EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Richard Blanco, exhortó a la comunidad internacional y en especial al embajador de Venezuela en Estados Unidos que exija el ingreso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Venezuela.

Según el parlamentario en una entrevista para Infobae, en Venezuela existen carteles de droga que impiden una salida a la crisis del país. 

“Le pedimos al mundo que nos ayuden. Le hemos pedido a nuestro embajador en EEUU que les diga que nosotros necesitamos que la DEA ingrese a Venezuela para que se lleve a los sinvergüenzas, a los delincuentes, a estos narcotraficantes”, dijo Blanco.

Además, enfatizó que “no podemos seguir esperando que la gente se nos siga muriendo de hambre”, por lo que considera importante “agilizar el paso”.

“Yo creo que haciendo una autocrítica nosotros debemos agilizar el paso. Creo que ahí está la respuesta, debemos adelantar. Necesitábamos activar estos mecanismos y creo que hemos sido un poco lentos y la autocrítica no puede en ningún momento molestar absolutamente nadie”, resaltó.

La Asamblea Nacional Constituyente, de Nicolás Maduro, allanó la inmunidad parlamentaria de Richard Blanco en mayo del presente año, por lo que el diputado se fue al exilio por las trochas que se encuentran en la frontera con Colombia.

El parlamentario actualmente se encuentra en Argentina.

El general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, llegará en las próximas horas a Colombia para abordar las estrategias de seguridad ante posibles amenazas en la región.

Caracol Radio pudo conocer que el motivo de la visita del alto oficial es fortalecer los lazos de amistad con Colombia, entrevistarse con la nueva cúpula militar y de Policía y revisar temas fronterizos.

Stammer llegará a Bogotá en medio de la tensión que ha generado la crisis política en Venezuela y las declaraciones del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, quien llamó a los militares a apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado.

LA OFICINA DEL COMISIONADO de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe  (CBPC) confirmó oficialmente que Barquisimeto no será la sede de la Serie del Caribe 2019. El evento se celebrará en una sede alterna emergente, del 4 al 9 de febrero.

La decisión se tomó con el apoyo de los miembros de la Confederación y el voto en contra de la LVBP.

En una nota de prensa, la CBPC enumeró los argumentos para retirarle la sede a Barquisimeto:

1. De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo Nacional de Venezuela, en estos momentos se está viviendo una situación en donde están presentes circunstancias de “Usurpación de Poderes”, Actos de Enemigo Extranjero, Hostilidades y Golpe de Estado, hechos que escapan al control o influencia tanto de LVBP como del Comité Organizador, responsables ante la CBPC de la organización del evento.

2. El Ejecutivo Nacional de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual representa una imposibilidad material de obtener visas de entrada a Venezuela para los ciudadanos estadounidenses que forman parte de la mayoría de los equipos eventualmente participantes.

3. Las recomendaciones qué oficialmente realizó Major League Baseball a sus peloteros afiliados, para no permanecer en territorio venezolano, compromete la presencia de una gran mayoría de los jugadores integrantes de los equipos eventualmente participantes.

LA ONG OBSERVATORIO VENEZOLANO de Prisiones (OVP) responabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por la muerte de casi 70 reos en marzo pasado cuando se incendiaron los calabozos de una comisaría de esa región.

“Después de toda esta investigación (…) hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio por acción y por omisión. Hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, un tal (Rafael) Lacava y la ministra de asuntos penitenciarios”, dijo el director del OVP, Humberto Prado.

Prado, que se encontraba acompañado de varios familiares de los fallecidos presentando un informe sobre lo sucedido, señaló que muchos de los presos no debían encontrarse en ese lugar debido a que tenían que haber sido trasladados a cárceles porque ya estaban condenados, y según dijo, eso es responsabilidad del Estado.

El director del OVP señaló asimismo que no son 68 muertes como aseguró la Fiscalía sino 69, pues en días posteriores murió una persona más como consecuencia de este hecho.

Denunció también una dilación en el caso de los funcionarios imputados por el suceso. Sostuvo que la audiencia ha sido diferida en cinco oportunidades.

“Hoy se están cumpliendo más de siete meses de esos hechos y hasta la presente fecha lo que tenemos son cinco personas imputadas”, dijo Prado al tiempo que señaló que los familiares aún se encuentran esperando justicia y que se impute a un funcionario de nombre José Aldana que aseguran disparó contra los reos.

En el informe el OVP relata el testimonio de 21 familiares de los fallecidos en el evento que califican de “masacre”, pues indican que la policía inició el hecho cuando “le quitaron la vida a una mujer” que presuntamente estaba embarazada, aunque la Fiscalía ha negado que hubiese una dama en estado de gestación.

Según realatan en un vídeo dos personas no identificadas que aseguran ser sobrevivientes del suceso, los hechos empezaron cuando los policías intentaron hacer una requisa dentro de los calabozos donde había dos mujeres visitantes y las hirieron con perdigones.

“Esta es una de las masacres más violentas que ha habido en Venezuela (…) se trata de que le cerraron la puerta para asesinar a 69 presos”, dijo Prado tras presentar el vídeo en rueda de prensa.

Prado señaló también que hoy enviarían el informe -que consta de 80 paginas con imágenes, fotos, 21 entrevistas a familiares, la lista de los 69 fallecidos, artículos de prensa- a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque asegura “no hay una investigación” sino una imputación.

El OVP además pidió al Estado una “investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos”, que permita una “exhumación de los cadáveres” y autopsias por organismos ajenos a entes gubernamentales, que se investigue al funcionario Aldana, y que se indemnice a los familiares por los daños morales y materiales.

Los familiares denunciaron además haber sufrido supuestas amenazas por parte de funcionarios policiales para que no ofrezcan testimonios, pues muchos de ellos se encontraban a las afueras de la comisaría cuando sucedió el incendio.

CARLOS NIETO, DIRECTOR DE LA ONG Una Ventana a la Libertad, aseguró que los derechos humanos fundamentales de los adolescentes privados de libertad son transgredidos en distintos niveles. Según el Informe de Seguimiento en la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Juvenil, en Venezuela existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad en el 2016, distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 8 estados en el país.

99% de los centros de detención preventiva monitoreados no cuenta con áreas especiales para albergar menores de edad, por lo que un total de 182 adolescentes permanecen junto con los adultos y son expuestos a presenciar hechos violentos y a contagio de enfermedades.

Esta situación resulta contradictoria al paradigma de la protección integral y vulnera el contenido del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 549 de la Lopnna, que establece que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas, a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad.

Aseguró que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes. Los jóvenes que son privados de libertad son sometidos a prácticas utilizadas por el Estado venezolano, que no se encuentran en armonía con los enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que figuran aislamiento, adiestramiento militar de orden cerrado, adoctrinamiento ideológico basado en socialismo y trato degradante.

De los trescientos treinta y ocho presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total de 15 adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo. A los menores de edad se les prohíben las visitas de defensores y familiares, se les obliga hacer ejercicios forzados, a cohabitar con presos comunes y mayores de edad, han recibido golpes en la cabeza y maltrato verbal, violando la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37 que reza: “los adolescentes privados de libertad, no serán sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

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LA PRESIDENTA DE LA ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advirtió que Venezuela y Colombia viven un momento muy tenso desde el punto de vista militar, tras la denuncia ante la Corte Penal Internacional, la crisis migratoria y la posición de Estados Unidos de no descartar ninguna medida para afrontar al régimen de Maduro.

En una entrevista para el programa La Tarde de NTN24, San Miguel recordó que ambas fuerzas armadas se han activado en los últimos días. Venezuela ha desplegado una operación estratégica defensiva desde el pasado 24 de septiembre en el estado Táchira, una acción que se le suma al supuesto acuartelamiento de efectivos militares colombianos en el Norte de Santander.

“Estamos en una situación tensa entre ambas fuerza armadas que están operando alrededor de la línea fronteriza y opino que, dada la dimensión geopolítica regional por el tema ONU y la crisis migratoria, no me queda duda que este es uno de los momentos más álgidos después de los episodios de 2008 cuando lamentablemente se tuvo a punto de ir a una guerra”.

Recalcó que la racionalidad impone que un conflicto bélico de esta naturaleza sea imposible, pero “frecuentemente los procesos de toma de decisiones no obedecen a parámetros racionales”.

Para San Miguel la acción de Bogotá de denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional está generando repercusiones muy profundas dentro de la FAN.

El diputado Gilbert Caro se quitó la ropa en el debate de este martes, esto en alusión y como reflexión por el vídeo filtrado hace unos días del parlamentario Juan Requesens.

Caro dijo que “la dignidad de un pueblo no está en lo que lleva puesto, la dignidad de un pueblo va en unidad” y agregó “llamo a esta institución a apoyar a Juan Requesens, en unidad, porque la dignidad de un hombre no se lleva en lo que yo me acabo de quitar, se lleva en el corazón”.

Tras el debate, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para condenar la violación de los derechos humanos al diputado Juan Requesens, especialmente por los tratos crueles e inhumanos, e incluso signos de torturas que a juicio de los parlamentarios pueden apreciarse en la privación de la libertad del dirigente político.

Rosa Umaña, una colombiana que alguna vez tuvo que salir de su país desplazada por la violencia, abre las puertas de su hogar en Cúcuta a venezolanos expulsados por la crisis humanitaria

 

Textos y fotos: Rafael Hernández y Rubén Sevilla

LA COLOMBIANA ROSA UMAÑA LLEVA MÁS DE DOS años hospedando en su casa a migrantes venezolanos. En este cuaderno las familias escriben anécdotas o mensajes de agradecimiento con la mujer que los recibe de manera gratuita.

Rosa posa junto su diario donde familias de migrantes venezolanos han plasmado el agradecimiento por recibirlos.

El ruido y la confusión del puente internacional Simón Bolívar llega a punto muerto en el barrio Camilo Daza, ubicado en la periferia noroccidental de Cúcuta. Distinguido por sus casitas pintorescas y aceras limpias, muy diferente a la suciedad que recubre algunos barrios venezolanos.

Hay, también, pequeños comercios familiares que venden desde mercería hasta medicinas; y un safari de panaderías que inevitablemente hacen recordar la Venezuela del pasado, de una cultura panífera hecha de harina de trigo, azúcar y dulce de guayaba. Es un barrio de escasos recursos, conformado en su mayoría por familias colombianas que han sido desplazadas por la violencia y que encontraron en la periferia de Cúcuta un lugar para reconstruir sus vidas.

Además, en el Camilo Daza abundan las peluquerías, como la de Rosa Umaña. Ella es popular no sólo porque maneja este negocio, sino porque se convirtió en la salvación de muchos migrantes venezolanos. Por su casa han pasado decenas de personas que dejaron Venezuela por la profunda crisis humanitaria que atraviesa, y que necesitan una morada para dormir unos días, recobrar capital y continuar su tránsito hacia Bogotá, Medellín, Cali, Quito, Guayaquil, Perú, Chile, Argentina…

Rosa no les cobra ni un peso por el alojamiento y la comida. Incluso, hasta les ha dado trabajo a algunos. Así pasó con Niledys García, una venezolana que supo de Rosa a través de Whatsapp. “Me dijo que alquilaba cuartos y al llegar no era así, nos hospedó gratis”, cuenta Niledys, madre de dos niños que migraron con ella hace cuatro meses y hoy viven en arriendo en una casa vecina. “Estamos recién mudados”, exclama orgullosa la estilista, quien hoy es empleada de confianza de Rosa.

La sensibilidad de Rosa nació, quizás, cuando vivió en carne propia la crisis venezolana. Llegó a Venezuela expulsada por la violencia en Colombia cuando en diciembre del 2001 las autoridades allanaron su casa, argumentando que era colaboradora de la guerrilla. Decidió irse a Valencia (al centro de Venezuela), donde vivió muchos años. Cuando empezó a llegar la escasez a ese país, pasó días completos haciendo fila con uno de sus hijos en brazos para comprar comida. La crisis se profundizó y una tarde en la que, después de horas de espera, salió con las manos vacías mientras otras personas sí pudieron hacer sus compras pues pagaron para ser favorecidas. Ese fue el punto de no retorno.

Decidió regresar a Colombia. Dejó su casa y, resignada, acepta que en cualquier momento podrían expropiársela. “Pero gracias a Dios logré surgir aquí nuevamente. No me queda más que ayudar al que viene buscando una nueva vida”, dice.Entre tantos migrantes, son pocos los que se encuentran una Rosa en el camino. Ella, además, es una abanderada de la lucha contra la estigmatización y la xenofobia que llegaron a Cúcuta con la oleada de venezolanos que huyen.

Luchar contra la xenofobia

Francesco Bortignon, un anciano delgado, de facciones duras, se acerca a la ventana de su oficina en el corazón del barrio Camilo Daza, para aliviar el calor. Bortignon dirige el centro de Migrantes de la Comunidad Scalabrini. “Hace unos años atendíamos anualmente entre 200 y 300 venezolanos, pero de golpe han pasado a cuatro mil”, explica.

Para muchos expatriados el paso por Cúcuta no es color de rosa. Si bien un grueso número está en tránsito, muchos otros se quedan buscando recursos para sobrevivir el día a día, así eso signifique dormir en la calle. Lo asegura Óscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados de Norte de Santander. “Hemos registrado una cifra tope de dos mil venezolanos en situación de calle. La mayoría de esta migración ocupa los sectores de la población más pobre de Colombia y esto, muchas veces, termina convertido en una especie de lucha entre los más pobres por el mínimo vital”.

Pero las dificultades no terminan ahí. Otra espina, la más lastimosa quizás, es la de la xenofobia. Bryan Román, un venezolano moreno y acuerpado, curtido por el sol de la costa occidental venezolana, soporta el calor del mediodía cucuteño. Lo que no resiste, dice, es la aversión hacia el migrante y los miedos que despierta. “Uno va a algún sitio donde requieren un ayudante, más que todo en supermercados, y cuando les dices que estás buscando empleo te dicen que ‘no’ de una, por tu acento”.

Bryan lleva 15 días en Colombia. Y aunque ha tenido que escuchar muchos rechazos, reconoce que también ha recibido ayuda. Está sentado en el patio de la iglesia de los Scalabrini, junto a su hermano, su hermana y su sobrino, esperando a inscribir al niño en este centro, donde podrá recibir educación. Por su condición de ilegal, no puede ser escolarizado por el Gobierno colombiano.

“Yo no tengo miedo a que me discriminen porque vine a trabajar humildemente y a ganarme el pan”, exclama Euclides Colmenares, quien llegó hace una semana y vive en casa de Rosa. A pesar de haber tenido dificultades para acceder a Colombia, luchó hasta que logró entrar. “No me devolví porque tengo a mi esposa embarazada y tengo que trabajar para mandarle (dinero) a ellos en Venezuela”.

Otras rosas

“Yo digo que el que los juzga y trata mal es porque no ha sufrido”, dice Kelly Lizcano, otra vecina del barrio Camilo Daza quien, como Rosa, convirtió su casa en un lugar de paso para los migrantes. Ella también es colombiana, migró a Venezuela expulsada por el conflicto y retornó a su país cuando la crisis venezolana se hizo insostenible. Habla desde su casa, abarrotada de mil enseres que vende desde la ventana. En el comedor, su hija juega con una “canaimita”: un computador personal entregado por el gobierno venezolano a personas de bajos recursos.

Kelly alberga en su hogar a María Valentina Hernández, otra migrante. María es joven y tiene 34 semanas de embarazo. Cruzó a Colombia con su esposo. “Allá cuesta mucho dar a luz. No se consiguen ni guantes de cirugía, ni antibióticos”, dice.

Muy cerca de allí está la casa de Albeiro Monsalve, quien observa su casa mientras una manada de cachorros juguetea en el patio. Esa misma casa fue construida entre él y un venezolano. Monsalve ha recibido a tres familias y ninguna de esas experiencias le ha dejado un sabor amargo, por eso rechaza la estigmatización hacia el migrante. “Todos no son iguales, digo yo”, sostiene. “Yo también estuve allá y a mí me recibieron con las puertas abiertas. Aquí hay que hacer lo mismo”.

Cruzar el puente internacional Simón Bolívar resulta una enredadera llena de espinas: hay que hacer largas filas para sellar la salida en la aduana venezolana y la entrada a Colombia, negociar o espantar a los astutos carretilleros, superar las exigencias de las autoridades policiales colombianas y la extorsión persistente de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sin embargo, Cúcuta adentro, el calor se vuelve calidez de hogar cuando Rosa, y otros colombianos como ella, extienden una mano para aliviar la incertidumbre y la desesperanza con la que vienen cargados los venezolanos expulsados por su propio país.

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Mira el especial “Cúcuta: Salida de emergencia“.