Nuestra Constitución da para todo; pero, para todo lo que le da la gana hacer al régimen. Desde que entró en vigencia, jamás los ha perjudicado. Siempre, interpretándola a su conveniencia, nuestra Carta Magna, en sus manos, es la garante de sus atropellos, delitos, violaciones y crímenes con el aval de unos jueces de dudosa reputación –y aún más dudosas credenciales- que terminan favoreciendo con sus fallos las atrocidades que puedan ocurrírsele al neodictador en su afán por volvernos una provincia de Cuba y él, por fin, remedar a sus anchas a Fidel.

Supongo que Nicolás y sus cómplices nos creen de memoria muy corta; incluso, pensarán que los venezolanos padecemos de amnesia. Pero, en esta era de archivos digitales, internet y whatsapp nada pasa desapercibido. Como esos videos que están circulando y en los que vemos al difunto presidente, alzando su librito azul, defendiendo el poder que tenía el pueblo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando decía que nuestra Constitución era la mejor del mundo y estaba blindada de cualquier capricho personal, “de cualquier capricho de un grupo, una secta o un grupo político”. Cuando decía que, en Venezuela, para cambiarle una letra, un punto, una coma a la Constitución, nadie podría hacerlo; porque “el único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional”.

Sin embargo, mucha agua ha corrido desde aquellos días. Hoy, la interpretación que el régimen y sus secuaces hace de la Carta Magna ha sido tan acomodaticia, como ceros a la derecha se van agregando a sus cuentas bancarias. Por eso, no es extraño encontrar posturas tan disímiles en un mismo funcionario. Hace poco encontré un artículo del 2002, publicado en Aporrea, en el que, el ahora ministro de Educación, Elías Jaua, exponía cuál era el espíritu del artículo 350. Permítanme transcribirle parte de sus reflexiones.

“Frente a la peculiar interpretación que sectores interesados, pretenden hacer del artículo constitucional 350 y en mi condición de Constituyente proponente, quiero reivindicar el espíritu democrático del referido artículo. Para ello, debo comenzar por exponer fragmentos de la comunicación que dirigí, el 28-10-1999, al Presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Hernán Escarrá, la cual fue distribuida a los 131 Constituyentes, donde planteo la necesidad de modificar el capítulo denominado De la Asamblea Constituyente, capítulo III del título IX, del proyecto constitucional discutido en plenaria:   

(…..) Dicha solicitud, la hago tomando en consideración que el poder constituyente originario es y será siempre anterior y superior a cualquier Constitución, incluso a la que estamos aprobando, y por tanto no debe ésta codificarlo, sino simplemente reconocerlo e indicar algunas referencias para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En tal sentido, propongo reducir este capítulo a un solo enunciado, que quedaría redactado de la siguiente manera:

ARTICULO. El Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución democrática. Dicha convocatoria se considerará tema de especial trascendencia nacional.

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición de lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríen nuestros valores y principios republicanos y menoscaben los derechos humanos y las garantías democráticas. * Se suprimen todos los demás artículos del Capítulo. Con esta redacción queda claro que esta Constitución democrática, reconoce que su origen y su ser responden a la voluntad originaria del pueblo. Asumiendo con humildad, su carácter posterior e inferior y por tanto la imposibilidad de codificar al poder constituyente”. Como verán se trata de un Jaua, quizá aún timorato y sin las espuelas afiladas que le han dejado 18 años siendo parte del poder.

Como también contrasta la postura que defiende Hermann Escarrá actualmente, una posición antípoda si la comparamos con las declaraciones que ofreciera hace unos años, cuando se disfrazaba de opositor acérrimo del régimen; un régimen del que ahora es cómplice (¿o siempre lo fue?). De un Escarrá que arengaba a los opositores tildando al presidente de usurpador, e invitaba al pueblo “y a su facultad de Poder Constituyente Originario” a desconocer al régimen.

Decía Escarrá por aquel entonces que “es el momento de ejercer el sagrado derecho de desconocer, cívica y constitucionalmente, como la consagra la Carta Magna a cualquier régimen o autoridad que viole o menoscabe los Derechos Humanos y las garantías democráticas como lo expresa el artículo 350 de la Constitución. Reivindicamos el cauce de la constitucionalidad para lograr la paz. Enfrentaremos el atropello, cualquiera que sea, a la soberanía del pueblo y al orden democrático. Convocamos a ejercer los actos de desconocimiento cívicos en defensa de nuestras libertades y derechos. Le decimos al Presidente usurpador y su camarilla que la patria no es de utilería. Esta patria es de banderas y principios que son irreductibles. Convocamos al Bravo Pueblo, heredero directo de aquellos bravos también, que nos legaron no sólo independencia en la comunidad de las naciones, sino moral republicana, libertad y coraje”.

Sí, pareciera que nuestra Constitución da para todo…pero, para todo lo que hampones que tienen secuestrado al país quieren hacer con Venezuela. Y ejecutar a sangre fría, y de un plumazo, la sentencia de muerte con la que condenaron a nuestra democracia.

@mingo_1

La Mesa de la Unidad Democrática llamó a la desobediencia civil de todos los sectores del pueblo venezolano, consagrada en el art. 350, hacia el Gobierno de Nicolás Maduro por estar «al margen de la Constitución» y llamó a activar el art. 333 para desconocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por no cumplir los pasos requeridos en la legislación venezolana.

El anuncio fue hecho por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y líder del partido Primero Justicia, en nombre de la coalición opositora. Asimismo anunció que la movilización pautada para este martes en Caracas queda suspendida debido al paso de la tormenta Bret por el país.

El parlamentario recordó que «el art. 333 de nuestra carta magna expresa: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejase de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

La MUD llamó a la desobediencia civil, constatado en el art. 350 de la Carta Magna, al declarar que el actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución, y tanto su autoridad como las decisiones que emanen del Gobierno no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie.

La coalición opositora también asumió el art. 333 antes referido con la finalidad de desconocer la convocatoria «del fraude constituyente» y de restituir el orden constitucional para lograr el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno.

Siguiendo esta línea, pidió al pueblo de Venezuela enfrentar y desconocer activamente «el fraude constituyente en todo el territorio nacional». Igualmente pidió expresar rechazo y desconocimiento de la Constituyente a las instituciones, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad.

Asimismo pidió a los venezolanos organizarse en «comités de rescate de la democracia» y constituirse en asambleas permanentes para declarar que no permitirán el uso de las escuelas y centros comunitarios como centros electorales.

Invitaron a los manifestantes a continuar en las calles, protestando pacíficamente y prometieron comunicar los resultados de un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela construido entre actores políticos y diversos sectores de la sociedad «para establecer los lineamientos de la Venezuela del mañana».

Por último, hizo un llamado a todas la instituciones y en especial a la FAN, «para que en esta crisis hoy más que nunca cumplan con su deber constitucional establecido en el artículo 328 de la Constitución y con su salvaguarda establecida en el 333.»
 

Informes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revelan que la institución se prepara ante la radicalización del conflicto político y social en los próximos días. Por esta razón, el Comando Estratégico ordenó a los cuatro componentes tomar «medidas especiales de seguridad» y activar los sistemas de inteligencia en todo el país, que acompañan otras directrices como no usar uniformes militares cuando anden de civiles.

Los radiogramas N.º 52-0339-0000-0000-0260 y 0261, de fecha 7 de junio, describen una situación complicada en el Distrito Capital y 13 estados por las protestas y el malestar social.

De acuerdo con los documentos, dados a conocer por el diario El Nacional, los estados con «niveles de conflicto elevado» son Barinas, Bolívar, Mérida, Miranda, Táchira y Distrito Capital. En tanto, las entidades que se consideran con «riesgo de que escale la violencia» son Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta y Trujillo.

El II comandante del Ceofanb, vicealmirante Remigio Ceballos Ichaso, estima que ocurran «acciones peligrosas» como “el impulso de un paro nacional» y la activación del artículo 350 de la Constitución (en este caso, los estados bajo observación son Anzoátegui, Barinas, Lara, Mérida y Táchira); «madrugonazos en las sedes regionales del gobierno, unidades militares»; «acciones violentas” contra el Sistema Eléctrico Nacional y «sabotaje a infraestructuras» del Estado.

Venezuela está agobiada en un berenjenal que significa pleno y activo conflicto social, político y económico. Predecir lo que está sucediendo era de Perogrullo, tenía que pasar y lastimosamente no sólo ocurrió, sino que, por desgracia, sigue ocurriendo, falta más y peor.

El castro-madurismo dejará como legado la autoría del milagro económico a la inversa, jamás realizado. Convertir a Venezuela de ser el país más rico de América en el más miserable, epopeya difícil de superar, al menos desde aquél Congo que el Rey Leopoldo transformó de vergel en bestialidad, de libertad en esclavitud.

Hay pobreza en el mundo, pero pocas cuyas poblaciones tengan que hacer colas indignantes, pelear a golpes y someterse a la delincuencia, para adquirir productos de la canasta básica. En la Venezuela asolada por una revolución exógena, injerencista, sólo empeñada en trasladar su fracaso a otros para robarlos, el mercado negro no es una clandestinidad, lo clandestino llegó a ser lo poco que quedaba de bueno. La inmanejable inflación económica sólo es superada por la inflación del abuso, la represión y la torpeza.

Saqueadas nuestras riquezas a tierras cubanas donde manejadores encadenados en sí mismos, tampoco las han convertido en mejor vida, a los venezolanos sólo nos queda una salida, y la estamos construyendo en la calle a costa de sangre, asfixia, sudor, sufrimiento, y sin parar, un día sí y otro también, con noches que no son para muchos de descanso sino de estar pendientes de lo que pueda pasar.

A pesar de ser en su origen protestas por motivaciones políticas, las demandas sociales y económicas son esenciales en las manifestaciones, es el principal combustible. Amor con hambre no dura, pero el amor hambriento puede alimentarse con nuevas ilusiones; la revolución famélica sí persiste, por eso hay que cortarla y si resiste, serrucharla. El serrucho popular es la protesta, la marcha, el coraje, ese que nace del corazón y por encima de los gases respira libertad.

A los Castro la revolución se les está deshaciendo de vieja e inútil, muere, es ley natural y no tienen fuerza para convencer ni vencer, el asilo de ancianos que sigue con las armas en la mano lo sabe, ha comprendido que no tienen mañana y sólo tratan de dejar lo mejor ubicados a sus hijos y nietos. Que serán ricos, quizás -el pueblo cubano decidirá- pero no revolucionarios.

En Venezuela ya no son los longevos ni los jóvenes de mentes domadas los que planean, son los ciudadanos que están impulsando los cambios, renovación, y libertad de ser como queremos y no como convenga a revolucionarios marchitos.

Venezuela ha sido siempre un pueblo joven, respondón y con coraje. Bolívar no fue un burócrata que salió a dirigir, sino un muchacho que se hartó de esclavitudes, lo dijo a gritos y cientos lo acompañaron. Había unos cuantos adultos, y hasta un respetable como Miranda.

La independencia, sus batallas, rudeza, valentía sin límites, fue acción de jóvenes que no lo pensaron para jugarse la vida, la salud, tranquilidad hogareña y oficios. No se fueron detrás de Bolívar, salieron con él y no pararon hasta las cumbres de los Andes. La libertad y democracia suramericanas subieron en hombros jóvenes, y eso está pasando ahora en esta Venezuela que los ignorantes arruinaron, que también eran juventudes cuando comenzaron, y han envejecido en el error, que es la peor vejez porque lleva a ceguera, terquedad y miedo.

La dirigencia estudiantil universitaria lleva en sus espaldas y corazones la independencia, el rescate de la patria destruida, y tienen, por ser jóvenes, su propia agenda, su pasión por encima de todas las represiones, sin abandonar ni dejar de apoyar las concentraciones programadas por la oposición. Porque estos jóvenes y trabajadores nuestros no son generaciones espontáneas, ni súbitos milagros. Son la cara fresca, vigorosa y sana, del pueblo del cual nacen.

Vejestorios mentales del régimen miran hacia los uniformados decrépitos de la isla esclavizada y buscan guías, sin comprender que no puede ser guía quien sólo piensa en su cárcel que no le permite ver ni oír ni oler los vientos que soplan.

Calcularon en detalle, la estrategia funcionó y se ha cumplido implacable lo que programaron los inspiradores de este desastre, Fidel y Raúl Castro, mientras tuvieron un portavoz capaz de encantar serpientes y una cuenta corriente llena de dólares. Esa caja chica se secó y las culebras muerden cuando se quedan sin comida, los encantadores, para encantarlas, olvidan escrúpulos, tocan sus flautas mientras sus víboras puedan escuchar hasta que la melodía ya no las encanta más y atacan.

Pero los jóvenes no son serpientes, son los mismos que nunca han temido luchar por sus ideas y que son capaces de romper cadenas con la fuerza inmanejable de esas ideas.

No importa cuántos gases derrochen, ni a cuántos muchachos agredan o se lleven en sus motos, ni cuántos saqueadores y asesinos lancen para meter miedo. Los cubanos de hace medio siglo, nuestros mentirosos de ahora, con toda y su carga ideológica desgastada que les inyectaron en La Habana, se equivocaron de pueblo.

Entrampados, esgrimieron sus pecados y otros ni siquiera los supieron cometer, ahora tienen al país por cárcel y eso convierte su preocupación e inmoralidad en supervivencia. Odiar al capitalismo y correr a sus placeres para disfrutarlos, es imprudente y necio, ahora se dan cuenta. El diablo, que no es capitalista sino un ser superior, seduce pero al final no entrega cielos sino infiernos. Por eso los que vendieron sus almas pensando en nubes maravillosas y en paraísos fiscales, son fieras acorraladas.

Un edificio hecho de mal concreto y bases débiles que se está derrumbando, a pesar de complicidades serviciales, amigos y protegidos a mazazos, compañeros de estudios y fanáticos islamistas, viejos amigos de sucesivas talanqueras, todos se dan cuenta que polvo han sido y en polvo se convertirán. La viveza criolla financiadora de ambos, que de vivos pasan a ser hampones criminales, fisuras internas, cínicas negociaciones lóbregas y subterráneas, no serán suficientes para subsistir.

Ni siquiera se trata del temor de que les abran investigaciones nacionales e internacionales por lo que han mentido, robado, torturado y destruido, vidas incluídas, esos expedientes ya acumulan ordenados montones de información, y ellos lo saben.

Con carnets de la patria, bolsas y cajas de comida, limosnas de mala distribución y siempre sospechoso origen, con armas para fanáticos, gases vencidos y órdenes gritadas a uniformados, cada día son más seguros candidatos al Tribunal Penal Internacional de la Haya y otras cortes por violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad con pruebas de sobra. El mundo los conoce y los espera.

Los ciudadanos están en calles, dispuestos a morir y están muriendo, los están matando. La rebelión se contagia, se esparce con rapidez como el fuego en la llanura seca, ya no se trata de invocar el artículo 350 de la Constitución: el pueblo lo está aplicando en las calles del país. Los dirigentes hablan, platican, discursean pero deberían oír y escuchar ese ruido atronador y formalizar el llamado que el país reclama.

@ArmandoMartini 

El gremio de abogados de Venezuela –conformados por los presidentes de los Colegios de Abogados de todo el país, la Federación de Colegios de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado– fustigó este viernes el contenido de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que «transgreden de manera grave el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley».

Ante tal hecho, el grupo insta a los venezolanos a acogerse a los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional para así activar los mecanismos previstos en la Carta Magna «para su propia defensa, de desobediencia civil y pacífica de cualquier acto que menoscabe los valores democráticos vigentes en Venezuela».

De igual manera, los abogados venezolanos solicitaron a la Fiscalía General de la República y al Consejo Moral Republicano la apertura de los procedimientos que determinen los ilícitos de orden penal y disciplinario de tales sentencias.

Comunicado íntegro

PRONUNCIAMIENTO DEL GREMIO DE ABOGADOS

EN RELACIÓN CON LAS SENTENCIAS 155 Y 156 DEL 29/3/17

Ante la evidencia de haberse producido un golpe de Estado producto de un fraude constitucional, consumado precisamente por quienes están llamados a ser garantes de la Constitución, el gremio de abogados de Venezuela, representado por la Federación de Colegios de Abogados, el Instituto de Previsión Social del Abogado y los presidentes de los Colegios de Abogados, de todas las regiones del país, reunidos en Asamblea General de urgencia, en la ciudad de Caracas:

Considerando:

Que en los 18 años de vigencia de la actual Constitución Nacional, jamás el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, había calificado el desacato a sus sentencias, como causal de cesación de las funciones de organismo alguno. Ni público ni privado, hasta que surgió su enfrentamiento con el Poder Legislativo.

Considerando:

Que la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pauta en sus artículos 121 y 122 que las únicas sanciones por tal especie de desacatos son, las multas establecidas en los citados preceptos legales, tal como lo estableció de manera reiterada el propio TSJ en las sentencias de la Sala Constitucional número 795 de fecha 19/8/2016; Sala Constitucional número 284 de fecha 26/4/2016; Sala Electoral número 107 de fecha 17/7/2012; Sala Electoral número 149 de fecha 1/11/2016; Sala Electoral de fecha 7/12/2010, caso: Jorge Perozo vs. Guillermo Dolani;

Considerando:

Que el Tribunal Supremo de Justicia, que en el supuesto negado, que la Asamblea Nacional hubiese incurrido en desacato, está impedido constitucionalmente de imponer sanciones diferentes a las preestablecidas por el legislador, como ha ocurrido, con las sentencias números 155 y 156 del 29 de marzo del corriente año y sus pretendidas aclaratorias, en flagrante violación del principio de legalidad consagrado por el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre;

Considerando:

Que en Venezuela, conformidad con el artículo 49 ordinal 6º de la Constitución Nacional el único que puede preestablecer sanciones es el Poder Legislativo y, en consecuencia, mal pudo el Tribunal Supremo de Justicia, por medio de las sentencias 155 y 156 , suspender las funciones de la Asamblea Nacional y con ello, imponer sanciones, diametralmente distintas a las establecidas en la legislación.

Considerando:

Que en fecha posterior a publicación de las  citadas sentencias 155 y 156 el Consejo de Seguridad y Defensa exhortó al TSJ a revisar los fallos antes mencionados y la mencionada instancia judicial mediante publicación en su página en la Internet de fecha 31/3/17 procedió de oficio a una supuesta aclaratoria, que no es más que una modificación o revocación de dos sentencias que ya tenían el carácter de cosa juzgada, aparte, de evidenciar sumisión del TSJ a las directrices emanadas del Poder Ejecutivo;

Considerando:

Que conforme al ordenamiento procesal venezolano (artículo 252 del Código de Procedimiento Civil) los tribunales tienen prohibido reformar las sentencias que dicte y que las aclaratorias solo proceden a instancia de parte, no de ex officio y para aclarar los puntos dudosos, errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, no para revocarlas total o parcialmente que fue lo realizado por la Sala Constitucional, más allá del error in nomine negotii al calificar de aclaratoria, lo que no es más que una evidente revocatoria;

Considerando:

Que las sentencias 155 y 156 antes referidas no han sido las únicas que a partir del 6 de diciembre de 2015, han mediatizado las funciones de la Asamblea Nacional, lo que configuraría un golpe de Estado continuado, de uno de los Poderes del Estado, el judicial en este caso, en desmedro de las atribuciones constitucionales de otro Poder igualmente del Estado, en este caso el Legislativo, lo cual comporta desconocimiento de la soberanía popular;

Declara:

1º)Que con tales sentencias 155 y 156, y sus pretendidas aclaratorias, se transgredieron, el principio contenido en el artículo 137 del texto constitucional, según el cual las atribuciones de los órganos del Poder Público las definen la Constitución y las leyes, por cuanto sin ley formal preexistente no hay delito ni pena, y en virtud de que los pronunciamientos judiciales números 155º  y 156º, transgreden de manera grave el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley. En consecuencia, instamos a los venezolanos, con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, a la activación de los mecanismos previstos en la Constitución para su propia defensa, de desobediencia civil y pacífica de cualquier acto que menoscabe los valores democráticos vigentes en Venezuela.

2º) Por cuanto los hechos anteriormente mencionados, podrían configurar ilícitos de orden penal y disciplinario, solicitamos a la Fiscalía General de la República y al Consejo Moral Republicano la apertura de los procedimientos correspondientes, sin perjuicio que llegado el caso, los Colegios de Abogados firmantes, ejerzan directamente las acciones respectivas.

En Caracas, a los treinta y uno días de marzo de 2017.

La Constitución establece:

“Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Confieso que es la primera vez que apelo favorablemente a estos artículos pues no veía su practicidad. Me imaginaba que si un ciudadano los invocaba, más que rebelde podría ser considerado loco; pero, ante la situación actual, he vuelto sobre ellos y me parecen de una claridad asombrosa.

Independientemente de las motivaciones de los constituyentes, esos artículos están tan vigentes como los demás. Los demócratas no pueden incurrir en el mismo dislate de los rojos para los cuales solo son válidos los artículos de la Constitución y las leyes que les interesan. Esa Constitución (un bodrio desde mi punto de vista) ha sido asumida por la sociedad y, por lo tanto, todo su articulado tiene el mismo valor. Hace mal el dirigente que, para enfatizar sus particulares puntos de vista, descalifica estos postulados que bien pueden ser la salvación del país.

Los dos artículos están concatenados de una manera maravillosa: el 333 apela a los ciudadanos investidos o no de autoridad. Es decir, hay una responsabilidad individual. Sin embargo, en el 350 quien tiene el derecho de desconocer es un ente plural y complejo denominado “el pueblo de Venezuela”, lo que en términos prácticos se refiere a su representación institucional. Dicho de otro modo, la forma eficaz de instrumentar el 350 es que lo ejerzan las instituciones que encarnan la sociedad venezolana en su pluralidad. En el día de hoy pienso que podrían ser los partidos políticos conjuntamente o por separado, la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada institucional, la Iglesia o las iglesias y las universidades.

Invocar el 333 y el 350 es tan eficaz o ineficaz como las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional. No sirven hasta que alguien haga que sirvan. Se trata de restablecer la Constitución. Se trata de desconocer a “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

@carlosblancog