Albanisa

BAJO

REMEDANDO A CHÁVEZ Y MADURO:

Daniel Ortega, el represor, incestuoso y borrachín presidente de Nicaragua, ha venido siguiendo el peor guión de Venezuela para enfrentar a los medios de comunicación libres en su país. Si el “comandante eterno” lo hizo y Maduro lo sigue entonces el nica se decidió a repetirlo: Embargó el papel de periódico para que los medios impresos no impriman y así desaparezcan de circulación. Los diarios HOY, La Prensa y El Nuevo Diario además del suplemento de sátira política El Azote, suspendieron temporalmente su impresión. Esta reacción de la pareja dictatorial nicaragüense vino después de que, de nuevo, los medios hicieran una dura critica a la represión contra los manifestantes en las protestas que comenzaron en abril de 2018. Solo basta recordar lo que el informe publicado en www.runrun.es de los profesores de IBI Consultants, LLC y la Universidad Nacional de la Defensa (INSS) Douglas Farah y Caitlyn Yates presentado este mayo bajo el título: “El último aguante de Maduro”. Lo reproduzco ante la avalancha de informes que en estas dos décadas han aparecido en diferentes investigaciones globales y por nuestra corta memoria pues un escándalo tapa a otro en perfecta sucesión. En su capítulo “Proyectos de infraestructura falsificados” se detalla la transferencia de grandes sumas de dinero estatal a través de proyectos de infraestructura no existentes, es una metodología importante utilizada por los estados criminalizados para el lavado de fondos. Porque el estado asigna los fondos para estos proyectos y controla los cuerpos de investigación del Estado, la supervisión y la rendición de cuentas por parte de los vigilantes estatales no existe. Ni PDVSA, ni sus subsidiarias centroamericanas, podrían ser investigadas por auditores fiscales, entidades encargadas de hacer cumplir la ley o de control financiero porque todos están bajo el control de los Estados cuyos líderes permitieron que las operaciones se desarrollaran y son quiénes se beneficiaron de esas actividades.

“Como esta tipología criminal se ha perfeccionado con el tiempo, esta es una de las metodologías más efectivas y menos riesgosas para que la use la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Uno de los más grandes de estos casos fue el programa de firmas anunciado entre Albanisa y PDVSA en Nicaragua. En 2007, los presidentes Chávez y Ortega pusieron conjuntamente la piedra ceremonial donde Nicaragua construiría una gran refinería de petróleo para refinar el petróleo crudo pesado de PDVSA. Los presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de $ 6,6 mil millones una absurda e irracional cantidad de dinero absurdo para tal empresa.

Grandiosamente llamada “El Supremo Sueño de Bolívar ” (“The Supreme Dream of Bolívar”), la refinería en papel recibió una inicial de $32 Millones en fondos iniciales en 2008 y $ 60 millones adicionales en los próximos tres años.

En 2012 y 2013, el programa recibió $341.2 millones adicionales. Desde 2013, la suma exacta de dinero dedicada al proyecto no se conoce pero los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aportaron varias decenas de millones de dólares hasta el 2015. En ese momento, el rastro del papel financiero se terminó y no se supo más. Sin embargo, los casi 500 Millones de Dólares en inversiones en papel, que ya se han movido a través de este proyecto, han dejado pocos resultados visibles. Múltiples visitas al sitio entre 2014 y 2016 encontraron solo un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento oxidados, una valla de madera hundida, sin signo alguno de una refinería. En realidad, la cadena financiera criminalizada movió los fondos de PDVSA a través de su subsidiaria Albanisa y luego redistribuyeron los fondos como pagos por trabajos y materiales inexistentes a una serie de empresas contratistas vinculadas a los gobiernos de Ortega y Chávez.

Estas compañías de fachada movieron luego el dinero “limpio”, ahora imposible de rastrear, de nuevo al control de las estructuras criminales nicaragüenses y venezolanas. Si bien la Refinería fue uno de los proyectos ficticios de infraestructura de estado a estado más grande, descubierto en nuestra investigación de campo, fue solo una de las docenas de empresas similares que finalmente blanquearon cientos de millones de dólares con el apoyo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Finalmente la tipología criminal a explorar en este informe son las transferencias de banco a banco. A principios de 2014, el flujo de fondos ilícitos que fluyeron a través de la red de PDVSA estuvo en su punto máximo. Esta inundación de dinero en efectivo comenzó a sobrepasar la estructura de PDVSA centroamericana y la cantidad física de dólares en circulación hizo que la acumulación de billetes en las estructuras bancarias tradicionales fuera casi imposible de depositar sin activar las alarmas. Esta abundancia de recursos obligó a la empresa a optar por una solución audaz disponible para los estados que participan en actividades delictivas. Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del estado nicaragüense. Este banco fue controlado por el presidente Ortega y supervisado por sus socios financieros más confiables, que ya controlaban el consorcio Albanisa. En octubre de 2014, las autoridades nicaragüenses registraron oficialmente a Banco Corporativo (Bancorp) como entidad financiera, ubicando la sede de ese banco en la misma oficina que Albanisa. En la declaración inaugural del banco se dijo que la institución se especializaría en fideicomisos y servicios de administración de dinero, y los medios locales informaron que el banco era propiedad de Albanisa. Sin embargo, el banco llevó a cabo pocas actividades bancarias normales, optando por no ofrecer cuentas corrientes, préstamos o hipotecas entre su repertorio de herramientas financieras. Sin embargo, Bancorp recibió un fideicomiso de $ 1.500 Millones de Albanisa y empresas relacionadas y $ 1.000 millones en otros fideicomisos. Las actividades de esta institución financiera recién acuñada parecían tan inusuales que los líderes del sector bancario establecido en Nicaragua se reunieron con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos para destacar su distanciamiento profesional de la entidad Bancorp. Las preocupaciones crecieron cuando Bancorp recibió en depósito $ 16 millones en efectivo solo en el mes de diciembre de 2016. 

Sin embargo, las alarmas se dispararon cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a $340 millones en 2017, un 237% de aumento porcentual con respecto al año anterior, a pesar de la falta de clientes o de una clara actividad comercial. Una de las anomalías más significativas de Bancorp es la falta de relaciones con algún banco corresponsal con acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. En esencia, esto corta la posibilidad del banco de realizar negocios en la mayor parte del mundo. Los investigadores de campo de IBI Consultants encontraron que Bancorp obtuvo una solución para mover dinero fuera de Nicaragua abriendo una cuenta en la sucursal de Panamá de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Los fondos de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana fueron luego transferidos de Nicaragua en la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá, antes de finalmente aterrizar en la sucursal de Hong Kong. En Hong Kong, los fondos fueron saneados y distribuidos en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados. El dinero podría entonces ser fácilmente movido desde Hong Kong y transferido por la web a cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mecanismo de transferencia de banco a banco cambió en enero de 2019, cuando Estados Unidos sancionó a Bancorp. En respuesta, el presidente Ortega optó por su opción más audaz hasta ahora (al menos con respecto a la banca) acelerando una propuesta legislativa a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido FSLN de Ortega, para que el estado nicaragüense comprara Bancorp por unos 23 millones de dólares y convertirlo en el Banco Central de Nicaragua. La jugada pasó, amalgamando así los fondos existentes de Bancorp, lo que dificulta la identificación y el corte del flujo ilícito de dinero en el sistema bancario de Nicaragua.”. Con esto se determinó que una suma cercana a los 4 mil millones de dólares provenientes de PDVSA desde Caracas fue “desaparecidos y lavados” en cuentas bancarias, inversiones y compras desde estaciones de gasolina hasta medios de comunicación en Centroamérica por parte de Ortega, Rosario su mujer y un grupo de funcionarios de ambos países.

Todo señala que cada día saldrán mas pruebas de la corrupción de estas dos décadas de chavismo-madurismo. La sola comprobación de la “propiedad” de casas, edificios y terrenos en la capital hasta las casas playeras tanto en el litoral central como en “Los Ranchos de Chana” en Margarita serán “peanuts” como dicen los gringos. Hay gente documentando los “registros”, “testaferros” y “funcionarios de confianza”.

MEDIO

GALLINA FLACA(1)

CANTV es el proveedor estatal de servicios de telefonía e Internet en Venezuela. Fue una de las primeras empresas de servicios telefónicos en el país, fundada en 1930. El mayor proveedor de telecomunicaciones en Venezuela fue privatizado en 1991 y Hugo Chávez la volvió a nacionalizar en 2007. El gobierno chavista y luego el madurista, la descuidaron, la desmantelaron y la convirtieron en lo que se podría llamar una “chatarra tecnológica”. Los guisos, saqueos y corrupción en todos los órdenes desde el mas alto nivel hasta los obreros de sus cuadrillas que copiaron poco a poco el mal ejemplo de sus superiores hicieron que la empresa fuera cayendo hasta límites asombrosos en su deterioro. Desde unos años atrás ni siquiera han presentado el balance de gestión ni han rendido cuentas a sus “accionistas”. El desmantelamiento de la CANTV la ha hecho perder una buena tajada de los servicios de telefonía celular y de banda ¿ancha? para la Internet. No se han atrevido a presentar ni un documento que compruebe el “éxito socialista”. Hoy están pensando, y ya han adelantado negociaciones y asesorías, por parte de empresas chinas de tecnología. Los asiáticos no han querido asumir funciones internas hasta que no se les presente un detallado inventario. Como se han ido centenares de trabajadores que piden la baja y sus prestaciones sociales y no hay dinero para pagarles lo adeudado han permitido hacer una especie de trueque fenicio: les pagan con equipos de la telefónica que van desde neumáticos y repuestos de carros y camionetas hasta equipos tecnológicos o enseres de oficina. Mientras tanto el deterioro aumenta a pasos agigantados. Como en todo el interior del país está peor que la capital. El próximo segmento devela otra marramuncia con esa empresa.

CANTV Y EL EX ZAR DE PDVSA (2)

Quien habla es Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA desde el 2004 hasta el 2014 con Chávez y Maduro. Escribe lo siguiente que cito textualmente: “El gobierno anuncia que una empresa transnacional china entrará a operar Cantv y Movilnet, las separará e intervendrá para “reflotarlas”. Así como si nada, ¡listo! Maduro decide entregar, de espaldas al pueblo, dos empresas estratégicas para el país, que fueron nacionalizadas por el presidente Chávez en 2007. Nadie sabe nada, de qué se trata realmente, ni porqué, ni los términos y condiciones. No saben ni los obreros de la propia empresa, ni los antiguos directivos, tampoco la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos la Asamblea Nacional. Se habla de un “holding”, de una empresa nueva, con esquemas confusos y maniobras semánticas para enredar y ocultar la verdad: Se ha entregado la operación de la empresa a una trasnacional. El gobierno hace lo que quiere, sin el más mínimo respeto, no solo por el vapuleado legado del gobierno del presidente Chávez, sino por las leyes, los mecanismos de funcionamiento y control de la Administración Pública o de la Constitución. El gobierno estaría entregando la operación de dos empresas emblemáticas para el país: CANTV y Movilnet a una empresa china transnacional, que podría ser de cualquier nacionalidad, turca, rusa o norteamericana, eso es indiferente, para que las “intervenga” y “reflote”. Se consuma así, otra entrega, otro retroceso en el ejercicio de nuestra soberanía, es decir, la capacidad de manejar asuntos estratégicos para el funcionamiento del país en favor de su independencia. En este caso estaría involucrado todo el sector de las telecomunicaciones. ¿Quién controlará a los chinos, especialistas en vigilancia, escucha y control? ¿Quién tendrá el control de los servidores y bases de datos de las empresas del país, de PDVSA, del TSJ, de los Registros Públicos, del SAIME, del SENIAT, del CNE, de los sistemas automatizados del país? Será que ahora con Maduro repetimos el drama de Intesa en PDVSA (cuando se entregó el cerebro electrónico de la empresa a una empresa privada norteamericana), solo que ahora se privatiza el cerebro electrónico de todo el país, sin excepción. Preguntas que debemos hacernos, sobre todo porque si, en este momento, usted trata de acceder del piso 6 hacia arriba de la Torre Cantv de la Avenida Libertador, no lo puede hacer sin un carné emitido directamente por la referida empresa china”. ¿Quien lo hubiera pensado? Precisamente el que firmó con los chinos varios acuerdos petroleros. ¿Y con los rusos? ¿Será igual?…

LOS GUISOS CONJUNTOS

Informes de La Prensa de Managua y de Infobae refieren estos hechos con todos los detalles de una investigación exhaustiva. Recordarán nuestros lectores que durante este 2019 hemos venido presentando varios antecedentes sobre lo que algunos analistas han venido llamando la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (Primera mención en Runrunes. Otra mención).

El esquema montado entre Venezuela, Nicaragua, El Salvador sigue apareciendo en diferentes investigaciones en Managua. Recordemos que aquí hemos hablado muchas veces de la empresa Albanisa. Para ello, la administración Ortega y entonces Hugo Chávez, crearon esa empresa llamada Albanisa (Alba de Nicaragua Sociedad Anónima), con 49 por ciento de acciones a favor del régimen en Nicaragua y 51 por ciento a favor de la empresa madre, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Es así como periodistas del diario la Prensa han culminado profundas pesquisas sobre origen y uso de fondos ilícitos provenientes de Venezuela y de su empresa PDVSA. Enrique Sáenz, disidente del Frente Sandinista y hoy en el exilio por su postura de oposición a Ortega, explica los desesperados esfuerzos de Ortega por ocultar los petrodólares. Según Sáenz, con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó en el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua. «Corrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público de la Propiedad en un registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras de Petronic (empresa distribuidora sancionada por Estados Unidos por su vínculo a Albanisa): le cambiaron los rótulos, los colores y la apariencia, pero el mayor desafío era el Bancorp y los fideicomisos ¿Qué hacer para esconderlos?», pregunta Sáenz. Y él mismo se contesta: «Crearon la inverosímil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua». En efecto, en marzo de este año, la Asamblea Nacional, dominada como todos los poderes públicos por Ortega, aprobó la compra por parte del Estado del recién sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de dólares, para crear un Banco Nacional con los activos de Bancorp. «Ortega pensó que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindarían con un escudo que los protegería de las sanciones norteamericanas. La confusión entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio público llegó así a un extremo sin parangón, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial», cuenta Sáenz. Pero no funcionó; en abril, apenas un mes después de haber aprobado la compra del Bancorp, Estados Unidos recordó que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano y amplió las sanciones al aun no establecido Banco Nacional, o como fuera que terminara llamándose.

La alternativa de venderle su banco sancionado al propio Estado de Nicaragua, para seguir administrando los petrodólares como negocio privado, fracasó en apenas el arranque de la idea. : «Estados Unidos no persigue instituciones, persigue los fondos»…

BAJO

¿TEMORES?: 

La cancillería a cargo del ministro Jorge Arreaza ha estado preocupada por los constantes movimientos del cuerpo diplomático acreditado en Caracas y la insistencia de muchos embajadores de recorrer el país para conocer la realidad que el régimen de Maduro trata de esconder. Los que mas se han movido recorriendo diferentes estados, incluyendo primordialmente los fronterizos, han sido los embajadores de los países miembros de la Unión Europea. Ante dichas “excursiones diplomáticas”, para las que tienen que utilizar carros blindados y seguridad extra, el encargado de Europa en el MPPRE, Yvan Gil, ha llamado personalmente a varios embajadores para manifestar el descontento del presidente Maduro con esos recorridos. El último fue a un embajador que circuló por el estado Táchira y observó en directo la realidad de la frontera tras reunirse con la gobernadora Laidy Gómez. Gil ha repetido la escena varias veces o en su defecto los ha hecho llamar por su subalterno. Me surgen varias preguntas: ¿no quieren que se sepa la realidad del contrabando de gasolina por militares?, ¿no quieren que se conozca el paso de billetes venezolanos a Colombia y de dólares desde allí para este lado?, ¿no permiten que se descubra la circulación de guerrilleros del ELN y renegados de las FARC entre el vecino país y los santuarios que tienen de este lado en Táchira, Zulia y Apure?  Sin embargo supe que los embajadores europeos seguirán recorriendo “el país ante el cual están acreditados con todas las de la ley”. De lo contrario la mayoría esta de acuerdo en limitar, en reciprocidad, el desplazamiento de los embajadores de Maduro a solo la capital de sus países. Ojo por ojo…

¿LA EMPRESA CRIMINAL CONJUNTA BOLIVARIANA?: 

Mucho hemos escrito sobre la enorme trama de corrupción implementada por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en conjunción con los gobernantes que desde 1999 han ocupado las presidencias de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Los negociados en plena corrupción, intercambio de divisas, colocaciones en empresas fachadas y compras de activos por doquier, desde estaciones de gasolina, medios de comunicación y bancos en Centroamérica hasta propiedades en bienes raíces. Uno de los países claves en esa trama de corrupción con la Venezuela “socialista” fue y sigue siendo la Nicaragua “socialista” de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Con solo mencionar la palabra Albanisa se destapa una olla podrida en toda Centroamérica. Pues hace solo unos días el gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, asilado en este país desde 2016 y requerido en El Salvador por peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares. Funes acumula cuatro órdenes de captura por casos ligados a corrupción y el supuesto desvío de al menos esos millones de verdes billetes. La fiscalía salvadoreña acusa a Funes y otros implicados en el caso, denominado Corruptela, de crear una red de corrupción estatal con la que habrían efectuado el millonario desvío de capital.  La decisión oficial provocó el rechazo de dirigentes opositores y activistas de derechos humanos. En Twitter la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez señaló que el exgobernante «salió a cubrirse bajo el manto de la impunidad de la dictadura de los Ortega Murillo». Mientras, mediante un comunicado, la organización no gubernamental de derechos humanos «Nicaragua Nunca Más», conformada recientemente en Costa Rica por exiliados nicaragüenses, protestó por el «indigno acto de nacionalización» de Mauricio Funes y lo calificó como «una ofensa para toda la nación». La medida impediría al presidente Nayib Bukele concretar una extradición de Funes y su familia, a fin de llevarlo ante la justicia salvadoreña. El artículo 43° de la Constitución expresa que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Bukele ha denunciado que Funes y su hijo Diego Roberto Funes Cañas fueron contratados como asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. La muy sucia sociedad de cómplices de las marramuncias implementadas desde que Chávez llegó al poder, con el petróleo a $100, con la chequera full de dólares, sin control por parte de ninguno de los poderes a los que estaba obligado por la Constitución y recibiendo “aplausos” de sus colegas beneficiados en esos países, permitió la instalación de esa “empresa criminal conjunta bolivariana”.

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 de enero de 2019