Alfredo Ruiz reconoció que ha aumentado la crisis pero aseguró que se debe a las sanciones impuestos por Estados Unidos
El Defensor del Pueblo, designado en 2017 por la ANC, Alfredo Ruiz presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, sin nombrar la actualización del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, este mimos jueves, 11 de marzo, donde aseguró que siguen recibiendo denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Ruiz aseguró que en materia de Derechos Humanos, durante 2020, llevaron a cabo 59 acciones judiciales, 1.656 mediaciones, 188 mesas técnicas de trabajo y 24.657 enlaces telefónicos con otras instituciones.
El Defensor añadió que tienen desafíos en cuanto a los Derechos Humanos y que se deben mejorar los sectores más vulnerables de la nación, aunque al mismo tiempo aseguró que la institución ha sido garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que el año pasado se acercaron 120 mil personas a las sedes de la Defensoría y de esos, 97 mil recibieron una formación a través de foros, talleres y diplomados en Derechos Humanos.
Además dijo que el año pasado se realizaron 7 mil orientaciones, se abrieron 4 mil expedientes, ejecutó 153 mil acciones de «defensoriales» e inspeccionó 8 mil comunicados.
Alfredo Ruiz reconoció el aumento de la crisis en el país, pero responsabilizó a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Lo que no dijo el Defensor
Michelle Bachelet aseguró este jueves, 11 de marzo, que continúan recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad, entre ellas la que hubo en el barrio caraqueño de la Vega, donde al menos 14 personas habrían muerto.
Por lo tanto pidió que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica. También expresó preocupación por la muerte en centros de detención a causa de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
La oficina de Bachelet ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios
Además denunció que, en la actualidad, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares.
