Alejandro Toledo

Las autoridades peruanas allanaron el sábado la casa del ex presidente Alejandro Toledo, a quien investigan por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para permitir la construcción de carreteras que unen a Perú con Brasil.

Se trata del más reciente caso de corrupción donde se ve implicada la empresa brasileña y funcionarios de varios países latinoamericanos.

La fiscalía indicó en su cuenta oficial de Twitter que continúa trabajando «por más de cinco horas en el allanamiento de casa de Alejandro Toledo» y añadió que «la documentación hallada en la vivienda será evaluada por el Ministerio Público».

Imágenes de televisión mostraron a personal encabezado por el fiscal Hamilton Castro, quien investiga los sobornos de Odebrecht en Perú, ingresar a la casa de Toledo en un barrio residencial de Perú.

En la víspera, Toledo negó al diario El Comercio haber recibido coimas de Odebrecht. «Yo no tengo nada», dijo por teléfono desde París donde asiste al Foro de Mercados Emergentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El abogado Luciano López (que defendía a Toledo desde 2013) renunció el viernes pero sin mencionar las razones. «Nuestra firma no dará ninguna declaración a la prensa sobre nuestro ex cliente por responsabilidad profesional», dijo el abogado en un comunicado.

En enero, Odebrecht acordó otorgar información a la fiscalía sobre sus actos corruptos en Perú. Al momento han sido apresados tres funcionarios del gobierno del ex mandatario Alan García (2006-2011).

El actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue sucesivamente ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo (2001-2006), escribió en Twitter «la justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción, debe ser sancionado».

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los hechos ocurrieron durante los gobiernos de Toledo, García y Ollanta Humala (2011-2016).

El Departamento de Justicia detalló que la constructora brasileña indicó que entre 2005 y 2008 pagó sobornos por 20 millones de dólares a un «alto funcionario» de Perú para ganar la licitación de un proyecto de infraestructura que se produjo durante el gobierno de Toledo.

Durante la gestión de Toledo empezó la construcción un plan de carreteras que unen Brasil con el norte y el sur de la costa del Pacífico peruana.

La procuraduría anticorrupción de Perú confirmó que pedirá interrogar en la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht en Perú a 75 personas, entre ellas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Además, también pidió interrogar a Marcelo Odebrecht, encarcelado en Brasil, en el marco de esta investigación.

Esta petición dirigida a la Fiscalía también solicitó investigar a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, y a Gonzalo Monteverde, presunto responsable de blanquear los sobornos, según explicaron hoy la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador anticorrupción, Amado Enco en rueda de prensa.

Entre la lista de funcionarios a interrogar también hay una serie de ministros de los Gobiernos de Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016), períodos en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios proyectos.

En esa condición se encuentra la inclusión del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y posteriormente primer ministro del Ejecutivo de Toledo.

Enco detalló que la solicitud de ampliación de denuncia se basa en información y datos de diferentes fuentes, como el informe de una comisión parlamentaria que investigó las actuaciones de constructoras brasileñas en Perú, y en denuncias periodísticas publicadas en los últimos meses.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La defensa judicial del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, asegura que es legal la actuación del español, Felipe González, quien ha aglutinado a su alrededor a importantes ex jefes de Estado para interceder por la liberación de los diferentes presos políticos en Venezuela.

A juicio de Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta Quintero, defensores de Ledezma, son incomprensibles las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno venezolano por la incorporación del ex presidente de España y abogado, Felipe González, al equipo de la defensa del Alcalde Metropolitano, indica nota de prensa de la Alcaldía Metropolitana.

Aseguran que “hay varias vías, todas legales”, que respaldan la actuación de González. En las leyes venezolanas se prevé que letrados extranjeros puedan ejercer en el país sin necesidad de reválida. De igual manera sostienen que está la figura de consultores técnicos, abogados o no, para asistir a cualquiera de las partes en los procesos judiciales. Además, está la defensa ante organismos internacionales, que posibilita, por ejemplo, que un nacional de España pueda ser asistido por abogado venezolano o viceversa. En tales supuestos consideran que «no hay violación a ninguna soberanía como se quiere hacer ver por funcionarios del Gobierno».

Ante el intento de criminalizar la incorporación de Felipe González al grupo de representantes de los presos políticos, Estacio, Núñez y Sierralta Quintero dicen estar preparados para activar los parámetros que sean necesarios de acuerdo a las circunstancias y aseguran que serán anunciados en su momento.

“Emplear epítetos contra el señor González, insultarlo, intentar vejarlo o intimidarlo, por el solo hecho de haber expresado su disposición a defender, con apego a la ley venezolana, a un grupo de presos políticos, expone a nuestro país, a sanciones de Naciones Unidas, situación que la defensa de Antonio Ledezma sería la primera en lamentar”, finalizaron.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el marco de las Naciones Unidas (A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118, 1990), establecen que “los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales, sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.

Cabe destacar que hasta la fecha, el grupo de ex jefes de Estado que acordó defender a Antonio Ledezma y a los presos políticos ya suma nueve exmandatarios: Felipe González y José María Aznar (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe Calderón (México), Alan García y Alejandro Toledo (Perú).

El ex Presidente peruano Alejandro Toledo reveló que durante su gobierno se encontró una valija diplomática con 850 mil dólares, caso por el cual recuerda llamó al fallecido ex mandatario venezolano Hugo Chávez para indicarle que el dinero se devolvería.

Sin embargo Toledo Manrique, en entrevista a Correo sostuvo que no está en condiciones de decir es si ese dinero llegó para la campaña del candidato Ollanta Humala.

Como se recuerda el ex candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), expresidente del Consejo de Ministros, informó que durante el 2006 y ad portas de que el ex mandatario Alejandro Toledo dejase el cargo, el gobierno recibió un informe de inteligencia que advertía del ingreso de valijas diplomáticas de Caracas (Venezuela) con dinero destinado para la campaña de actual presidente.

Durante su gobierno se rompió relaciones con el régimen de Hugo Chávez. Se creó la Unasur, que ahora está al servicio de Venezuela. ¿En qué acabó la Unasur? ¿Qué hacer con Venezuela?

Yo creé con el presidente Lula, en Palacio de Gobierno, la Comunidad Suramericana de Naciones. Después lo cambiaron a Unasur. Soy un guerrero abierto contra el autoritarismo populista. Soy miembro del Club de Madrid, donde hay 96 jefes de Estado democráticamente elegidos y les voy a proponer ir en una misión de 30 expresidentes a Venezuela.

¿Considera que es muy blanda la postura del Perú ante Venezuela?

El silencio de los jefes de Estado en ejercicio y de los exjefes de Estado los hace cómplices de ese régimen autoritario populista. Lamentablemente no es solo Venezuela, pero es el foco. Yo lamento que hasta mi propio país… El Presidente sabe, él sabe mi posición.

Ese silencio también incluye al Perú…

No solo me refiero al Perú, es toda la región. Recién ha comenzado a reaccionar EE.UU. Unasur no funciona. Lamento que mi amigo, miembro de mi fundación, el presidente (Ernesto) Samper, sea el secretario de la Unasur.

¿Usted percibe que este silencio en la región y en el Perú es gratuito o, como se investiga en algunas entidades como el Ministerio Público, se debe a que habría existido un financiamiento al presidente Humala?

No puedo calificar eso, pero sí le puedo dar un dato: en mi gobierno encontramos una valija diplomática con 850 mil dólares. Quise ver las evidencias. Ese dinero no sé adónde iba… No tengo las evidencias. Chávez me respondió: “Oye, Cholo, ¿de qué estas hablando?”. Le dije: “Tu agregada comercial en Panamá ha venido con una valija diplomática con este dinero y no lo voy a permitir. Estoy, en este momento, convocando de regreso a mi embajador (Carlos Urrutia) y te pido que te lleves al tuyo”.

¿Se llegó a determinar adónde iba ese dinero?

Llegó a Cancillería, en Cancillería fue donde yo pedí ver (el dinero), ya que para tomar una decisión de esa manera tenía que ver los datos. Lo que no estoy en condiciones de decir es si ese dinero llegó para la campaña del candidato Humala.

¿Usted insiste en que el caso Ecoteva es una persecución?

En lo factual ya tienen todo y no toman una decisión. Sin embargo, no voy a hablar sobre eso porque hay una investigación preliminar reservada. Los fiscales han cometido graves errores, yo no lo voy a hacer.

La frase que usted deslizó sobre la falta de confianza en la administración de justicia, ¿cómo la aplica a su caso con el tema Ecoteva?

¡Tienen todo! Es impresionante: 26 meses de investigación, seis fiscales, un juez y no quieren resolver. Resuélvanlo.

Usted reconoce que tuvo errores de comunicación cuando salió el tema Ecoteva…

Sí, claro. Y lo he dicho en el Congreso y pedí disculpas. Yo no sé si usted conoce las cuentas o los negocios de su suegra o de su suegro. Yo no. Además, ella no quería que me case con su hija.

Pero el tema se presta a muchas suspicacias, sobre todo por el asunto de la compra en una empresa de Costa Rica…

Porque el comprador tenía su cuenta en Costa Rica. Y el comprador es el señor Maiman y ya lo tienen probado. La fiscal ha pedido, a través de la cooperación internacional, las pruebas de los fondos, el origen y la licitud de los fondos. Ya lo tienen. No voy a entrar más en el tema Ecoteva.

En el marco de la investigación se supo que Josef Maiman le prestó dinero para pagar las hipotecas de la casa de Camacho. ¿Qué amigo puede dar tanto dinero a otro para que pague sus hipotecas? Esa versión no resulta creíble…

Maiman es amigo mío hace 38 años. Él sí sabe hacer dinero, yo no. Yo tengo pagando la casa de Camacho hace 18 años. Pero me di cuenta de que me estaba pagando 11% de intereses. Yo obtengo 2% por un crédito en los EE.UU. Entonces le dije a Josef: Me queda una cosa muy chiquita de los 2 millones y medio que vale la casa: faltan 200 mil, los quiero pagar. Yo le hago consultorías a él y a otra gente en el mundo, nunca en el Perú. Me los prestó y le estoy pagando los 200 mil dólares, y eso está en los documentos de la Fiscalía.

Esta semana, se produjo un anuncio tan inusual, como valioso.  El expresidente del Gobierno español, Felipe González, aceptó hacerse cargo de la defensa de, Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos principales presos políticos de la dictadura chavista de Maduro.

Al origen de la decisión, del ex presidente español, está una petición hecha por los familiares de los presos políticos, a la cual también se han adherido los expresidentes; Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

Lo más probable es, que éste grupo de personalidades intenten participar en los procesos judiciales de López y Ledezma, bajo la figura del amicus curiae.

Introducida en la ley internacional, particularmente en la temática de los Derechos Humanos, en el presente, la técnica del amicus curiae, es utilizada por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la CIDH y por la Corte de Justicia de la Unión Europea.

El origen de dicha figura, está en el derecho anglosajón del siglo XVII. En el presente, ha finalmente sido integrada en la mayoría de los sistemas legales, de donde sobresalen Argentina y Honduras.

Las condiciones esenciales de la amicus curiae son la independencia, la competencia y la representatividad. Teniendo como principal objetivo cubrir las debilidades de la instrucción de los expedientes, principalmente respecto a testimonios y experticias, carencias éstas que son paradójicamente el centro de gravedad del juicio que se le sigue a Leopoldo López. Puede también, la amicus curiae, aportarle luces a los tribunales sobre cuestiones de hecho y de derecho.

La tipificación de los llamados “delitos políticos” tiene diversas y múltiples incompatibilidades con el derecho internacional, convencional y consuetudinario. No existe una definición consensuada acerca de lo que se entiende por delitos políticos en el derecho internacional.

Convencer a la dictadura de Maduro y su TSJ rojo rojito, de abrir los procesos de López y Ledezma, a otros actores no será una tarea sencilla.

El  muy vilipendiado, lobbying judicial, podría convertirse en el caso venezolano en generador de una reacción política, que tanto le ha costado desarrollar a las fuerzas democráticas.

Sin hacerme mayores ilusiones en lo jurídico, pienso que en lo político, es probable que éste inusual gesto de los expresidentes, termine creando un precedente que sirva para establecer un mínimo de vigilancia regional, ante los múltiples atropellos, de la dictadura chavista.