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Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Déficit de ambulancias: otro servicio público en emergencia
De acuerdo con Monitor Salud y Médicos Unidos de Venezuela, en los cuatro puntos cardinales del país el déficit de ambulancias es una realidad.  TalCual junto con Runrunes, Elimpulsocom, La Mañana, La Nación, La Verdad y Yaracuy al Día indagaron sobre las fallas en el servicio en Caracas, Falcón, Lara Táchira, Yaracuy y Zulia; y cómo debería funcionar 

El esposo de Luisa Aguilar, tuvo un accidente en la vía Panamericana, Táchira, a mediados de septiembre de 2023. Retornaba del trabajo a su casa en su moto y cayó en un hueco en plena carretera. Sufrió lesiones en la columna y se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Central de San Cristóbal. Pero no había ambulancias para llevarlo

Luisa tuvo que buscar por su cuenta un trasporte para llevarlo a una clínica privada, en la misma ciudad, para hacer una tomografía; el pasado 18 de septiembre. Tenía que movilizar al paciente y el Hospital Central no cuenta con unidades operativas.

El servicio le salía en 120 mil pesos colombianos –unos 31 dólares–. Si pagaba el servicio de ambulancia no tenía para el examen de la tomografía.

Finalmente, consiguió un transporte de Protección Civil, pero tuvo que esperar varias horas mientras los funcionarios de esa institución atendían algunas emergencias.

Una situación similar vivió a finales de agosto David Guerra, necesitó trasladar a un joven, urgente, recluido en el en el CDI de Boca de Aroa (Falcón) y no consiguió ambulancia.

«Se siguen presentando casos en los que se necesita una ambulancia para la parroquia y toca esperar si la de Tucacas está disponible. Al final, tuve que ir hasta la alcabala policial de Las Delicias para que una patrulla de la policía hiciera el traslado, con todo el riesgo de que los pacientes mueran en el camino», contó Guerra a La Mañana.

Habitantes de Boca de Aroa, Tucacas y Chichiriviche han denunciado –desde finales de 2022– la falta de ambulancias. Situación que se repite en los municipios José María Vargas y Seboruco de Táchira, donde han recurrido a taxis para trasladar enfermos. El déficit de ambulancias es una realidad en varias regiones del país.

El último estudio que hizo la organización Monitor Salud, en el año 2021, -que esperan actualizar a finales de 2023- arrojó que en 17 estados de Venezuela más el Distrito Capital solo estaban operativas unas diez ambulancias en hospitales. Otras 12 permanecían paralizadas por falta de repuestos.

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada país debería tener, como mínimo, una ambulancia por cada 25.000 personas. Pero la realidad de Venezuela dista mucho de esa recomendación.

«En cada hospital debería haber ambulancias para el traslado. Obviamente, no estamos ni cerca de cubrir la exigencia de la OMS por cantidad de habitantes. Las ambulancias de los hospitales, en su gran mayoría, están fuera de servicio por falta de repuestos», indicó a Runrunes Mauro Zambrano, dirigente Sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas y coordinador general de la organización Monitor Salud.

Lara y Yaracuy, entre privados y PC

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, cuenta con cinco ambulancias en condiciones «no favorables» para realizar un traslado adecuado, indicó una fuente a Elimpulscom.

Ante esto, 14 empresas prestan este servicio en el principal centro de salud de la entidad. Habilitando dos ambulancias por empresa. Queda a decisión de los pacientes y/o familiares si utilizan este servicio.

Las unidades están nuevas y ofrecen el servicio de traslado con equipos médicos y personal calificado, dentro y fuera de la ciudad y del estado.

No reciben pago ni ningún tipo de subsidio por parte del gobierno regional, aunque pertenezcan a la red del 711.

Cuando son referenciado de la Dirección de Salud o del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, dependiendo del caso, los traslados pueden ser gratuitos.

Déficit de ambulancias en Venezuela. Precios para septiembre de 2023

El parque automotor de socorro disponible en Yaracuy también es insuficiente para la entidad. Una fuente reveló a Yaracuy al Día que hoy «muchas de estas unidades presentan fallas o ya están obsoletas».

Bajo la coordinación de Protección Civil existen operativas unas 15 ambulancias en todo el estado. Esto sin contar las que están adscritas al Cuerpo de Bomberos, empresas privadas y otras con las que cuentan los cuerpos militares acantonados en la entidad.

Los expertos consultados por el diario local precisaron que el parque automotor disponible en el estado es insuficiente. Fueron tajantes en afirmar que se necesita una renovación y modernización de la flota de ambulancias y, además, adecuarlas a estándares internacionales.

El HUM con una ambulancias

El Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) tiene una sola ambulancia operativa, señaló una fuente a La Verdad.

La presidenta del Colegio de Médicos del Zulia, Dianela Parra, declaró no conocer la cifra de unidades de servicios preambulatorias: «Es un tema muy bien resguardado por los organismos públicos», dijo. Sobre esto no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Zulia.

Mientras que, Nilda Cañizales, encargada del Sistema de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria (2014-17), recordó al diario local que, hasta 2017, «hubo 63 ambulancias en Zulia. Había de una a tres ambulancias en cada uno de los 21 municipios; según las dimensiones poblacionales. Maracaibo llegó a tener seis».

Actualmente, más de diez empresas privadas ofrecen servicio de ambulancia en el estado occidental y los Bomberos de Maracaibo cuenta con tres ambulancias en total, todas en funcionamiento; aseguró Engelbert Atencio, comandante del cuerpo.

Voluntad política para un servicio útil

El Ministerio de Salud es el encargado de reglamentar todo lo concerniente con tipos de ambulancia, equipamiento y personal, que debe ser especializado en manejo de emergencias prehospitalarias, manejo de paciente politraumatizados o pacientes en condición crítica.

«El chofer debe tener conocimiento de manejo de ambulancias, con una técnica y velocidad delimitadas, y debe haber enfermeros o personas entrenadas para el acompañamiento del paciente grave. Pero eso no existe en Venezuela», advirtió Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela.

Añadió que hay una norma del Ministerio de Salud sobre las ambulancias, sus características, clasificación y equipamiento que no ha sido aprobada. Existe igualmente una propuesta de la sociedad de emergenciólogos y medicina prehospitalaria que tampoco ha prosperado.

Por su parte, el doctor Huniades Urbina Medina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, recordó que, en el pasado, a cada hospital del país se le asignaba dos o tres de estas unidades; pero que ahora deben trabajar «con lo que queda», señalando que el déficit se refleja en cada municipio y estado de Venezuela.

Las ambulancias que se necesitan

El director de Médicos Unidos de Venezuela, explicó que lo ideal es que hubiese disponibilidad suficiente en el país de tres tipos de ambulancia: las primeras de ellas son las de traslado, que no deben tener soporte básico de vida y que se usan para movilizar a pacientes sin complicaciones o que no se estime que vayan a presentar alguna complicación.

Luego están las ambulancias con soporte básico de vida, que deberían moverse regularmente por las capitales de los estados para dar atención a víctimas de accidentes y que deberían estar a disposición de los cuerpos bomberiles y de Protección Civil. Estas unidades deben estar equipadas para garantizar el traslado de un paciente que amerite el suministro de medicamentos, hidratación, e incluso, intubación. «Son las que debería haber en mayor cantidad», precisa Lorenzo.

En tercer lugar, está las ambulancias con soporte avanzado de vida, que a su vez se subdividen en ambulancias con soporte avanzado de vida neonatal (con incubadoras para transportar neonatos graves de un centro a otro), las de soporte avanzado pediátrico y las de soporte avanzado adulto. Todas deben tener un equipamiento especial y capacidad para trasladar a un paciente grave.

Pero en Venezuela la carencia de ambulancias de los tres principales tipos es generalizada. No hay cantidad suficiente de ellas en ningún estado.

«La falta de ambulancias es igual en todo el país, no podemos decir que haya un estado con mayor déficit, de hecho, la ciudad capital no debería tener problemas y los tiene, porque presenta un déficit muy importante», recalcó Lorenzo.

Créditos: Bleima Márquez (La Nación), Yakary Prado (Runrun.es), Angelo Gallardo (Elimpulsocom), Josed Alastre (La Verdad), redacciones La Mañana y TalCual

Perfil | Henrique Capriles sueña con que a la tercera sea la vencida
Trabajó en el Seniat, con Venancham y en la Asamblea Nacional antes de ir en su carrera como dirigente político 
El candidato a las primarias estará representado bajo el partido Primero Justicia, pero ha unido fuerzas con miembros de la antigua Mesa de la Unidad Democrática

La mayoría recuerda a Henrique Capriles Radonski  (Caracas, 1972)  por ser el candidato presidencial en las elecciones del 2012 y del 2013, además de haber sido el gobernador del estado Miranda en 2008 y 2012. Pero el abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y político caraqueño del partido Primero Justicia de 51 años tiene la mitad de su vida en la arena política. 

Capriles es padre de tres hijos y tiene un doctorado en Derecho Tributario. Mientras estudiaba su pregrado y posgrado trabajaba en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y en el en el Comité de Impuestos de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio (Venamcham). 

Sus primeros pasos de lleno en la política ocurrieron en 1998, cuando fue elegido como diputado del partido Copei para representar al estado Zulia en la Asamblea Nacional. Fue presidente de la Cámara de Diputados y Vicepresidente del Parlamento. Pero la Constituyente de 1999 disolvió el grupo que conformaba el poder legislativo ese año. 

Un año después, fundaría el partido Primero Justicia junto a Julio Borges, Leopoldo López y otros nombres que posteriormente ocuparían lugares destacados dentro de la política nacional.

Capriles retomó su carrera política como alcalde de Baruta en dos periodos consecutivos: del 2000 al 2004 y del 2004 al 2008. Luego ascendió a la gobernación del estado Miranda, en la región central del país. Para el año 2008 venció la candidatura del oficialista Diosdado Cabello por el puesto. Al finalizar su mandato, decidió lanzarse por primera vez a la presidencia. 

Rumbo al tercer intento

En 2012 disputó el puesto del ejecutivo nacional con Hugo Rafael Chávez Frías, y perdió con una diferencia del 11%. Luego de la muerte de Chávez en 2013 hubo otras elecciones, esta vez contra Nicolás Maduro, y Capriles perdió en las urnas otra vez con una diferencia menor al 5% en un proceso muy cuestionado y en entredicho. 

Entre golpes de cacerolas y protestas, Henrique movilizó a la población venezolana para exigir una garantía a los Derechos Humanos y la realización de un referéndum revocatorio contra Maduro que fue impedido por el Gobierno y culminó con la inhabilitación política  del líder de Primero Justicia por 15 años. 

Durante las elecciones primarias de cara al 2024, Capriles apuesta por la recuperación de los centros de salud, de Pdvsa (sin privatizarla), de la profesión docente y las tasas de jubilación. Mantiene conexiones con la antigua Mesa de la Unidad, como el actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, una estrategia que, hasta ahora, otros candidatos no han cristalizado. 

#Podcast | «Primaria en la lupa»: el inicio de la campaña
El podcast  «Primaria en la lupa» es un producto de los portales El Tiempo, Correo del Caroní, La Mañana, El Impulso.com, La Nación, Yaracuy al Día, La Verdad, Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual para hacerle seguimiento a las primarias 2023 y mostrar en detalle cómo se desarrolla la campaña y los comicios en los estados que cubre cada medio

Las organizaciones y partidos que conforman la Plataforma Unitaria acordaron el 16 de mayo de 2022 celebrar unas elecciones primarias, para elegir al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Primaria en la lupa

Una vez más, la oposición venezolana, así como ocurrió en el 2012 para las votaciones de ese año, recurre a este mecanismo para que sean los venezolanos quienes decidan el 22 de octubre de 2023 quién será la figura que se medirá contra el chavismo-madurismo.

La cita es sin el apoyo técnico ni centros de votación del Consejo Nacional Electoral: será autogestionada; se realizarán en un país fracturado, desmovilizado y empobrecido, que suma casi dos lustros de crisis económica.

«Primaria en la lupa» es un producto de los portales El Tiempo de Anzoátegui, Correo del Caroní de Bolívar, La Mañana de Falcón, El Impulso.com de Lara, La Nación de Táchira, Yaracuy al DíaLa Verdad de Zulia, Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual de Caracas para mostrar en detalle cómo se desarrolla la campaña y los comicios en los estados que cubre cada medio.

«Primaria en la lupa»: el primer de de siete capítulos

En siete episodios de publicación semanal, se expondrá qué esperan los venezolanos de estos comicios; cómo se llevarán a cabo; quiénes pueden votar; y quiénes son los candidatos que aspiran a la elección presidencial de 2024, qué les ofrecen a los venezolanos.

En «Primarias 2023: Inicio de campaña», primer capítulo del podcast, se ofrece un recuento de las declaraciones de María Corina Machado, Freddy Superlano, Henrique Capriles y a César Pérez Vivas el día de su inscripción en la contienda; y un resumen del inicio oficial de la campaña de los candidatos Carlos Prosperi, Andrés Caleca y Delsa Solorzano.

Puedes escuchar el podcast haciendo click a este texto

Entrevista: Venezuela es uno de los tres países que no cuenta con una ley de acceso a la información

Moises sanchez Alianza Regional por la libre expresion

En Venezuela, conocer la tasa oficial de homicidios, el índice de inflación, los recursos asignados a ministerios y planes gubernamentales, así como los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, puede ser realidad si entra en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.

El término «acceso a la información pública» es poco común para los venezolanos, pues en el país nunca se ha aprobado una normativa que determine que los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a información. Pero en Venezuela, después de haber estado engavetado durante el período legistalivo 2010-2015 el proyecto que la Coalición Proacceso -que está integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad y organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Cesap, Invesp y Sinergia-, el 3 de marzo fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley.

Venezuela, Bolivia y Argentina, son los únicos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información. El tema es bien conocido por Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una organización que está integrada por 22 instituciones de 18 países. Sánchez ha estado encargado de acompañar a las organizaciones que han unido esfuerzos para que en sus países se aprueben las leyes de acceso a la información y, aunque en nuestro país el camino ha tenido sus obstáculos, para el especialista los escenarios que genera la nueva Asamblea Nacional son positivos para que entre en vigencia un instrumento legal.

– ¿Qué considera usted es lo más difícil en Venezuela para que se cumpla la ley, una vez que entre en vigencia?

Lo primero que hay que entender es que el acceso a la información es una tendencia en la región donde solamente hay tres países que no cuentan con leyes de este tipo, que son Bolivia, Argentina y justamente Venezuela. Con la salvedad de que en el caso de Argentina ya se está avanzando en este proyecto de ley con fuerte compromiso del gobierno y del congreso. El derecho al acceso a la información es un derecho y un estándar reconocido en América. Es un derecho reconocido, con un marco formal. Es positivo que se haya aprobado en primera discusión una ley de este tipo en Venezuela, porque no es solamente ponerse a tono con lo que pasa en la región, sino porque también da una señal de apertura al debate democrático.

-En sus discursos usted hace énfasis en que las leyes de acceso a la información son importantes para las democracias… 

-Este tipo de leyes son esenciales para las democracias. La Corte Interamericana dijo que el derecho al acceso a la información es necesario para la democracia porque esta se basa en la libre circulación e intercambio de ideas, para eso es necesario poder emitir información y también poder recibirla. Hay un derecho al acceso a la información que hace que toda la información esté en manos del Estado, bajo la administración del Estado, sea por principio pública. Estas leyes de acceso a la información lo que nos vienen a decir es que nos pongamos a tono con los tiempos, pongámonos a tono con lo que son las democracias y las soberanías de las personas. El acceso a la información democratiza un poco el poder, permite que los ciudadanos puedan acceder a antecedentes que usualmente y en otra cultura se consideran como secretos de Estado, que no es ni más ni menos que la manifestación de una emisión de una visión política

-¿Qué efectos tendría esta ley si entra en vigencia y se cumple?

– A veces uno se centra en los casos de corrupción. Por ejemplo, en Chile un niño pide la evaluación de su colegio porque quería saber si su colegio es de calidad o no. El colegio no quiso entregar la información y él fue y reclamó ante un órgano especializado que es el Consejo para la Transparencia en Chile y finalmente le tuvieron que dar la información. Ese tipo de empoderamiento que tiene el ciudadano, desde niños, es lo que te permite la ley de acceso a la información. También hay casos de muchas personas que han pedido información sobre la contaminación que hay en la ciudad, es muy típico por ejemplo ver a ciudadanos pidiendo antecedentes. Por supuesto también hay otras características y casos donde los periodistas han tenido un rol fundamental que es abrir antecedentes con respecto a contrataciones públicas, conflictos de intereses que tienen funcionarios, y esos son todos beneficios que entrega la ley de acceso a la información y el proyecto que se discute avanza en esa línea. Como toda ley de información también considera una serie de causales de reserva que son bastante mínimas y cuyo sentido no es restringir la información, sino restringir la posibilidad que tiene el Estado de tomar cualquier tipo de argumento para decir que hay un secreto de Estado.

– En el caso de Venezuela, ¿qué vacíos considera que hay por no tener una ley de acceso a la información?

Hay un trabajo de Transparencia Venezuela y también de Espacio Público donde han constatado por ejemplo en Naciones Unidas una serie de ausencia de información respecto de derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de vivienda, educación, salud,  también por ejemplo, de falta de información sanitaria, o sea, no hay mucha información sobre las distintas pandemias que están afectando, por lo que los ciudadanos no saben en realidad la entidad del problema, tampoco se sabe qué pasa con los subsidios o beneficios sociales. A nivel internacional se ve que Venezuela no cuenta con parámetros informativos y una cosa que realmente llama la atención es que no exista información con respecto a los índices económicos y de la inflación, o de las cifras de homicidios, lo que genera la imposibilidad de que las personas puedan tomar decisiones con información real, y eso abre paso a la especulación. Esos son los casos más evidentes que se ven y eso no pasa en un país que tenga el mínimo respeto por el acceso a la información.

– ¿Qué esfuerzos se pudieran seguir uniendo si la ley de acceso a la información pública llega a ser publicada y no se cumple?

– Es interesante preguntarse qué es lo que tiene que haber en la ley para que realmente funcione. La experiencia internacional lo que demuestra es que estas leyes cuando van acompañadas de órganos garantes del derecho al acceso a la información pública, consejos para la transparencia, realmente se vuelven en instrumentos efectivos para la ciudadanía, porque en la instancia que el ciudadano tenga una negativa de información, ya no se va a enfrentar él solo a toda la administración del Estado y con el costo enorme de tener que recurrir, por ejemplo, a un tribunal de justicia, sino de que va a tener un órgano especializado que en un procedimiento bastante rápido y expedito le va a solucionar ese problema, va a evaluar la situación y va a dar una respuesta pero desde la perspectiva de los estándares de acceso a la información pública. Es importante que los órganos que se consideran en estas leyes tengan las suficientes características de independencia y autonomía.

– En su experiencia, ¿cuál ha sido el país más difícil para que se cumpla una ley de acceso a la información?

– Los países más difíciles han sido los que no tienen ley. Siempre los países que tienen leyes, aunque existan dificultades de implementación, la verdad es que cambia el debate porque ya no se trata de situaciones en las cuales frente a una petición de información tú recibes la respuesta de un funcionario de acuerdo a lo que considere que es público, sino que tiene que ajustarse a ciertas categorías legales.

– ¿Cuáles han sido los países más exitosos en el proceso de aprobación de una ley de acceso a la información?

– México, Chile y Uruguay son los países que han tenido experiencias y órganos garantes que han tenido éxito, pero también hay países de centroamérica como Honduras que por el contexto institucional siempre tienen grandes desafíos, pero la verdad es que el aporte que ha hecho el consejo para la transparencia de Honduras ha sido enorme para la construcción de la democracia del país y si bien no es comparable con otros países que tienen experiencias más formales, por eso es que decimos que siempre es ganancia contar con estos órganos. Estas leyes ayudan, pero no te arreglan el problema, pero sí te ayudan enormemente. Además son un muy buen paso para la construcción de un diálogo democrático. Desde la perspectiva de ese análisis político es clave que en países que están teniendo crisis graves, el gran comienzo de un diálogo es poner las cartas sobre la mesa y eso se llama ley de acceso a la información pública.

– ¿Cómo considera que en un corto, mediano y largo plazo se pueden ver cambios palpables a raíz de la aprobación de la ley en Venezuela?

– Teniendo un órgano o consejo garante, es un cambio palpable, es lo que más destacan los ciudadanos en las distintas experiencias. Es muy distinto tener la información y no tener a donde ir, y tener que contratar a un abogado para eventualmente llegar a una corte superior de justicia, que tener a un órgano facilitador que se hace cargo de ese problema y que va a resolver con una sentencia que es es definitiva si esa información es pública. El cambio sustantivo es un ciudadano no yendo desde la negativa a un tribunal, sino yendo a un ente que lo va a proteger y que va a estar luchando para que esta ley se haga realidad. El consejo para la transparencia es el encargado de lograr que todo se cumpla. Si el consejo para la transparencia dice que algo es público, tiene que ser público. Es una tremenda ganancia. Es un proceso sencillo y rápido para que el ciudadano que no siempre tiene que dar su identificación porque está considerado el anonimato dentro de la ley. En algunos lugares, como Chile o México, se puede pedir la información con nombre de fantasía.

-¿Quiénes deben cumplir con esta ley?

– Esta ley obliga tanto a las instituciones públicas y privadas. Hay dos formas de obligar: una es tener carácter de ente público, de organismo público. Esto pasa en todas las leyes de información. si eres un ente público, de acuerdo con la legislación nacional, tienes que tener información. Si eres un ente privado, tú lo único que tienes que entregar es una información o rendición de cuentas con respecto de los recursos públicos que te fueron entregados, en realidad no es que estén obligados a cumplir la ley, pero sí a rendir cuentas de los recursos públicos que les fueron asignados. Todas las leyes de acceso a la información están evolucionando hacia la inclusión de sectores específicos. Las empresas que prestan servicios públicos, debieran entregar cierta información y es un debate que están en desarrollo. Hay ciertos niveles de transparencia que se requieren en distintos sectores.

-Ha nombrado en varias ocasiones al órgano garante o al consejo que supervisa que se cumpla la ley, ¿qué facultades tiene esta figura?

-El consejo tiene facultades sancionatorias. Cuando no se entrega la información a tiempo, porque la ley establece un plazo para eso, y si no se entrega o se entrega parcial, el consejo tiene la posibilidad de aplicar sanciones pecunarias, multas y hasta la destitución. Los gobiernos tienen un interés en que esa información no se sepa, porque si no se ve de manera concreta la inseguridad que hay en el país, esa información en todos los países en donde se aprobó la normativa, terminó siendo pública. Es insostenible mantenerla en reserva. La historia no los ha demostrado desde el año 2003 cuando fue aprobada en México la primera ley de acceso a la información de América. A partir de allí surgieron una serie de leyes. Ellos fueron los primeros en exponer la necesidad de tener un órgano garante de acceso. Luego vino una avalancha, todos son procesos recientes y con aprendizajes de todo tipo.