Con estupor he venido observando la reacción de la primitiva clase gobernante ante los abrumadores resultados electorales del 6D. El mensaje del pueblo fue claro y contundente. Hubo un castigo al manejo corrupto de los bienes públicos que ha sometido a los venezolanos a la peor calidad de vida del continente americano. Un claro rechazo a la política de compra de votos a través del más vulgar tráfico de derechos que se conozca en la historia venezolana.
Quizás la más ofensiva de las actuaciones fue la de Maduro diciendo que él pudiera construir quinientas mil viviendas pero no lo va a hacer porque no votaron por él. ¿Qué se ha creído Maduro? ¿En qué idioma hay que explicarle que es un empleado público? ¿Cómo se le revela que no es un rey absolutista sino una persona con el mandato de servir a la población independientemente de su preferencia política?
Esta afirmación de Maduro en un país con instituciones menos primitivas que las nuestras hubiese provocado una rápida reacción del resto de los poderes. Lo que pudimos ver fue un vulgar acto de represalia en contra de una población que el presidente concibe obligada a votar por él a cambio de poder acceder a un derecho. En la literatura de la ciencia política este comportamiento se tipifica como corrupción y así debe entenderse. Porque los recursos que administra Maduro no son de su posesión, porque ni siquiera su voluntad de construir o no viviendas le pertenece. Él está constitucionalmente obligado a hacer lo necesario para que los venezolanos accedan a lo que es su derecho sin que medie chantaje alguno.
En el mismo tenor de Maduro, Cabello le da por regalar a sus empleados los equipos y señal de ANTV. ¿Quién le dijo al capitán Cabello que eso es de él? ¿De dónde saca que el puede disponer de bienes de la nación de forma tan grosera? ¿Cómo se le ocurre a este señor privatizar una televisora del estado sin cumplir los requisitos de ley?
En ese mismo orden de ideas, a Cabello se le ocurrió la ridícula idea de juramentar una asamblea nacional comunal sin asidero alguno en la legislación y menos en la Constitución Nacional. Lo que hizo Cabello fue crear mecanismos delincuenciales para entorpecer e impedir la instalación la legítima Asamblea Nacional que nace del proceso electoral del 6D. Esta actuación de Cabello constituye presuntamente corrupción política.
Los medios de comunicación del país están repletos de denuncias de este tenor. Hemos sabido que a unas personas se les arrebataron los taxis que se les habían entregado porque supuestamente no habían votado por el GPP. ¿Qué clase de inmundicia es esta? ¿A quién se le ocurre que estos actos puedan tener el más mínimo viso de legalidad? Constituyen actos corruptos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
Del sur del país nos llegan noticias según las cuales a los que no podían probar haber votado por el GPP no se les permitía acceso a los PDVAL. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién le dijo al que dio la orden que el PDVAL es de su propiedad para tomar semejante medida? ¿Por qué la persona que tomó esa decisión no está tras las rejas como el vulgar criminal que es?
Lo más indignante de esta situación, violatoria de los derechos humanos de las personas sometidas a estas vejaciones, es que no ha habido autoridad alguna que haya levantado su voz contra semejantes atropellos. ¿Qué tiene que decir el defensor del pueblo? ¿Es que su compromiso con el proceso político le impide tomar medidas para defender los derechos de estos ciudadanos? ¿Y la fiscal? Sabemos que su apego al proceso político la obliga a hacer caso omiso de la Constitución pero, levantar su voz antes estos maltratos le ayudaría a ganarse unos punticos que bastante le hacen falta.
Para desgracia de la corrupta clase política que hoy ocupa posiciones de autoridad, el pueblo decidió el 6D comenzar a restarles poder. La elección de una nueva Asamblea Nacional es un paso hacia la institucionalización del país. Por primera vez en varios lustros, los poderes del Estado se verán sometidos al control del poder legislativo.
Comenzaremos a saber de toda la corrupción de la que ha sido capaz quienes han usufructuado el poder en beneficio propio. Podremos entender a dónde fueron a parar todos esos recursos dilapidados a manos llenas por unos seres que, ensoberbecidos por el poder, pensaron que nunca rendirían cuenta.
Es menester que la nueva Asamblea Nacional legisle al respecto. Hace falta una ley dirigida a recuperar los bienes de la nación. No puede admitirse que unos personajes que se han enriquecido de una forma tan inmoral se salgan con la suya y dediquen el resto de sus vidas a disfrutar los dineros que le esquilmaron a los venezolanos a través de todos los mecanismos de corrupción que puso a funcionar el chavismo.
En momentos que las arcas de la nación han sido saqueadas, que el peso de la deuda externa merma nuestra capacidad para afrontar los retos de abatir la escasez, que el precio del petróleo cae muy por debajo de lo presupuestado para el año 2016, no le vendría mal al país comenzar a incautar bienes que se saben adquiridos a través de corruptelas y negocios turbios con el gobierno de turno.
La inclemente persecución al narcotráfico puede ser otro mecanismo que le permita a la nación hacerse de fortunas y bienes que se necesitan para paliar la catastrófica situación financiera que la pésima administración de los últimos quince años le hereda a futuras generaciones.
La paz no es sinónimo de perdón de actos dolosos de ningún tipo. Hemos visto y sufrido desmanes de todo tipo. La forma de minimizar la probabilidad que los mismos se repitan en el futuro es castigando debidamente a los culpables de todos los crímenes que han ido quedando sin investigar gracias a la desidia de una Asamblea Nacional que hasta ahora estuvo entregada sumisamente al poder ejecutivo.
La Asamblea Nacional es la representación del pueblo y tiene el compromiso de generar una nueva situación de orden en la que prevalezcan la justicia, y la certidumbre de que las malas acciones serán debidamente castigadas. Las expectativas son muy altas, el reto que eso impone es muy grande. Estoy seguro de que no nos defraudarán.
