2% fueron homicidios; 22,3% robos y 11,13% agresiones. Igualmente se registraron tentativas de homicidio, violaciones sexuales, secuestros, coacciones, amenazas de muerte y agresiones sexuales.
El número de delitos significa un descenso en comparación con 2022, cuando se produjeron 363, sin embargo hubo un aumento de 10 casos de muerte por intervención policial (MIP).
De acuerdo al análisis del OVV, la mayoría de las víctimas fueron personas entre 15 y 29 años, 70,3% eran hombres y el 100% de los casos de MIP pertenecían al género masculino.
Bajó uso de armas de fuego
93% de las víctimas eran civiles y 7% funcionarios de los organismos de seguridad. Por su parte, siete de cada 10 víctimas trabajaban y de esa cantidad 38% se desempeñaba como vendedores en comercios o trabajadores de servicios.
En 44,8% de los casos se emplearon armas de fuego, en 21,9% la fuerza física y en15,6% objetos cortantes o punzantes.
La cifra correspondiente a uso de armas de fuego bajó en comparación con años anteriores donde promediaba entre 60% y 70%.
De acuerdo con investigadores del OVV, el descenso del porcentaje tiene que ver con el aumento de los delitos cometidos por familiares o conocidos de las víctimas.
La tendencia de los lugares de ocurrencia de los delitos es similar a la ocurrido en 2022; donde se concentraron en calles y espacios abiertos y en hogares de la víctima o el victimario. 51% de los delitos ocurrieron en espacios públicos y 31,3% en hogares.
Presencia de violencia intrafamiliar
La delincuencia común fue la principal protagonista de los delitos con 43,2%, mientras que familiares y conocidos de las víctimas participaron en 38% de los eventos.
Las parejas o exparejas tuvieron participación en un 33,3% de los delitos, en tanto los parientes consanguíneos ocuparon un porcentaje de 23.
En cuanto a las MIP,los principales organismos responsables de las intervenciones fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 55%, seguido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 29%.
Los operativos e incursiones policiales estuvieron concentrados durante 2023 en varias zonas del barrio José Félix Rivas de la parroquia Petare en el municipio Sucre.
61% de las víctimas tenían más de 35 años y 8 de cada 10 eran hombres
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, los crímenes más frecuentes en el Área Metropolitana de Caracas durante el mes de agosto de 2023 fueron los homicidios intencionales y los robos con 47% y 28% de ocurrencia, respectivamente.
El OVV también contabilizó casos de agresión, coacción, tentativa de homicidio, violación, agresiones sexuales y amenazas de muerte.
Investigadores del OVV sentenciaron que al observar las informaciones referentes a los victimarios, en agosto la delincuencia común recuperó la frecuencia como la principal perpetradora de los delitos reuniendo 35% de los eventos registrados.
Las calles, con 53% de los casos, fueron el lugar más reiterado en el que ocurrieron los eventos delictivos, seguidos por los hogares y los establecimientos comerciales.
En cuanto a los momentos y lugares donde acontecieron los delitos, tanto los días de semana como los fines de semana registraron 50% de ocurrencia cada uno.
No solo chamos en los homicidios
El análisis demográfico de las víctimas arrojó que 61% de estas tenían de 35 años en adelante. Este dato es un cambio significativo que viene observándose en Caracas, donde la violencia sobre los jóvenes entre los 20 y 34 años ha disminuido y se ha abierto paso una victimización sobre adultos entre los 40 y 60 años y también sobre niños, niñas y adolescentes (NNA).
El OVV advierte que una explicación puede estar en las nuevas oportunidades del crimen, enfocados en adultos que perciben y manejan ciertos ingresos, y también por la migración que ha afectado a grupos más vulnerables de NNA.
Una situación que no tuvo cambios fue el sexo predominante de las víctimas, 8 de cada 10 fueron hombres. Asimismo, 89% de las víctimas eran civiles y 11% miembros de los organismos de seguridad del Estado.
El monitoreo de sucesos en el AMC solo encontró tres casos de muerte por intervención policial, en los que hubo al menos tres víctimas, todas de sexo masculino.
Sigue siendo una inquietud la preeminencia de los homicidios en la entidad, en contextos situacionales que están vinculados con robos, bandas armadas enfrentadas por el control territorial, funcionarios policiales, familia y pareja.
Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas fueron resultado de acciones de los grupos delincuenciales armados
Entre enero y junio de este año, el OVV Región Capital registró, a través de su Observatorio de Prensa (OP), un estimado de al menos 155 delitos en los que hubo 412 víctimas. Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas resultaron principalmente de las acciones de los grupos delincuenciales armados, que constituyen gran parte de las causas de violencia en el área metropolitana de Caracas (AMC).
Además de los homicidios, prevalecieron los robos, con 24%; las agresiones, con 15%; y las tentativas de homicidio, con 6%, y constituyen los delitos más denunciados y publicados en los medios de comunicación en la entidad capital durante el primer semestre de 2023. Esa tendencia ocurre aun, con pocas variaciones porcentuales, ya que datos muestran un panorama muy similar a lo detectado en el primer semestre de 2022.
Otro de los datos contabilizados por el OP fueron los casos de Muertes por Intervención Policial (MIP), en los que hubo 39 víctimas en al menos 17 eventos ocurridos, en su totalidad eran hombres, casi todos menores de 40 años. Los representantes de los organismos de seguridad del Estado, responsables de las intervenciones, fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en 53% de estos sucesos, mientras que en 27% fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esta violencia se mantiene debido a la política del Estado, y se hace evidente la escasa política en materia de prevención y seguridad para la ciudadanía. Al observar en general las características demográficas de las víctimas en los eventos de delitos, 68% fueron hombres, entre estos un poco más de la mitad (51%) tenían entre 15 y 29 años. Un aspecto que llamó la atención ha sido los delitos contra el grupo etario entre los 0 y 14 años, que concentró 17% del total de víctimas, lo cual habla de la violencia que también están sufriendo los niños, niñas y adolescentes en la entidad capital del país.
Por otro lado, en aquellos casos en los que se conoció la ocupación de la víctima, se encontró que siete de cada 10 trabajaban. Indagando en el tipo de trabajo que realizaban, predominaron los trabajadores del sector servicios, comercios y mercados, con 47% de los registros; los obreros y trabajadores de las artes mecánicas, con 12%; y los miembros de servicios de protección y cuerpos policiales, con 9%.
La violencia hacia los grupos vulnerables, contra mujeres, niños y adultos mayores es ejercida la mayoría de las veces por sus propios allegados o parientes. A pesar de que la delincuencia común se mantuvo como la principal victimaria de los delitos, con 50% de los casos contabilizados, los familiares y conocidos de las víctimas se ubicaron en segundo lugar, con 33%.
Variables de ocurrencia y tipos de arma
En el periodo registrado, los momentos y lugares de ocurrencia de los sucesos continuaron siendo los días de semana y las calles, allí tuvieron lugar 61% y 51% de los casos, respectivamente. Además, de los hogares, en los que ocurrieron 27% de los eventos delictivos, se registraron hechos en lugares de trabajo (7%), establecimientos comerciales (6%) y medios de transporte (5%).
En este sentido, el OP registró que las armas de fuego se usaron en 40% de los casos, seguido de la fuerza física, con 28%. Se trata de otra tendencia que persistió en este primer semestre del año, en el que la utilización de las armas de fuego fueron las más empleadas para cometer los delitos.
Ambos representan casi 48% de los casos contabilizados por el Observatorio de Prensa del OVV Región Capital
La violencia en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) para este primer trimestre de 2023 continúa marcada por dos tipos de delitos. Sobre una muestra de 21 registros de prensa, los homicidios, con 28,5%, y los robos, con 19%, representaron casi 48% de los casos contabilizados por el Observatorio de Prensa (OP) del OVV Región Capital. De manera que vuelven a ser estos dos tipos de delitos los más frecuentes en la ciudad.
Durante marzo, el OP también registró casos de violaciones (14%), secuestros (9,5%), tentativas de homicidio (5%), agresiones (5%), amenazas de muerte o agresión (5%) y explotación sexual (5%). El porcentaje restante (9%) correspondió a casos de muertes por intervención policial.
En cuanto a los rasgos demográficos de las víctimas, llamó la atención que, en aquellos casos en los que se conoció el sexo, 53% de las víctimas fueron mujeres y 47% hombres. Este fenómeno representa un cambio en el patrón delictivo, importante a tomar en cuenta para los próximos meses, debido a que, en monitoreos anteriores, las víctimas hombres suelen registrar porcentajes usualmente por encima de 60%.
Asimismo, otro hecho particular del monitoreo de marzo es que 44% de las víctimas tenían entre 40 y 54 años, siendo este grupo de edades el más afectado por la violencia y el delito, de acuerdo con lo observado en la prensa. Esto también es una variación en comparación con los meses anteriores, ya que la mayor cantidad de víctimas suele ubicarse entre los 15 y 30 años.
Por otro lado, las armas de fuego y la fuerza física continuaron en marzo su predominio entre los tipos de armas más frecuentes para cometer delitos, con 20% de los casos para cada una. Esto significó una disminución relevante en la frecuencia de hechos cometidos con armas de fuego respecto a meses anteriores, debido a que dicha categoría suele tener porcentajes alrededor de 40%.
Al analizar las caracterizaciones de los distintos eventos violentos y delictivos contabilizados por el OP, un dato muy resaltante es que los familiares y conocidos de las víctimas fueron responsables de 33% de los sucesos registrados, esto quiere decir que fueron los victimarios más frecuentes. El segundo lugar lo ocuparon los casos en los que no se identificaba al victimario, con 29%; mientras que el tercero fue para la delincuencia común, con 24%.
Poco más de la mitad de los eventos que involucraron a familiares y conocidos de la víctima tuvieron que ver con las parejas o exparejas de estas. A su vez, hubo delitos perpetrados por parientes consanguíneos, vecinos y otros transgresores conocidos.
Delitos en hogares y calles por igual
Con 33% para ambos, los espacios públicos abiertos, así como los hogares, se ubicaron como los lugares más frecuentes donde ocurrieron los delitos registrados en marzo por el OP; es decir, al menos seis de cada 10 sucesos acontecieron en las calles o en las casas. Aunque en las calles el temor y la inseguridad pública se mantiene, llama la atención que el espacio de la vivienda haya alcanzado una estadística similar que muestra como los eventos violentos en los espacios privados crecieron durante este mes.
La frecuencia de los delitos registrados en la entidad capital del país, sigue poniendo en evidencia la violencia en las calles, pero también en los lugares más cercanos donde se presume que hay más seguridad, allí también los conflictos crecientes de la convivencia diaria entre familiares y parejas han venido afectando y deteriorando de manera continua las relaciones interpersonales, alcanzando en algunos casos agresiones, intentos de homicidios y en otros la letalidad.
El monitoreo de la prensa también contabilizó hechos delictivos acaecidos en establecimientos comerciales y centros de estudio, aunque con frecuencias mucho menores. Por lo que se observa, al parecer ningún lugar está exento de posibilidades de ocurrencia de delitos. En este sentido, en opinión del equipo del OVV Región Capital, consideramos que la violencia sigue siendo una realidad compleja, por lo tanto, es necesario abórdala para fortalecer las relaciones interpersonales en los distintos ámbitos, desde las instituciones públicas y sociales, atender las causas o condiciones que la producen, así como prevenir con posibles soluciones.
El mes de febrero de 2023 cerró con un índice general de escasez de medicamentos de 28,9 % de acuerdo al monitoreo realizado por la Asociación Civil Convite a los principios activos que componen las canastas de fármacos esenciales para tratar las seis causas de morbilidad a las que hace seguimiento: convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarreas.
Las tres morbilidades con mayor índice de escasez continúan siendo las convulsiones con 37,8 %, infecciones respiratorias agudas con 35,3 % y la depresión con un registro de 32,8 %. Le siguen la diabetes con 24,0 %, hipertensión 13,8 %, y diarrea 11,9 %.
En cuanto a las ciudades con un mayor desabastecimiento encabezan la lista el Área Metropolitana de Caracas que alcanza 61,9 %, San Fernando 55,0 %, Porlamar con 35,8 % y San Juan de Los Morros 33,9 %. Las localidades mejores abastecidas son San Carlos con 5,9 % de escasez y Puerto La Cruz con un registro de 17,3 %.
El monitoreo realizado por Convite abarca 16 ciudades: Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Maturín, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San Fernando, San Juan de Los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.
La mayor disponibilidad en los anaqueles no se traduce en accesibilidad debido a los costos que, en la mayoría de los casos, no pueden ser pagados por los afectados.
Cada vez más costosos
Continúa la tendencia al alza de los principios activos frecuentemente buscados en el mercado farmacéutico para controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo II y depresión o trastornos de la personalidad. La Amlodipina de 5 mg pasó de 44,90 en enero a 55,45 bolívares en febrero; el Losartán Potásico de 50 mg en enero costaba 59,39 y en febrero se ubicó en 68,02 bolívares; la Glibenclamida de 5 mg pasó de 72,79 bolívares a 93,92; la Metformina de 850 mg subió de 83,79 a 106,10 bolívares y la Sertralina 50 mg dio un salto de 159,96 a 220,22 bolívares.
La muestra para monitorear el comportamiento de los precios estuvo conformada por establecimientos farmacéuticos ubicados en Caracas, Mérida, San Fernando de Apure, Maracaibo, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.
El Proyecto #MonitorDeSalud cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en Venezuela y la colaboración de aliados en el interior del país: Kapé-Kapé, Defensa Activa, Funcamama, Mulier, Promedehum, Centro de Animación Juvenil, Fundación Váyalo y Crea País.
El boletín correspondiente a febrero incluye informaciones regionales en materia de salud:
Amazonas: malaria en el ambiente
Durante las primeras semanas de febrero se han detectado 89 casos de malaria en el municipio indígena Río Negro, y de acuerdo al gobernador del estado Amazonas, los mismos ya estaban siendo atendidos por personal sanitario y se ha mantenido la fumigación, tras un operativo en dos sectores de la localidad afectada, donde residen unas 3.000 personas.
El vector proviene de comunidades del río Casiquiare y los casos son «en su mayoría» de la comunidad indígena Yanomami». De acuerdo a la información o oficial, se tiene jada una «ruta de trabajo», de la cual no se dio mayor detalle, para afrontar el brote y abordar el «cerco epidemiológico» en el municipio.
Por otro lado, la ONG venezolana Fundaredes denunció en Twitter que esta situación se debe al «uso indiscriminado de mercurio en la explotación minera y la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado que garanticen el derecho a la salud».
La vocería de la organización denunció la ausencia de datos o oficiales para conocer la realidad epidemiológica del Arco Minero del Orinoco (AMO) y, por consiguiente, la cantidad de personas afectadas por diferentes patologías como paludismo, sarampión, difteria, dengue, entre otras afecciones. El AMO, cuyos límites fueron fijados en 2016 por el Gobierno, es una zona rica en oro y otros minerales en la que tienen presencia grupos criminales.
Bolívar: la amenaza del mercurio
La organización no gubernamental (ONG) Fundaredes advirtió sobre el impacto negativo que tiene sobre la salud la contaminación por mercurio, producto de la minería ilegal, debido a que puede provocar enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo y digestivo. Además de provocar daños en la fauna y la ora.
“Una vez liberado el mercurio, ciertas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, acumulándose en peces y mariscos, lo que ha dejado terribles secuelas en el ambiente y la salud de las comunidades”, apuntó Proyecto Epa, de la organización, a través de su cuenta de Twitter el jueves 23 de febrero.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el mercurio es uno de los 10 productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. Si bien, las personas siempre están expuestas al mercurio, debido a la presencia de este elemento en el aire, los suelos y el agua, una exposición a niveles elevados puede tener graves consecuencias en la salud como daños en el sistema nervioso y el cerebro de los bebés.
La ONG Clima 21 denunció en un informe presentado en noviembre de 2022 que la población pemón en Canaima, estado Bolívar, tiene en su organismo 35 % más del mercurio permitido por la OMS. Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo humano debería ser entre 1 y 13 mg.
Clima 21 aseguró que el consumo de agua contaminada afecta a 183 comunidades del pueblo pemón, entre los municipios Angostura, Piar, Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar. De acuerdo a sus investigaciones, al menos el 30 % de los indígenas pemones se dedica a la minería ilegal. Además, indicaron que 36 de los 118 pueblos indígenas practican abiertamente esta actividad.
Lara: niños sin tratamiento oncológico
Luego de la renuncia del único especialista en Hematoncología del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto, al menos 18 niños y niñas diagnosticados con leucemia o alguna condición oncológica han dejado de recibir sus sesiones de quimioterapia, las cuales les corresponden cada 21 días.
La situación se ha vuelto complicada para los pacientes y sus familiares, hasta la fecha de publicación del reportaje no se había asignado un nuevo especialista a la unidad, poniendo en riesgo la salud de quienes acuden a este centro asistencial con cita agendada y de los 18 infantes que están hospitalizados. Madres y padres han realizado varias manifestaciones públicas para llamar la atención tanto de las autoridades gubernamentales del estado Lara como de la dirección del hospital, cuya representante no ha demostrado mayor interés.
Los familiares aseguraron que las autoridades de salud hicieron el intento de trasladar al grupo de 40 pacientes al Hospital del Seguro Social, pero posteriormente les dijeron que no podían recibirlos porque no tenían cupo y no se dan abasto para atenderlos. Muchos están desesperados porque son pocas las alternativas con las que cuentan para atender a sus hijos, los recursos son escasos y el traslado a una clínica privada es impensable.
Los casos evidencian un descenso respecto al mes de junio, cuando se ubicaron en 50%
Durante los meses de julio y agosto se observó una leve disminución porcentual de los hechos de homicidios registrados en el Área Metropolitana de Caracas (AMC). En julio, de 42 casos, 19 correspondieron a ese tipo de delito, lo que representó 45,2% del total; mientras tanto, en agosto, de 47 sucesos, 18 fueron homicidios, lo que significa 38,3%.
Estas cifras indican que el porcentaje de homicidios en julio y agosto estuvieron por debajo del promedio de lo que va de año, que es 51%. Además, evidencian un descenso respecto al mes de junio, cuando los casos de dicho tipo de delito se ubicaron en 50%. La razón de esto obedece principalmente a un incremento en sucesos como los robos y agresiones.
En julio, los robos representaron 38,1% del total de delitos, el segundo porcentaje más alto en un mes para lo que va de año; al tiempo que las agresiones significaron solo 4,8% de los casos. Para agosto, la proporción de robos disminuyó a 27,7%; pero la de agresiones se incrementó considerablemente a 19,1%.
Por otra parte, en agosto se observó una reaparición de casos de Muertes por Intervención Policial (MIP): se registraron cinco, que significan cerca de 10% del total de eventos violentos y delictivos registrados el mes pasado. La mayoría de estos hechos tuvieron que ver con incursiones policiales con víctimas letales en búsqueda de miembros de las bandas que controlan barrios y sectores parroquias como Petare o Filas de Mariche.
Familiares y conocidos continúan entre los principales victimarios
La delincuencia común se mantuvo como el principal victimario de los delitos en Caracas. Tanto en julio como en agosto, el porcentaje de sucesos relacionados con los delincuentes se ubicó en 56%. Llama la atención una vez más la proporción de casos cuyo victimario era familiar o conocido de la víctima, que fue 38% en julio y 20% en agosto.
Al profundizar en el tipo de relación que tenía el victimario con la víctima, se observó que en 75% de los casos el agresor fue la pareja o expareja, la madre o el padre u otro pariente de la víctima. Esta situación ratifica la conflictividad existente actualmente ámbitos como el hogar y la familia caraqueña, donde los problemas terminan en hechos trágicos de violencia.
En septiembre se produjeron tres escapes, dos el Área Metropolitana de Caracas y uno en el estado Aragua
“Una vez más el hacinamiento que existe en los calabozos policiales,que son causados por la incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios al no otorgar cupos a las cárceles, generar caos y muerte”, asegura el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El miércoles 11 de septiembre se reportaron tres fugas masivas dos de ellas en el Área Metropolitana de Caracas y una en el estado Aragua, las mismas terminaron con un saldo fatal de dos presos muertos, un preso herido, además de 25 fugados y 41 recapturados según los datos que pudo recopilar el OVP.
Los hechos irregulares se presentaron en tres centros de detención el primero fue en la sede del Cicpc Subdelegación El Paraíso de Caracas, en donde se fugaron 29 presos de los que seis fueron recapturados, 23 reos de este cuerpo policial se convirtieron en prófugos de la justicia, “es de resaltar que en los calabozos estaban alrededor de 300 personas totalmente hacinadas conviviendo en condiciones inhumanas”.
El segundo hecho del que supo el equipo del OVP fue en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 conocida como Boleíta, de allí fueron 30 los reos fugados, estaban descalzos y sin franelas, “en plena madrugada fueron recapturados al menos 26, según unas gráficas que se divulgaron a través de redes sociales se puede observar como en una camioneta del mismo organismo policial los montan a todos sin siquiera tomar las medidas de seguridad, ni respetar derechos de los presos”.
El operativo para ubicar a estos detenidos en horas de la mañana “trajo como resultado la muerte de dos presos que según la información policial sería un presunto enfrentamiento, pero familiares aseguran que estos reclusos no cargaban armamento alguno. De este organismo policial continúan dos prófugos de la justicia según el monitoreo realizado por OVP”.
“De este mismo centro de reclusión Boleíta donde inicialmente habían 953 presos el pasado 3 de septiembre protestaron por el hacinamiento y en medio de sus exigencias de traslado a un penal se registró un motín el cual culminó con dos presos fallecidos, al siguiente día fueron trasladados 80 reclusos quedando una población de al menos 871 presos pero como lo ha venido denunciando OVP la capacidad de estos calabozos es para 250 personas por lo que persiste la sobrepoblación y el hacinamiento”.
El tercer hecho se generó a las 11:00 de la mañana en el estado Aragua, en un centro de detención de la Policía de Maracay, donde nueve presos que allí convive se alzaron y en un supuesto intento de fuga un funcionario hirió a Veiker David Blanco Sequera (20), preso que recibió un disparo de perdigón en el pecho.
Desde el OVP se ha venido advirtiendo que el hacinamiento, la falta de infraestructuras adecuadas para la permanencia de reclusos en estos sitios, la nula preparación de los funcionarios que los custodian es una bomba de tiempo que podría traer problemas mayores y desencadenar una masacre como ha venido ocurriendo en estos últimos tres años.
La responsabilidad de esta situación recae de forma directa en el Ministerio de Servicio Penitenciario, afirma el OVP.
Estos hechos irregulares serán informados por OVP “a la Comisión Interamericana de Ddhh, al relator de Personas detenidas en Las Américas de la Cidh, al Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y al relator de Venezuela de Cidh, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias”.
DESDE JUNIO PASADO, LIGIA ELENA CARVAJAL está luchando para que los dos implicados en la muerte de su hijo sean detenidos nuevamente y paguen lo que hicieron.
A Junior José Martínez Carvajal lo mataron a golpes y machetazos para robarle un celular que después vendieron. Lo sepultaron en un área boscosa del sector Alto Pino en Lomas de Baruta. El joven que laboraba en un restaurante de La Trinidad despareció el pasado 4 de marzo cuando salió a vender el teléfono.
Cuando las horas transcurrieron y no retornó a la casa de sus padres, se encendieron las alarmas y comenzó la búsqueda que resultó infructuosa. La denuncia fue formulada en la policía científica cuyos funcionarios comenzaron a hacer su labor hasta que lograron ubicar a la mujer quien compró el teléfono. Ella fue detenida aunque no estaba vinculada al homicidio y luego un tribunal ordenó su libertad para quedar a presentación ante esa instancia.
A finales del mes de junio Ligia Elena realizaba las tareas de su hogar y vecinos le dijeron que desde temprano una comisión del Cicpc estaba en la zona en labores de búsqueda pero por la mente de Ligia Elena no pasó la idea de que se tratara de su hijo mayor.
Pasaron las horas y cuando hallaron el cadáver de Junior José, los investigadores, que no se habían atrevido a manifestarles sus sospechas de que buscaban a su hijo, llegaron a su vivienda y le dieron la mala noticia.
Su hijo llevaba 3 meses desaparecido. Ella recuerda el día en que salió de su casa por última vez cuando le dijo que iba a vender el celular. Antes de irse besó a su hermanita, de 4 años de edad y ella le pidió la bendición.
El día en que hallaron el cadáver de Junior José, Ligia Elena se llevó una doble sorpresa. Primero que el cadáver estuviese cerca de su residencia y la otra era que uno de los implicados en el homicidio era Humberto Subero Martínez, primo de su hijo, por parte de su papá. El otro implicado era un adolescente de 17 años.
A pesar de que el Cicpc los aprehendió a ambos y los dos habrían confesado los hechos, la madre de la víctima se sorprendió cuando el tribunal 10 de Control en materia de Adolescentes, a cargo de la juez Mireira Velásquez, ordenó la libertad de los aprehendidos.
Ese día ella había tratado de asistir a la audiencia de presentación pero un fiscal se lo impidió diciéndole “que no haría nada en esa sala porque allí se iba a escuchar a los imputados”, así que estuvo esperando por tres horas con la esperanza de entrar a la audiencia.
Ahora espera que la fiscal 117º Daisy Jaime apele a la decisión de ese juzgado. “Pido que se haga justicia, que se cambie a la juez del caso”.
Se preguntó “cómo quedaron en libertad los dos implicados si ambos confesaron y llevaron a la policía hasta el lugar donde enterraron a Martínez Carvajal”.
Junior José estudió hasta 4º año de bachillerato en el liceo Pedro Emilio Coll de la parroquia Coche, pero tuvo que abandonar los estudios cuando su novia quedó embarazada por lo que optó por trabajar para darle a su hija lo que necesitara pero los padres de la muchacha rechazaron todo lo que él y su mamá le llevaban a la recién nacida. Y ahora tampoco han permitido que los familiares de la víctima visiten a la pequeña que ya cumplió un año de edad.
