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Nueve razones por las que América Latina debe preocuparse por Haití

Cada día trae su tragedia. El dos de marzo de 2024, varias bandas delictivas asaltaron la Penitenciaría Nacional y la prisión de Croix de Bouquets, donde liberaron a los prisioneros. Luego, sitiaron el puerto de la capital Puerto Príncipe y rodearon el aeropuerto Toussaint Louverture. Desde esa semana, las cosas van de mal en peor, incluyendo el incendio y saqueo de la casa del jefe de la Policía Nacional. En medio de este caos, el primer ministro Ariel Henry se encuentra varado en Puerto Rico tras un viaje a Kenia en busca de acelerar el envío de una misión de seguridad.

Desde ese entonces, quien puede salir de la nación caribeña lo hace. Se fueron los diplomáticos de varias embajadas, los misioneros, los extranjeros que vivían ahí desde hacía algún tiempo. Solo quedan los más desafortunados y algunos miembros de la élite. Las escenas en las calles parecen sacadas de una pelìcula postapocalíptica, con cadáveres en las calles, vehículos destruidos, patrullas de milicianos armados, miles de niños en peligro y una ciudadanía que no se atreve a salir a comprar los suministros más elementales, si es que sabe dónde conseguirlos.

Representantes de alto nivel de Estados Unidos, Francia, Canadá, México y varias islas del Caribe —con la notable ausencia de República Dominicana— se reunieron en la Comunidad del Caribe (Caricom) y acordaron acompañar un proceso de transición hacia elecciones en Haití. Pero en el país no hay mucho consenso al respecto.

El grupo político Pitit Dessalines rechazó participar en el consejo de transición y busca instalar otro con la presencia del golpista Guy Phillipe, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Por otro lado, Jimmy “Barbecue” Chérizier, un expolicía convertido en pandillero asegura que la alianza de bandas de Viv Ansamn es la que colocará en el poder a un nuevo gobierno.

Además Henry, quién aceptó renunciar tras el encuentro de la Caricom, ahora retrocede y pone condiciones que amenazan aún más el éxito de las acciones en busca de la paz en esa nación del hemisferio occidental. Los siguientes son apenas unos ejemplos de las razones por las cuales el continente entero debe preocuparse por el descenso de ese país al abismo del caos.

Una miseria profunda

Dos terremotos de considerable magnitud, otros desastres naturales, la inestabilidad política, la exclusión social y la delincuencia hicieron de Haití el país más pobre de América. Según datos del Banco Mundial, más de 11 millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza. Las Naciones Unidas refieren que 4,4 millones de haitianos sufrían inseguridad alimentaria antes del terremoto: no tienen acceso a los alimentos y nutrientes necesarios para una dieta saludable. Además, la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable.

Instituciones como Unicef calculan que cerca de tres millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria en Haití. Además, ocupa el puesto 163 de 191 en el Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU. Todas estas razones hicieron de Haití un país altamente dependiente de la ayuda internacional. Tan solo entre 2011 y 2021, recibió unos 13.000 millones de dólares.

Un grupo de niños se reúne en una empobrecida comunidad haitiana que hace frontera con la República Dominicana. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

Vivir bajo fuego

Los ataques contra los dos mayores centros penitenciarios del país, la prisión civil de Puerto Príncipe (con más de 3.800 presos) y la de Croix des Bouquets (1.450 presos), sacaron a la calle a la mayoría de los detenidos, que presumiblemente se integraron de inmediato a la violencia. Desde el 29 de febrero, los ataques a comisarías e instituciones públicas y privadas no hacen más que aumentar.

Considerado uno de los países más inseguros del mundo, cerca de 200 pandillas controlan grandes zonas. Según el portal Insight Crime, dos grupos concentran la mayoría de bandas: G-9 y Familia, encabezado por «Barbecue» y la G-Pep, liderada por Gabriel Jean-Pierre.

La G-9 controla actividades económicas como el puerto de la capital, terminales petroleras y los puntos de entrada y salida de Puerto Príncipe. La G-Pep se concentra en Cité Soleil, el barrio más poblado y pobre de la capital. Según las más recientes cifras de la ONU, en 2023 las pandillas asesinaron unas 5000 personas, más del doble que el año anterior.

De acuerdo con Matthias Pierre, exministro de elecciones de Haití, “la policía es débil y más de 40 estaciones de policía están destruidas. El ejército está muy limitado y mal equipado; los miembros de las pandillas ocupan la mayoría del centro de Puerto Príncipe y algunas de las sedes gubernamentales. Muy pronto la gente se quedará sin comida, medicina y apoyo médico”.

 Violaciones como armas de guerra

En 2022, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró un promedio mensual de 98 víctimas de violencia sexual en las zonas de Puerto Príncipe controladas por las pandillas. Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU aseguró en un estudio que «en un contexto tan aterrador, parece que la violencia sistemática contra las mujeres y las niñas, incluida la sexual, se utiliza como instrumento de poder y como medio de ejercer el control territorial por parte de bandas rivales que asolan la capital desde hace más de un año».

Los grupos criminales usan sus cuerpos como botín de guerra. Al punto de que hay numerosas denuncias «de violaciones públicas en grupo delante de familiares y niños, sin el despliegue de recursos suficientes para detener dicha violencia, llevar a los responsables ante la justicia o proteger e indemnizar a las víctimas».

Un manifestante muestra una pancarta con 9 personas asesinadas en Haití durante los últimos tres años. Crédit: Jean-Marc Hervé Abélard / K2D.

Migrantes desesperados

El constante éxodo masivo en Haití impacta a casi todos los países del continente americano. Por ejemplo, ante la ola de violencia actual, salió en los medios que el gobierno del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de utilizar la Bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen. Mientras tanto Ron DeSantis, gobernador de Florida, ordenó desplegar unos 250 efectivos de varias agencias de seguridad estatales.

“No podemos permitir que extranjeros ilegales vengan a Florida”, dijo DeSantis en un comunicado, en el que aclaraba que ese estado dedica “importantes recursos a combatir las embarcaciones ilegales” que llegan desde países como Haití.

En Panamá y Colombia, las autoridades ya detectaron un aumento del paso de migrantes haitianos por la selva del Darién. La frontera sur de México también es otro punto clave en el que la migración irregular desde Haití se multiplicó por diez en 2023 y se convirtió en el principal país de origen de las solicitudes de asilo. 

Otros gobiernos empiezan a cerrar fronteras. El de Bahamas, por ejemplo, implantó «medidas significativas» para protegerse ante la «gravísima» situación de Haití. Y el de Jamaica asegura que quiere evitar una avalancha de haitianos en su territorio y que solo tomará los casos de refugiados a los niños de un orfanato específico y al staff del World Bank.

Los haitianos tampoco son bienvenidos en su país vecino. Según las estadísticas de la Dirección General de Migración, un total de 497,692 inmigrantes haitianos tuvieron que regresar a su país en el 2023: 246,678 mediante el retorno voluntario y otros 251,011 reconducidos por las autoridades.

Todos los días, en el cruce fronterizo con República Dominicana, las autoridades de ésta devuelven a cientos de haitianos indocumentados, lo cual estimula indirectamente la existencia de una mafia de uniformados que se dedican al tráfico de personas.

Una mujer haitiana cruza el paso fronterizo Jimaní-Malpaso durante la pandemia de la covid-19. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

Una violencia que se generaliza

 Como el desorden se concentra en Puerto Príncipe, miles de personas se desplazan internamente hacia otras ciudades. La Organización Internacional para las Migraciones informa sobre unos 15,000 desplazados en una sola semana después que arreciaron los ataques. Esta violencia también incide en las zonas rurales y constituye  «un motivo más de grave alarma», según el secretario general de la ONU, António Guterres.

El país francófono se divide en los departamentos Noroeste, Norte, Noreste, Artibonite, Central, Oeste, Grand’Anse, Nippes, Sur y Sudeste. Según reporta el medio Le Nouvelliste, las consecuencias del caos en Puerto Príncipe hacen que ya los productos escaseen también en las ciudades de provincia.

“A diferencia de Puerto Príncipe, en el resto del país funcionan escuelas y universidades. No se puede decir lo mismo de otros sectores de actividad. En Hinche escasean ciertos productos como leche y artículos de tocador. En los mercados públicos también observamos un aumento en los costos de los productos básicos. En Port-de-Paix, las actividades siguen su curso normal, pero la situación de malestar generalizado en Port-au-Prince está empezando a tener más impacto en los sectores de la salud y el comercio”, refiere el diario.

Dos niñas haitianas caminan por la Carretera Internacional que funciona como frontera natural entre la República Dominicana y Haití. Crédito: Benjamín Morales Meléndez (Diario Libre)

La comunidad internacional: ¿más de lo mismo?

 Si de palabras delicadas se trata, “misión” es una de las peores en el país caribeño. Desde 1993, cuando llegó la Misión Civil Internacional en Haití (UNIMH), el país ha sido  intervenido en más de diez ocasiones. La última, denominada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2004 con más de 11.000 agentes. Aunque con vigencia inicial de seis meses, la prorrogaron sucesivamente hasta octubre de 2017. En 2010, efectivos de este grupo contaminaron un río y con ello entró el cólera a un país hasta entonces libre de esa enfermedad. Se calcula que más de 9.000 contagiados murieron. Como si eso fuera poco, múltiples reportes señalan también casos de abuso sexual.

En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad dio el visto bueno a una nueva fuerza armada multinacional para reforzar la seguridad local en medio de la creciente crisis de violencia generalizada. Según ese plan, Kenia encabezaría el esfuerzo con 1.000 agentes policiales, junto a elementos de Antigua y Barbuda, las Bahamas y Jamaica.  Pero el gobierno de Nairobi suspendió los planes hasta que se haya posesionado un nuevo gobierno.

En todo caso, muchos en Haití rechazan esa fórmula, ante los reiterados desastres dejados por las misiones anteriores. 

 

Contrabando de armas y drogas

 Para 2022, agencias internacionales informaban que en Haití circulan más de 600.000  armas de fuego —la mayoría de ellas de posesión ilegal—, frente a 291.000 en 2018. En 2023, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advertía que la mayor parte de las armas de fuego y municiones en Haití proviene de Estados Unidos, y en particular de Florida.

Y lo que es peor, se trata de armas cada vez más sofisticadas y de gran calibre que llegan  «escondidas en productos de consumo, equipos electrónicos, forros de ropa, comida congelada o incluso en los cascos de los cargueros». La entidad también establecía que «otro medio por el cual se envían armas de fuego y municiones a Haití es a través de la República Dominicana y, en menor medida Jamaica«.

Las armas llegan a manos de las pandillas. Ametralladoras AK47, AR15, rifles Galil, e incluso drones como los que se usaron en el asalto a las prisiones de Puerto Príncipe.

El documento también detalla que Haití es un país de tránsito de drogas, en especial cocaína y cannabis, que entran por barco o avión en puertos públicos, privados e informales, así como en rutas clandestinas.

Una frontera letal

 Más que kilómetros de montañas y ríos, la frontera entre Haití y República Dominicana representa la distancia entre dos naciones que, aunque comparten una misma isla, parecen estar muy lejos entre sí. Con la crisis haitiana, las tensiones aumentan, ya sea por el movimiento constante de migrantes irregulares o por el temor de que el país más débil afecte al otro.

Luego de la fuga masiva de presos, el gobierno de República Dominicana extremó las medidas de seguridad en esa zona en la que el presidente Luis Abinader construye desde que asumió el poder un “muro inteligente” de casi 400 kilómetros. Además declaró recientemente persona non grata a Henry, quien por eso a su regreso de Kenya no pudo aterrizar en la RD y tuvo que hacerlo en Puerto Rico.

En el lado dominicano aumentan la discriminación y la exclusión de haitianos o de dominicanos de origen haitiano, en medio de agresiones de las autoridades o de dominicanos de a pie. Además, grupos “nacionalistas” se dedican a inducir a la población al odio y agresiones físicas mediante las redes sociales.

RD cierra constantemente la frontera. En una de los hechos más significativos, en noviembre de 2023 el gobierno cerró toda forma de comercio con el país vecino debido a la construcción de un canal en el Río Masacre.

Un presidente asesinado

 El asesinato a tiros de Jovenel Moïse dentro de su casa en la noche del siete de julio del 2022 representa un caso complejo en medio de un país donde el poder judicial también funciona de forma precaria.

Funeral del presidente Jovenel Moïse asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada. Crédit: Jean-Marc Hervé Abélard / K2D.

Luego de dos años y medio de investigaciones el juez de instrucción Walther Wesser Voltaire imputó formalmente a Martine Moïse, su viuda; al ex primer ministro Claude Joseph y al exdirector de la policía, Léon Charles, en un informe de 122 páginas.  Además de estos tres, hay otros 50 imputados. Voltaire es el quinto juez en asumir el caso Moïse. Quienes le precedieron se retiraron, algunos alegando que sus vidas corrían peligro.

Aunque se acusa a Christian Emmanuel Sanon de ser el autor intelectual del complot, el ex ministro Joseph alega que el interino, Ariel Henry, utiliza el sistema judicial para perseguir a oponentes políticos.

La investigación también sigue en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de ese país, unas diez personas más enfrentan cargos federales en el sur de la Florida por presuntamente participar en el asesinato de Moïse. Varios de los acusados llegaron a acuerdos con la Justicia.

Mientras tanto, la muerte del presidente permanece en el limbo. Al igual que su país.

Indhira Suero, miembro de #CONNECTASHub

OPS pide aumentar el presupuesto destinado a la salud mental
Según el informe, la pandemia ha tenido un impacto negativo en el bienestar emocional y psicosocial de millones de personas, especialmente de los grupos más vulnerables y afectados por el virus
La organización destacó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%

 

Este viernes, 9 de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe pidió aumentar los recursos del 3% al 5% del presupuesto total de salud, para hacer frente a la crisis de salud mental que se ha agudizado por la pandemia de COVID-19.

Según el informe de la OPS, la pandemia ha tenido un impacto negativo en el bienestar emocional y psicosocial de millones de personas, especialmente de los grupos más vulnerables y afectados por la enfermedad, el aislamiento, el duelo y la pérdida de ingresos.

El informe también señala que hay una gran brecha de tratamiento para los trastornos mentales en la región, que alcanza el 77,9%; además que los servicios de salud mental siguen siendo insuficientes, fragmentados y centrados en los hospitales psiquiátricos.

«La salud mental es un derecho humano fundamental y un componente esencial de la salud pública. No podemos permitir que esta crisis se convierta en una tragedia silenciosa que afecte a generaciones enteras. Necesitamos invertir más y mejor en la prevención, la promoción y la atención de la salud mental, con un enfoque comunitario, integral y basado en evidencia», dijo el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

 

Cifras alarmantes

Según cifras de la OPS, el suicidio se cobra la vida de casi 100.000 personas al año en América Latina y el Caribe. La tasa de suicidio ajustada por edad aumentó un 17% entre 2000 y 2019.

La OPS informó que ocho de cada diez personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento en la región.

La organización destacó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%.

La OPS recomienda a los países adoptar medidas urgentes para fortalecer los sistemas y servicios de salud mental, integrándolos en la atención primaria, ampliando la cobertura y el acceso a las intervenciones basadas en la comunidad, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, y promoviendo la participación social y el empoderamiento de los usuarios y sus familias.

Puede leer también: Fundación Rehabilitarte: Casi tres sueldos mínimos cuesta el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo

Venezuela en el último puesto en el índice de protecciones civiles
Se tomaron en cuenta 140 países 

En 2022, 21 países de América Latina empeoraron en materia de la protección del estado de derecho, según el índice revelado en octubre por el Proyecto de Justicia Mundial (WPJ, por su siglas en inglés). El análisis expuso que de los 140 países encuestados, Venezuela se ubicó en el último puesto de la clasificación con el puntaje más bajo en protecciones civiles.

Los datos mostraron que tres de cada cuatro países latinoamericanos se volvieron menos justos.

“Todavía estamos muy rezagados con respecto a la protección y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Durante la pandemia, esa violación a DDHH se exacerbó. Desafortunadamente hubo un límite y una restricción a las libertades individuales y todavía estamos observando ese rezago”, expuso a la VOA Ana María Montoya, directora de análisis de datos del WPJ.

Durante el último año América Latina fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos que dejaron en evidencia la polarización política, amenazas a la vida, desigualdad y pobreza a la que se enfrentan los ciudadanos de la región.

Expertos siguen preocupados por temas como la protección de los espacios democráticos, las amenazas a la integridad personal y la situación climática.

“La situación de DDHH en América Latina es bien problemática. En este momento estamos enfrentando -en algunos casos extremos- dictaduras, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, y vemos también una situación alarmante de retrocesos democráticos en países donde llegan al poder personas que son electas democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales como la independencia judicial, el trabajo a la prensa independiente o de la sociedad civil”, dijo a Voz de América Tamara Taraciuk, directora adjunta de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Aumenta el número de venezolanos que necesitarán ayuda humanitaria en 2023 según la OCHA
Solo en Ucrania se estima que 17 millones y medio de personas necesitarán acceso a este tipo de ayuda

La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este jueves, 1 de diciembre, que la cifra de venezolanos que necesitarán ayuda humanitaria en 2023 llegará a 7 millones de personas.

De acuerdo con el informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en este año 2022, había un total de 5,2 millones de venezolanos en necesidad y se pudieron beneficiar a 2,6 millones.

Con respecto a 2023, la expectativa es que 7 millones de venezolanos necesitarán ayuda humanitaria y se espera beneficiar, al menos, a 5,2 millones, para lo cual se necesitará 795 millones de dólares.

Por otra parte, con relación a América Latina, el coste de la ayuda humanitaria se disparará un 30% en Haití, hasta llegar a los 715 millones de dólares para una población objetivo de 5,2 millones de personas, más de la mitad de los habitantes de ese país.

En el lado contrario, según la ONU, la crisis humanitaria mejorará en Guatemala y El Salvador, pero empeorará en Honduras, donde el 31 % de la población del país necesitará este tipo de ayuda en 2023.

En total, las Naciones Unidas señaló que 339 millones de personas requerirán ayuda humanitaria el próximo año, un 19,1 % más que en 2022.

Sobre la cifra anterior, la ONU prevé poder asistir al menos a 230 millones de esas personas en 68 países diferentes, para lo que pedirá una financiación de 51.500 millones de dólares.

Solo en Ucrania se estima que 17 millones y medio de personas necesitarán acceso a este tipo de ayuda, lo que requerirá un desembolso de 3.900 millones de dólares.

Por su parte, Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, señaló: «La población que necesita ayuda humanitaria es equivalente a la del tercer país más poblado del mundo».

La financiación global que se necesitará será la más elevada jamás prevista por los programas anuales de la oficina de la ONU.

*Con información de EFE

CLAVES | Trata de personas, un delito casi invisible en América Latina
En Suramérica, 80 % de las víctimas de trata son de sexo femenino, de las cuales un 31 % son niñas

 

En América Latina, la trata de personas sigue siendo un delito poco conocido en el que se estima que por cada víctima hay veinte más sin identificar. 

La trata de personas es considerada como «la actividad criminal más grande del mundo» ya que es un crimen que se incrementa con la tecnología, y la convierte en un arma de doble filo. 

Esté sábado, 30 de julio, se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata de Personas, por esto, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) recordó que mujeres y niñas (65 %) son las principales víctimas. De esa cifra la mitad sufrieron explotación sexual, para un total de 2,5 millones de personas afectadas.

Aquí las 6 claves de lo que debe saber sobre este delito: 

La trata de personas está relacionada con temas de violencia estructural, migraciones, conflicto armado y la pobreza.

Gran parte de las víctimas de trata de personas sufre explotación sexual, pero también existe la adopción ilegal, la explotación de la mendicidad, trabajos forzados, servidumbre o matrimonios serviles.

En Suramérica, 80 % de las víctimas de trata son de sexo femenino, de las cuales un 31 % son niñas.

Una de las particularidades de este fenómeno es que no se tiene mucha conciencia acerca de que es un delito y la gravedad de este fenómeno, alertó Doris Hernández, líder de Construcción de Paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana.

La dificultad para denunciar deriva al subregistro de casos, lo que significa que no se cuenta con datos suficientes para visibilizar el problema.

Según cifras del Ministerio del Interior de Colombia, entre 2013 y 2020 fueron registrados 686 casos de trata de personas, 82 % fueron mujeres.

La explotación sexual sigue siendo la modalidad de mayor preponderancia con 408 casos, seguido por trabajos forzados, con 134.

 

*Puede leer también: Migrantes venezolanas enfrentan creciente violencia de género en Perú y Colombia 

 

*Con información de Efe

Venezuela es el segundo país donde más personas pasan hambre en América Latina
El Caribe es la subregión que presenta la mayor proporción de población afectada (algo más de 16%), señaló el reporte

 

Un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) determinó que Venezuela es el segundo país en América Latina con mayor prevalencia de hambre.

Según el estudio, los países con mayor prevalencia de hambre son Haití (47,2%), Venezuela (22,9%) Nicaragua (18,6%), Guatemala (16%), Ecuador (15, 4%) y Honduras (15,3%)mientras que los menos afectados son Uruguay y Cuba (menos de 2,5%) y Chile (2,6%).

América Latina ha perdido 20 años de lucha contra el hambre al alcanzar a más de 56 millones de personas en 2021, aunque se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a 2020, aseguró este miércoles a EFE Julio Berdegué, representante regional de la FAO.

«La región ha perdido 20 años de lucha contra el hambre. Es un agravamiento de una condición que ya era desastrosa, lo que nos indica que la recuperación luego de la pandemia no ha llegado a los hogares», señaló el alto funcionario.

En 2020, la crisis sanitaria disparó el número de personas en situación de hambre hasta los 52,3 millones, mientras que en 2021 alcanzó a 56,5 millones, 8,6% de la población regional.

«Llevamos retrocediendo desde 2015. La mayor catástrofe vino de 2019 a 2020, pero volvemos a tener un leve empeoramiento este año, con casi 4 millones más de personas que pasaron hambre«, agregó.

Las cifras corresponden al nuevo informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por cinco agencias de la ONU que advirtieron este miércoles que cerca de 828 millones de personas sufrió hambre a finales del año pasado.

Del total de personas en esta condición, la ONU señala que América Latina y el Caribe concentra 7,4%, más de la mitad vive en Asia y más de un tercio en África.

Por otro lado, también se disparó la inseguridad alimentaria, que en 2021 alcanzó a 40,6% de la población (268 millones de personas), un aumento de 1,1 puntos porcentuales con respecto a 2020.

Puede leer también: Falta de datos oficiales invisibiliza el problema del trabajo infantil en Venezuela

*Con información de EFE

Atención a migrantes venezolanos en América Latina mejora pero hace falta más ayuda
Pese los esfuerzos de los países receptores, los migrantes siguen expuestos a «riesgos y carencias» en los planos laboral, educativo y socio-económico

El Proceso de Quito aseguró este viernes, 1 de julio, que mejoró la atención a migrantes venezolanos en América Latina mejora, pero hace falta más ayuda. Así lo indicaron en su balance de «buenas prácticas».

Este mecanismo se reunió en Brasilia y volcó en un documento las iniciativas adoptadas para atender a un éxodo que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), «no tiene ningún precedente» en la región.

En el documento citaron la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), la cual calcula que en mayo de este 2022 «había 5,1 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe».

Según el organismo, gracias a «avances recientes de las políticas en materia de regularización en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile o República Dominicana», para fines de este año «el total estimado de refugiados y migrantes regularizados alcanzará los cuatro millones de personas».

 

En gran parte de los casos, se trata de personas que han recorrido «distancias físicas superiores a los 7.200 kilómetros a pie o por carretera, para llegar desde Caracas hasta capitales como Santiago de Chile o Buenos Aires».

Por otra parte, el documento resume las mejores prácticas de acogida adoptadas por los trece integrantes del Proceso de Quito: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Travesía aliviada

De acuerdo con el proceso de Quito, la travesía de los venezolanos ha sido «aliviada» en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Además, valoraron que todos los países de la región han dado «prioridad» al «bienestar físico» de los migrantes, que «en su totalidad» han sido contemplados en los planes nacionales de vacunación contra la covid-19.

Sin embargo, consideran que pese los esfuerzos de los países receptores, los migrantes siguen expuestos a «riesgos y carencias» en los planos laboral, educativo y socio-económico.

También, están bajo el riesgo de caer en las mafias «del tráfico y la trata de personas» y a brotes de xenofobia.

En ese sentido, reafirmaron «la necesidad de que se incremente el apoyo técnico y financiero internacional a través de un mayor compromiso por parte de los países donantes, instituciones financieras internacionales, actores de desarrollo y el sector privado».

*Con información de EFE

Duque culpó a Maduro de causar la mayor crisis migratoria de América Latina
El mandatario colombiano advirtió que la democracia en la región se ve amenazada por la demagogia del populismo que «vende pan para hoy, pero encuba hambre para mañana»

 

Este viernes, 29 de abril, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ser el culpable de la mayor crisis migratoria reciente en América Latina 

El mandatario colombiano, que realiza una visita oficial de un día a República Dominicana, advirtió que la democracia en la región se ve amenazada por la demagogia del populismo que «vende pan para hoy, pero encuba hambre para mañana», dijo.

«Existen ‘dictadorzuelos’ que han disfrutado de la libertad entrando por la democracia, solo para llegar hacia las más horrendas dictaduras», expuso el mandatario.

También se refirió a la inflación mundial y consideró necesario que las autoridades económicas internacionales reconozcan la independencia de los Gobiernos en esa área, para evitar que el crecimiento económico pueda terminar generando más inflación y más deterioro social.

En ese sentido, planteó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) acepten la condonación de parte de las deudas externas y la posibilidad de pagos diferidos en el tiempo para que los países latinoamericanos puedan hacer frente a la crisis causada por el cambio climático.

«Los flujos migratorios por la crisis climática serán más dolorosos y estremecedores que provocados por otras causas», afirmó Duque.

Violación del espacio aéreo

El Gobierno colombiano denunció este viernes que militares venezolanos a bordo de un helicóptero violaron el martes pasado su territorio en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores pone en conocimiento de la comunidad internacional una reciente violación a la soberanía de Colombia por parte de integrantes de las Fuerzas Militares al servicio del régimen de Venezuela, en el sector correspondiente a la Vereda Francisco de Paula Santander, Corregimiento La Gabarra, del Municipio de Tibú, en Norte de Santander», señaló la información.

La Cancillería explicó que, inicialmente, el Ejército colombiano los enteró de la «posible quema de una casa por militares venezolanos en territorio colombiano» pero al ser verificadas las coordenadas se constató que corresponden a territorio de Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 febrero de 2019 por orden del gobernante Nicolás Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

*Con información de EFE